Barranca Larga-Ventanilla, la carretera de la muerte
*Comunidades de Coatlanes exigen se concluya la autopista para evitar muertes y conflictos agrarios
Oaxaca, Oaxaca, Martes 18 de Noviembre, 2025 (Fuente: Agencias).- La madrugada del lunes 17 de noviembre, tres personas más perdieron la vida en la Supercarretera Barranca Larga-Ventanilla cuando un autobús de ADO y un tráiler doble remolque chocaron violentamente en el kilómetro 88.
Diez personas resultaron heridas en un accidente que no sorprende a nadie que conozca el estado real de esta vía ya que sigue habiendo tramos incompletos en construcción, hundimientos sin reparar, deslaves constantes y señalización inexistente. Lo que CAPUFE presenta como una «autopista de la mejor calidad» es en realidad una trampa mortal inconclusa donde circula es «verdaderamente peligroso», según reportan usuarios en redes sociales.
Esta no es una autopista: es un campo minado de asfalto donde los accidentes mortales son consecuencia directa e inevitable del pésimo estado de la carretera y de obras que nunca se terminaron. Andrés Manuel López Obrador la inauguró prometiendo que sería gratuita para los oaxaqueños, pero hoy es una de las cinco casetas más caras del país, donde los usuarios pagan por el privilegio de jugarse la vida en una infraestructura abandonada a medio construir. Cada muerte en esta carretera no es un «accidente» es homicidio culposo por negligencia gubernamental.
Las comunidades de los Coatlanes viven con la angustia insoportable de ver cómo la autopista construida sobre sus 624.40 hectáreas expropiadas se cobra vidas sistemáticamente por culpa de compromisos incumplidos. Los 13 mil habitantes de esta región observan con impotencia cómo cada accidente mortal está directamente vinculado a las obras que el gobierno federal prometió y nunca terminó: las 114 estructuras de cruce que quedaron en papel, los puentes para animales y personas que jamás se construyeron, los caminos cosecheros y accesos viales faltantes que obligan a todo el tráfico a concentrarse en tramos inconclusos. En sus asambleas comunitarias, los comuneros han sido contundentes: los accidentes no ocurren por mala suerte o negligencia de conductores, ocurren porque la autopista está mal construida, porque hay tramos sin terminar, porque faltan drenajes que provoquen menos deslaves, porque la ausencia de vías alternas concentra tráfico pesado en condiciones peligrosas. Su preocupación se ha transformado en exigencia urgente: que se terminen inmediatamente las obras para detener la matanza. Están planeando bloqueos indefinidos y acceso libre en casetas porque han comprendido que su movilización es lo único que puede presionar al gobierno para cumplir compromisos que, de haberse respetado, habrían evitado las muertes que hoy lamentan.
Los usuarios reportan que aproximadamente una cuarta parte de la ruta está en malas condiciones, con baches, hundimientos y tramos donde la infraestructura de drenaje nunca se completó. Pero el gobierno federal y estatal siguen cobrando como si ofrecieran excelencia. Esta es la verdadera obscenidad: no solo incumplieron las 114 estructuras prometidas, los caminos compensatorios, la electrificación, las líneas de agua y la rehabilitación de escuelas y clínicas en los Coatlanes; no solo dejaron obras inconclusas que generan condiciones mortales de tránsito, sino que además tienen el descaro de cobrar casi mil pesos por recorrer una vía que mata por estar a medias. Cada accidente en esa autopista es el recordatorio brutal de que el gobierno federal expropió tierras comunales, prometió desarrollo y compensaciones, inauguró con bombo y platillo una obra inconclusa, y ahora cobra por una infraestructura deficiente mientras acumula cadáveres.
El gobierno de Claudia Sheinbaum y Salomón Jara Cruz tienen frente a ellos una bomba de tiempo que están eligiendo ignorar con arrogancia suicida. CAPUFE y la SICT han sido rebasados por completo ante las exigencias de los Coatlanes, y su estrategia es esperar que las comunidades se cansen. No lo harán, porque cada nuevo muerto en esa carretera refuerza su certeza de que los accidentes son consecuencia directa del mal estado de la autopista, de tramos en construcción que nunca se terminaron, de compromisos rotos que generan condiciones letales.
Los Coatlanes no están pidiendo favores: están exigiendo que se cumpla lo pactado para que dejen de morir personas. Su preocupación no es abstracta, es el dolor insoportable de saber que, si el gobierno hubiera terminado las obras prometidas, muchas de esas vidas se habrían salvado.
La autopista Barranca Larga-Ventanilla es el monumento perfecto a la negligencia institucional mexicana: una infraestructura inconclusa construida sobre tierras despojadas, operada con tarifas abusivas, que mata por estar a medias, y cuyos responsables siguen sin rendir cuentas. Las comunidades de los Coatlanes no se callarán mientras sigan muriendo personas en una carretera que jamás debió inaugurarse sin terminar. Terminar las obras no es negociable: es una obligación legal, moral y urgente para detener una matanza que el Estado mexicano está permitiendo con su indiferencia criminal.
