Congreso: vacían el presupuesto antes que termine el año
*El Poder Legislativo tendrá que solicitar apoyos extraordinarios para cubrir nómina, aguinaldos y gastos operativos del cierre de año
*Primero tenían 403 mdp; luego les autorizaron otros 153; en total tuvieron 556 mdp este 2025; gastaron 61 millones por mes y ya no tenían dinero para los últimos 3 meses
*El morenista Benjamín Viveros Montalvo, ex presidente de la Junta de Coordinación Política, en la mira
Oaxaca, Oaxaca, Lunes 24 de Noviembre, 2025 (Fuente: Plataforma Informativa Oaxaca).- El Congreso del estado de Oaxaca enfrenta una crisis financiera sin precedentes, tras confirmarse que la administración del ex presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el morenista Benjamín Viveros Montalvo, gastó la totalidad del presupuesto aprobado para 2025, incluidas ampliaciones en apenas nueve meses. La revelación desató sospechas internas sobre un posible desvío de fondos durante su gestión.
Al asumir el control del Poder Legislativo, la diputada morenista, Tania Caballero, detectó que Viveros había comprometido y transferido el 100% del presupuesto 2025 antes del 30 de septiembre, dejando al Congreso sin recursos para operar durante los últimos tres meses del año.
El presupuesto original autorizado por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) ascendía a 403.3 millones de pesos, destinados a cubrir las actividades legislativas durante los doce meses. A este monto se sumó una ampliación de 153.2 millones, con lo que el total disponible superó los 556 millones de pesos.
Según informes oficiales, todo este monto se ejerció o comprometió con un ritmo de gasto promedio de 61 millones de pesos durante 9 meses, una velocidad incompatible con los criterios de racionalidad presupuestal y austeridad anunciados por la administración estatal.
La situación obliga al Poder Legislativo a solicitar apoyos extraordinarios para cubrir nómina, aguinaldos y gastos operativos del cierre de año. Funcionarios consultados señalan que este rescate presionará aún más las finanzas públicas estatales, con efectos directos sobre los programas sociales regionales, particularmente en municipios con mayores índices de pobreza.
El reporte entregado al Congreso, detalla un patrón de gasto acelerado y discrecional, contrario al discurso de austeridad que el gobierno estatal ha impulsado desde 2022. Aunque el documento no especifica el desglose del gasto, fuentes internas aseguran que los recursos se destinaron a operación interna, salarios de diputados y actividades legislativas ordinarias, sin evidencia clara de emergencias o proyectos extraordinarios que justificaran el ritmo de ejercicio.
La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (ASFEO) reportó un ejercicio prácticamente total de su propio presupuesto para 2025: 101.9 millones de los 102 millones asignados, lo que profundiza las dudas sobre la capacidad del órgano fiscalizador para supervisar un caso que la involucra directamente.
A pesar de la magnitud del problema, ni la presidenta de la Mesa Directiva, Eva Diego, ni la actual líder de la JUCOPO, Tania Caballero, han fijado postura pública. El tema apenas comienza a filtrarse en redes sociales, mientras las cuentas oficiales del Congreso se han concentrado en promover la discusión del Paquete Económico 2026.
La controversia ocurre en un escenario político dominado por MORENA y sus aliados, quienes promovieron un Paquete Económico 2025 bajo el argumento de una “visión social y humanista”. No obstante, opositores habían alertado desde meses atrás sobre opacidad y discrecionalidad en el manejo financiero del Congreso.
Especialistas consultados aseguran que, el caso evidencia mala planeación financiera y un posible desvío de recursos bajo la administración de Viveros Montalvo, sobrino del gobernador Salomón Jara, lo que abre un flanco político delicado para la actual administración estatal.
En un estado con profundas desigualdades sociales, la falta de recursos legislativos para cerrar el año obliga al gobierno estatal a reorientar fondos originalmente etiquetados para salud, educación y programas de desarrollo, afectando directamente a comunidades vulnerables.
La limitada capacidad presupuestal de la ASFEO complica, además, la fiscalización del caso, alimentando el debate sobre la opacidad estructural en las finanzas del Congreso de Oaxaca.
