Ejecución extrajudicial de estudiante: Defensoría
*La DDHPO revela verdad sobre caso del estudiante Diego asesinado por policías de Santa Lucía del Camino
Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 22 de Octubre, 2025 (Fuente: Lizbeth Flores Barrera / FDN Oaxaca y tiempodigital.mx).- El asesinato del estudiante universitario Diego Ignacio Paz, cometido la madrugada del 31 de agosto de 2024, se trató de una ejecución extrajudicial cometida por policías del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca.
Lo anterior, con base a lo determinado por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), en la recomendación 20/2025 emitida sobre este caso.
El organismo constató que el ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, cuyo presidente es Juan Carlos García Márquez, encubrió esta ejecución extrajudicial, y además, mintió a la ciudadanía y medios de comunicación sobre los hechos; asimismo, omitió información al respecto ante la Defensoría de los Derechos Humanos.
Con base a los videos del sistema de seguridad pública a los que tuvo acceso el organismo de derechos, en el informe de la recomendación se relata que el estudiante Diego Ignacio Paz y su compañero, fueron perseguidos por la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, hasta que uno de ellos fue asesinado a balazos, y el otro, resultó lesionado severamente.
Sobre el caso, el gobierno municipal de Santa Lucía informó en ese momento de los hechos que el joven Diego y su acompañante, quienes viajaban en un auto, supuestamente atropellaron a un policía al oponerse a ser revisados por los elementos durante un operativo alcoholímetro, y que presuntamente iban alcoholizados.
Sin embargo, la Defensoría refiere en su informe que en ninguno de los videos de seguridad hay evidencia de que Diego hubiese atropellado a un policía.
Además, con base a los exámenes periciales, el estudiante universitario no estaba alcoholizado ni había consumido drogas, tampoco había evidencia de que portaran algún arma de fuego.
En el relato de los testimonios ante la Fiscalía de Oaxaca, a los cuales tuvo acceso la Defensoría, se puede conocer que Diego y su amigo manejaban por Santa Lucía del Camino, y que, ante la actitud violenta de los policías, se asustaron y trataron de huir en su vehículo; posteriormente dejaron el auto, e intentaron huir a pie, mientras eran perseguidos por policías municipales.
Diego fue asesinado a balazos por policías, quienes además estos no estaban certificados ni tenían porqué usar armas de fuego, señala la recomendación.
“Se cuentan con evidencias suficientes para acreditar violaciones al derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica, a la vida por la ejecución extrajudicial de VD1 (Víctima Directa 1 –Diego-) por el uso ilegítimo de las armas”, refiere la Defensoría.
“Así como los derechos de integridad y libertad de VD2 (Víctima Directa 2), de igual forma, derivado de la ejecución extrajudicial de VD1, se violentó el derecho a la familia y al proyecto de vida de VI1 y VI2, todos esos hechos atribuibles a servidores públicos del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; así como, al de acceso a la justicia en su modalidad de procuración y derecho a la verdad, por acciones y omisiones en las que incurrieron personas servidoras públicas de la FGE (Fiscalía General del Estado)”, se indica.
Por lo cual, esta recomendación señala que se trató de una ejecución extrajudicial contra un estudiante universitario, la cual fue encubierta por las autoridades municipales, quienes para deslindarse de su responsabilidad falsearon información sobre los hechos, acusando a la víctima de supuestamente atropellar a un policía.
A un año del asesinato del estudiante Diego Paz, fiscalías Estatal y Anticorrupción mantienen impune al alcalde de Santa Lucía del Camino
Por otra parte, a pesar de su responsabilidad como jefe máximo de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, el alcalde Juan Carlos García Márquez no ha sido requerido por la Fiscalía del Estado ni por la Fiscalía Anticorrupción. Esto, a pesar de que evade sus obligaciones administrativas en el caso de la muerte de Diego Ignacio Paz, estudiante universitario ejecutado por agentes bajo su mando. La falta de acción judicial evidencia la protección que, se denuncia, le otorga el gobernador Salomón Jara.
En respuesta a esta impunidad, el diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Dante Montaño Montero, anunció que solicitará un juicio político contra el presidente municipal García Márquez por la ejecución extrajudicial del joven estudiante de la Universidad Anáhuac Oaxaca ocurrida bajo la responsabilidad del alcalde García Márquez. El legislador denuncia que no se puede tolerar la protección a los responsables de este crimen atroz.
Para Montaño, es inconcebible que el alcalde haya amparado a los policías y titulares de la corporación de seguridad pública que asesinaron a Diego, un estudiante sobrio que no había consumido alcohol. Este operativo alcoholímetro terminó en tragedia, y el edil parece priorizar la defensa de sus subordinados por encima de la justicia y la verdad sobre los hechos.
El diputado condenó que García Márquez difundiera información falsa, alegando que el joven estaba ebrio y que había atropellado a policías. Estas mentiras culminaron en el homicidio de Diego y en graves heridas a su acompañante. Tales afirmaciones no solo distorsionan la realidad, sino que agravan el dolor de las familias y obstaculizan las investigaciones.
La noche del 30 de agosto de 2024, Diego Ignacio Paz y su compañero viajaban en un vehículo cuando policías les ordenaron bajar en un retén. Ante la prepotencia de los agentes, Diego evadió el alcoholímetro, estacionó el auto y ambos intentaron huir a pie. Los policías dispararon, matando a Diego, mientras torturaban al otro joven sobre un techo que se derrumbó.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) confirmó que la muerte de Diego fue una ejecución extrajudicial y que su acompañante sufrió tortura. Los peritajes revelaron que ninguno estaba alcoholizado ni había consumido drogas. Además, el gobierno municipal no ha iniciado procedimientos administrativos contra los agentes involucrados, perpetuando la impunidad.
