Denuncian política de persecución, represión y muerte en Oaxaca

*Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos

*Dra. Claudia Sheinbaum Pardo

*PRESENTE:

Oaxaca, Oaxaca, Lunes 04 de Agosto, 2025 (Fuente: Comunicado).- Quien suscribe, Juan Sosa Maldonado, con fundamento en el artículo 8 de nuestra Constitución, atenta y respetuosamente me dirijo a usted para exponer lo siguiente:

El próximo 22 de diciembre se cumplen 12 años de que los cinco miembros de nuestra familia fuimos lanzados al exilio, víctimas de la violencia política que desde hace muchas décadas se vive en nuestra patria.

El 16 de octubre de ese año 2013 habíamos sido víctimas de un intento de ejecución extrajudicial en la ciudad de Oaxaca, las autoridades locales y nacionales demostrando su ineficacia y responsabilidad por esos hechos no fueron capaces de brindarnos garantías de seguridad para preservar nuestra vida e integridad física.

Esa última acción era solamente la continuidad de una política de persecución, represión y muerte que sufren quienes se enfrentan a las políticas caciquiles de aniquilamiento y control en contra de quienes intentamos hacer de nuestro país una verdadera patria libre y soberana donde la paz, la libertad y el respeto a los Derechos Humanos sean una verdadera realidad y no solamente discurso.

El 30 de agosto de 1996 fue víctima de ejecución mi hermano, Miguel Sosa Maldonado, sin que hasta la fecha se haya investigado y castigado a los autores materiales e intelectuales de este crimen.

Ante la falta de garantías, por parte de las autoridades, toda nuestra familia se vio obligada al desplazamiento forzado. Sin embargo, esto no evitó que a principios del año 1998 mi padre sufriera un intento de ejecución extrajudicial en la ciudad de Oaxaca.

El 15 de julio de 1998 fui víctima de desaparición forzada en el marco de la campaña policial y militar implementada por el entonces gobernador del Estado, Diodoro Carrasco Altamirano, en el escenario de la guerra de contrainsurgencia social implementada contra los indígenas de la Región Loxicha. Después de 25 días de torturas físicas y psicológicas fui presentado en el Reclusorio Regional de la ciudad de Matías Romero acusado de delitos que nunca cometí, utilizaron firmas que me obligaron a realizar en hojas en blanco para la fabricación de expedientes judiciales.

Tres años permanecí como víctima de prisión política, los últimos 15 meses en el primer penal de máxima seguridad en México, el CEFERESO Nº 1, en Almoloya de Juárez en el Estado de México. Alejado cientos de kilómetros de mi familia y de mis abogados para dificultar la defensa. A pesar de eso, el 11 de mayo de 2001 fui puesto en libertad en atención a la sentencia absolutoria que había sido dictada a mi favor el día dos de mayo de ese año, nueve días tardaron las autoridades mexicanas en dejarme en libertad como parte del largo proceso judicial fabricado en mi contra.

Ya en libertad decidí ayudar a las familias y a las decenas de presos indígenas que permanecían en prisión por ese fatídico método de la fabricación de expedientes judiciales mediante la tortura y la desaparición forzada de personas.

Fue así como en el año 2006 participé en las mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación para buscar soluciones a la represión implementada por el gobierno de Ulises Ruiz y el gobierno federal contra el movimiento magisterial, social y democrático que conformó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO.

Lejos de echar del poder a Ulises Ruiz Ortiz, el Estado mexicano fortaleció sus mecanismos de represión contra el movimiento social y democrático con las conocidas como “Caravanas de la Muerte”, las ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y torturas, la desaparición forzada de personas como los casos de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Albero Cruz Sánchez y las indígenas triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez el 25 de mayo y cinco de julio de 2007, respectivamente. Una larga espiral de violencia que lejos de aminorar se incrementa.

Como parte de la represión generada con la llegada al poder de Enrique Peña Nieto en el año 2012 a nivel nacional y de la abierta represión que continuaba en el estado de Oaxaca con Gabino Cué Monteagudo, los llamados Presos Loxicha recibieron un nuevo embate represivo con su traslado a penales de máxima seguridad en abierta violación de sus Derechos Humanos. Implementamos acciones políticas y legales para lograr su retorno a la ciudad de Oaxaca, la respuesta del Estado mexicano fue el intento de ejecución extrajudicial en contra de los cinco miembros de mi familia ese 16 de octubre de 2013.

El exilio forzado como medida de protección a nuestras vidas e integridad física y psicológica fue la única salida para nosotros esperando que las condiciones políticas y sociales cambiaran en nuestro país.

Con la llegada al poder del licenciado Andrés Manuel López Obrador en 2018 creímos ingenuamente que ese momento había llegado, pero nuestra voz nunca fue escuchada a pesar de que lo solicitamos por los canales de la Secretaría de Relaciones Exteriores siendo su titular el licenciado Marcelo Ebrard Casaubón.

Así, 10 meses después de su llegada al poder vuelvo a externar mis legítimas peticiones:

PRIMERA.- Que se levante a mi favor y a favor de mi familia la orden de ejecución extrajudicial.

SEGUNDA.- Que se implementen a nuestro favor los mecanismos necesarios para ser restituidos en nuestros derechos.

TERCERA.- Que se garantice la preservación de nuestra integridad física y psicológica para el retorno a nuestro país.

Sin otro particular y en espera de una pronta y favorable respuesta le expreso mi más profunda gratitud.

Unión Europea, domingo 03 de agosto de 2025

Firmado