En el Istmo, el patrón se repite
NINO MORALES PARTE IV: SU SECRETARIO PARTICULAR CON PISTOLA, LAS 41 CONDONACIONES Y LAS PRUEBAS EXCLUIDAS EN EL CASO DE FOTOPERIODISTA
*Tres expresidentes municipales de Juchitán, recibieron 40 millones de pesos de Nino. Su secretario particular fue detenido con medio millón de pesos, bidones de gasolina y una pistola “matapolicías”
*El SAT condonó a Antonino Morales, créditos fiscales por más de 12 millones de pesos
Columna: CON EL BRAZO IZQUIERDO / Serie: NINO MORALES
Por: Froylán Méndez Ferrer / sinmco.org / ansic.mx
Oaxaca, Oaxaca, Sábado 07 de Noviembre, 2026.- El 9 de agosto de 2024, en un filtro carretero cerca de Matías Romero (Juchitán, región Istmo de Oaxaca), el Ejército y la policía estatal detuvieron a José Antonio López Ríos. Se identificó como secretario particular del entonces senador electo Antonino Morales Toledo.
Le encontraron 500 mil pesos en efectivo, bidones con gasolina de presunto origen ilícito y una pistola calibre 5.7 mm, las que en el hampa se conocen como “matapolicías” porque perforan chalecos antibalas, junto con cartuchos de repuesto.
No fue un hallazgo menor. Fue la detención de un operador cercano con dinero en efectivo, combustible de dudosa procedencia y un arma de guerra corta en una zona donde el huachicol no es un rumor, es economía cotidiana.
Horas después, López Ríos estaba libre. Reportes locales y fuentes no oficiales coincidieron en que la liberación ocurrió por intervención del propio Nino Morales. No hubo comunicado oficial de la Fiscalía ni de Seguridad Pública. El silencio fue la respuesta institucional.
López Ríos no es un desconocido: es dirigente del Frente Único de Comunidades de Oaxaca (FUCO) en Tehuantepec, organización fundada por Morales. Veinte días después de la detención apareció en una fotografía junto a Morales dentro del Senado de la República.
Hoy figura como asesor en la Secretaría de Administración del gobierno estatal, con un sueldo neto de alrededor de 25 mil pesos mensuales según registros de transparencia.
En el Senado, Morales tiene otro secretario particular. López Ríos sigue operando en la misma órbita. El hombre detenido con medio millón de pesos, bidones de gasolina y una pistola no desapareció del entorno del senador. Se reubicó.
El mismo senador que en 2019 recibió un trato fiscal que el discurso oficial de la 4T decía haber terminado.
El 30 de octubre de 2019, el Servicio de Administración Tributaria condonó a Antonino Morales Toledo, RFC MOTA821217SJ6, 41 créditos fiscales en un solo día por un total de 12 millones 227 mil 541 pesos.
Las condonaciones se ejecutaron a través de Administraciones Desconcentradas de Recaudación, Administración de Cobro Coactivo 2 y Administración de Cobro Persuasivo y Garantías 1. La autoridad invocó el artículo 146-A del Código Fiscal de la Federación bajo el argumento de que el contribuyente “no contaba con bienes susceptibles de embargo”.
El mismo día se le condonó también una multa de 27 mil 440 pesos. Morales ya había sido presidente municipal de San Blas Atempa y se desempeñaba o se preparaba para el cargo de secretario de Administración en el gobierno estatal. La información salió de solicitudes de transparencia.
Mientras desde Palacio Nacional se anunciaba el fin de las condonaciones a políticos y empresarios, un funcionario de Morena recibió 41 actos de condonación en 24 horas. La justificación oficial fue que no tenía bienes.
El senador que hoy niega vínculos con el crimen y cuya fortuna, según Leyva, no se explica con sus sueldos públicos, obtuvo en un solo día la cancelación de más de 12 millones de pesos en créditos fiscales porque, según el SAT, no tenía nada que embargar.
El mismo círculo aparece en el libro de Soledad Jarquín Edgar, “Revelaciones de un Crimen de Estado. Impunidad, Corrupción y Complicidad”.
La periodista denuncia que un juez y dos fiscales de Oaxaca excluyeron deliberadamente pruebas que implicaban a Antonino Morales Toledo en el triple asesinato del 2 de junio de 2018 en Juchitán: su hija, la candidata Pamela Terán y el profesor Adelfo Guerra.
El juez Armando Félix Toledano rechazó incorporar evidencias del Cuaderno de Colaboración 01/O bajo el argumento de que “los tiempos legales habían pasado”.
Según el libro, el móvil del crimen estaba ligado a una operación política en una elección en Juchitán.
Testimonios señalan que tres expresidentes municipales de Juchitán, dos hombres y una mujer, esta última identificada como Gloria Sánchez, recibieron 40 millones de pesos de Morales Toledo, a quien se acusa de encabezar una red de huachicol en el Istmo.
La periodista sostiene que esas pruebas formaban parte del expediente y fueron obstaculizadas por el exfiscal Vasconcelos Méndez y por la decisión judicial de excluirlas.
Ocho años después, nadie ha sido castigado por el crimen. Soledad Jarquín permanece inscrita en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas por las amenazas que ha recibido al insistir.
El Estado no sólo no investigó a fondo. Según la denuncia de la madre de una de las víctimas, excluyó pruebas que apuntaban a Morales.
El secretario particular detenido con medio millón de pesos, bidones de gasolina y una pistola “matapolicías” sigue en la órbita del poder.
Las 41 condonaciones por 12.2 millones de pesos en un solo día ocurrieron mientras Morales argumentaba no tener bienes.
Las pruebas que lo vinculaban con el financiamiento de una operación política ligada al triple asesinato de 2018 fueron excluidas por un juez y dos fiscales.
Morales niega vínculos con el crimen y señala persecución política. Los hechos documentados, la detención y la liberación, las condonaciones masivas en 24 horas, el libro y la exclusión de pruebas, permanecen sin respuesta institucional que los desmienta.
En el Istmo, el patrón se repite: operadores cercanos detenidos y liberados, fortunas que no se explican con sueldos públicos, y pruebas que desaparecen de los expedientes cuando apuntan hacia el poder local.
Próxima entrega: DE OPERADOR LOCAL A SENADOR: AMIGUISMO COMO MÉTODO Y HUELLA LEGISLATIVA CASI NULA.
Nota editorial: Este espacio reconoce el derecho de réplica del senador Antonino Morales Toledo y de persona aquí mencionadas conforme al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Reglamentaria en materia de Derecho de Réplica. Cualquier aclaración, rectificación o postura que desee formular sobre los hechos aquí expuestos será publicada íntegramente y con la misma relevancia que este texto. Puede enviarla a: froylanmf@gmail.com.
NINO MORALES PARTE III. LA ÚLTIMA COLUMNA DE LEYVA: TIERRAS SECUESTRADAS, VENEZUELA EN OAXACA Y EL LITORAL
El 20 de julio de 2026, horas antes de que lo asesinaran, Alejandro Leyva Aguilar publicó la última entrega de su videocolumna “El Zumbido del Moscardón”. No se limitó a la cifra de 2.5 millones de pesos diarios por huachicol: desmenuzó un patrón de control territorial y económico en el litoral oaxaqueño y lo enmarcó en una investigación estadounidense sobre dinero venezolano.
Leyva comenzó por el saqueo de tierras comunales: “Aquí, en esta columna, hemos consignado información sobre lo que está pasando en la costa oaxaqueña, donde hay un saqueo indiscriminado de tierras comunales en toda la zona costera, desde Pinotepa Nacional hasta el Istmo de Tehuantepec, a cargo incluso de senadores de la República como Antonino Morales Toledo”.
Luego llevó el señalamiento a un lugar concreto: “Comuneros de Santiago Astata me han confirmado que el presunto huachicolero y traficante de estupefacientes Nino Morales Toledo, cuya fortuna no se explica simplemente con su sueldo en el Senado de la República o en su paso por la presidencia municipal de San Blas Atempa, tiene secuestradas cientos de hectáreas de litoral en esa municipalidad.
“La zona invadida presuntamente por Nino Morales está permanentemente resguardada por personas armadas con armas largas, y no se permite el paso de ninguna persona a la zona ni tampoco la observación por medio de drones”.
El columnista no lo presentó como un incidente aislado, sino como parte de un esquema más amplio: “La usurpación de tierras costeras no sólo ocurre en esa zona cercana al Istmo de Tehuantepec, sino también en la zona poniente de las costas oaxaqueñas, donde otros grupos armados controlan kilómetros de litoral que ocupan para el trasiego de droga, para el trasiego de armas, para el trasiego de indocumentados, pero también para proyectos de hotelería, como aseguran los comuneros de Astata que sucede en su litoral”.
Ese relato local lo conectó con la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre inversiones de la familia Maduro (Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y los hijos de ella, Walter Jacobo, Yosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores) en hoteles boutique de Huatulco y Mazunte, así como sobre posibles inversiones en el resto del litoral oaxaqueño.
Leyva mencionó como facilitadores a Adán Augusto López y a la Embajada de México en Venezuela, y añadió un dato concreto sobre presencia política en el Istmo: “Esa sería la razón de que Adán Augusto López, junto con Hernán Bermúdez Requena, visitaran Tehuantepec en épocas de Vilma Martínez”.
Según la columna, esas visitas coincidieron con el periodo en que la red venezolana buscaba facilitadores y zonas de influencia en Oaxaca, especialmente donde hay presencia del narcotráfico.
En los comentarios en redes sociales, un usuario del Istmo aportó un dato que circula en la región: “Esa entrevista se la dio a Alejandro Leyva Tacho Canasta, que también fue asesinado en Tehuantepec”.
Se refería a Anastasio Gutiérrez García, conocido como Tacho Canasta, polémico líder agrario y expresidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz Tagolaba, en Santo Domingo Tehuantepec. Según esa versión local, Canasta habría sido la fuente directa que entregó a Leyva la información sobre el control de tierras y el huachicol atribuido a Morales.
Esa versión no está judicializada, pero coloca dos asesinatos, el de Canasta y el de Leyva, en la misma cadena de información sobre el control territorial en el Istmo.
La columna de María Idalia Gómez en La Silla Rota del 13 de julio de 2026 describe el mismo expediente estadounidense: recursos desviados de PDVSA e invertidos en México, especialmente en Oaxaca; hoteles exclusivos en Huatulco y Mazunte; empresas mexicanas y facilitadores, y la atención puesta en autoridades municipales y en la embajada mexicana en Caracas.
El actual embajador de México en Venezuela es el juchiteco Leopoldo de Gyves de la Cruz, el “Mayor Polo”, quien ha sido acusado de invasión y despojo agravado. Su hijo, Emilio de Gyves Montero, es el representante de la Secretaría de Economía federal en Oaxaca y coordinador del Corredor Económico Bienestar CIIT Oaxaca.
Emeequis había documentado previamente la red de Alex Saab y Joaquín Leal Jiménez: el esquema de intercambio Segalmex-PDVSA por unos 300 millones de dólares y las empresas fachada para evadir sanciones.
Leyva no inventó la investigación: la aterrizó en el territorio concreto del Istmo y la Costa, y señaló a Morales como uno de los operadores locales del saqueo.
Morales ha negado cualquier vínculo con el crimen. En declaraciones posteriores sostuvo que su “único pecado” es no arrodillarse ante José Nelson Murat Casab, a quien acusa de perseguirlo políticamente y de querer citarlo en Polanco.
La familia Murat, dice, siempre se ha creído “amo y señor de Oaxaca”. Según Morales, él y los Murat representan proyectos distintos: él se presenta como hombre de izquierda, indígena zapoteco, que no pacta con la derecha. El hijo de Murat, Alejandro Murat, también es senador de Morena.
La hipótesis de Morales es que las denuncias son una venganza por no alinearse. Sin embargo, los señalamientos en su contra no comenzaron con esa disputa pública reciente.
En junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas personales durante la Operación Agave Azul, por presuntos vínculos financieros con el CJNG.
Sobre los comuneros de Astata y el patrón de control armado del litoral que describió Leyva, Morales no ha dado respuesta pública más allá de una negación genérica.
Otros comentarios en Facebook mencionaron la proliferación de gasolineras en San Blas Atempa, Playa Chipehua, Matías Romero y Juchitán; que Morales “ya se cree amo de todo el Istmo”, y que, como presidente de la comisión del Corredor Interoceánico, tendría capacidad para apropiarse, mediante prestanombres, de tierras a lo largo del trayecto.
Ninguna de esas afirmaciones está judicializada, pero forman parte del relato que circula en la región donde Leyva fue asesinado, dos días después de publicar su columna.
La última columna de Leyva no fue una ocurrencia. Fue el intento de un periodista por unir tres capas: el control armado de cientos de hectáreas de litoral en Santiago Astata y otras zonas de la Costa; el saqueo de tierras comunales desde Pinotepa hasta el Istmo para el trasiego y la hotelería, y la investigación estadounidense sobre dinero venezolano en Oaxaca, con facilitadores que habrían visitado Tehuantepec.
Según versiones locales, la fuente de esa información habría sido Tacho Canasta, asesinado a balazos en Santo Domingo Tehuantepec. En ese momento, Canasta estaba señalado por presuntos delitos de despojo de tierras e invasión de predios, y por su participación en conflictos agrarios de la región del Istmo de Tehuantepec.
Mientras tanto, Morales sigue negándolo todo y señalando a Murat.
El expediente de las tierras, los drones prohibidos y las armas largas en Astata sigue abierto.
Nota editorial: Este espacio reconoce el derecho de réplica del senador Antonino Morales Toledo, conforme al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Reglamentaria en materia de Derecho de Réplica. Cualquier aclaración, rectificación o postura que desee formular sobre los hechos aquí expuestos será publicada íntegramente y con la misma relevancia que este texto. Puede enviarla a: froylanmf@gmail.com.
NINO MORALES PARTE II: EL PERIODISTA QUE LO SEÑALÓ DE GANAR 2.5 MILLONES DIARIOS CON HUACHICOL FUE ASESINADO DOS DÍAS DESPUÉS
El 20 de julio de 2026, el periodista Alejandro Leyva Aguilar publicó un video en el que acusó al senador del partido Morena, Antonino Morales Toledo de encabezar el robo de combustible en el Istmo de Tehuantepec. Según el informante que citó, en Huilotepec (municipio conurbado a Salina Cruz) “los ladrones, y fue muy específico, a sueldo del senador Antonino Morales Toledo todos los días ordeñan cinco pipas dobles de 25 mil litros cada una”. A 10 pesos el litro, la operación arrojaba una ganancia diaria de aproximadamente 2.5 millones de pesos, es decir, unos 75 millones al mes.
Dos días después, el 22 de julio, Leyva fue asesinado de tres disparos de arma calibre 9 milímetros mientras desayunaba en un puesto de comida del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca.
Ese es el hecho central. El resto es silencio oficial, condolencias genéricas y la ausencia de una investigación que haya vinculado o descartado con pruebas públicas la relación entre las acusaciones y el homicidio.
Leyva no era un desconocido para las autoridades. Había denunciado amenazas de muerte ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca desde julio de 2025. Reportó ataques en medios electrónicos, llamadas amenazantes y hostigamiento vinculado a su trabajo. Ninguna de esas gestiones activó medidas de protección efectivas. El organismo estatal documentó la inacción. El periodista fue asesinado con las denuncias abiertas.
Morales Toledo expresó condolencias públicas. Dijo que “el asesinato de un periodista es un crimen contra el estado de derecho” y ofreció su pésame a la familia y al gremio. No mencionó el contenido del video. No desmintió con documentos las cifras de las pipas. No explicó por qué, días antes, él mismo había pedido a la Fiscalía General de la República y al Instituto Nacional Electoral que investigaran un supuesto financiamiento de organizaciones opositoras con recursos de huachicol fiscal.
La contradicción queda a la vista: el senador señala el delito cuando le sirve para atacar a otros y guarda silencio cuando un periodista lo señala a él con una operación concreta, con volúmenes, con precios y con un municipio identificable.
Las autoridades estatales y federales han dicho que agotan todas las líneas de investigación, incluida la relacionada con la actividad periodística de Leyva. Hasta ahora no han establecido un vínculo formal entre el homicidio y los señalamientos contra Morales Toledo.
Esa ausencia de vínculo no es una absolución. Es la descripción de un proceso que no ha producido resultados públicos que desmientan o confirmen la hipótesis más obvia: que un periodista fue asesinado dos días después de acusar a un senador de dirigir una red de ordeña de ductos que generaría decenas de millones mensuales.
La acusación de Leyva no surgió en el vacío. Se inserta en un expediente previo: el bloqueo de cuentas de Morales Toledo por la UIF en el Operativo Agave Azul de 2020, los reportes de inteligencia de la SEDENA de 2019 que lo mencionaban en estructuras de huachicol en San Blas Atempa, la carpeta de la FGR por sustracción ilegal de combustible de un ducto en su propiedad, y la detención, en agosto de 2024, de su entonces secretario particular José Antonio López Ríos con 500 mil pesos en efectivo, bidones de gasolina y una pistola.
El periodista asesinado no inventó un delito; señaló una operación específica dentro de un patrón que las propias autoridades federales ya habían investigado.
Morales Toledo no ha presentado una explicación contable o documental que desmienta la operación descrita por Leyva. No ha publicado contratos, facturas, permisos o declaraciones que demuestren la legalidad de los volúmenes de combustible que se mueven en la zona que controla políticamente. Ha optado por la condolencia genérica y por la narrativa de la persecución política.
Esa respuesta no explica las pipas, no explica el timing del asesinato y no explica por qué un periodista que llevaba un año denunciando amenazas fue ejecutado exactamente después de nombrar al senador de la república del partido Morena.
Nota editorial: Este espacio reconoce el derecho de réplica del senador Antonino Morales Toledo, conforme al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Reglamentaria en materia de Derecho de Réplica. Cualquier aclaración, rectificación o postura que desee formular sobre los hechos aquí expuestos será publicada íntegramente y con la misma relevancia que este texto. Puede enviarla a: froylanmf@gmail.com.
NINO MORALES PARTE I DE VII: AGAVE AZUL NO FUE UN MALENTENDIDO
En la política mexicana hay frases que sirven para explicar y frases que sirven para no tener que hacerlo. “Mi único pecado… es no arrodillarme a una familia que siempre se ha creído amo y señor de Oaxaca” con esta frase, el senador de Morena Antonino Morales Toledo declaró a finales de octubre, ante cuestionamiento de la prensa por los señalamientos que lo vinculan con el crimen organizado. Negó todo, culpó al exgobernador José Murat Casab, invocó su condición de “hombre de izquierda, indígena zapoteco” y dio por cerrado el asunto.
El asunto, sin embargo, está lejos de cerrarse. A finales de septiembre fue detenido el ex presidente municipal de Juchitán, por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El ex edil pertenecía al Frente Único de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), la organización que fundó el propio Morales Toledo. El 3 de octubre, la revista Proceso publicó documentos de inteligencia militar, extraídos de los archivos de la Sedena filtrados por el colectivo Guacamaya, que desde febrero de 2019 mencionaban al hoy senador por presuntos vínculos con el robo de hidrocarburos en el Istmo de Tehuantepec.
Conviene, por tanto, volver al principio. En junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entonces encabezada por Santiago Nieto, anunció el Operativo Agave Azul: una acción coordinada con la DEA estadounidense que bloqueó las cuentas de 1,939 sujetos: 1,770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos, por presuntos vínculos con la estructura financiera del Cártel Jalisco. Entre los nombres alcanzados por esa operación estuvo el de Antonino Morales Toledo, entonces presidente municipal de San Blas Atempa. Sus cuentas fueron suspendidas temporalmente y liberadas después. No hubo un proceso penal que llegara a juicio ni una sentencia condenatoria. Ese es el hecho central, y debe decirse completo: ni más, ni menos.
A ese hecho se suman otros. La Fiscalía General de la República, abrió la carpeta FED-OAXSC-0001-48-2019 por su presunta participación en una red de robo de hidrocarburos en su región natal, vecina de Salina Cruz, y determinó que no procedía ejercitar acción penal. La carpeta, sin embargo, existe. Y aquí está la distinción jurídica que el senador omite: la ausencia de un proceso penal no equivale a la inexistencia de indicios. Equivale a que, en ese momento y con las pruebas disponibles, la autoridad no alcanzó el estándar para llevar el caso ante un juez.
Una cosa es no haber sido procesado; otra muy distinta es haber sido exonerado de los hechos.
El punto más débil de la defensa de Morales Toledo es también el más evidente: el origen institucional de cada uno de esos señalamientos. Agave Azul no fue una invención de la familia Murat ni de la prensa opositora. Fue ejecutado por la UIF del gobierno de López Obrador, el mismo proyecto que el senador reivindica como origen de su carrera y de la Cuarta Transformación.
Los reportes de inteligencia los elaboró el Ejército.
La investigación la abrió la FGR.
Para que la tesis de la “persecución” se sostenga, habría que aceptar que la inteligencia financiera federal, la Defensa Nacional y la Fiscalía actuaron, todas, como instrumentos de un exgobernador priista. Esa petición no resiste el contraste más elemental: la UIF es un órgano federal de inteligencia financiera, no un despacho de litigantes al servicio de un cacicazgo local.
La contradicción tiene, además, un componente político que el senador prefiere no mencionar. Alejandro Murat Hinojosa, hijo del exgobernador al que Morales Toledo señala como su perseguidor, es hoy senador de Morena y compañero suyo en la Cámara Alta.
Si los Murat son los “amos y señores” de Oaxaca que el senador describe, fue su propio partido el que les abrió la puerta.
Denunciar al padre mientras se comparte bancada con el hijo no es una postura de principios: es una narrativa selectiva, útil para convertir un problema de expedientes en un pleito de familias.
Tampoco la liberación de las cuentas funciona como certificado de pureza. Agave Azul fue un operativo con resultados cuestionados: numerosas cuentas, incluso de familiares de líderes del CJNG, fueron desbloqueadas mediante amparos en los meses siguientes.
La liberación puede deberse a insuficiencia probatoria, a deficiencias del análisis de inteligencia, a la debilidad jurídica de los bloqueos o a una combinación de factores. Precisamente por eso no demuestra nada en ningún sentido. Lo que no puede hacerse, y el senador lo hace, es convertir un desbloqueo administrativo en una absolución moral.
Menos aún puede convertirse la identidad en coartada. Ser zapoteco es un orgullo legítimo y ser de izquierda es una definición política respetable. Ninguna de las dos condiciones inmuniza frente a una investigación financiera ni borra un bloqueo de cuentas. Son categorías irrelevantes para el análisis de la UIF y, sin embargo, son las únicas que el senador ofrece cuando se le pregunta por Agave Azul. Usar la identidad indígena como escudo frente a preguntas sobre flujos de dinero no honra a los pueblos originarios; los instrumentaliza.
El dilema, en el fondo, es sencillo. Si la UIF actuó correctamente en 2020, sus cuentas fueron bloqueadas por razones de inteligencia financiera que merecen una explicación pública.
Si actuó de manera incorrecta, entonces el propio gobierno de la 4T cometió un abuso en su contra que él nunca ha denunciado con la vehemencia que reserva para los Murat.
En cualquiera de los dos escenarios, su versión actual está incompleta.
Hasta la fecha, Morales Toledo no ha hecho pública una explicación documental sobre los movimientos que motivaron el bloqueo. No ha presentado un desglose de sus ingresos de 2019 y 2020 que acredite la normalidad de sus operaciones. No ha dado a conocer el recurso, la queja o la resolución con la que, en su caso, combatió el operativo.
Lo que sí ha ofrecido es una frase repetida y la exigencia de que se le crea porque “no se arrodilla”.
La presunción de inocencia es una garantía procesal que nadie debe regatearle al senador. Pero no es un salvoconducto político ni lo exime de rendir cuentas ante quienes lo eligieron. Y la exigencia es mayor por el cargo que ostenta.
Morales Toledo preside en el Senado la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la misma región donde la inteligencia militar documentó las redes de robo de combustible que hoy salpican a su círculo político.
El Operativo Agave Azul fue real.
El bloqueo de cuentas fue real.
Las menciones en los reportes de la SEDENA son reales.
La carpeta de la FGR existe.
Que no haya condena no borra esos hechos, y reducirlos a una persecución de José Murat es una omisión deliberada de la arquitectura institucional que los produjo.
Mientras el senador no ofrezca una respuesta contable y documental que resista el contraste con los registros oficiales, la sombra de Agave Azul no será un malentendido.
Será, como hasta hoy, el antecedente más documentado de su trayectoria pública.
Nota editorial: Este espacio reconoce el derecho de réplica del senador Antonino Morales Toledo, conforme al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Reglamentaria en materia de Derecho de Réplica. Cualquier aclaración, rectificación o postura que desee formular sobre los hechos aquí expuestos será publicada íntegramente y con la misma relevancia que este texto. Puede enviarla a: froylanmf@gmail.com.
