Con trampas lograron contratos en OPLES por 2 mil 461 mdp
*OIC del INE detecta simulación de competencia por $2 mil 461 mdp en OPLES, entre ellos Oaxaca con 270 mdp
Oaxaca, Oaxaca, Jueves 05 de Noviembre, 2026, (Fuente: X: @jaimeguerrero08).- Cinco empresas con vínculos entre sí obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones 75 mil pesos para suministrar material electoral a organismos públicos locales electorales (OPLES), incluido el de Oaxaca, entre 2014 y 2025, informó Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE.
“Nosotros hemos detectado que, al menos, de 2014 hasta 2025, cinco empresas con vínculos entre sí, es decir, comparten representantes legales y socios, han simulado competencia y recibieron contratos alrededor por 2 mil 461 millones de pesos”, afirmó ante diputados.
Las empresas señaladas son Cajas Graf, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México.
Entre 2014 y 2025, Cajas Graf obtuvo contratos por 1 mil 72 millones 876 mil 165.54 pesos; Corporativo ZEG, por 278 millones 717 mil 552.46 pesos; Comercializadora JVLY, por 208 millones 396 mil 239.14 pesos; Formas Finas y Materiales, por 815 millones 961 mil 175.06 pesos, y Seriplast de México, por 85 millones 123 mil 981.48 pesos.
En conjunto, las cinco empresas recibieron 2 mil 461 millones 75 mil 113.68 pesos.
Las cinco entidades con mayores montos asignados a las cinco empresas fueron Veracruz, con 303 millones 34 mil 103.36 pesos; Coahuila, con 273 millones 868 mil 100.12 pesos.
Oaxaca, con 270 millones 737 mil 738.90 pesos; Hidalgo, con 203 millones 475 mil 312.80 pesos, y Chiapas, con 179 millones 961 mil 2.71 pesos.
El funcionario electoral sostuvo que, aunque aparecen como compañías distintas, comparten apoderados o representantes legales.
“José Alfredo Hernández Casillas aparece en Cajas Graf, pero también aparece en Seriplast”, dijo.
También mencionó a Raymundo Francisco Hernández Casillas al describir los vínculos entre las compañías.
“Estamos en un escenario de colusión o, bueno, de simulación en el que existen empresas únicas, pero en realidad están diseminadas en este grupo de cinco empresas”, aseveró Carvente. Agregó que los consorcios han colaborado con al menos 20 OPLES.
ASF detectó red de 7 empresas y 83 personas ligadas a proveedores del INE; ex trabajador figuró como apoderado
En tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó siete empresas, 83 personas y 89 vínculos corporativos en una investigación sobre proveedores electorales, en la que Jonathan N., ex trabajador del Instituto Nacional Electoral (INE), figuró como apoderado de Corporativo ZEG.
Los hallazgos relacionaron a Corporativo ZEG, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México, con seis personas vinculadas a varias compañías, y motivaron revisiones por posibles conflictos de interés y prácticas indebidas.
Jonathan N. registró percepciones por 601 mil 751 pesos con cuatro centavos entre mayo de 2025 y marzo de 2026. Alejandro N. apareció como socio de ZEG y delegado de la asamblea de Formas Finas y Materiales.
La ASF reportó cinco personas relacionadas tanto con ZEG como con Graf. El mapa destacó a César N., Omar N., Fernando N. y Raymundo N.; además, Tatiana N. conectó a Cajas Graf con Seriplast de México.
El esquema también incluyó una relación entre Cajas Graf y TOL Producciones, así como a las empresas identificadas como Corona J.E. y Comercializadora JVLT.
Otro hallazgo señaló operaciones por 21.3 millones de pesos de proveedores de ZEG con proveedores autorizados de certificación (PAC) cuyas certificaciones habían sido revocadas.
“Estas conexiones corporativas y antecedentes laborales constituyen indicios que ameritan profundizar en la revisión de las contrataciones públicas, a fin de determinar la posible existencia de conflictos de interés, prácticas indebidas o responsabilidades legales”, señaló la ASF.
La indagatoria se sumó a la revisión de adquisiciones de 2000 a 2025 del INE, el extinto Instituto Federal Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales, para identificar concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales.
La ASF mantuvo investigaciones de oficio, el estudio histórico de compras y una auditoría integral al INE y al gasto federalizado de organismos locales.
ASF investiga “irregularidades históricas” y revisará compras del IFE, INE y órganos estatales de 2000 a 2025
En tanto, tras advertir “múltiples irregularidades históricas” en el gasto electoral, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga de oficio los contratos del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos electorales de las 32 entidades, incluido el de Oaxaca.
La ASF rastrará de los años 2000 a 2025 qué empresas concentraron las adjudicaciones y si grupos empresariales o servidores públicos incurrieron en prácticas ilegales en el manejo de los recursos.
El análisis de la información solicitada a los estados arrojó indicios de “múltiples irregularidades históricas” en el gasto público electoral.
En un comunicado, la ASF detalló que puso en marcha tres líneas de trabajo.
La primera fue una investigación de oficio por irregularidades en las contrataciones públicas del IFE, del INE y de todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La segunda consiste en un estudio histórico de las adquisiciones de 2000 a 2025 para identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales de grupos empresariales y servidores públicos en el manejo de esos recursos.
La tercera una auditoría integral al INE y a la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales.
“La ASF realiza estas acciones en el ámbito de sus atribuciones con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad”, señaló el órgano fiscalizador.
Este 3 de noviembre, las consejerías del INE acordaron solicitar a la ASF un “ejercicio emergente de fiscalización” para revisar cuanto antes las adquisiciones del Instituto.
Blanca Yassahara Cruz García, presidenta provisional, explicó que la ASF definiría qué contratos y ejercicios revisar.
Cruz García también informó que las 10 consejerías acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posibles irregularidades en las contrataciones.
El INE había suspendido temporalmente los procedimientos de contratación en curso para revisar cada caso.
Tras la reforma electoral de 2014, Lorenzo Córdova Vianello encabezó el INE hasta 2023. Guadalupe Taddei Zavala lo sucedió y estuvo al frente del Instituto durante el resto del periodo que revisará la ASF, hasta el cierre de 2025.
INE pide a la ASF revisar 10 años de contratos con proveedores tras escándalo de Taddei
En el mismo sentido, el Instituto Nacional Electoral (INE) acordó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios de 2016 a 2026, tras el escándalo por presuntas irregularidades en contratos y posibles conflictos de interés que envolvió a su expresidenta, Guadalupe Taddei Zavala.
La determinación incluyó preservar expedientes físicos y electrónicos, revisar proveedores y reforzar la vigilancia de las contrataciones para las elecciones de 2027, mientras el consejero Arturo Castillo Loza calificó el momento como “la crisis histórica más grave que ha vivido esta institución”.
La crisis estuvo precedida por la difusión de imágenes y videos sobre la cercanía de Taddei y familiares con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con empresas proveedoras de materiales electorales.
Los señalamientos colocaron bajo investigación posibles conflictos de interés, colusión entre proveedores y triangulación de recursos.
Taddei presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados el 26 de octubre.
También señaló que cinco empresas con presuntos vínculos entre sí habían concentrado históricamente el mercado de materiales electorales.
Ante esos antecedentes, el Consejo General aprobó medidas para reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, los mecanismos de denuncia y el seguimiento específico de las contrataciones del Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027.
El acuerdo estableció la colaboración plena con las autoridades fiscalizadoras, la preservación inmediata de documentación física y electrónica relacionada con contrataciones, la integración de un inventario institucional de adquisiciones y la entrega oportuna de información a las instancias competentes.
La ASF determinará exclusivamente el alcance, la muestra, los procedimientos y las modalidades de fiscalización que resulten procedentes.
El Consejo también avaló elaborar un Plan de Acción Crítico para asegurar la continuidad de las contrataciones necesarias para las funciones del instituto y la organización de las elecciones en curso.
Además, contempló revisar el padrón de proveedores, habilitar un mecanismo para recibir información sobre posibles hallazgos, solicitar datos a otras autoridades y evaluar medidas adicionales para fortalecer la contratación y la supervisión institucional.
Durante la discusión, la consejera Carla Astrid Humphrey Jordan pidió que “no quede nada sin revisar” y sostuvo que la ciudadanía tenía derecho a exigir explicaciones verificables sobre el destino del dinero público y las acciones frente a posibles incumplimientos o fallas administrativas.
“La democracia también se honra en las cuentas que entregamos, en el orden que demostramos y en la salvaguarda del gasto que ejercemos con total transparencia y rendición de cuentas”, expresó.
También planteó cambios de fondo en la administración del organismo: “necesitamos más licitaciones y menos adjudicaciones directas”.
Castillo Loza respaldó la intervención de la ASF, los mecanismos para detectar riesgos de corrupción y la presentación de las denuncias que resultaran procedentes.
Asimismo, llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a valorar las diligencias necesarias y la eventual aplicación de las disposiciones del artículo 19 constitucional para delitos de corrupción.
La solicitud del INE se sumó a tres líneas de trabajo anunciadas por la ASF: investigaciones de oficio sobre contrataciones del instituto, el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Las otras dos consistieron en un estudio histórico de adquisiciones de 2000 a 2025, para identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales, y una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los organismos locales.
UIF bloquea cuentas de 43 personas ligadas a proveedores del INE, entre ellas Taddei, y denuncia ante la FGR
Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 43 personas ligadas a proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE) y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras detectar operaciones financieras de riesgo. Fuentes extraoficiales confirmaron que la medida alcanzó a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el bloqueo abarcó a 28 personas físicas y 15 morales, sin identificarlas. Las mismas fuentes incluyeron entre los afectados a los contratistas José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Taddei Zavala renunció el 26 de octubre, en medio de señalamientos por sus vínculos con José Alfredo Hernández Casillas y por posibles irregularidades en contratos de material y servicios electorales.
En un video difundido el 2 de noviembre, el contratista hizo cálculos frente a Taddei Zavala sobre un presunto reparto de ganancias. “Yo llevo uno trescientos y tú dos millones en la credencial para votar, ¿estás de acuerdo?”, le dijo.
Hacienda señaló que la UIF identificó “operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”. La denuncia se presentó para que la FGR investigue los hechos y determine posibles responsabilidades.
La dependencia precisó que la inclusión en la lista “es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”. Agregó que las personas afectadas cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia.
La UIF reiteró que combate las operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante el análisis financiero y la coordinación con otras autoridades. También afirmó que garantizaría el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas.
Sheinbaum vincula a Somos México, de Acosta Naranjo, con red de corrupción en contratos del INE
Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vinculó a Somos México, encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, con una presunta red de corrupción en contrataciones electorales, por la participación de Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo superior de José Alfredo Hernández Casillas, en ese partido.
Según la investigación gubernamental, empresas vinculadas con José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas obtuvieron contratos electorales por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025.
Sheinbaum sostuvo que Padilla incorporó a los hermanos al servicio público y que sus negocios se fortalecieron durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello en el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Y, ¡oh, sorpresa!, hoy es uno de los militantes más destacados del partido Somos. ¿De quién es el partido Somos? De Lorenzo Córdova y todos ellos vinculados con Acosta”, afirmó.
También cuestionó el deslinde de Córdova sobre las adjudicaciones de los organismos públicos locales electorales (OPLE), cuyos consejeros fueron nombrados por el Consejo General del INE desde la reforma de 2014.
“Él dice: ‘No, no fui yo, fueron los organismos electorales’. Sí, pero ¿quién nombró a esos consejeros electorales? Tú y todos los consejeros del INE del 2014 al 2023”, reprochó.
Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que las empresas recibieron 2 mil 94 millones de pesos en contratos con 23 organismos estatales entre 2015 y 2023, y otros 646 millones 300 mil pesos con 15 organismos entre 2024 y 2025.
Señaló que presuntamente simulaban competir entre sí, utilizaban prestanombres y algunas carecían de infraestructura, empleados y capacidad operativa. También expuso posibles operaciones de lavado de dinero y vínculos con factureras.
La relación con Padilla se remontó a los años ochenta, cuando José Alfredo fue su secretario particular en Gobernación. En 1989 lo acompañó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), donde Raymundo Francisco ingresó al área de investigaciones.
Tras dejar el servicio público, los hermanos incursionaron en materiales electorales. Cartonera Plástica, vinculada con José Alfredo, obtuvo en 2005 un contrato mexiquense por 63 millones 700 mil pesos, cuya adjudicación generó denuncias por irregularidades y sobornos y culminó con la renuncia de siete consejeros, según Buenrostro.
Padilla fue delegado regional de Gobernación en 2017 y posteriormente encabezó actividades del Frente Cívico Nacional en el Estado de México, antecedente de Somos México.
La presentación gubernamental ubicó en ese partido a Córdova como consejero consultivo; a Marco Antonio Baños Martínez como representante suplente ante el INE, y a Edmundo Jacobo Molina como responsable de formación política.
Sheinbaum sostuvo que el esquema antecedió a Guadalupe Taddei Zavala, designada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014 y elegida para encabezar el INE mediante insaculación en 2023.
“Esta mafia electoral no surgió con Taddei. Nadie la defiende, si realizó un acto ilegal tiene que verlo la Auditoría Superior y la Fiscalía, de ella y de quien haya participado en la estructura del INE, pero no nació ahí”, expresó.
La Presidenta señaló que la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República debían determinar responsabilidades, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera investigaba las operaciones de las empresas.
