El regreso a Tierra Blanca tras 6 años de destierro
Oaxaca, Oaxaca, Viernes 06 de Noviembre, 2026, (Fuente: X: @jaimeguerrero08).- Tras casi seis años de expulsión violenta y compromisos incumplidos, comenzó la primera fase para lograr el retorno a Tierra Blanca, Copala (del distrito de Juxtlahuaca, región Mixteca de Oaxaca), con revisión de viviendas y servicios, además de preparativos para instalar seguridad permanente.
El secretario de Gobierno, Jesús Romero, encabezó la intervención en esta comunidad de Santiago Juxtlahuaca. Anunció tres fases para permitir el regreso de las familias refugiadas principalmente en Yosoyuxi, Copala, a seis kilómetros de sus hogares.
Por instrucción del gobernador Salomón Jara Cruz, participaron 26 instituciones estatales y federales para atender a 147 familias, integradas por más de 517 personas.
Durante un enlace con la conferencia del mandatario, Romero López afirmó que los acuerdos comunitarios permitieron ingresar y avanzar hacia una presencia permanente de seguridad, imposible desde 2020.
“Lo que no se logró en seis años se logró con diálogo y con la voluntad de la comunidad. Hoy el Estado regresa a Tierra Blanca. No venimos con promesas, venimos a trabajar”, declaró.
Las brigadas revisaron escuelas, viviendas, clínica, agua potable, luminarias y caminos. El funcionario anunció rehabilitaciones en las siguientes 24 horas. También hubo atención médica, Registro Civil y apoyos alimentarios.
Los recorridos permitieron identificar espacios para una base de seguridad y cámaras de videovigilancia. En Yosoyuxi, Romero López entregó alimentos e informó sobre los trabajos previos al regreso.
“Entre Tierra Blanca y Yosoyuxi hay seis kilómetros, y para estas familias han sido casi seis años de espera. Nuestro compromiso es que regresen con seguridad, con dignidad y acompañadas”, señaló.
Las familias habían denunciado que el plazo de 45 días anunciado en agosto para generar condiciones de seguridad venció el 22 de septiembre de 2026 sin información sobre avances.
El desplazamiento comenzó el 26 de diciembre de 2020. Según testimonios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unas cien personas presuntamente vinculadas al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) irrumpieron violentamente y provocaron la salida de 144 familias.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó agresiones hasta enero de 2021 y omisiones oficiales que vulneraron los derechos de circulación y residencia. Emitió la recomendación 36/2022 a Alejandro Murat Hinojosa, Arsenio Mejía García y Arturo de Jesús Peimbert Calvo, entonces gobernador, alcalde y fiscal, respectivamente.
En julio de 2023, un juez federal concedió un amparo que ordenó seguridad, salud, educación, agua potable, un censo de víctimas y condiciones para retornar sin nuevas expulsiones. El 27 de octubre, la CIDH otorgó medidas cautelares y pidió proteger a las familias, acordar su seguridad e investigar.
Romero López sostuvo que la rehabilitación y la seguridad precederían al traslado: “La paz no se decreta desde una oficina: se construye con diálogo, con presencia y atendiendo a todas las familias”.
