Inicia batalla por la Rectoría de la UABJO
*Arranca la competencia entre tensiones y reglas bajo sospecha
*La UABJO lanza convocatoria para elegir Rectoría 2026–2030; proceso inicia el 30 de abril y votación será el 13 de mayo
Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 29 de Abril, 2026, (Fuente: imparcialoaxaca.mx y X: @rojasayuzo).- La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) puso en marcha el proceso para renovar su Rectoría en el periodo 2026–2030, en un contexto marcado por la creciente confrontación política entre aspirantes y grupos internos. La publicación de la convocatoria formaliza una etapa clave para la vida institucional, donde no solo se definirá un liderazgo, sino también el rumbo académico y administrativo de la máxima casa de estudios del estado.
El registro de candidaturas está programado para el 30 de abril de 2026, en una jornada que se desarrollará de 09:00 a 18:00 horas en el Exconvento de San José, en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez. A partir de la validación de los registros por la Comisión Electoral, los aspirantes podrán iniciar campañas de manera inmediata.
El periodo proselitista estará acotado por reglas estrictas: concluirá dos días antes de la elección, y toda propaganda deberá ser retirada al menos 24 horas antes de la jornada electoral.
La elección se llevará a cabo el 13 de mayo de 2026, de 08:00 a 18:00 horas, en todas las escuelas, facultades e instancias administrativas de la universidad. El voto será universal, libre, directo y secreto, con participación de estudiantes, académicos y trabajadores administrativos registrados en el padrón electoral.
Para garantizar la validez del sufragio, la convocatoria establece que “para emitir su voto, los integrantes de la comunidad deberán exhibir identificación oficial con fotografía”, lo que busca fortalecer la certeza del proceso.
Este ejercicio democrático será determinante no solo por su resultado, sino por la legitimidad que logre construir en medio de un ambiente de efervescencia política que ha tensado la dinámica interna de la institución.
Comisión electoral: poder y controversia
La Comisión Electoral se erige como el órgano central del proceso, con amplias facultades para organizar, vigilar, calificar la elección y resolver impugnaciones. Su integración incluye representantes de los sectores académico, estudiantil y administrativo, además de un presidente con voto de calidad y un secretario fedatario. Según la propia convocatoria, “la Comisión Electoral está integrada de la siguiente manera: un Presidente con voto de calidad, un Secretario Fedatario y representantes de los distintos sectores universitarios”.
Entre sus atribuciones más relevantes se encuentra realizar el cómputo final y otorgar la constancia de mayoría al candidato ganador. No obstante, uno de los puntos que genera mayor debate es que “las resoluciones que emita la Comisión Electoral deberán ser tomadas por mayoría de votos y serán inapelables”, lo que refuerza su papel como árbitro absoluto, pero también limita los mecanismos de revisión.
La convocatoria establece criterios específicos para integrar el padrón electoral, limitando la participación a quienes tengan vínculos formales con la institución. En el caso del personal administrativo, se exige una antigüedad mínima de un mes en nómina.
Quedan excluidos quienes participen únicamente en actividades académicas extracurriculares, como cursos o diplomados, medida que busca evitar irregularidades como el llamado “turismo electoral”.
El proceso contempla un régimen riguroso de sanciones para garantizar la equidad. Se prohíben prácticas como la compra o coacción del voto mediante dádivas, rifas o beneficios económicos, así como cualquier forma de intimidación.
Asimismo, se establecen controles durante la jornada electoral, incluyendo restricciones en el uso de dispositivos móviles durante el escrutinio, con el objetivo de evitar interferencias o manipulación de resultados.
Un proceso bajo la lupa
Más allá de la normatividad, el proceso ocurre en un contexto de disputa política interna que podría poner a prueba la transparencia y legitimidad de la elección. La participación activa de la comunidad universitaria será un factor clave para sostener la credibilidad del ejercicio democrático.
La elección de la Rectoría no sólo definirá una administración, sino también el equilibrio de fuerzas al interior de la universidad durante los próximos cuatro años.
Farid Acevedo: La imposición que desafía la ley en la UABJO, donde lo ilegal podría ser costumbre
En tanto, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) se encuentra en la víspera de un proceso electoral crucial, pero las sombras de la irregularidad parecen empañar la búsqueda de una verdadera autonomía.
El registro de Farid Acevedo como aspirante a la rectoría no es sólo un movimiento político impositivo; es un desafío directo a la legalidad institucional y a los principios éticos que deberían regir a la máxima casa de estudios.
La Ley Orgánica de la UABJO es clara y no admite interpretaciones a conveniencia.
En su Artículo 41, establece como requisito indispensable para ser Rector: “Contar con una antigüedad mínima de cinco años consecutivos e inmediatos a la elección en el servicio de la Universidad.”
Aquí es donde la candidatura de Acevedo se desmorona frente al rigor jurídico.
Los registros son públicos y contundentes: Farid Acevedo presentó su renuncia el 13 de marzo de 2026 y, lo que es más grave, se alejó de la dinámica universitaria desde diciembre de 2022.
Esta interrupción rompe de tajo la «continuidad» e «inmediatez» que la ley exige.
¿Cómo puede alguien que abandonó la vida institucional pretender hoy dirigirla, ignorando los candados legales diseñados para asegurar que el Rector conozca y viva la realidad actual de la comunidad?
Si la Comisión Electoral valida su registro, cualquier universitario (alumno o maestro) podría interponer un juicio de amparo o un recurso de queja. Esto podría judicializar la elección, dejando a la UABJO en un limbo administrativo justo cuando más estabilidad necesita.
No podemos olvidar el señalamiento sobre los 101.9 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene bajo la lupa. Si la elegibilidad de Acevedo es cuestionable, su círculo cercano también lo es. La mención de esquemas de outsourcing dentro de una universidad pública es una «bomba de tiempo» que cualquier auditoría seria haría estallar.
Más allá de la falta de requisitos, preocupa el entorno que rodea esta postulación. La utilización de la estructura universitaria para favorecer a un perfil que legalmente está impedido es un síntoma de la degradación política que algunos sectores pretenden perpetuar.
Mientras la Facultad de Medicina enfrenta crisis por la falta de espacios para internados y los académicos son amedrentados con procesos administrativos injustos, la prioridad parece ser pavimentar el camino para un candidato «a modo».
La imposición de Acevedo enviaría un mensaje desastroso: que, en la UABJO, la ley es un obstáculo negociable y que los favores políticos valen más que el derecho universitario.
La autonomía no se defiende solo con discursos, se defiende respetando las reglas del juego. Permitir que Farid Acevedo compita sin cumplir con la antigüedad requerida sería validar un fraude a la ley.
La comunidad estudiantil y académica tiene el reto de actuar con dignidad. La UABJO no puede ser el botín de quienes, tras años de ausencia, regresan con ambición de poder, pero sin solvencia legal.
El próximo 13 de mayo no solo se elige a un hombre; se elige si la Universidad se arrodilla ante la imposición o se levanta en defensa de su propia legalidad.
Arranca la disputa por la rectoría de la UABJO: Farid Acevedo vs Enrique Martínez
Por otra parte, con la publicación de la convocatoria electoral este 28 de abril, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) dio inicio formal a la sucesión de su rectoría para el periodo 2026-2030, un proceso que ya muestra señales de alta tensión política.
Por un lado, el exsecretario de Finanzas del gobierno estatal, Farid Acevedo López, quien goza del apoyo del “Gran Elector de Palacio”; por el otro, el odontólogo y catedrático Enrique Martínez Martínez, respaldado por el Frente por la Defensa de la Autonomía Universitaria y ligado al Partido del Trabajo.
La Comisión Electoral de la máxima casa de estudios emitió la convocatoria con fundamento en la Ley Orgánica de la UABJO y los Lineamientos Generales para la Elección de Rector, e invita a la comunidad universitaria —alumnos, académicos y personal administrativo— a participar en el proceso mediante voto universal, libre, directo y secreto.
La elección está programada para el 13 de mayo de 2026, y representa el retorno a comicios directos tras nueve años de interinatos y cambios normativos, siendo el último proceso electivo completo el de 2017.
La jornada se desarrollará en las Escuelas, Facultades, Institutos y Dependencias Administrativas de la UABJO, de 08:00 a 18:00 horas.
El registro de candidaturas se realizará este 30 de abril, de 09:00 a 18:00 horas, en las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes, ubicada en el Exconvento de San José, en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez.
En el plano político, la disputa tiene dos protagonistas centrales. Farid Acevedo López, exsecretario de Finanzas del gobierno de Salomón Jara Cruz, renunció al cargo para buscar la rectoría.
Sectores universitarios lo señalan como el candidato impulsado desde el Palacio de Gobierno, mientras el Frente por la Defensa de la Autonomía Universitaria acusa al gobernador de recurrir a actos de represión para favorecerlo.
Jara Cruz, por su parte, ha negado cualquier intención de intervenir en el proceso interno.
Su principal contendiente es Enrique Martínez Martínez, odontólogo con más de cuatro décadas de trayectoria en la institución, exdirector de la Facultad de Odontología y exsecretario general de la UABJO.
Su candidatura está ligada al Partido del Trabajo, que en Oaxaca mantiene una postura crítica frente al gobierno de la coalición MORENA-aliados.
Docentes afiliados a sindicatos universitarios que respaldan a Martínez Martínez interpusieron amparos ante presuntas amenazas de órdenes de aprehensión, que atribuyen a la Oficina del Abogado General de la universidad, supuestamente por instrucción del rector saliente, Cristian Eder Carreño López.
La Comisión Electoral está integrada por diez consejeros universitarios: cuatro docentes, cuatro estudiantes y dos trabajadores, con el secretario general de la institución como fedatario.
El documento fue suscrito por el presidente del H. Consejo Universitario, Enrique Mayoral Guzmán, y el secretario fedatario, Abraham Martínez Helmes.
Entre las prohibiciones expresas que establece la convocatoria figuran la colocación de propaganda dentro de los recintos universitarios, la realización de exámenes durante las campañas, el ofrecimiento de dádivas a los votantes y la presencia de fuerza pública en instalaciones universitarias sin autorización previa de la Comisión Electoral con al menos una semana de anticipación a la jornada electoral.
