Aprueban nuevo titular de Arbitraje Médico en Oaxaca
*La elección de consejero técnico de la CEAMO será para el periodo 2026-2029
*Se sometió a votación una terna final integrada por profesionales de la salud
San Raymundo Jalpan, Oaxaca, Miércoles 01 de Abril, 2026, (Fuente: Comunicados y X: @jaimeguerrero08).- En Sesión Ordinaria, la LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó la designación de Miguel Ángel Vichido Luna como consejero técnico integrante del Consejo General de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO), para el periodo comprendido de 2026 a 2029.
La determinación se realizó con fundamento en lo establecido en el artículo 10, fracción II, de la Ley que crea dicho organismo, luego del análisis de las propuestas recibidas, así como de la revisión de la documentación, experiencia y trayectoria profesional de las personas aspirantes.
Este proceso se llevó a cabo tras la vacante generada por el fallecimiento del consejero Javier Castellanos García, situación notificada por la presidencia de la CEAMO el pasado 14 de febrero, lo que dio inicio al procedimiento de sustitución conforme a las facultades del Poder Legislativo.
De acuerdo con la presidenta de la Comisión Permanente de Salud, diputada Tania López López, la selección se desarrolló bajo criterios de transparencia y máxima publicidad, mediante una convocatoria abierta dirigida a colegios médicos y profesionales independientes.
Posteriormente, se efectuó la verificación de requisitos legales y la evaluación de los perfiles, que incluyó entrevistas presenciales para valorar la idoneidad de las y los aspirantes.
La terna final estuvo integrada por Leopoldo Manuel Cruz Canseco, especialista en Cirugía General; Ignacio Cruz García, en Medicina Legal y Forense; y Miguel Ángel Vichido Luna, quien obtuvo 35 votos a favor del Pleno.
La Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca es un organismo público autónomo con participación ciudadana, personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo es promover la adecuada práctica médica y contribuir a la mejora en la calidad de los servicios de salud en la entidad, así como atender y resolver los asuntos de su competencia en el ámbito estatal.
Poder Legislativo exhorta a autoridades estatales y municipales a priorizar venta exclusiva de artesanías locales durante Semana Santa
En tanto, en Sesión Ordinaria, el Congreso del Estado aprobó un exhorto respetuoso a la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), a la Secretaría de Turismo (SECTUR Oaxaca), al Municipio de Oaxaca de Juárez, así como a aquellos ayuntamientos que realizan ferias artesanales en el marco de las actividades de la Semana Santa 2026, a que prioricen en espacios públicos de venta la comercialización exclusiva de artesanías locales.
El Punto de Acuerdo fue presentado por la diputada Mónica Belén López Javier, del Grupo Parlamentario Fuerza por Oaxaca, y el diputado Javier Casique Zárate del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y busca brindar certeza al turismo nacional e internacional de que está consumiendo productos originarios y contrarrestar de esta manera la presencia de productos importados o externos, fortalecer la economía local y preservar la identidad cultural de la entidad.
En la exposición de motivos, la legisladora López Javier señaló que la Semana Santa representa uno de los periodos de mayor afluencia turística y derrama económica para el estado. Por ello, consideró indispensable que las autoridades implementen acciones de fiscalización y fomento para que los espacios de venta sean ocupados por auténticos productores locales, dignificando su trabajo y protegiendo la historia viva de Oaxaca.
Por su parte, el diputado Casique Zárate subrayó que esta medida legislativa busca ordenar el mercado y garantizar condiciones de competencia justa. Exhortó a las autoridades competentes a implementar actividades de verificación, supervisión y acompañamiento institucional, además de fortalecer la promoción de las artesanías oaxaqueñas.
Precisaron que, en el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), mediante la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, reconoce la importancia de proteger las expresiones culturales tradicionales frente a fenómenos que puedan desvirtuarlas o poner en riesgo su continuidad, entre ellos la comercialización de productos industrializados que imitan dichas expresiones sin respetar su origen ni su valor.
70% de artesanías se venden en la informalidad; Congreso de Oaxaca exhorta a proteger espacios de venta en Semana Santa
En el mismo sentido, el 70% de las artesanías en México se comercializan en canales informales, lo que las hace especialmente susceptibles a prácticas de competencia desleal, según estimaciones de la Secretaría de Economía.
Con ese diagnóstico, el Congreso de Oaxaca aprobó con 29 votos, un exhorto a autoridades estatales y municipales para que durante la Semana Santa 2026 reserven los espacios públicos de venta exclusivamente para artesanías locales y auténticas.
El punto de acuerdo, aprobado bajo el criterio de urgente y obvia resolución, va dirigido a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca, a la Secretaría de Turismo, al municipio de Oaxaca de Juárez y a los municipios que organizan ferias artesanales en el marco de la temporada vacacional.
El objetivo es dar certeza al turismo nacional e internacional sobre la autenticidad de los productos que adquieren, contrarrestar la presencia de artículos externos, fortalecer la economía local y preservar la identidad cultural de la entidad.
El diputado priista Javier Casique Zárate, uno de los promotores de la iniciativa, colocó el dato de la informalidad en el centro del diagnóstico.
“El 70% de las artesanías en México se comercializan en canales informales, lo que las hace aún más vulnerables frente a este tipo de prácticas”, advirtió.
Alertó que la ausencia de mecanismos de verificación y supervisión en los espacios comerciales agrava la problemática y facilita la presencia de imitaciones.
Casique Zárate advirtió que la afectación no es solo económica.
“Se trata de una confusión para el consumidor, especialmente para el turista, que busca autenticidad y termina adquiriendo productos que no representan el trabajo ni la tradición de Oaxaca”, señaló.
Agregó que las técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación enfrentan el riesgo de perder viabilidad económica ante la competencia desleal.
El legislador refirió que la Secretaría de Cultura federal ubican al sector artesanal como un elemento estratégico para el turismo cultural, el cual representa cerca del 8% del PIB turístico nacional.
Asimismo, datos del INEGI que sitúan en más de 12 millones las personas vinculadas a actividades artesanales en el país, muchas en condiciones de vulnerabilidad.
Por su parte, la diputada de MORENA, Mónica Belén López Javier, sostuvo que la práctica de comercializar productos importados como si fueran artesanías oaxaqueñas no solo daña la economía de los productores locales sino que vulnera el derecho del visitante a adquirir piezas genuinas.
“No podemos permitir que el esfuerzo de nuestras comunidades compita en condiciones desiguales”, afirmó.
López Javier llamó a ver en la Semana Santa una oportunidad y una responsabilidad al mismo tiempo.
“La temporada representa una de las etapas de mayor afluencia turística en nuestro estado. Es una oportunidad para fortalecer nuestra economía local, pero también una responsabilidad para protegerla”, dijo.
Ambos legisladores coincidieron en que el exhorto no busca restringir el comercio sino garantizar condiciones justas. “No se trata de excluir, se trata de proteger. No se trata de limitar el comercio, se trata de garantizar condiciones justas”, sostuvo López Javier.
Proponen en Oaxaca la “Ley Cazzu” para garantizar la movilidad de niñas, niños y adolescentes
Por otra parte, la diputada Concepción Rueda Gómez, del partido morena, presentó una iniciativa para evitar que el consentimiento de uno de los progenitores sea utilizado como un mecanismo de bloqueo, chantaje o control que limite el acceso de niñas, niños y adolescentes a trámites de identidad, expedición de pasaporte o viajes nacionales e internacionales.
La diputada señaló que esta problemática afecta de manera cotidiana a muchas mujeres, quienes enfrentan procesos largos, costosos y revictimizantes para poder viajar con sus hijas e hijos, incluso en casos donde el otro progenitor incumple sus obligaciones o se niega sin justificación.
“No podemos permitir que los derechos de niñas, niños y adolescentes queden atrapados en conflictos entre personas adultas”, afirmó la legisladora. “El interés superior de la niñez debe estar por encima de cualquier diferencia o mecanismo de control”.
Asimismo, subrayó que esta situación no solo vulnera los derechos de la niñez, sino que también se traduce en formas de violencia hacia las mujeres. “Muchas veces este tipo de negativas se utilizan como chantaje o presión, afectando directamente a las madres y a sus hijas e hijos”, expresó.
La iniciativa, conocida como “Ley Cazzu”, propone adicionar el artículo 274 Bis al Código Familiar del Estado de Oaxaca, a fin de establecer que, en casos de negativa injustificada, incumplimiento de obligaciones o conductas que obstaculicen los derechos de la niñez, la autoridad judicial pueda autorizar de manera inmediata los trámites o salidas, garantizando el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y discusión.
Propone diputada Elisa Zepeda reconocer burlas y exclusión como violencia comunitaria contra mujeres
Por su parte, la diputada de morena, Elisa Zepeda Lagunas, presentó en sesión ordinaria del Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, con el objetivo de reconocer como violencia comunitaria las burlas, agresiones y conductas que excluyan o limiten la participación de mujeres, niñas y adolescentes en la vida pública.
La propuesta plantea modificar el artículo 18 para incorporar expresiones como burlas, imágenes o comportamientos ofensivos, intimidatorios o agresivos, así como cualquier acción que busque restringir su participación en eventos, festividades, actividades públicas o en la toma de decisiones comunitarias.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora señaló que muchas de estas violencias han sido normalizadas bajo el argumento de la costumbre. “La comunidad no siempre es refugio; también puede ser el espacio donde se reproduce el silencio y la exclusión. Eso no es tradición, es violencia”, afirmó.
Elisa Zepeda destacó que esta reforma permitirá visibilizar conductas cotidianas que hoy no son reconocidas como violencia, pero que afectan directamente los derechos de las mujeres. “Cuando no se nombra una violencia, no se atiende; y cuando no se atiende, se perpetúa”, subrayó.
Entre los principales alcances de la iniciativa se encuentran: fortalecer el marco legal para prevenir y sancionar la violencia en espacios comunitarios, garantizar el derecho de las mujeres a participar en la vida pública y en las decisiones colectivas, y avanzar en la construcción de políticas públicas con perspectiva intercultural.
Asimismo, la propuesta incorpora el reconocimiento de los derechos humanos como eje central, ampliando la protección de mujeres, niñas y adolescentes frente a todas las formas de violencia, incluyendo la verbal, psicológica, simbólica y económica.
La propuesta fue turnada al interior de comisiones para su análisis y discusión.
Diputada de MORENA propone cárcel de hasta 10 años para quienes difundan imágenes sexuales de menores en Oaxaca
En otro contexto, un grupo de WhatsApp en el que padres y tutores compartían imágenes sexuales de niñas y adolescentes de secundaria en Oaxaca motivó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para elevar hasta diez años la pena por difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
La propuesta fue presentada en tribuna por la diputada de MORENA Clarissa Bornios Peláez, quien planteó modificar el artículo 249 del Código Penal para elevar la pena actual —de cuatro a ocho años— a un rango de seis a diez años de prisión, e incorporar agravantes específicos.
Entre ellos, cuando el delito sea cometido por padres, madres o tutores; cuando lo ejecuten exparejas tras la ruptura de una relación; o cuando la víctima pertenezca a un pueblo indígena o afromexicano.
La Fiscalía General del Estado inició de oficio la investigación por el caso del grupo de WhatsApp, bajo el delito de violación a la intimidad sexual de menores, y mediante trabajo especializado en entornos digitales identificó a los responsables y los llevó ante la justicia.
La iniciativa también busca reconocer expresamente que estas conductas pueden cometerse a través de plataformas de mensajería, comunidades digitales y foros virtuales, y plantea la adición de un artículo 250 bis que obligaría a la Policía Cibernética a dar vista de inmediato a la Fiscalía cuando detecte la posible comisión de estos delitos.
Bornios Peláez respaldó su argumentación con cifras del INEGI que indican que en 2024 el 22 por ciento de las mujeres usuarias de internet en México sufrió algún tipo de agresión en entornos digitales, y que más de nueve millones de mujeres han sido víctimas de ciberacoso en el país.
Las más afectadas son jóvenes de entre 18 y 30 años. También retomó una advertencia de la ONU, que ha identificado a la violencia digital como la forma de violencia con mayor crecimiento en años recientes.
“Detrás de cada cifra hay una historia, hay una niña que vio vulnerada su intimidad, hay una adolescente que perdió la confianza, hay una familia rota por la traición de quien debía proteger”, afirmó la legisladora durante su intervención.
Ante decisiones invisibles del Estado, diputada Liz Concha propone ley de inteligencia artificial para Oaxaca
A su vez, la diputada del grupo plural independiente, Lizbeth Concha Ojeda presentó ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa de Ley de Derechos Digitales y Uso Ético de la Inteligencia Artificial del Estado de Oaxaca, con la que busca imponer límites al uso de algoritmos y sistemas automatizados por parte de autoridades estatales y municipales en decisiones que afectan directamente a la ciudadanía.
La legisladora advirtió que la inteligencia artificial ya interviene cotidianamente en procesos de gobierno sin que la ciudadanía lo advierta.
“Está cuando un sistema define quién aparece en un padrón de beneficiarios y quién queda fuera, está cuando se cruzan bases de datos para determinar si una persona cumple requisitos para recibir un apoyo, o cuando se analizan contribuciones, movimientos financieros o información fiscal para generar alertas o revisiones”.
“El problema es que esas decisiones cada vez pesan más, pero cada vez se entienden menos, porque no sabemos qué criterios se usaron, no sabemos qué datos se cruzaron y no sabemos cómo corregir un error cuando el sistema se equivoca”, advirtió Concha Ojeda.
“Cuando eso pasa, no estamos frente a una falla técnica, estamos frente a una posible violación de derechos.”
Por eso, explicó, “esta iniciativa no habla de tecnología, habla de límites claros al uso del poder tecnológico”.
La propuesta plantea cuatro principios rectores de cumplimiento obligatorio: “legalidad, para que ningún sistema opere sin sustento jurídico; transparencia, para que las decisiones se puedan entender; supervisión humana, para que ninguna autoridad se escude en una máquina y responsabilidad, para que siempre haya alguien que responda”.
Además, reconoce derechos digitales que la legisladora describió como “completamente expuestos”.
Entre ellos, la protección de la identidad, imagen, voz e información personal; el derecho a saber por qué se tomó una decisión sobre una persona; y el derecho a que esa decisión “no sea discriminatoria ni automática”.
En materia de control institucional, la iniciativa establece que si una autoridad quiere usar inteligencia artificial, “tendrá que evaluarla antes, registrarla, justificarla y someterla a control”.
Concha Ojeda alertó que, “no podemos seguir resintiendo los efectos de más decisiones invisibles, no podemos permitir más algoritmos operando sin reglas, ni tampoco más excusas tecnológicas para evadir responsabilidades”.
La diputada argumentó que la regulación es competencia del Congreso local, pues las entidades federativas tienen facultad soberana para legislar en materias no reservadas expresamente a la Federación, entre ellas la organización del poder público y la garantía de derechos humanos en el ámbito administrativo.
“Cuando el Estado usa tecnología sin control, el riesgo no es técnico, es profundamente político”, advirtió.
Recalcó que, en Oaxaca, la tecnología no está por encima de las personas, está al servicio de ellas.
Elimina Congreso de Oaxaca el plazo de 60 días para calificar lesiones mortales en casos de homicidio
En tanto, el pleno del Congreso de Oaxaca aprobó una reforma al Código Penal de Oaxaca que deroga la fracción II del artículo 286 y modifica el artículo 287, con el objetivo de eliminar el requisito de que una lesión cause la muerte dentro de un plazo de 60 días para ser considerada mortal en el delito de homicidio.
La iniciativa fue presentada por la diputada de MORENA Analy Peral Vivar, en su carácter de presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, quien argumentó que la norma vigente “resulta obsoleta”.
Asimismo, es injusta porque fija de manera arbitraria un plazo de sesenta días para considerar una lesión como mortal”, lo que permite que un agresor evite una condena por homicidio si la víctima muere después del día 61 a causa de la lesión.
La legisladora explicó que la regla de los 60 días “surgió en un contexto en el que la medicina no permitía prolongar la vida tras una lesión grave”, por lo que la temporalidad era considerada un factor relevante para la actualización del delito.
Sin embargo, señaló, los avances científicos han superado ese criterio y “su mantenimiento desconoce la realidad médica actual y favorece la impunidad”.
Peral Vivar indicó que la reforma se sustenta en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha establecido que “el tiempo no es determinante para saber si una lesión causó la muerte de una persona ni constituye un elemento indispensable del tipo penal”.
Con este cambio, el nexo causal entre la lesión y el homicidio quedará determinado “por los hechos y la pericia, y no por un límite de tiempo arbitrario”.
La diputada también señaló que la modificación alinea al estado con la tendencia nacional ya presente en el Código Penal Federal y en diversos códigos estatales, donde “se ha dejado de fijar un plazo específico para determinar el nexo causal entre las lesiones y el homicidio”.
Agregó que el dictamen busca “impedir que quienes cometen homicidio se beneficien de los esfuerzos médicos para salvar a la víctima”.
Peral Vivar, argumentó que la justicia no puede tener fecha de caducidad cuando se trata de la vida humana.
Diputada Naty Díaz presenta iniciativa para fortalecer protección a niñas, niños y adolescentes en Oaxaca
En otro asunto, la propuesta busca establecer un deber prioritario de todas las autoridades para prevenir y atender situaciones de vulnerabilidad, tras casos que evidencian la necesidad de actuar a tiempo.
Este martes, en sesión ordinaria del Congreso de Oaxaca, la legisladora del Grupo Plural presentó la iniciativa, basada en el principio de que los menores son sujetos de derecho y en el reconocimiento de la Corte de Justicia sobre la necesidad de protección reforzada por su etapa de desarrollo.
“La corte ha señalado que las experiencias de cada etapa de nuestra vida influyen en nuestro bienestar presente y futuro”, explicó Díaz Jiménez. Mencionó casos que generaron reflexión en el país: una adolescente en España con historia de abuso y un joven de 15 años en Michoacán en contexto de vulnerabilidad.
La iniciativa propone añadir dos artículos a la ley local, estableciendo la obligación de las autoridades (todos los poderes, niveles y órganos autónomos) y tutores de adoptar medidas coordinadas para prevenir, atender, proteger y restituir derechos en casos de vulnerabilidad física o mental.
“La intervención temprana puede evitar que situaciones de vulnerabilidad se traduzcan en tragedias. Solo con actuación centrada en su dignidad avanzaremos hacia una sociedad más justa”, destacó la diputada.
