Ex funcionario municipal moviliza a comerciantes
Oaxaca, Oaxaca, Viernes 20 de Febrero, 2026, (Fuente: Lisbeth Mejía Reyes / Agencia Zona Roja, X: @jaimeguerrero08 y Facebook: Punto y Aparte Oaxaca).- Concesionarias y concesionarios de los mercados públicos de la capital de Oaxaca se manifestaron este jueves para exigir al ayuntamiento la derogación del reglamento vigente desde mayo de 2025, pues señalan diversas violaciones a sus derechos y falta de consulta.
Ante la protesta de cientos de comerciantes que se ampararon y que marcharon hacia el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, el ayuntamiento capitalino se dijo respetuoso de la libre manifestación.
En un comunicado, la administración del edil Raymundo Chagoya Villanueva dijo estar dispuesta “al diálogo institucional con comerciantes, locatarias y locatarios, así como con vecinas y vecinos de la capital, privilegiando la escucha y la construcción de soluciones”.
El grupo de locatarios señaló que la normativa no solamente viola sus derechos sino que también abre la posibilidad para que sindicatos y organizaciones violentas accedan a espacios en alguno de los 14 mercados públicos, así como a la Central de Abasto. Además, señaló la presunta injerencia del gobierno estatal en asuntos municipales, debido a que cuando el reglamento fue aprobado estaba como secretario de Gobierno y Territorio Noé Jara Cruz, hermano del gobernador Salomón Jara.
Las y los locatarios de mercados como el 20 de Noviembre, Benito Juárez, Central de Abasto, entre otros, también denunciaron el incremento en el cobro de derechos por concesión (uso de suelo).
En la marcha participó Felipe Canseco, ex secretario de Gobierno en la pasada administración municipal, y quien ahora, a través de la Defensoría Popular Ricardo Flores Magón, acompaña jurídicamente a los comerciantes. De acuerdo con Canseco, son más de 900 las y los locatarios amparados.
En julio de 2025, el edil Raymundo Chagoya Villanueva consideró que la cascada de amparos era parte de una campaña de índole política de la pasada administración municipal para afectar a su gobierno.
“Lo veo más como un tema político y que me llama la atención porque he sido muy respetuoso de la administración pasada, he guardado las debidas proporcionas, he tratado de ser muy maduro en ese tema y que los procedimientos corran sin hacer alarde”, respondió el concejal.
¿Defensa de locatarios o defensa de privilegios?
Y es que, Felipe Canseco Ruiz no es un defensor de los mercados. Es un supuesto operador político que aprendió a moverse en los pasillos del poder cuando fue Secretario Municipal en la administración de Francisco Martínez Neri (en la capital del estado), una gestión que dejó más preguntas que respuestas sobre el destino de los recursos públicos y el manejo discrecional de los espacios comerciales de la ciudad.
Hoy, cuando ya no tiene acceso a los mecanismos de control que antes operaba desde adentro, sale al frente con una bandera que suena noble: “la defensa de los locatarios”.
Pero hay que preguntarse con seriedad: ¿a quiénes defiende realmente? ¿A las familias que madrugan a abrir sus puestos? ¿O a quienes durante años se beneficiaron de un sistema donde los lugares, los contratos y las concesiones se repartían con criterios políticos, no de equidad?
Porque eso es lo que distingue la gestión transparente de la vieja política: la primera ordena, regula y sirve al ciudadano; la segunda desordena, negocia y sirve al grupo de poder.
Cuando una administración recupera el orden en los espacios públicos, los que vivían del desorden lo llaman “agresión”.
Cuando se aplican reglas claras donde antes había favores, los que se beneficiaban del favor lo llaman “arbitrariedad”.
Es un patrón conocido: quienes construyeron redes de control disfrazadas de servicio público, hoy se presentan como víctimas cuando esas redes se desmantelan.
La ciudadanía no olvida. Sabe quién gobernó y cómo gobernó. Sabe también que la defensa legítima de los locatarios no pasa por preservar estructuras de control político heredadas de administraciones señaladas por presuntos actos de corrupción, como la Neri y Canseco.
La pregunta, entonces, no es si hay que defender a los locatarios. Claro que sí. La pregunta es: ¿quién los defiende a ellos, y quién se defiende a sí mismo usando su nombre? A la administración de Ray Chagoya ya tocará turno evaluar.
Denuncian a Felipe Edgardo Canseco Ruiz por fraude a 300 locatarios de mercados de Oaxaca
Por otra parte, una denuncia que comienza a tomar fuerza entre locatarios de distintos mercados de la capital de Oaxaca, señala directamente al ex secretario municipal de la administración de Francisco Martínez Neri, Felipe Edgardo Canseco Ruiz, por lucrar con la necesidad jurídica de comerciantes a quienes habría organizado para interponer amparos masivos que terminaron desechados.
De acuerdo con testimonios de los propios locatarios, Canseco Ruiz conformó un grupo aproximado de 300 quejosos para promover una serie de amparos en contra de actos administrativos del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. A cada comerciante —según la denuncia— se le solicitó un pago inicial de 10 mil pesos, bajo la promesa de que el juicio se ganaría y se garantizaría la protección definitiva de sus espacios comerciales.
Sin embargo, los expedientes fueron sobreseídos, es decir, no prosperaron en primera instancia. Actualmente, algunos de esos asuntos se encuentran en etapa de revisión ante tribunales colegiados, pero sin garantía de que cambie el resultado.
Lo que ha generado mayor inconformidad es que, pese a la situación procesal adversa, los denunciantes aseguran que Canseco Ruiz continúa cobrando 1,500 pesos semanales a cada locatario con el argumento de “mantener activo” el amparo.
“Nos prometió que todo estaba ganado, que tenía los contactos, que conocía el camino. Pagamos confiando en eso y ahora nos dice que hay que seguir pagando o perdemos todo”, relató uno de los comerciantes afectados.
Si se confirma la cifra de 300 personas que aportaron 10 mil pesos cada una, el monto inicial recaudado rondaría los 3 millones de pesos, sin contar los cobros semanales posteriores.
No es la primera acusación
Los señalamientos no son nuevos. Felipe Edgardo Canseco Ruiz ya ha sido señalado por intervenir en conflictos relacionados con espacios comerciales. Incluso, comerciantes del mercado Lulaá lo acusaron en el pasado de haber participado en el despojo de ocho locales, lo que generó tensiones internas en ese centro de abasto.
Hoy, los locatarios denuncian que el patrón se repite: organización de grupos, promesas de solución jurídica “segura” y cobros constantes.
Además del conflicto con comerciantes capitalinos, representantes comunitarios de la Sierra Sur y otras regiones del estado han acusado a Canseco Ruiz de intervenir en conflictos agrarios con presuntos fines políticos y económicos.
De acuerdo con esos testimonios, el ex funcionario habría convocado a comuneros a la Ciudad de México, prometiéndoles audiencias con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y soluciones legales que, según autoridades locales, ya no son viables.
En casos como San Mateo Yucutindoo y Santo Domingo Yolotepec, autoridades comunitarias afirmaron que existía disposición para avanzar en procesos técnicos de medición territorial; sin embargo, la intervención del ex secretario municipal habría provocado que un grupo rechazara los acuerdos bajo la promesa de que “todo se resolvería en tribunales”.
“Les cobra, les promete lo que no puede cumplir y los mantiene con falsas esperanzas”, señalaron representantes comunitarios.
Los locatarios afectados sostienen que acudirán a instancias legales para denunciar formalmente los hechos, pues consideran que fueron inducidos a pagar bajo la promesa de resultados que no se concretaron.
El caso abre cuestionamientos sobre el uso de la influencia política y la experiencia en el servicio público para promover litigios colectivos con fines presuntamente lucrativos.
Mientras tanto, más de 300 comerciantes enfrentan la incertidumbre jurídica… y una cuenta que no deja de crecer.
