El 62% de mexicanos desaprueba a la SCJN
Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 28 de enero, 2026, (Fuente: Político.Mx y N+ Noticias).- La nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta su primera gran crisis de legitimidad.
A pesar de haber nacido del voto popular, la percepción ciudadana se ha volcado en su contra. Desde su toma de protesta el 1 de septiembre, el discurso de austeridad y “cercanía al pueblo” ha chocado frontalmente con decisiones administrativas cuestionables, opacidad y gastos millonarios, que han minado la confianza en el máximo tribunal.
De acuerdo con la medición de enero de la encuestadora México Elige, el desempeño de los integrantes del pleno es calificado de forma negativa por la mayoría de los ciudadanos consultados.
Los resultados del estudio revelan que la opinión negativa sobre el desempeño de los ministros se sitúa en 62.4%, cifra que integra un 53.1% de personas que consideran la gestión como pésima y un 9.3% que la califica como mala.
En contraste, la aprobación apenas alcanza el 37.6%, lo que representa un aumento de 4.9 puntos respecto al piso de 32.7% registrado en diciembre de 2025, pero sigue siendo insuficiente para revertir la tendencia de rechazo que domina la opinión pública.
En el desglose de las percepciones positivas, solo el 12.7% de los mexicanos califica el trabajo de la Suprema Corte como excelente y el 11.2% como bueno, mientras que un 13.7% lo considera regular.
Estas cifras arrojan una calificación general de apenas 30.3 puntos sobre 100, reflejando el costo político de las polémicas acumuladas en los últimos meses.
Sólo escándalos
La desaprobación coincide con la revelación de la compra de camionetas Jeep Grand Cherokee con un costo unitario superior a los 2 millones de pesos, lo que obligó al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz a anunciar que no utilizarán las unidades y solicitarán su devolución ante la indignación social.
El tribunal justificó inicialmente una inversión de 252 millones de pesos en su parque vehicular para adquirir 571 vehículos debido a fallas mecánicas en la flotilla anterior, detallando que las unidades heredadas dejaban varados a los ministros por problemas en el motor y el sistema de escape.
No obstante, tras las críticas por la contradicción con la bandera de austeridad, los juzgadores recularon este lunes y propusieron destinar dichos vehículos blindados a jueces que enfrenten mayores riesgos.
A este episodio se suma el gasto de 294 mil 547.20 pesos en la compra de 12 togas nuevas en 2025, donde cada pieza superó los 20 mil pesos, a pesar de que la presidencia de la Corte había prometido inicialmente no usar esta vestimenta para marcar una diferencia con el elitismo de sus antecesores.
Finalmente, la erogación de 1 millón 254 mil 121 pesos para el ritual de purificación en el Zócalo terminaron por consolidar el malestar ciudadano.
Documentos de transparencia exhibidos por “El Universal” revelaron que la Suprema Corte dispersó estos recursos en servicios privados que incluyeron baños portátiles tipo VIP por 254 mil 29 pesos y banquetes por 249 mil 400 pesos.
Por otro lado, la SCJN omitió realizar pagos a los integrantes de los pueblos originarios que encabezaron la ceremonia aquel 1 de septiembre del año pasado.
Metodología:
El estudio fue elaborado por la organización México Elige con una población sujeta a estudio de mexicanos de 18 años en adelante residentes en México y con acceso a espacios de Meta Inc. Las fechas de levantamiento fueron del 8 al 12 de enero de 2026 y el tamaño de la muestra consistió en 2 mil 141 mexicanos. Con un nivel de confianza del 95%, el margen de error del ejercicio estadístico se situó en 3.1%.
La Suprema Corte invalida norma que sancionaba ‘halconeo’ en Sinaloa
Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo 239 bis del Código Penal de Sinaloa que sanciona con prisión a quienes espíen, persigan o proporcionen información sobre las actividades de los elementos de seguridad pública, conductas popularmente denominadas como ‘halconeo’.
El ministro ponente, Giovanni Figueroa, propuso invalidar la norma al considerar que su redacción es ambigua, ya que establece una sanción de entre 15 y 4.5 años de prisión “para quien obtenga información, utilizando cualquier medio tecnológico”, sin precisar con claridad la conducta que debe sancionarse.
“La medida interfiere de manera innecesaria y desproporcionada en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información. Al punto de abarcar supuestos de ejercicio legítimo, como solicitudes de información o investigaciones periodísticas relacionadas con asuntos de interés público.
“Además, genera un efecto inhibidor particularmente grave para el gremio periodístico, al criminalizar la búsqueda de información vinculada con la seguridad pública y la procuración de justicia”, dijo.
Por su parte, la ministra María Estela Ríos consideró que, “ante la realidad social del estado de Sinaloa” y la atención de “autoridades extranjeras” sobre las tareas de seguridad, la norma debía ser validada.
“Tomemos en cuenta que estamos viviendo una realidad distinta a la que se vivió antes, hoy todos sabemos que hay un ataque en relación con el tipo de delitos que se cometen en Sinaloa y en otros lugares en las que las autoridades extranjeras están muy pendientes de este tema, y no quisiera yo que se diera lugar a que so pretexto de que no se combate correctamente este tipo de delitos que va a acaecer, particularmente en Sinaloa, nos vemos expuestos a una serie de consideraciones y acciones que yo creo que no debemos permitir”.
Durante la discusión, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz señaló que, pese a esa realidad, el artículo no precisa con exactitud qué conducta debe sancionarse, y que esa ambigüedad no es admisible en materia penal.
“No somos ajenos a la realidad que vive el estado de Sinaloa y a los finales que persigue el legislador local al tratar de regular y tipificar la conducta que ellos llaman el ‘halconeo’. No estamos cuestionando la figura, la necesidad de atajar estas conductas que han puesto en riesgo o han hecho que no prosperen investigaciones en contra de la delincuencia. Lo que creo que sostiene el proyecto muy bien es que hay un problema de técnica legislativa y genera una ambigüedad que todo podría ser perseguible en materia penal”, expuso.
En la sesión, seis de los ocho ministros presentes votaron a favor de declarar la invalidez del artículo.
