Cumplen 142 días de desplazamiento forzado
*El agente municipal de Buenavista demanda un retorno seguro para 225 personas
*Las familias viven en condiciones precarias junto al palacio municipal de Santiago Yosondúa, pese a contar con medidas cautelares de la DDHPO
Oaxaca, Oaxaca, Viernes 09 de enero, 2026, (Fuente: X: @jaimeguerrero08 y Lisbeth Mejía Reyes / Agencia Zona Roja).- Con dificultades para hablar castellano y envuelto en una red de asesorías políticas que ha complejizado la búsqueda de soluciones, Manuel López Rosales, agente municipal de Buenavista (del municipio de Santiago Yosondúa, distrito de Tlaxiaco, región Mixteca de Oaxaca), demanda un retorno seguro para las 225 personas que cumplen 142 días de desplazamiento forzado.
Las familias viven en condiciones precarias junto al palacio municipal de Santiago Yosondúa, pese a contar con medidas cautelares de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y una sentencia de amparo que confirma que las tierras en disputa son propiedad de la comunidad.
El ataque que desencadenó la crisis
El 18 de agosto de 2025 marcó el inicio del drama. Ese día, personas armadas provenientes de Santa María Yolotepec ingresaron violentamente a Buenavista, disparando armas de fuego y obligando a las familias a huir.
Durante esa primera incursión fueron incendiadas 14 viviendas. Ataques posteriores elevaron el número de casas destruidas a 29, además del robo de ganado, cosechas de maíz y la quema de vehículos y motocicletas.
Entre los desplazados se cuentan 61 mujeres, 27 niñas, 32 niños, 33 adultos mayores, 58 hombres, 12 madres solteras y dos bebés que enfrentan ahora las bajas temperaturas del invierno mixteco.
“Continúan las detonaciones de armas de fuego de alto calibre y uso exclusivo del ejército contra la población de Buenavista, sin que el gobierno haya disuadido de ningún modo estas acciones”, denunció López Rosales.
El agente municipal estuvo acompañado durante su declaración por Felipe Canseco, ex secretario municipal capitalino y controvertido asesor de municipios mixes, señalado por especialistas de haber entrampado la solución de múltiples problemáticas comunitarias.
Canseco, junto con legisladores del Partido del Trabajo (PT), ha amenazado con llevar el caso a tribunales internacionales, pese a las advertencias expresas de Paula Gaviria Betancur, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, quien les recomendó el diálogo como ruta y les advirtió sobre la complejidad del camino judicial internacional.
La disputa territorial entre Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec tiene orígenes en la época colonial, cuando documentos de propiedad fueron alterados, perdidos o destruidos.
El enfrentamiento actual se centra en aproximadamente 1,600 hectáreas.
Las autoridades estatales reconocen que se trata de un conflicto agrario que prevalece desde hace más de 70 años, aunque la tensión se intensificó a partir de 2005 con la presencia de empresas mineras canadienses en la región, lo que despertó mayor interés sobre el control territorial.
En noviembre de 2025, la violencia escaló con dos homicidios relacionados con el conflicto, que resultaron en la detención de dos autoridades de los comisariados de Bienes Comunales de ambas comunidades.
Santa María Yolotepec ha condicionado el regreso de las familias a dos demandas que los afectados consideran imposibles: que no haya acción penal contra los responsables de los ataques armados, y que Buenavista ceda el 50 por ciento de sus tierras.
“Estas pretensiones son imposibles porque el 50 por ciento del territorio que pretenden es prácticamente toda la población de Buenavista”, explicó López Rosales.
Las familias advierten que, de no obtener respuesta satisfactoria, se plantarán frente al palacio de gobierno en la ciudad de Oaxaca.
El gobierno de Oaxaca ha sostenido una mesa de diálogo interinstitucional con participación de la ONU para atender el caso de las 88 familias desplazadas.
Durante su visita a Oaxaca en diciembre de 2025 para el Encuentro Nacional sobre Buenas Prácticas y Coordinación Interinstitucional, Gaviria Betancur, afirmó no conocer “un proceso tan cuidadoso” como el implementado en Oaxaca, reconociendo el trabajo de escucha del gobierno estatal con las comunidades originarias.
La Relatora destacó que Oaxaca avanza hacia políticas públicas integrales que protegen los derechos de las personas desplazadas, especialmente tras la aprobación de la ley en la materia en septiembre pasado.
Flor Estela Morales Hernández, coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca (CADH), informó que se remitirá un informe detallado a la Cancillería sobre las acciones emprendidas en materia de atención humanitaria y construcción de acuerdos en el caso de Yolotepec.
Sin embargo, las familias afectadas cuestionan la efectividad de estos esfuerzos institucionales y el reconocimiento internacional, señalando que continúan viviendo en condiciones indignas, sin garantías de seguridad para regresar a sus hogares, mientras soportan las bajas temperaturas del invierno mixteco.
Actualmente hay más de 300 conflictos agrarios activos en Oaxaca, agravados por la intervención de actores políticos que, en lugar de facilitar soluciones, polarizan y prolongan las disputas entre las comunidades afectadas.
Mientras el gobierno estatal recibe elogios internacionales por sus protocolos de atención, 225 personas —entre ellas 59 niños y niñas, y dos bebés— siguen esperando poder volver a casa.
Tía Isidra, de la gloria como corredora a víctima de desplazamiento forzado en Oaxaca
Por otra parte, aquel 18 de agosto, Isidra Belén Rosales Sánchez recién había desgranado sus mazorcas y puesto el nixtamal.
Pero lo que era un día habitual para esta mujer de 70 años cambió su vida de manera drástica.
En su natal Buenavista, en el municipio de Santiago Yosondúa, ella, su familia y otras más fueron desplazadas por pobladores del municipio de Santa María Yolotepec. Estos últimos los agredieron usando armas de fuego y quemaron sus viviendas, también les quitaron sus animales y demás patrimonio.
Isidra y su familia solamente pudieron tomar algunos documentos y el poco dinero que tenían para huir y salvar sus vidas; en su casa se quedaron sus chivos, su marrano, un perro y un gato, también sus mazorcas.
Primero acudieron al inmueble de la agencia y después a la cabecera municipal, Santiago Yosondúa, en la región Mixteca.
Es ahí, bajo la intemperie y el frío de la temporada, donde han tenido que sobrevivir y tratar de seguir sus vidas 225 desplazados, varios de ellos son adultos mayores como Isidra, pero también hay niñas y niños.
De la gloria como corredora amateur de 10 kilómetros y ser reconocida en noviembre en los 53 Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos de los Trabajadores (coorganizado por la Comisión Nacional del Deporte, CONADE), Isidra ha vivido 143 días del desplazamiento forzado interno.
A la par, la violencia ha aumentado y se estima que al menos 29 viviendas fueron quemadas por los de Yolotepec.
Piden regreso seguro
Lo único que piden Isidra y los demás desplazados es el regreso seguro a sus casas, a su comunidad. «Ahí está nuestra vida, nuestra mazorca, nuestro frijol. Y queremos regresar pronto, queremos seguridad», expresó este miércoles en la ciudad de Oaxaca, a donde acudió como parte de una comisión de la comunidad para exigir nuevamente a las autoridades estatales que atiendan el conflicto.
Estas últimas, a través de la Secretaría de Gobierno, han asegurado que están en ello y que incluso hay intervención de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).
Hace siete décadas que persiste el conflicto agrario en esta parte del estado de Oaxaca, por la disputa de mil 600 hectáreas de una zona boscosa. Buenavista ya ganó un amparo federal, pero Yolotepec también señala haber ganado otro recurso y reclama como suyas esas tierras.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado a favor de Buenavista, señala la Defensoría Popular Ricardo Flores Magón, que junto con la organización Consorcio acompañan y respaldando a los 225 desplazados de Buenavista.
En tanto, el gobierno estatal refiere que “el caso se desarrolla en un contexto donde existe una sentencia agraria que reconoce la propiedad del territorio a favor de Santa María Yolotepec”. Y es esta comunidad, también mixteca, la que ha condicionado el retorno a la repartición del territorio en disputa.
Sin embargo, las organizaciones y las 88 familias desplazadas cuestionan cómo el gobierno estatal ha permitido las agresiones a Buenavista, pese a la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
