Burocracia legislativa “hostil” o responsabilidad municipal ante desastres naturales
CON EL BRAZO IZQUIERDO
*Froylán Méndez Ferrer
Oaxaca, Oaxaca, Lunes 08 de Septiembre, 2025.- El 6 de septiembre, en el Congreso de Oaxaca, con 31 votos, se aprobó un “exhorto” para que los 570 ayuntamientos destinen un precario 3% de su presupuesto de 2026 a combatir desastres naturales, reparar caminos destrozados y apoyar a los productores del campo que ven sus cosechas arrasadas por huracanes e inundaciones. Todo esto, para cumplir con el Artículo 41 de la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado (LPCGIRD). Pero, ¿a quién pretenden engañar? Este gesto es un insulto a las comunidades indígenas y rurales que están siendo “eliminadas” por el abandono en la Costa, el Istmo, la Sierra Sur y la Sierra Norte. Es una acción ridícula en un sistema colapsado por la negligencia, donde la pobreza extrema se agrava con cada tormenta. ¿El 3%? Eso no alcanza ni para las despensas que reparten como limosna después de las tragedias.
El engaño
“Este mandato tiene sustento normativo claro, una profunda justificación social y humanitaria”, expuso el diputado local Iván Osael Quiroz Martínez.
En un estado donde el 70% de la población es indígena y marginada, los desastres no son «naturales», son sociales. Huracanes como los de 2024 y 2025 han dejado declaratorias de emergencia en hasta 65 municipios, con caminos rurales destruidos, puentes colapsados y familias enteras sin medios de vida. Pescadores y campesinos, los más golpeados, caen en la pobreza extrema porque no hay seguros, créditos ni programas reales de reconstrucción productiva. El trasfondo del exhorto legislativo no es otro que ayudar a la imagen de la presidenta de México.
El sábado 30 de agosto, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que es necesaria la rehabilitación de las carreteras de México. Recordó que los estudios de opinión señalan a los baches y al deterioro de las vialidades como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, por lo que el nuevo programa busca dar una respuesta directa a esta demanda social.
En el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación también se establece que se debe priorizar la rehabilitación y el mantenimiento de caminos y carreteras.
Realidad
Como señala el experto Jesús Manuel Macías, estudioso de los desastres en México, las instituciones de protección civil «transfieren la responsabilidad a los ciudadanos», ignorando que son las estructuras estatales y las políticas federales las que fallan en prevenir y responder. En Oaxaca, esto significa que habitantes de comunidades con economías precarias se endeudan con prestamistas, terminan migrando a ciudades para recuperarse de los desastres o simplemente mueren en el abandono.
“La correcta aplicación del mandato contenido en el Artículo 41 de la Ley antes citada implica no sólo una obligación legal, sino un acto de responsabilidad política y ética de los municipios”, argumentó el diputado Quiroz Martínez.
La Ley LPCGIRD, actualizada en 2025, promete prevención, participación y coordinación. ¡Mentira! Su implementación es un fracaso estructural. Hay una brecha abismal entre el mandato legal y la capacidad operativa. Con 570 municipios heterogéneos, la mayoría sin personal técnico ni fondos para elaborar mapas de riesgo u obras de mitigación, las obligaciones se convierten en papel mojado. La ley exige planes municipales, pero sin transferencias automáticas de recursos, es obligar sin financiar, es una acción criminal que mata poco a poco.
Leyes que no cumplen “matan”
Expertos de la OCDE, en su revisión de políticas de riesgo en México, advierten que la coordinación interinstitucional es débil, con leyes inadecuadas que crean «zonas grises» de responsabilidad. En Oaxaca, esto se traduce en “burocracia legislativa hostil”, alcaldías sin capacidad ni fondos para peritajes retrasando la ayuda y forzando obras temporales ineficaces.
Peor aún, el financiamiento es una burla. Oaxaca carece de un fondo estatal permanente para mitigación; por el contrario, la LPCGIRD obliga a los municipios a hacerse responsables. Un estudio del Banco Mundial sobre gestión de riesgos en México resalta que confiar en mecanismos reactivos es «ineficaz» y urge la creación de fondos permanentes para reducir vulnerabilidades. Pero en Oaxaca, la prioridad es la respuesta inmediata “laminas y despensas” en vez de inversiones a largo plazo.
La LPCGIRD promueve decisiones basadas en datos, pero sin recursos para generarlos o traducirlos deja a las comunidades a ciegas. Y el choque cultural es escandaloso, en un estado con fuerte autonomía indígena, la implementación ignora usos y costumbres, generando desconfianza. En un estudio sobre desastres en México, se resalta cómo los más pobres, como las comunidades oaxaqueñas, son «invisibles» en las respuestas, expuestos por la falta de recursos y de un lenguaje accesible.
Los exhortos a que se aplique esta ley (LPCGIRD) son un avance en el papel, pero en la práctica, una traición a los más pobres. Sin mecanismos financieros vinculantes, capacitación intercultural y articulación real, seguirá siendo letra muerta mientras comunidades indígenas mueren ahogadas por la negligencia legislativa.
*Afiliado al Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO)
