Habrá una Corte austera
*El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, también avisa una revisión a pensiones de ex ministros
*La noche de este lunes se abrió la puerta del máximo recinto de justicia a modo de reconciliación simbólica con el pueblo de México
Oaxaca, Oaxaca, Martes 02 de Septiembre, 2025 (Fuente: La Jornada, El País, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Infobae y sopitas.com).- La llamada “nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación” (SCJN) quedó instalada la noche de este 1º de septiembre en una sesión solemne que reunió a los titulares de los tres poderes del Estado tras casi tres años de ruptura. En su primer discurso, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz anunció medidas de austeridad en el máximo tribunal y la revisión de las pensiones de los ministros en retiro, a fin de verificar que “se ajusten a la ley”.
Frente a invitados especiales y los otros ocho ministros del pleno, Aguilar afirmó que a partir de este día “se reinicia” el Poder Judicial de la Federación (PJF) para impartir justicia sin excluir a nadie.
“La justicia será la voz que defienda a quienes han sido ignorados, el amparo de quienes han sido vulnerados y la certeza de que ningún abuso quedará sin respuesta. Una justicia que no discrimine, que no se retrase, que no se venda. Una justicia que devuelva la paz a las familias y confianza a la nación”, expresó el abogado de origen mixteco.
En su discurso detalló un plan de austeridad que presentarán al Órgano de Administración Judicial (OAJ). “Austeridad significa erradicar el dispendio, los privilegios indebidos y el nepotismo”, señaló.
Planteó que todos los juzgadores ganen menos que la presidenta de la República, con lo que se generaría un ahorro inicial de 300 millones de pesos anuales, además de revisar las percepciones de funcionarios judiciales que rebasen ese tope, lo que sumaría otros 800 millones.
“Vamos a estar vigilantes para que se inicie un proceso de diálogo y a la par se analicen y se solucionen los juicios interpuestos por un gran número de funcionarios judiciales que ganan más que la Presidenta”, advirtió.
También ordenó revisar las pensiones de los ministros en retiro, hoy de hasta 385 mil pesos mensuales, y eliminar en la Corte seguros médicos privados, jubilaciones anticipadas y otros beneficios, sustituyéndolos por servicios del ISSSTE.
Aguilar destacó que la nueva Corte, electa por voto ciudadano y con mayoría de mujeres, busca convertirse en un tribunal “cercano, accesible y sin privilegios”, abierto al escrutinio público, a los pueblos indígenas, a grupos vulnerables y a la sociedad civil. Sostuvo que el sistema judicial deberá garantizar una “justicia real y verdadera”, transparente, pluricultural y con perspectiva de género.
Los titulares de los poderes del Estado se sentaron en la misma mesa durante la sesión, tras la distancia marcada desde enero de 2023, cuando la ex ministra Norma Piña asumió la presidencia de la Corte, cargo que dejó el 31 de agosto.
Al referirse a él, dijo que por segunda vez en la historia de nuestro país “un indígena se integra a la Corte y la preside, lo que constituye por sí mismo un acto de auténtica justicia”.
Junto a Hugo Aguilar estuvieron la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. También acudieron integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y funcionarios como Rosa Icela Rodríguez, Marcelo Ebrard, Citlalli Hernández, Clara Brugada y Alejandro Gertz Manero, además del ministro en retiro Arturo Zaldívar y el embajador de Estados Unidos, Ronald Jhonson.
La sesión solemne fue abierta por Aguilar, quien portó una toga con bordados indígenas de Juchitán. Tras los honores a la bandera, convocó a sesión privada para elegir a los tres integrantes del OAJ. Más tarde, junto con las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, acompañó a Sheinbaum hasta la entrada de la Corte para despedirla.
México abre una nueva era para su sistema de justicia con un Poder Judicial electo por voto popular
Y es que, la prensa dentro y fuera de México ha escrito durante un año y medio sobre cuáles serían las implicaciones de la profunda reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena. La enmienda constitucional cambió la manera como se designa a los jueces en el país latinoamericano: ahora, por el voto directo de la ciudadanía. Miles de abogados hicieron campaña para ganar un cargo en la judicatura. La joya de la corona fue la Suprema Corte de Justicia, en cuyos asientos han quedado nueve juristas impulsados por el oficialismo. México es ahora el único país del mundo que elige por sufragio popular a todos sus jueces. Las principales figuras de Morena, empezando por la presidenta, Claudia Sheinbaum, sostienen que el Poder Judicial se ha democratizado y que a partir de este momento estará verdaderamente al servicio de los intereses populares. Este lunes, 881 juzgadores federales elegidos en las urnas han tomado posesión de su cargo, que deberán desempeñar entre la tensión de “servir al pueblo” —según las consignas del oficialismo— sin desafiar demasiado a las instituciones del Gobierno al que se deben.
La independencia de la Suprema Corte respecto del poder político ha sido objeto de debate en la academia y en los círculos políticos. Morena desplegó un enorme operativo electoral para dirigir el voto a favor de Hugo Aguilar, nuevo presidente del alto tribunal, y el resto de los togados que llegan a integrar el órgano judicial. Ajena a las críticas, la presidenta Sheinbaum ha acudido la noche de este lunes a la sede del Supremo a la sesión en la que se instaló el nuevo pleno, en lo que los críticos han vislumbrado la injerencia que, a su parecer, tendrá el Ejecutivo en la judicatura. El último mandatario que había reformado el Poder Judicial, el priista Ernesto Zedillo, hace tres décadas, decidió no presentarse al arranque de aquella Corte, en un intento por marcar hacia el público la separación entre los poderes de la Unión. La reforma zedillista buscaba dar una sacudida a un tribunal que durante años estuvo muy sometido a la voluntad del presidencialismo priista. Desde Morena aseguran que aquella reforma no cambió en nada la sujeción de los togados al poder político y económico y su separación de las causas ciudadanas.
El oficialismo presume del comienzo de una nueva era del Poder Judicial, con una Corte encabezada por un abogado indígena ―Aguilar― y que sostendrá sesiones “itinerantes”, es decir, fuera de la capital. Para enfatizar el nuevo pacto con el pueblo —el término está en el centro del credo morenista—, los ministros electos participaron en una ceremonia indigenista de purificación y entrega de bastón de mando en el Zócalo de Ciudad de México, la principal plaza pública del país, epicentro de todas las luchas políticas de López Obrador. Por la noche, se abrieron las puertas principales del recinto del Supremo, cerradas a causa de la pandemia desde 2020, y mantenidas así para resguardar a los togados que recién dejaron el cargo de las constantes protestas que tenían lugar a las afueras del alto tribunal. En el marco del portal se colocó un arreglo floral que leía: “Hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo”.
La presidenta Sheinbaum entró por esas puertas, siguiendo los pasos de los togados. En el pleno se encontró con la plana mayor morenista: legisladores, secretarios de Estado, aliados políticos (por ejemplo, el empresario José María Rioboó, esposo de la ministra Yasmín Esquivel, y cercano a Morena y a López Obrador). En el pódium, Sheinbaum se sentó al lado de Aguilar, flanqueados ambos por los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Sergio Gutiérrez y Laura Itzel Castillo, respectivamente. Se trató de una ceremonia republicana, pues los tres poderes estaban representados, según comentó el ministro Aguilar. El detalle es que todos están vinculados a Morena.
Aguilar ha señalado que la asistencia de la presidenta al primer acto formal de la nueva Corte marca el restablecimiento de la relación entre el Ejecutivo y la judicatura. “Su acompañamiento representa el firme compromiso democrático y el respeto recíproco que debe regir entre los poderes de la Unión en el beneficio de México”, dijo el togado en su discurso inaugural. Aguilar ha asegurado que con el Ejecutivo y el Legislativo habrá una relación de “diálogo respetuoso, colaboración institucional y absoluta independencia”. El ministro marcó también las directrices de su gestión en términos de austeridad presupuestal. Anunció que solicitará el ajuste de los sueldos al interior de la Corte para que ningún funcionario cobre más que la presidenta, como establece la Constitución, y adelantó que ese mandato también aplicará para los exministros, que cobran una elevada pensión vitalicia.
La reforma judicial en tiempos de López Obrador implicó una ruptura total entre ambos poderes, un choque inédito que vulneró el equilibro de la República. El expresidente veía en el Poder Judicial una trinchera en la que se agazaparon los intereses del conservadurismo, que obstaculizaron el avance de su proyecto político —los jueces frenaban sus leyes y obras de infraestructura—. También consideraba a los juzgadores una casta dorada adherida a los lujos y privilegios. El exmandatario promovió la reforma judicial como una promesa de campaña y, en los comicios federales de 2024, su partido ganó una mayoría avasalladora en el Congreso para pasar la enmienda constitucional sin mayor trámite.
Todo el proceso de elección estuvo atravesado por las dudas sobre la vinculación de Morena con los próximos jueces. La premura por efectuar los comicios introdujo enorme presión en las instituciones electorales y llevó al Congreso a cometer errores en el andamiaje legal que sustentó la votación. A los tribunales llegarán decenas de abogados sin experiencia en el trabajo jurisdiccional, sin contar el hecho de que los requisitos para convertirse en jueces, magistrados y ministros fueron demasiado laxos. El cribado de postulaciones se dejó en manos de comités de evaluación capturados por el oficialismo. Ya durante la elección, Morena desplegó una gigantesca operación para orientar el apoyo popular a favor de determinados candidatos. De hecho, los nueve integrantes de la Corte fueron incluidos en las guías de votación —llamadas acordeones— que repartió el oficialismo a la población.
Luego de que López Obrador dejó el cargo, hace casi un año, toca a Sheinbaum la implementación del profundo cambio en el sistema judicial sin una hoja de ruta. Inevitablemente, también le tocará asumir los costes políticos de ejecutar un modelo de justicia sin parangón en el mundo.
Hugo Aguilar defiende la autonomía de la nueva Suprema Corte y promete austeridad entre los ministros
Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte, ha inaugurado el nuevo periodo judicial defendiendo la autonomía de los juzgadores electos en los comicios de junio. “Esta no es solo una ceremonia de instalación, es la voluntad viva del pueblo que nos eligió”, ha dicho desde la tribuna en el edificio sede y ha añadido que la democratización del Poder Judicial de la Federación fortalece y legitimiza el sistema juzgador del país. Aguilar ha aprovechado para agradecer la presencia de Claudia Sheinbaum en la ceremonia, un evento que al que no suelen acudir los mandatarios para mantener la independencia del poder judicial. “Su acompañamiento representa el firme compromiso democrático y el respeto recíproco que debe regir entre los poderes de la unión en el beneficio de México”, ha recalcado el presidente de la SCJN.
Aguilar ha prometido que este nuevo periodo —cuya corte estará compuesta por una mayoría de mujeres y presidida por una persona indígena— buscará una justicia de puertas abiertas, plural, transparente y sin privilegios. También ha hecho una promesa de austeridad, y ha garantizado que todos los juzgadores ganaran menos que la presidenta Sheinbaum, en referencia al enfrentamiento que tuvo López Obrador con los juzgadores por sus altos salarios. No solo limitarán las nóminas, los juzgadores de la SCJN deberán rechazar los seguros de gastos médicos mayores para ser atendidos por los servicios médicos sociales de trabajadores de Estado.
Claudia Sheinbaum llega a la apertura de las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Tras rendir protesta en el Senado, Hugo Aguilar con el bastón de mando que recibió en la ceremonia de “purificación”, ha abierto las puertas del edificio sede para concluir la sesión de Instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Acompañado de los nueve ministros electos, Aguilar ha ingresado por la puerta principal y cruzado los pasillos de la casa de la justicia del país. Pocos minutos después, ha ingresado la presidenta, Claudia Sheinbaum, en un acto simbólico de apoyo a los ganadores de la elección judicial.
Los nuevos ministros de la Corte concluyen su toma de protesta ante el Senado
El proyecto de reforma judicial que emprendió el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su sexenio se ha consumado. Los nueve ministros electos para conformar la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación han rendido protesta en el Senado, formalizando el proceso para asumir el cargo. Las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, que se presentaron a la elección y lograron conservar su lugar en la Corte, mantendrán sus equipos de trabajo. Las incorporaciones novedosas son las de Estela Ríos, Sara Herrerías, Giovanni Figueroa, Arístides Guerrero e Irving Espinosa, además del que fungirá como presidente por dos años, Hugo Aguilar, quien toma el relevo a Norma Piña.
El juez electo de la SCJN Arístides Guerrero rinde protesta en silla de ruedas
Arístides Guerrero, uno de los nueve ministros electos de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ha llegado al Senado en silla de ruedas y conectado a una bomba de oxígeno. Guerrero tuvo el pasado 22 de agosto un accidente de tráfico en Ciudad de México, cuando regresaba de una gira por Oaxaca viajando como copiloto. Sufrió fracturas en extremidades que le limitan la movilidad, por lo que ha empezado terapia física de rehabilitación para poder volver a sus funciones lo antes posible, según explicó en un comunicado. Con todo, ha llegado al Senado para rendir protesta junto al resto de sus compañeros.
El 56% de la Suprema Corte de Justicia tiene familiares con cargos públicos
Por otra parte, la bandera del combate al nepotismo es sumamente efectiva y atractiva, pues este problema es una de las caras más visibles de la corrupción en México. No en vano esta fue una de las justificaciones principales con las que se impulsó y aprobó la reforma para sustituir a los integrantes del Poder Judicial mediante elecciones.
En los documentos de la reforma y en la discusión pública el gobierno citó ampliamente diversas investigaciones publicadas por MCCI desde 2017, en donde registramos que 51% de los juzgadores tenían algún familiar en un cargo judicial. Sin embargo, aun cuando aceptaron nuestros hallazgos, rechazaron nuestras propuestas. La elección de jueces por voto popular nunca formó parte de nuestras recomendaciones.
Al revisar los vínculos familiares de quienes a partir de septiembre integran los órganos más importantes del Poder Judicial de la Federación, después de la cuestionada elección judicial de 2025, identificamos que 56% de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen al menos un familiar con puesto en el gobierno o que ha recibido contratos públicos. En el caso del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), 60% de sus integrantes están en esta situación. En la nueva conformación de la Sala Superior del Tribunal Electoral este porcentaje sube hasta 71%.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
En la nueva conformación de la SCJN, con nueve integrantes en lugar de 11, identificamos cinco ministras y ministros con familiares vinculados al gobierno, 56% del total del Pleno. Estos ministros tienen un total de 11 vínculos familiares, destacando el caso de Lenia Batres, que tiene seis parientes en puestos públicos.
Lenia Batres Guadarrama
Su exesposo, Ulises Lara López, es titular de la Fiscalía General de la República en Morelos. Su hijo, Emiliano Batres Guadarrama, es Jefe de Departamento en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Su hermano, Martí Batres Guadarrama, es director general del ISSSTE y su hermana, Valentina Batres Guadarrama, es diputada local en el Congreso de la Ciudad de México. Su cuñada, Daniela Cordero Arenas, es titular del Fondo para el Desarrollo Social, del gobierno de la Ciudad de México. Su tío, Alejandro Bichir Batres, fue embajador de México en Panamá de febrero de 2023 a noviembre de 2024.
María Estela Ríos González
Su hija, Magali Iraís Mendoza Ríos, es magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En 2004, Magali Irais Mendoza Ríos era secretaria de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, cuando la actual ministra Ríos era Consejera Jurídica del Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
Arístides Rodrigo Guerrero García
Su madre, Rosa Margarita García Culebro, trabaja como apoyo administrativo en salud en el ISSSTE. Su hermano, Diego Armando Guerrero García, era técnico especializado en CONAGUA, pero en la reciente elección judicial se convirtió en magistrado del Tribunal de Disciplina de Justicia de la Ciudad de México. Diego Armando también es conductor de los programas “Derecho a Debate” en Radio UNAM y “Cultura al Derecho” en el Canal 22.
Sara Irene Herrerías Guerra
Su pareja, Oscar Langlet González, es consejero general de la Fiscalía General de la República y ha trabajado junto a la ministra Sara Irene en la misma FGR desde la gestión de Enrique Peña Nieto.
Yasmín Esquivel Mossa
Si bien no se identificaron familiares en puestos de gobierno, su esposo, José María Riobóo, fundó la empresa Consultoría Metropolitana de Ingeniería (COMINSA), la cual ha recibido durante los gobiernos de MORENA al menos nueve contratos del Metro de la Ciudad de México por 108.9 millones de pesos.
Tribunal de Disciplina Judicial
El TDJ es el nuevo órgano encargado de vigilar, investigar y sancionar las faltas éticas y profesionales de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. De sus cinco integrantes, identificamos —en las fuentes públicas de consulta— que tres de ellos (60%) tienen familiares como funcionarios de gobierno, con un total de nueve vínculos familiares que representan casos de potencial nepotismo
Bernardo Bátiz Vázquez
Su hija, Susana Bátiz Zavala, es consejera de la Judicatura de la Ciudad de México. Su nieto, Hueman Bernardo Manríquez Batiz, es profesional operativo en la Secretaría General de Acuerdos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir de abril de 2025, antes estuvo en la jefatura del Departamento de los Consultivo y Normatividad del Servicio de Protección Federal. Su yerno, Hueman Jorge Manríquez Miranda, estuvo en la jefatura del departamento de aprovisionamiento y distribución de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hasta el 21 de mayo de 2025.
Eva Verónica de Gyvés Zárate
Su esposo, Rafael Guerra Álvarez, es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Su hermano, Jesús Francisco de Gyvés Zarate, es secretario de apoyo en la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales del TEPJF. Su sobrino, Álvaro Francisco Vázquez De Gyvés, es director de Control y Regulación de Centros de Apuestas Remotas y salas de sorteos en la Secretaría de Gobernación; antes, fue director general del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica en AMEXCID, de 2019 a 2025. Jorge Antonio Vázquez de Gyves, que también es sobrino de la magistrada, es secretario auxiliar de acuerdos en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en la Suprema Corte. Su sobrina política, Verónica Giovanna Guzmán Vélez —que es esposa de su sobrino Jorge Antonio Vázquez—, es secretaria proyectista de sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Rufino H. León Tovar
Su hija, Ximena H. León López, es auxiliar en digitalización de la Primera Sala, Ponencia Uno, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Sala Superior del Tribunal Electoral
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenía dos asientos vacantes que fueron asignados mediante la elección judicial de 2025, completando las siete magistraturas que lo conforman. De estos siete funcionarios, cinco tienen familiares identificados en puestos de gobierno, 71%, con un total de siete vínculos de potencial nepotismo.
Mónica Aralí Soto Fregoso
Su esposo, Miguel Leonardo Díaz Cuadras, es asesor del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Su hermano, César Soto Fregoso, es asesor político institucional y de Participación ciudadana del Tribunal Estatal Electoral del estado de Baja California Sur. Su padre, Eligio Soto López es asesor de la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa en la SCJN.
Claudia Valle Aguilasocho
Recién llegada a la Sala Superior tras la elección judicial de 2025, tiene un hermano, Germán Valle Aguilasocho, que es Jefe de Departamento del Consejo de la Judicatura Federal de Baja California.
Felipe Alfredo Fuentes Barrera
Su hijo, Carlos Felipe Fuentes del Río, trabaja en el despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del gobierno de Quintana Roo.
Gilberto de Guzman Bátiz García
Es el segundo magistrado electo en 2025 para integrar la Sala Superior. Su esposa, Elisheba Goldhaber Pasillas, es jueza de primera instancia en funciones en el Poder Judicial del estado de Chiapas.
Janine M. Otálora Malassis
Su hijo, Rafael Jean Otálora Malassis, es secretario de apoyo jurídico regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El nepotismo intocado por la reforma de la presidenta Sheinbaum
El nepotismo es una forma de apropiación o captura del aparato estatal por parte de ciertas familias. Este fenómeno permite que quienes ya ostentan poder extiendan su influencia para que familiares o amigos accedan a puestos y recursos públicos sin que necesariamente cuenten con las credenciales necesarias para dicho cargo. Esta es una consideración importante, pues tener un familiar en el gobierno es una condición necesaria, más no suficiente, para acreditar nepotismo.
Esta dinámica no es nueva ni exclusiva del gobierno actual. En el pasado se han publicado leyes secundarias para prohibirlo y castigarlo, al punto que existen disposiciones previas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas e incluso en la Ley de Austeridad Republicana. Sin embargo, este problema nunca se ha atendido de manera integral.
El último intento para abordarlo fue la reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum de marzo de este año, que impide que familiares directos se postulen al mismo cargo de elección popular. Esta medida ha sido presumida como el fin del “nepotismo electoral”, pero nuestros análisis han mostrado que esta medida no combate realmente todas las formas de nepotismo que sigue existiendo.
Con esta revisión de vínculos familiares de los integrantes de los tres órganos más importantes del Poder Judicial de la Federación —con 62% de los funcionarios con vínculos familiares relacionados con el gobierno—, concluimos el primer panorama general de los posibles casos de nepotismo en los tres Poderes de la Unión.
En la revisión realizada al Poder Ejecutivo Federal, identificamos siete de los 23 secretarios de Estado de Claudia Sheinbaum con familiares en otros puestos de gobierno, 30% del total de su gabinete.
Para el caso del Poder Legislativo, revisamos los perfiles de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, en donde seis de las 16 personas que integran la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva (38%) tienen familiares con algún cargo público. Para el caso del Senado de la República, esto sucede con nueve de los 21 integrantes (43%).
Ninguna de estas relaciones que documentamos entra en la jurisdicción de la reforma contra el nepotismo de la presidenta Sheinbaum, lo que demuestra la insuficiencia de la medida. Esta nueva ley no sólo se comenzará a implementar hasta 2030, sino que su campo de aplicación se restringe a cargos de elección popular, dejando fuera a todos los puestos dentro del aparato administrativo del gobierno federal. Además, la reforma únicamente impide que los familiares se postulen al mismo cargo de elección ocupado por su pariente. Por tanto, si un familiar ocupa un cargo distinto, la ley no lo considera nepotismo, como sucede con los 10 familiares en el poder del diputado Ricardo Monreal o los seis parientes en el gobierno de la ministra Batres.
Además, la reforma de Sheinbaum señala que si pasan tres años desde que un político dejó el cargo, ya no hay impedimento para que un familiar suyo ocupe el puesto. Esto es relevante porque, en el caso de los gobernadores, identificamos que de los 193 mandatarios estatales que ha habido entre 2000 y 2025, 25 de ellos tenían familiares que ocuparon directamente el mismo cargo en otro momento. Sin embargo, solo tres de estos 25 casos (12%) hubieran sido susceptibles de ser prevenidos si la reforma hubiese existido desde antes, lo cual muestra las limitaciones reales del cambio constitucional aprobado por el gobierno.
Con este margen, es posible que se sigan replicando casos como el del Grupo Atlacomulco, en el Estado de México, en el que tres miembros de una misma familia ocuparon la gubernatura de forma intercalada a lo largo de más de dos décadas, por no decir la amplia red de influyentismo construida durante el siglo XX.Por si fuera poco, existe un último resquicio legal importante. La Constitución ahora establece que el impedimento aplica únicamente si el parentesco es con “la persona que ejerce el cargo para el que se postula”. Esto podría abrir la puerta a esquemas para burlar la norma, como colocar a un suplente o interino justo antes del proceso electoral, de modo que el familiar pueda competir sin restricciones aparentes.
Conclusión
Este acercamiento a los perfiles familiares de los integrantes del Poder Judicial de la Federación da muestra de cómo el nuevo método de selección de jueces, magistrados y ministros mediante elecciones no hizo nada para abordar de manera integral el problema del nepotismo.
Hoy tenemos resultados que indican la persistencia del fenómeno, sólo que con nuevos beneficiarios. A pesar de ello, desde el gobierno se celebra el inicio de una nueva era en la que el nepotismo ha sido eliminado por completo del Poder Judicial. Algo similar sucede en los cargos de elección popular, así como en la administración pública, donde las reformas realizadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum presumen haber puesto un freno y solución definitiva al problema. Nada más alejado de la realidad.
Para atender de manera eficaz el nepotismo es necesario identificar las particularidades con que se presenta en diferentes espacios de la vida pública. Tener un familiar en el gobierno no se traduce en automático en una relación de nepotismo. Es necesario conocer y evaluar si ese vínculo es el factor explicativo para que alguien obtenga un puesto o beneficio y no sus propios méritos. Negar la posibilidad de que haya nepotismo en la autodenominada Cuarta Transformación como consecuencia del voluntarismo o la gastada fórmula “no somos iguales” genera incentivos perversos para que el fenómeno siga creciendo fuera de control.
El nepotismo en México sigue tan vivo como en el pasado, pues no se trata de una cuestión de partidos, sino de la efectividad de los controles, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder. Si de verdad queremos ponerle límites, es necesario que la sociedad y gobierno nos sentemos a la mesa para redefinir los mecanismos para prevenir, detectar y sancionar estas conductas. De lo contrario, al gobierno se le seguirán apilando más y más casos de “nepotismo, amiguismo e influyentismo, esas lacras de la política”, como decía Andrés Manuel López Obrador.
Nuevas ministras de la SCJN llegan en camionetas de lujo a su toma de protesta pese a promesas de austeridad
Así, este lunes 1 de septiembre comenzó una nueva etapa para el Poder Judicial Federal con la integración de los nueve ministros electos por voto popular a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes acudieron al Senado de la República para rendir protesta.
Durante su llegada al recinto legislativo, cámaras registraron cómo algunas ministras descendieron de camionetas de lujo y vehículos blindados, escenario que contrastó con el mensaje de austeridad emitido por el presidente entrante de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, horas más tarde durante la instalación.
Los videos difundidos por el periodista Jorge Monroy en redes sociales permitieron identificar la llegada de Loretta Ortiz en lo que parece una Chevrolet Suburban cuyo precio oficial, según catálogos automotrices, va de $1,431,600 a $1,624,500 pesos para modelos recientes.
María Estela Ríos habría utilizado una Jeep Grand Cherokee, valuada para seminuevos entre $300,000 y $600,000 pesos, dependiendo del año y kilometraje.
Yasmín Esquivel habría sido transportada en una Chevrolet Tahoe, con precios para la versión 2025 por arriba de 1.8 millones de pesos.
Mientras que Sara Irene Herrerías habría optado por un Hyundai Elantra, con precios de distribuidora entre $517,000 y $580,700 pesos para las versiones equipadas.
Cabe apuntar que, sin embargo, se desconoce cómo arribó el resto de ministros al recinto legislativo.
Pocas horas antes, trascendió en redes que el ministro Hugo Aguilar Ortiz había asistido a un acto oficial con mocasines Ferragamo valuados en 17,000 pesos, sin embargo, una búsqueda realizada por Infobae concluye que el calzado no concuerda con el señalado, pues el detalle de la hebilla, textil y suela son diferentes.
El discurso de austeridad
La SCJN marcó el arranque de una nueva era al anunciar el fin de los privilegios para sus integrantes. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, oficializó la resolución la noche del lunes durante la instalación de la nueva Corte: los nuevos ministros y ministras ganarán menos que la presidenta de México y dejarán atrás prestaciones exclusivas, acorde a la Constitución.
La transición, con la primera integración de la Corte por voto popular, está acompañada por una política de austeridad inédita en el Poder Judicial federal.
La decisión del pleno contempla la revisión y reducción de los salarios de los altos funcionarios en retiro, que actualmente oscilan entre 205.000 y 385.000 pesos mensuales, muy por encima del sueldo del Ejecutivo federal, según el presidente de la Corte.
Este ajuste incluye la eliminación de seguros de gastos médicos mayores y de terminación de jubilación anticipada. Según declaraciones de Aguilar Ortiz, “todos nosotros nos someteremos a los servicios médicos del ISSSTE”, en referencia al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La reorientación en la SCJN pretende lograr ahorros por hasta 800 millones de pesos anuales, de acuerdo con cifras expuestas en la sesión solemne de instalación de los nuevos ministros y ministras. El presidente del tribunal argumentó que la legitimidad del nuevo pleno —integrado mayoritariamente por mujeres y con una dirección a cargo de un representante indígena— exige transparencia y cercanía con la ciudadanía.
Durante la ceremonia en la sede del Poder Judicial, Hugo Aguilar Ortiz subrayó el compromiso del máximo tribunal de actuar con autonomía e independencia respecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero sí acompañados.
Trampas y chanchullos: Nueva Suprema Corte se estrena pagando multas
Porque no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, este 1° de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estrena nuevos ministros y ministras que… tendrán que pagar multas por irregularidades en sus campañas durante las elecciones del Poder Judicial.
Bueno, no todos. O, no, sí… porque las multas van por las irregularidades de cajón pero también se sumaron los famosos acordeones impresos.
Contemplando estas dos circunstancias, entonces sí, los/las 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia tendrán que pagar una lana —aunque el INE aplicó descuentos conforme a la capacidad de pago de cada uno. Chequen.
Nueva Suprema Corte se estrena pagando multas
Toda la información la consultamos en la resolución del Consejo General del INE sobre las irregularidades en el dictamen de los gastos de campaña de candidatos y candidatas a la SCJN —este documento fue publicado el 2 de agosto en el Repositorio del Instituto Nacional Electoral, días después de la votación para la aplicación de las multas.
Dicho esto, sólo les contamos que el INE fiscalizó más de 7 mil candidaturas y analizó más de 7 mil 300 informes de campaña, auditando casi 900 millones de pesos.
Corte a… encontró irregularidades con todos los candidatos y todas las candidatas ganadoras en la SCJN.
Las multas
Empezamos por las multas por las irregularidades de cajón detectadas y después nos movemos a la cuestión de los acordeones. ¿Cómo quedó ese asunto?
Lenia Batres
Ya con el descuento que aplicó el INE, la ministra Lenia Batres —hermana del director del ISSSTE Martí Batres— 39 mil 146 pesos de multas al INE por las siguientes irregularidades:
*No entregó recibos de gastos
*Pagos en efectivo
*No registró cuándo y en qué gastó su dinero en el tiempo límite
*No informó de eventos de campaña
*Una cuenta de banco no estaba a su nombre
*Y pagó publicidad en internet
Yasmín Esquivel
La polémica ministra —investigada por la UNAM por un caso de plagio de tesis— Yasmín Esquivel fue multada con 95 mil 490 pesos por:
*Hacer pagos en efectivo
*No comprobar gastos
*No usar la cuenta de un banco a su nombre —y que era especial para manejar el dinero de su campaña
*“Olvidó” reportar sus gastos en publicidad
*Recibió dinero prohibido
*Y no avisó de sus eventos de campaña
Loretta Ortiz
A la ministra que va por un ciclo más en la Suprema Corte le cayó una multa por 89 mil 267 pesotes por:
*No usar una cuenta de banco especial para su campaña
*No reportar gastos que, además de otros, estaban prohibidos
*Y recibió dinero prohibido para publicidad en internet
María Estela Ríos González debe 4 mil 978 pesos de multas por:
*No comprobar gastos
*Presentar tarde su documentación
*No avisar de sus eventos de campaña
*Abrió una cuenta de banco para mover el dinero de su campaña sin avisarle al INE
Sara Irene Herrerías
La exfiscal Especializada en materia de Derechos Humanos en la FGR debe 8 mil 32 pesos de multas por:
*No reportar sus gastos
*Avisar tarde de sus eventos de campaña
*Abrir una cuenta de banco para su campaña sin avisarle al INE
Hugo Aguilar
Sin multas (aunque sí lo sancionaron por los acordeones como al resto de ministros y ministras).
Giovanni Azael Figueroa fue multado con 2 mil 489 pesos por:
*Avisar tarde de sus eventos de campaña
*No comprobar sus gastos
*No dijo cuándo y en qué gastó su dinero (en el tiempo límite que tenía que hacerlo)
Irving Espinosa
La multa del INE le salió en 3 mil 620 pesos por: presentar tarde sus documentos, avisar tarde de sus eventos de campaña, no entregar facturas y no decir cuándo ni en qué gastó su dinero (en el tiempo límite que tenía que hacerlo).
Arístides Rodrigo Guerrero
La multa que le cayó al ministro —autopromovido como Lord Chicharrón por estar más preparado que un chicharrón— fue de 40 mil 277 pesos por:
*No presentar sus estados de cuenta
*Recibir dinero prohibido
*No avisar de sus eventos de campaña
*No decir cuándo ni en qué gastó su dinero (en el tiempo límite que tenía que hacerlo)
Y… ¿qué pasó con los acordeones?
Pueeees… el INE dictó 17 resoluciones relacionadas con un montón de quejas por las guías de votación o los famosos acordeones impresos.
La propuesta del INE fue aplicar multas con el 10% de los topes de los gastos personales de campaña autorizados —y ojo sólo aplica para los ganadores y las ganadoras.
Un ejemplo, citado por La Jornada, fue el caso del presidente de la SCJN Hugo Aguilar, quien tiene una multa de 39 mil 712 pesos por ser mencionado en los acordeones.
Eso no es todo. También se le aplicó una multa por 79 mil 424 por aparecer en otro formato: en las guías o acordeones digitales.
Sin embargo, La Jornada explicó —con información de fuentes de la Unidad Técnica de Fiscalización— que checarán las cantidades de las multas para que vayan de acuerdo a la capacidad de pago de cada ganador o ganadora.
Aún falta conocer las impugnaciones de los ganadores y resoluciones de las autoridades electorales. ¿Ustedes cómo ven las cantidades de las multas?
Oaxaca celebra la llegada de un mixteco a la SCJN
Por otra parte, la nueva era de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presidida por el Ministro electo Hugo Aguilar Ortiz, de origen oaxaqueño, fue celebrada con una calenda encabezada por el Gobernador Salomón Jara Cruz y la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano.
El contingente de la delegación conformada por representantes de diversos pueblos originarios de Oaxaca, se abrió paso por la avenida Juárez de la Ciudad de México, con la leyenda: “Ahora la SCJN es del pueblo y Oaxaca está presente”.
Durante el recorrido, que partió del Hemiciclo a Benito Juárez rumbo al zócalo de la capital del país, la Ciudad de México sucumbió ante los jarabes, sones y chilenas que la Banda Sinfónica de Tlaxiaco (BASIT), conformada por niñas, niños y adolescentes oaxaqueños; interpretaron durante esta fiesta popular que celebra la nueva historia de la justicia en la nación.
Las y los capitalinos, así como visitantes nacionales y extranjeros que se encontraban apostados a lo largo de este recorrido, formaron parte de este festejo que celebra la segunda llegada de un oaxaqueño a la Corte, siendo el primero Benito Juárez García como presidente de este organismo.
De esta manera, mujeres y hombres provenientes de las ocho regiones de la entidad se hicieron presentes en la Ciudad de los Palacios para ser testigos de este momento histórico que representa la voluntad inquebrantable del pueblo.
“Que su toga no sea un manto de impunidad, sino un uniforme de servicio. No tienen derecho a fallarle al pueblo”: Gobernador de Oaxaca
Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, llamó a las y los integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a honrar el mandato popular y restituir la confianza del pueblo en el Poder Judicial.
“Hoy comienza a escribirse un nuevo capítulo de la historia de la justicia de nuestra nación. Un capítulo que no será redactado desde los escritorios del poder, sino desde la voluntad inquebrantable del pueblo de México. Porque este poder judicial renovado no es un accidente ni una concesión”, apuntó.
Jara Cruz, afirmó que la nueva Corte es fruto de la lucha histórica de los de abajo y de la reforma visionaria, valiente y transformadora del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Y nuestro pueblo, el gran protagonista de nuestro tiempo, exigió y mandató con su voto libre una justicia sin distinciones, sin privilegios y sin corrupción. Gracias a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que comenzará sus funciones a partir del día de hoy, será un corte importante del pueblo. Y cada una de las nuevas ministras y ministros tiene la gran responsabilidad de devolverle la confianza y la legitimidad a una institución que había sido secuestrada por las élites, resaltó.
Previo a la toma de protesta el Senado de la República y la sesión de instalación de la SCJN, el mandatario pidió a ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces que su labor se mida no por la complejidad de sus argumentos jurídicos, sino por la sencillez con la que garanticen y restituyan los derechos de quienes más lo necesitan.
“Que su toga no sea nunca más un manto de impunidad, sino un uniforme de servicio. Honren el mandato popular, sean la justicia que México merece. No tienen derecho a fallarle al pueblo”, expresó.
Jara Cruz celebró que el primer presidente de la nueva Corte sea el oaxaqueño Hugo Aguilar Ortiz, a quien reconoció como un representante de la memoria de las luchas sociales y del pluralismo jurídico del país.
“Su mandato es claro: servir al pueblo, no a intereses de grupos. Este no es un simple cambio de cúpula, es la renovación de raíz”, afirmó.
Jara Cruz, recordó que la reforma judicial y la renovación de la Corte son fruto de la lucha histórica del pueblo y del proyecto transformador del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Hoy comienza una nueva etapa de la justicia en México, una justicia sin privilegios, sin corrupción y al servicio de quienes habían sido olvidados”, apuntó.
El mandatario estatal, refirió que, desde Oaxaca, tierra de civilizaciones y corazón cultural del país, se acompañará con compromiso este nuevo capítulo en la vida democrática y judicial de la nación.
La instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, la noche de hoy, será también el regreso del Poder Ejecutivo a una ceremonia oficial en ese edificio.
La reforma, avalada en septiembre del año pasado, se concretó con las votaciones del 1 de junio. Participó sólo el 13 por ciento de los electores. De 11 ministros, la Corte se redujo a nueve, la mayoría afines a Morena, como una fundadora del partido y una ex abogada de López Obrador.
El abogado que recibió más votos, 6.1 millones, fue Hugo Aguilar Ortiz, un ex funcionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuyo origen mixteco, Oaxaca.
Aguilar Ortiz también fue el candidato que estuvo en el primer lugar de los acordeones repartidos por gobiernos para influir en la votación.
La instalación de la nueva Corte estuvo prevista se realizara a las 22 horas. Antes, se reabrieron los portones del edificio en Pino Suárez, cerrados desde que militantes de MORENA se apostaron para protestar contra la nueva Corte.
La instalación de «La Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación» fue con la presencia de la Presidenta Sheinbaum.
Rinden protesta las magistraturas electas a la Sala Superior y a las cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Finalmente, las magistraturas electas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el pasado Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025 rindieron protesta ante el Senado de la República para incorporarse, dos a la Sala Superior y tres en cada una de las cinco salas regionales.
A la Sala Superior se integran la magistrada Claudia Valle Aguilasocho y el magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García, quien a partir del 1 de noviembre ocupará la presidencia del TEPJF. Las salas regionales del TEPJF quedarán conformadas por las siguientes magistradas y magistrados, para el periodo 2025-2033.
Sala Regional Guadalajara, correspondiente a la Primera Circunscripción Electoral: Rebeca Barrera Amador, Irina Graciela Cervantes Bravo y Sergio Arturo Guerrero Olvera.
Sala Regional Monterrey, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral: María Dolores López Loza, María Guadalupe Vázquez Orozco y Sergio Díaz Rendón.
Sala Regional Xalapa, correspondiente a la Tercera Circunscripción Electoral: Roselia Bustillo Marín, Eva Barrientos Zepeda y José Antonio Troncoso Ávila.
Sala Regional Ciudad de México, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Electoral: María Cecilia Guevara y Herrera, José Luis Ceballos Daza e Ixel Mendoza Aragón.
Sala Regional Toluca, correspondiente a la Quinta Circunscripción Electoral: Nereida Berenice Ávalos Vázquez, Marcela Elena Fernández Domínguez y Omar Hernández Esquivel.
