Mujer policía sufre abuso, discriminación y despido injustificado en Oaxaca

*La oficial Rosaura Contreras Lucas sufrió hostigamiento y discriminación en la Policía Estatal de Oaxaca por negarse a participar en actos de corrupción

Oaxaca, Oaxaca, Lunes 28 de Julio, 2025 (Fuente: El Universal Oaxaca y Agencia Zona Roja).- Rosaura Contreras Lucas fue despedida de manera injustificada de la Policía Estatal de Oaxaca, tras denunciar, ante la Defensoría de los Derechos Humanos (DDHPO) y promover un amparo en el Poder Judicial de la Federación, actos de discriminación, abuso, acoso laboral, violencia en razón de género, negarse a realizar actos de corrupción y sufrir un cambio de adscripción como represalia.

Su despido ocurrió pese a que la DDHPO solicitó colaboración a la Secretaría para que se tomaran las medidas inmediatas para protegerla en su lugar de trabajo, no tomar represalias en su contra y abstenerse de causarle cualquier acto de molestia.

La violencia ejercida en su contra empezó desde que ingresó a trabajar en la corporación, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) del gobierno del estado.

Su historia en la Policía Estatal se remonta al año 2020. El 11 de abril de ese año, su esposo Rogaciano Vásquez Orozco, quien era policía estatal, fue asesinado en el cumplimiento de su deber durante una persecución en el asalto a una gasolinera en San Jacinto Amilpas, un municipio cercano a la capital de Oaxaca, donde también murió otro compañero.

Esa noche arribaron a su domicilio, el entonces comisionado de la Policía Estatal, Francisco Santiago José, el coordinador de Desarrollo de Personal, Heliodoro Carlos Antonio Díaz Aguirre, y el jefe de departamento de personal, Enrique Eduardo Ruiz Estudillo, quienes le ofrecieron la cantidad de 13 mil pesos en calidad de préstamo para los gastos funerarios de su esposo, particularmente para el alquiler de sillas, lonas y comida, entre otras cosas que requiriera para el sepelio; y le aseguraron que la Secretaría se haría cargo de los gastos funerarios consistentes en el traslado del cadáver, ataúd y pago de panteón. Ella tendría que pagar los 13 mil pesos, una vez que recibiera el pago del seguro de su esposo.

“En ese momento y ante el dolor no quise recibir el dinero, pues temía que después no los pudiera pagar, pero ante la insistencia y el hecho de que me decían que lo pagaría hasta que recibiera el pago del seguro, fue que los acepté y mi hicieron firmar un documento que decía que recibía la cantidad de 13 mil pesos y que me comprometía a reembolsar al momento de recibir el seguro de pago de marcha”.

A finales de abril de 2020, el comisionado Francisco Santiago fue a su casa nuevamente y le ofreció cubrir la plaza de su esposo porque conocía su situación y que su pareja era la encargada de los gastos del hogar. De esta manera es que ella ingresa el 1 de junio de 2020 a trabajar como Policía Estatal en el área médica por su perfil de auxiliar de Enfermería, y sus funciones eran dar atención pre hospitalarias a los policías, curaciones, suturas, toma de signos vitales y limpiar el consultorio, el baño y el interior de la ambulancia, entre otras, y estaba bajo las órdenes directas del Comisionado de la Policía Estatal, del Jefe del Estado Mayor, del Sector Plaza y encargado del área.

Cuando todavía no recibía su primera quincena, Heliodoro Carlos Antonio –coordinador de Desarrollo de Personal– le exigió el pago de 50 mil pesos por los gastos que había realizado la Secretaría de Seguridad Pública en el funeral de su esposo.

“Yo le respondí que desconocía de ese pago, que a mí me habían dicho que sólo tenía que reponer los 13 mil pesos, que de los gastos funerarios se haría cargo la Secretaría. Él me respondió que no era así, que se me había explicado cómo era el gasto, yo le respondí que nunca me habían dicho nada. Ahí empezó mi sufrimiento, puesto que me pedían muchos documentos y me hacían largas para realizar el pago del seguro de vida de mi esposo, así como las demás prestaciones a que tenía derecho”, recuerda.

Por esta situación, fue detenida por dos policías estatales por órdenes del Comisionado de la Policía Estatal, quienes la llevaron a la oficina de Desarrollo de Personal y, ante el Director Jurídico, le exigieron una fecha exacta de cuándo pagaría esos 50 mil pesos que supuestamente adeuda; le dijeron que tenía que ser a través de una transferencia.

Al negarse a pagar, el trato hacia su persona y trabajo comenzó a cambiar. En represalia, la enviaron de comisión en enero de 2021 a la región triqui, como personal de enfermería.

“En ese momento estaba la pandemia del COVID-19, y a mí me mandaron sin equipo de protección, sin uniforme, sin identificación y sin el oficio respectivo, sólo fue una orden verbal; pero, ante la necesidad del trabajo, accedí a la orden. Ahí sufrí la retención por parte de la población de Tierra Blanca por inconformidad de la comunidad, ante la falta de seguridad, sin que yo me pudiera identificar, puesto que me habían mandado sin ningún documento, situación que soporté, debido a que yo soy el único sustento de mi familia”.

El 20 de marzo de 2021 inició un paro de labores en la Policía Estatal en la que los elementos lograron un incremento en la ayuda de alimentación, el pago en tiempo y forma de los viáticos, el aumento en el seguro de vida, y la renuncia del comisionado Francisco Santiago José. Este mismo año, Rosaura recibe el pago del seguro de vida de su esposo y prestaciones, y su trabajo vuelve a la normalidad hasta mediados de 2024.

Rosaura se reincorporó el 25 de junio de 2024 al área médica de la Policía Estatal, pero descubrió que sus nuevos compañeros, una de ellas paramédico y el otro técnico en Enfermería, expedían recetas médicas con la cédula del encargado del área, Victoriano Ruiz Ruiz, quien es odontólogo. Entonces decidió informar a sus superiores, sin embargo, no ocurrió nada y en cambio sufrió represalias y hostigamiento laboral.

“En el mes de marzo de 2025 se realizó una reunión y Victoriano Ruiz manifestó que él ya no quiere trabajar con mujeres, que en su turno asignen puros hombres, ya que las mujeres son un estorbo, que ningún paciente pueden cargar y son muy chismosas, refiriéndose a mi persona. El encargado del área médica, Julio César Pacheco, le cumple a Victoriano lo solicitado y a las dos mujeres nos deja en un mismo turno”, relata.

También sufrió represalias cuando se negó a certificar a un detenido, algo para lo cual no está facultada, porque no es médico; fue acusada de desobedecer órdenes, porque en varias ocasiones se negó a emitir certificados médicos.

Después se enteró que el comisionado, Francisco Santiago García (hijo del ex comisionado Francisco Santiago José), fue informado que me negaba a firmar y expedir certificados médicos, y el comisionado manifestó: “ahora sí ya se chingó, pinche vieja argüendera, piensa que puede hacer lo mismo que cuando estuvo con mi papá, ahora si se van a chingar todos los que estuvieron en ese movimiento (del paro de labores de 2020), me toca tomar venganza”.

El 2 de julio de 2025, Rosaura fue cesada de su servicio en el área médica y la asignaron al área de guarda en prevención con un horario de 24 por 24 horas de servicio.

Ante ello, presentó su queja ante la DDHPO y promovió un amparo ante el Poder Judicial de la Federación; y recibió medidas de protección del organismo de derechos humanos. En respuesta, fue despedida el pasado 23 de julio de 2025.

Mantiene Magda Liliana lucha por acoso laboral y despido injustificado en Monte de Piedad

En este mismo sentido, a más de dos años de haber denunciado acoso laboral y sexual, además de despido injustificado, por señalar actos de presunta corrupción en el Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, Magda Liliana A. C. mantiene su lucha por la justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), que admitió su caso en agosto de 2024.

Magda, quien en marzo de este año fue desalojada de su “plantón” frente a Palacio Nacional, en donde estaba con otras mujeres que también exigían justicia, señala que su lucha sigue en el ámbito internacional, pero también en el plano estatal y nacional.

“Es un camino largo apegado a derecho”, dijo en una breve comunicación, luego de que la Secretaría de Gobierno del estado de Oaxaca publicó este sábado una fotografía en la que el secretario, Jesús Romero, estrecha su mano y asegura que se brinda atención a su caso.

“Existe disposición” de parte del gobierno, dice Magda a más de dos años de su denuncia, aunque aclara que esto es resultado de su lucha por la verdad. “Mi tema no es económico, ni político. Nos vamos a morir y debemos dejar semillas plantadas” señala Magda, al comentar que a raíz de su lucha ya hay una unidad de género en el Monte de Piedad.

En esta lucha, de la que también explica que ha sido en solitario, Magda se ha enfrentado a diferentes obstáculos e incluso al desplazamiento para preservar su seguridad.

Fue en mayo de 2023 cuando la entonces gerente de la sucursal 8 del Monte de Piedad en la ciudad de Oaxaca denunció penalmente al entonces director del Monte de Piedad, Omar J. J., y al jefe administrativo de ese organismo gubernamental, José Manuel N.

¿Y el señalado?

La denuncia quedó asentada en la causa penal 1243/2023, en la que además del delito de hostigamiento sexual se contemplan los de intimidación con agravante de amenazas, cohecho y coalición de los servidores públicos.

Aun cuando fue denunciado por Magda Liliana, el gobierno de Oaxaca mantuvo como director del Monte de Piedad a Omar J. J. al menos hasta abril de este año, como se observa en una de sus últimas publicaciones en la que felicita a uno de los hijos del gobernador Salomón Jara.

Aunque en su página de Facebook aún aparece con el título de director del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, en el directorio del organismo figura como director Ulises Caballero Navarro. Este asumió la titularidad del organismo en los últimos días de abril (de acuerdo con sus publicaciones en redes sociales) y rindió protesta como secretario Técnico del Consejo de Administración del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca el 11 de junio.

Con el caso de Magda Liliana, el ex director del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca acumula al menos tres casos de acoso laboral y uno despido injustificado en la actual administración estatal.

En octubre de 2024, un grupo de empleados sindicalizados se manifestó en la oficina matriz de la ciudad de Oaxaca para exigir la solución a dos casos de acoso laboral: uno en la sucursal de Ciudad Ixtepec y otro en la del Módulo Azul del Infonavit, en la capital oaxaqueña.