Secretaría de Salud contrata empresa con presuntas actividades delincuenciales

*Con empresa vetada en Yucatán y señalada de actos delictivos, pretende Secretario de Salud brindar seguridad a instalaciones del sector en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca, Sábado 28 de Junio, 2025 (Fuente: X: @InquisidorOax y Agencias).- Gilberto Velasco, operador político y financiero en el sector salud de Oaxaca, acaba de concretar uno más de sus fechorías bajo la anuencia y apoyo del Secretario de Salud estatal, Efrén Jarquín González; en esta ocasión, sin importarle los cientos de miles de oaxaqueños que acuden al sector salud, contrató a la empresa de seguridad privada “SERPROSEP” para que cuide de los hospitales, clínicas y demás instalaciones, esto, pese a que la citada compañía tiene muy malos antecedentes. 

Y es que “SERPROSEP” fue veta por la secretaría de Seguridad de Yucatán por diversas infracciones cometidas, además de ser señalada e investigada por contratar delincuentes para armar grupos criminales en Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas y Monterrey, situaciones a las que se le suman diversas protestas en otros estados y en Oaxaca por malos tratos laborales. 

Sin licitación previa y de un día para otro, Gilberto Velazco contrató a “SERPROSEP” originaria de la CDMX, para sustituir a la empresa oaxaqueña que brindaba el servicio de seguridad, saltándose así la petición del gobernador Salomón Jara, quien pidió a sus secretarios y dependencias se contraten únicamente empresas oaxaqueñas para apoyar a su desarrollo.

Cabe recordar que, desde inicios de año, un grupo de empresarios oaxaqueños alzó la voz en distintos ámbitos sociales y políticos, para exigir la intervención del mandatario estatal y ponga un alto a las extorsiones que vienen sufriendo por parte de Gilberto Velasco, con la protección del Secretario de Salud Efrén Jarquín.

Red de favores y auditorías fantasma: el negocio millonario entre el CECYTE, CSEIIO y un despacho “amigo”

Por otra parte, en un estado que presume austeridad y combate a la corrupción, dos instituciones educativas públicas de Oaxaca —el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTEO) y el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO)— operan con total impunidad una red de contratos opacos, canalizados a un mismo despacho “favorito”: Organización Funcional del Sureste, a nombre de Sergio Vásquez Pacheco, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Oaxaca y militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El despacho ha recibido cuatro contratos por adjudicación directa por parte de ambas instituciones, sumando más de 1.3 millones de pesos por presuntos “servicios de auditoría”:

•CSEIIO/D.A/.DBSyP/026/2024 – $125,000.00

•CSEIIO/D.A/.DBSyP/026/2024 – $175,000.00

•CECYTEO/021/2023 – $500,000.00

•CECYTEO/DG/DADM/0656/2024 – $500,000.00

Blanca Luz Martínez, titular del CECYTEO, y René Vásquez Castillejos, titular del CSEIIO, han otorgado estos contratos de forma directa, sin licitaciones públicas, en un esquema que fuentes internas califican como un negocio disfrazado de fiscalización. En todos los casos, no existe evidencia pública de informes entregados, resultados auditables o impactos positivos.

Las auditorías son una simulación. En lugar de transparentar o fiscalizar, sirven para blindar a los titulares de ambas instituciones, generando informes “a modo” que no cuestionan ni documentan el uso real de recursos.

El despacho de Vásquez Pacheco no es solo cercano al aparato burocrático: su fundador fue dirigente gremial y hoy opera como operador financiero de conveniencia, recibiendo contratos institucionales desde múltiples dependencias bajo gobiernos afines. Este es un ejemplo claro de cómo el tráfico de influencias, el amiguismo político y el abuso de adjudicaciones directas siguen vivos en Oaxaca, con nuevos nombres, pero los mismos vicios.

El patrón es alarmante: contrataciones sin competencia, montos inflados y beneficiarios repetidos que nunca enfrentan consecuencias.

El uso de recursos federales por estas instituciones, muchas veces etiquetados para educación indígena o media superior, debería ser auditado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y por la Secretaría de la Función Pública, pero hasta ahora ninguna autoridad ha intervenido, lo que abre la sospecha de que existe un pacto de encubrimiento más allá del escritorio del auditor.

En un contexto donde las escuelas públicas sufren carencias básicas, destinar más de un millón de pesos a auditorías fantasma es un insulto a los estudiantes, maestros y padres de familia.