Exigen no desaparecer poderes en Zapotitlán

*Red de Abogadas Indígenas y Consorcio

Oaxaca, Oaxaca, Viernes 20 de Junio, 2025 (Fuente: Lisbeth Mejía Reyes / Agencia Zona Roja).- La Red de Abogadas Indígenas (RAI) y la organización Consorcio exigieron públicamente a la 66 Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca rechazar el dictamen por el que se pretende desaparecer los poderes en el ayuntamiento de Zapotitlán Palmas, pues de hacerlo se estarán violando los derechos políticos de las mujeres indígenas y habrá un retroceso a los derechos humanos.

En un comunicado, señalaron que el respaldo del Congreso a tal dictamen implicará perpetuar la violencia política en razón de género que han ejercido el síndico municipal, José Longinos Martínez, y el regidor de Hacienda, Damián Reyes Longinos, en contra de la presidenta municipal, Inés Martínez Reyes, y las regidoras Elida López Martínez (de salud) y Gabriela Martínez Soriano, de Educación.

Las organizaciones también exigieron al gobernador, Salomón Jara Cruz, que ordene a la Secretaría de Finanzas transparentar el destino de los recursos de los ramos 33 y 28 que ha depositado a otras cuentas bancarias en lugar de las de la presidenta.

Además, que ordene a Jesús Romero, secretario de Gobierno, a “dejar sus intereses a un lado y actuar con imparcialidad y objetivos”.

A través de un pronunciamiento dirigido este 19 de junio al Congreso, al Gobernador del Estado y a los medios de comunicación, las organizaciones externaron su preocupación por la posible desaparición de poderes en esta comunidad de la Mixteca, luego de que la semana pasada la legislatura rechazó la suspensión de poderes, pero devolvió el dictamen para su estudio en comisiones y dictaminación en un plazo de ocho días hábiles.

El caso llegó este jueves a la Cámara de Diputados federal, en la Ciudad de México, donde las concejales y el Partido del Trabajo externaron su temor porque el dictamen sea aprobado este viernes en una sesión extraordinaria del congreso de Oaxaca.

Inés Martínez Reyes es la primera presidenta municipal de Zapotitlán Palmas, municipio de la región Mixteca que hasta el 2020 registraba mil 695 habitantes (45.1% hombres y 54.9% mujeres) según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

Su elección para el periodo 2023-2025 fue bajo asamblea comunitaria. Sin embargo, como señalan la Red de Abogadas Indígenas y Consorcio, desde el inicio del mandato ella y sus compañeras han sido víctimas de violencia política en razón de género, a través de amenazas, agresiones verbales, difamación, calumnias y otras conductas.

Esta violencia ha sido confirmada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), a donde acudieron a denunciar las víctimas y que en la sentencia del expediente PES/03/2024 también resolvió que el síndico y el regidor fueran inscritos en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.

Sin embargo, a pesar de la sentencia, la violencia ha continuado y en las últimas semanas la edil ha sido acusada por un grupo de habitantes de presunto desvío de recursos, pero la presidenta y su equipo legal han presentado pruebas que refutan los señalamientos.

Ante esto las organizaciones también exigieron TEEO dictar medidas eficaces y contundentes para el cumplimiento de la sentencia de violencia política en razón de género.

Pese a resistencias, aprueba el Congreso suspender poderes en Zapotitlán

Perl, con 35 votos a favor y cinco en contra, la 66 legislatura del Congreso del estado de Oaxaca aprobó este 20 de junio la suspensión de poderes en el ayuntamiento de Zapotitlán Palmas, distrito de Huajuapan de León, al argumentar “la existencia de vacío de autoridad y de ingobernabilidad que hacen imposible su funcionamiento”.

La decisión de las y los diputados, en su mayoría del partido Morena, ocurrió en sesión extraordinaria y virtual de este viernes, luego de que la semana previa habían regresado a revisión el dictamen de la Comisión Permanente de Gobierno y Territorio, que preside el legislador Mauro Cruz Sánchez.

El fallo también se dio en medio de la exigencia de la presidenta municipal, Inés Martínez Reyes, y de organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres para que no se violenten nuevamente sus derechos político-electorales.

También ocurre a casi un año de que, en julio de 2024, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) acreditó que el síndico municipal, José Longinos Martínez, y el regidor de Hacienda, Damián Reyes Longinos, cometieron violencia política en razón de género en contra de la edil y de la regidora de salud, Elida López Martínez.

En un pronunciamiento publicado este jueves, la Red de Abogadas Indígenas y la organización Consorcio exigieron al Congreso local no aprobar el dictamen, pues de hacerlo estarían violando los derechos políticos de las mujeres indígenas, habrá un retroceso a los derechos humanos e implicará perpetuar la violencia política en razón de género en contra de Inés, la primera presidenta municipal de esta comunidad de la región Mixteca y de sus compañeras regidoras.

En la discusión del dictamen, la diputada morenista Concepción Rueda cuestionó a sus compañeros de bancada al señalar que antes la izquierda promovió y participó en la lucha de los derechos de las mujeres, pero que ahora que la izquierda es gobierno “los intereses cambiaron”, pues ya no lo son las personas más desprotegidas ni la justicia para las mujeres.

“Hoy se usa todo el aparato de Estado para destituir de sus cargos a mujeres que han enfrentado violencia permanente y que nadie, ninguna institución de gobierno, hizo algo para evitarlo”, explicó sobre las concejales de la administración 2023-2025 y elegidas por la asamblea comunitaria en 2022.

De acuerdo con la diputada Dulce Belén Uribe Mendoza, integrante de la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios, se trata de la suspensión del ayuntamiento, mas no de la desaparición de poderes, ya que lo que procede tras este decreto es que el Congreso “dialogue más a fondo con los integrantes del municipio” para exponer lo que a su derecho proceda, como se señala en el artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

Según el dictamen, la suspensión de poderes se debe a que ya se inició el procedimiento con el que se busca la desaparición del ayuntamiento por las causas previstas en las fracciones I, II, IV, VI y IX del artículo 58 y 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

De acuerdo con el artículo 59 de la Ley Orgánica, una vez que se decida por la desaparición del ayuntamiento, el congreso informará de esto al titular del poder ejecutivo del estado. Es decir, al gobernador, y será este el “que procederá a proponerle” al congreso “la integración de un Concejo Municipal, en los términos establecidos por la Constitución Local y por esta ley”.

Previo a la suspensión del ayuntamiento, el Congreso aprobó la revocación de mandato de José Longinos Martínez y Damián Reyes Longinos, síndico y regidor de Hacienda, respectivamente, del ayuntamiento de Zapotitlán, y quienes han sido sancionados por el TEEO por incurrir en violencia política en razón de género de la presidenta y la regidora de salud. En medio de la persistencia de violencia contra la presidenta, el Congreso de Oaxaca aprobó la suspensión del ayuntamiento en Zapotitlán Palmas

La suspensión, una medida previa a la desaparición del ayuntamiento, se debe a “la existencia de vacío de autoridad y de ingobernabilidad que hacen imposible su funcionamiento”, argumentó la Comisión Permanente de Gobierno del Congreso.

Pijy: “Lo único que me mueve es lo que me corresponde por derecho: justicia”

En otro tema distinto, a Pijy, nada le gustaría más que dejar el pasado, retomar su vida y dedicarse a lo que más le gusta. “Pero mientras la justicia no llegue”, seguirá exigiendo lo que por derecho le corresponde.

A pesar de las amenazas en su contra, la joven ayuuk (mixe) advierte que no se detendrá hasta llegar al fondo del asunto y que, si algo le ocurre a ella o a sus cercanos, los responsables serán su agresor, Plácido N., y la familia de este.

“Lo único que me mueve es lo que me corresponde por derecho: justicia”, apuntó la joven, quien hace 12 años, fue víctima de violencia sexual por Plácido N.

Sin embargo, en este largo y complicado camino se ha encontrado con la indiferencia del Ministerio público de Matías Romero y de la revictimización. En 2022, cuando el fiscal general era Arturo Peimbert Calvo, se enteró que la pareja de su agresor, Karla N., se hizo pasar por ella para desistir de la denuncia y que este no fuera aprehendido.

“Desde el inicio me negaron el acceso a la justicia, me condenaron a soportar amenazas e intimidaciones recurrentes, a pesar de no estar en mi comunidad de origen. Vulneraron mi derecho y pusieron en peligro mi seguridad”, expresó este jueves en conferencia de prensa ante las omisiones y el actuar del ministerio público de Matías Romero, en la región Istmo de Tehuantepec y adscrito a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Este 19 de junio, a casi una semana de que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió a FGEO la recomendación 12/2025 sobre el caso de Pijy, y en la que determinó que «existieron graves omisiones en la actuación del personal ministerial» de Matías Romero, la joven habló nuevamente para exigir al Poder Judicial del Estado de Oaxaca la inmediata revisión de las actuaciones del juez Omar Morales Simón y una investigación profunda.

A la Fiscalía, le exigió el cumplimiento puntual de la recomendación de la Defensoría, además de la investigación, inhabilitación y destitución inmediata de los ministerios públicos Pedro Fierros Zárate y Neljer Matus García por las recientes violencias ejercidas en su contra.

Al Congreso local y al federal, la joven también les pidió legislar para que casos de suplantación de identidad como el suyo no se repitan. Y a la Defensoría, de la que reconoció su actuar, la exhortó para que sus recomendaciones alcancen al Poder Judicial, específicamente al juez Omar Morales, pues arrastra otras acusaciones como en el caso del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, hija de la periodista Soledad Jarquín Edgar.

Pijy, nombre que por seguridad ha empleado la víctima, denunció en el año 2013 a su agresor sexual. Sin embargo, desde el año 2022, cuando se enteró de que su identificación fue suplantada, tiene una triple lucha: un nuevo proceso por suplantación (del que Plácido y Karla han buscado ampararse a nivel federal), retomar el proceso por violación y las investigaciones por corrupción en contra de las autoridades involucradas.

Todo esto ha mermado su calidad de vida y por lo cual, tras la recomendación de la Defensoría, ha decidido salir para exigir justicia.

Fue en 2024 cuando la joven, con el acompañamiento del activista ayuuk Joaquín Galván, retomó el caso ante la Fiscalía, ahora bajo el mando de Bernardo Rodríguez Alamilla, quien se comprometió a seguir las investigaciones.

Así, el 31 de octubre de ese año, fueron aprehendidos Plácido N. y Karla N., por los delitos de suplantación, uso de papeles falsos y falsedad de declaraciones judiciales. En ese entonces, Plácido era presidente municipal de San Juan Mazatlán.

Sin embargo, la lucha que Pijy comenzó de la mano de Galván y de la fallecida abogada Sandra Domínguez, aguarda un complejo camino. De acuerdo con el activista Joaquín Galván, para retomar la denuncia por violación, primero se tiene que comprobar la responsabilidad de Plácido y Karla en el delito de suplantación de identidad, lo mismo que del ministerio público de Matías Romero y del juez Omar Morales Simón.