Familia de diputado, vinculada a presunto despojo inmobiliario
Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 11 de Junio, 2025 (Fuente: Agencias).- Una denuncia judicial ha puesto bajo el escrutinio público a la familia del diputado local del Partido del Trabajo (PT), Dante Montaño Montero, tras ser vinculada con un presunto despojo inmobiliario valuado en más de 35 millones de pesos.
El caso gira en torno a un predio de 2,475 metros cuadrados ubicado en el municipio de Tlalixtac de Cabrera (ubicado en la región Valles Centrales de Oaxaca), en el paraje conocido como Barrio de San Antonio, Séptima Sección, actualmente la calle Vicente Guerrero. La propiedad incluye una residencia de lujo de 1,764 metros cuadrados, jardín con vegetación exótica, piscina de 130 metros cuadrados y acceso vehicular de concreto hidráulico.
De acuerdo con la resolución judicial, el inmueble habría sido ocupado de manera ilícita por familiares del legislador desde 2005, a través de una red de simulaciones legales y uso de prestanombres.
El Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro dictó una sentencia definitiva en el expediente 84/2012, en la que se ordena la restitución del predio a su legítimo propietario, identificado con las siglas R.F.D.A. La resolución, emitida en octubre de 2017, declaró la nulidad absoluta de los contratos utilizados para justificar la posesión del inmueble y condenó a Fernando José Sánchez Ortiz y María del Rosario de los Santos Toledo -señalados como prestanombres de la familia Montaño Montero- a devolver la propiedad.
Asimismo, la sentencia incluyó una condena contra el notario público número 19, Lic. Rodolfo Morales Moreno, así como a los titulares del Registro Público de la Propiedad y del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, por haber avalado la transacción presuntamente irregular.
El expediente judicial detalla dos maniobras principales utilizadas para apoderarse del inmueble:
1. Simulación de compraventa: se realizó una supuesta transacción entre los prestanombres con el aval notarial, posteriormente declarada nula por carecer de sustento legal.
2. Cesión de derechos parcelarios: tras el primer intento fallido, los involucrados presentaron un documento firmado por los padres del diputado, Heladio Jacobo Montaño Márquez y Josefina Montero Garnica, alegando la cesión de derechos sobre tierras ejidales. Sin embargo, la Juez María Aurora Rivera Soriano desestimó este documento, calificándolo como inválido y carente de valor jurídico conforme a la Ley Agraria.
Dado el incumplimiento voluntario de la sentencia, la autoridad judicial ha ordenado la ejecución forzada de la restitución del predio, con apoyo de la fuerza pública. Esta medida busca garantizar la devolución inmediata del inmueble a su propietario legítimo.
Un fallo judicial contundente: la justicia ordena la restitución
Y es que, la paciencia del sistema judicial ha llegado a su límite. El juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro ha dictado una resolución inapelable: el predio debe ser devuelto a su legítimo propietario, con todos sus frutos y accesiones.
Esta orden judicial no es reciente. Se basa en el expediente 84/2012 del Juzgado Segundo de lo Civil, un Juicio Ordinario Civil Sobre Inexistencia y Nulidad de Contrato de Compraventa y Reivindicación de Inmueble. Ya el 23 de octubre de 2017, una sentencia declaró a R.F.D.A. como el legítimo propietario, condenando a Fernando José Sánchez Ortiz y María del Rosario de los Santos Toledo -quienes resultaron ser los prestanombres de la familia Montaño Montero- a la reivindicación del inmueble.
La telaraña del engaño: dos intentos de despojo
El modus operandi de este presunto despojo se revela como una saga de artimañas legales:
Primer intento: la compraventa simulada. Los prestanombres, Fernando José Sánchez Ortiz y María del Rosario de los Santos Toledo (padres del diputado Dante Montaño), simularon una compraventa con José Luis Gutiérrez Salgado, otro prestanombre. Contaron con la complicidad del Notario Público número 19, Lic. Rodolfo Morales Moreno, quien dio fe de una transacción que, según la sentencia del 23 de septiembre de 2017, fue declarada de nulidad absoluta. La sentencia condenó directamente al Notario y a los Directores del Registro Público de la Propiedad y del Comercio e Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, sentando un precedente demoledor.
Segundo intento: la fantasma cesión de “derechos parcelarios”. Frente al fracaso del primer intento, los prestanombres optaron por una estrategia aún más audaz: simularon una cesión de supuestos “derechos parcelarios” directamente a los padres del diputado, Heladio Jacobo Montaño Márquez y Josefina Montero Garnica. Estos, de puño y letra, firmaron un documento que buscaba justificar la posesión ilícita del inmueble desde 2005. Sin embargo, la Juez Rivera Soriano ha sido tajante al desestimar este documento, calificándolo de una coartada ilegal. La Ley Agraria es clara en cuanto a los documentos válidos para acreditar la titularidad de tierras ejidales, y esta supuesta cesión no cumple con ninguno de los requisitos legales.
Ejecución forzada a la vista: la fuerza pública actuará
Ante la negativa de los condenados a cumplir voluntariamente la sentencia de 2017, argumentando falsamente que el inmueble es de régimen comunal y no privado, la Juez María Aurora Rivera Soriano ha ordenado la ejecución forzada de la sentencia con el auxilio de la fuerza pública. Esto significa que las autoridades intervendrán para garantizar la restitución del predio al legítimo propietario.
La sentencia, emitida por el Juzgado 2º Civil, en el expediente 084/2012, es cristalina: Fernando José Sánchez Ortiz y María del Rosario de los Santos Toledo, los prestanombres de la familia Montaño Montero, deben devolver el predio con todos sus frutos y accesiones a la parte afectada.
El legítimo propietario, cuya identidad se mantiene protegida, ahora exige la reparación del daño por casi dos décadas de despojo y la posesión ilícita de una propiedad que se ha transformado en un símbolo de lujo y exceso, mientras el escándalo crece en torno a la familia del diputado Dante Montaño.
De este modo, la parte afectada exige la reparación integral del daño tras casi dos décadas de ocupación irregular y el uso de una propiedad que, durante ese tiempo, fue transformada en una residencia de alto lujo.
El caso continúa generando fuerte polémica en Oaxaca, especialmente por el presunto vínculo de los implicados con el diputado local Dante Montaño Montero, cuya familia permanece en el centro del escándalo legal y mediático.
