COBAO, la extorsión sistemática
Oaxaca, Oaxaca, Viernes 06 de Febrero, 2026, (Fuente: *Froylán Méndez Ferrer y Sagrario Martínez / *Agencia de noticias ANSIC.MX).- En pleno 2026, cuando el gobierno de Oaxaca presume haber eliminado las cuotas de inscripción y reinscripción en instituciones de educación media superior, el director del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) Plantel 22 de Huatulco, Gualberto Ortiz Hernández, ha convertido la gratuidad constitucional en una farsa. La denuncia de padres de familia contra este funcionario revela un sistema de extorsión disfrazado de «aportaciones voluntarias»: documentos oficiales como boletas, certificados, cartas de buena conducta son retenidos como rehenes hasta que las familias paguen las cuotas que Ortiz Hernández quiera.
No se trata de un cobro accidental ni de una mala interpretación administrativa; es una estrategia deliberada de coacción que viola frontalmente el artículo 3° constitucional que establece que toda educación impartida por el Estado será gratuita. Lo más preocupante es que este abuso ocurre en el paraíso turístico de Huatulco, donde las autoridades estatales han reiterado públicamente su compromiso con la «Inscripción Cero», un programa bandera del gobernador Salomón Jara Cruz que desde 2024 eliminó estos cobros. La contradicción es brutal, mientras el discurso oficial celebra la gratuidad educativa, en el plantel 22 se cobra por entregar lo que por derecho ya pertenece a los estudiantes.
El esquema que utiliza Ortiz Hernández desnuda la perversión, que el sistema COBAO utiliza, del poder que le confiere su cargo para transformar un derecho fundamental en un jugozo negocio. La retención de documentos académicos no solo constituye abuso de autoridad y ejercicio ilícito del servicio público sino que representa una forma sofisticada de violencia institucional contra las juventudes oaxaqueñas. Estos jóvenes, que han cumplido con sus obligaciones académicas y han invertido años de esfuerzo en su formación, ven amenazado su futuro universitario por la codicia de un funcionario que convierte papeles oficiales en mercancía.
La gravedad se multiplica cuando consideramos que esta práctica contraviene también la Ley General de Educación, que prohíbe expresamente condicionar cualquier servicio o documentación al pago de contraprestaciones. La comunidad escolar de Huatulco ha calificado la situación como un «robo descarado», y no les falta razón. Lo que está en juego trasciende el aspecto económico: es la credibilidad misma del sistema educativo público y la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos más vulnerables, estudiantes y sus familias, de los abusos de poder.
La denuncia pública de los padres de familia es apenas el primer paso; ahora corresponde a las instituciones demostrar si realmente existe voluntad política para sancionar a quien ha convertido un bachillerato público en su feudo personal, o si el futuro de los jóvenes huatulqueños seguirá abandonado por la impunidad de un director que confunde autoridad con autoritarismo.
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