Denuncian en Oaxaca corrupción, nepotismo y violencia

*A lo largo de los últimos meses se han acumulado las noticias sobre la grave situación que se vive en Oaxaca

*Para documentar la situación real que se enfrenta en la entidad, La Jornada envió a su reportero. A continuación, esta entrega de la investigación

Oaxaca, Oaxaca, Jueves 13 de Febrero, 2025 (Fuente: La Jornada).- Con poco más de dos años en el poder, el gobernador Salomón Jara Cruz logró poner en su contra a importantes sectores de una sociedad oaxaqueña altamente politizada, que protesta por la aplicación de medidas impopulares, el incremento de la delincuencia, un alto índice de desapariciones forzadas, feminicidios, evidentes casos de corrupción, nepotismo y hasta presuntos vínculos de funcionarios del gabinete, alcaldes y legisladores, con la delincuencia organizada.

El descontento se articula en un movimiento que desde ahora llama a votar por la revocación de mandato en 2026, cuando se cumpla la mitad del periodo gubernamental.

Bajo la capa de la propaganda de la primavera oaxaqueña y el discurso machacón de Jara Cruz, quien sostiene que nuestra gente está feliz, subyace en el estado la abierta molestia entre buena parte de la población por la escasez de medicamentos, falta de atención en hospitales y una ola creciente de violencia, asesinatos, ejecuciones, desapariciones, feminicidios, robos y asaltos, incluso en pleno centro de la capital. La inseguridad es tal que el equipo de coordinación de giras de Jara sufrió, el 6 de febrero, un intento de asalto, cerca de Ayotzintepec.

Según la estadística mensual de la Fiscalía General del estado de Oaxaca, 697 personas sufrieron desaparición forzada por particulares en 2024. Enero de este año cerró con 69 homicidios.

El panorama se agrava por la imposición de proyectos, como un basurero de tres hectáreas en Xoxocotlán, obra controlada y vigilada por el sindicato Catem Joven y sus grupos de choque.

Al entrar a su tercer año de gobierno, la gestión de Jara Cruz se caracteriza, además, por una incidencia de nepotismo sin precedente y que tiene su ejemplo más claro en el control que ejerce su hermano Noé en el ayuntamiento de la capital, por encima del alcalde Raymundo Chagoya (PVEM). Apenas el martes pasado, la hija mayor del gobernador, Shunaxhi Nabaany, fue designada delegada del Infonavit en el estado.

Persisten las denuncias de corrupción y una política de persecución contra movimientos sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, mientras crece la presencia de la delincuencia organizada.

Agrupaciones sociales como Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO) y el Frente Popular Revolucionario (FPR), así como actores políticos, como el delegado del PT en el estado, Benjamín Robles Montoya –que compartió gabinete con Jara Cruz en el sexenio de Gabino Cué, postulado por la coalición PAN-PRD–, señalan abiertamente los presuntos nexos de funcionarios y legisladores con el crimen organizado.

Robles Montoya llama hamponino o Nino el Sospechoso a Antonino Morales Toledo, senador por Morena y aspirante a relevar a Jara Cruz en 2028. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas en 2020, cuando era alcalde de San Blas Atempa, tras una investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En junio pasado, Robles Montoya llamó criminal al gobernador por sus presuntos nexos con grupos delincuenciales y lo señaló por financiar a lo mejor del huachicoleo: la campaña del PVEM para la capital.

En entrevista, Carlos Daniel Lara Juárez, del FPR, sostiene: hoy, Oaxaca es el claro ejemplo de que el crimen organizado es ya un poder político y económico legal, que impone a diputados locales, alcaldes, diputados federales y a un senador.

Alejandro Cruz, de OIDHO, señala que la presencia del crimen organizado y su penetración en las esferas de gobierno es inocultable y que, si hace una década había cierto control de la seguridad, ahora se diluyó. El estado está totalmente rebasado, el crimen organizado controla muchas cosas, incluyendo la cuestión política. Muchos presidentes municipales provienen del crimen organizado y nosotros no podemos ocultar eso.

El profesor Rogelio Vargas Garfias, de la Unión de Trabajadores de la Educación e integrante de la sección 22 del sindicato magisterial, afiliada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), señala, por su parte, que el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, tiene muy mala reputación. Fue alcalde de Juchitán, el municipio más violento e invadido por el crimen organizado.

Es, además –dice– socio del ex alcalde de San Blas Atempa, el senador Antonino Morales Toledo, que ahora es el representante del Senado ante el Corredor Interoceánico.

Bajo la administración de Montero Pérez, añade, el IEEPO es un instituto podrido. ¿De dónde sale el dinero para comprar consciencias? Pellizcándole al presupuesto, que debería destinarse a las escuelas.

En ese contexto, la inseguridad no cesa. Enero cerró con 69 asesinatos, el más reciente, el viernes 31, en el estacionamiento de un centro comercial, a siete calles de la alcaldía de la capital. Por otro lado, un grupo de 14 jóvenes que regresaba de vacaciones de Puerto Escondido continúa desaparecido desde el 7 de enero.

El año pasado hubo registro de mil siete asesinatos, 3.4 por ciento más que 2023, cuando llegaron a 970, una estadística que dejó fuera a Oaxaca de los cinco estados más seguros. Pero la versión oficial es distinta y en redes sociales el gobierno del estado paga campañas que ubican a Jara Cruz entre los mejores 10 gobernantes del país.

Todos los días hay reportes de homicidios, desapariciones, ejecuciones. Pero a la información y a las críticas de organizaciones, activistas y actores políticos por la inseguridad, la respuesta del gobernador y su secretario de Gobierno, José de Jesús Romero López, es la descalificación.

El miércoles 29 de enero, en una conferencia de seguridad, Romero López se quejó de la difusión de la protesta de la saxofonista María Elena Ríos, en la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum, el viernes 24 en Mitla.

Según el funcionario, existe una narrativa en contra de Jara Cruz que, “más lo de La Jornada, más algunos columnistas nacionales de paga –que conocemos bien que disparan para un lado, les decimos sicarios mediáticos, se dedican a eso– buscan crear un escenario artificial… la Presidenta se fue muy feliz de Oaxaca”.

Ese es el sello de la casa. Activistas y legisladores reprochan que, a cualquier inconformidad social y a los reclamos por falta de justicia ante desapariciones y feminicidios, la respuesta es una campaña de desprestigio desde el palacio de gobierno.

Ante las críticas, la consigna política es la persecución. Todo mundo se queja de la inseguridad, de los crímenes en las ocho regiones; todos los días hay señalamientos de corrupción, pero quien no habla en favor, inmediatamente es descalificado y sujeto a persecución política, a buscarle debajo de la tierra para atacarlo. Ojalá la presidenta Claudia Sheinbaum, con lo poquito que vio, se dé cuenta de esta preocupación, señala la diputada federal del PT, Margarita García García.

Describe que el ambiente en el estado es, al mismo tiempo, de enojo y miedo de levantar la voz. Se siente un Oaxaca infeliz y la pregunta es por qué los funcionarios se perdieron tan rápido y lo único que les interesa es el dinero, el saqueo, cómo enriquecerse.

La legisladora García García encabeza la asesoría jurídica para cientos de despedidos por un decreto del 12 de diciembre, que dejó sin empleo a mil 334 trabajadores del gobierno, acusados de aviadores o de ser priístas, y de los cuales ya fue restituida la mitad.

Este diario asistió el miércoles 29 de enero a una asamblea de cesados en la casa comunal Emiliano Zapata, en Xoxocotlán, donde algunos asistentes, incluso personas vulnerables y con enfermedades crónicas, revelaron que, al ser despedidos, de inmediato les retiraron la seguridad social. A invitación de la diputada petista, que calificó el cese masivo de atrocidad, los afectados tomaron el micrófono para contar sus historias.

No somos aviadores, somos de los que sí trabajaban. Fue muy baja la forma en que nos despidió este señor corrupto, que no tiene lealtad a su pueblo, resumió Mariela Amaya.

El ex trabajador José Ramírez narró que la notificación del despido se hizo por redes sociales. Nunca lo hicieron vía administrativa, ni siquiera por nuestros nombres, sino por número de empleado y plaza.

Lizeth Morales Cruz es madre soltera y sostuvo: “el gobierno de la ‘primavera oaxaqueña’ se dice humanista, pero no lo es. ¡La revocación de mandato en 2026 es un hecho para Jara Cruz! No tiene principios, no tiene valores, no es humano”.

Lloró cuando relató: mi papá dependía de mí y murió 15 días antes del decreto. Todo el duelo me lo he llevado en manifestaciones. No he tenido tiempo ni de extrañarlo.

A modo de cierre, los despedidos gritaron: ¡Revocación, revocación!

La medida contrasta con la política de colocar en cargos públicos y de la dirección estatal de Morena a familiares del gobernador y de sus funcionarios, fenómeno que no se había registrado en gobiernos pasados.

El partido en la entidad lo dirige su sobrino Emanuel Jara, mientras Shabín Jara –hijo del gobernador–, es el secretario de organización, el segundo cargo en importancia en la estructura morenista estatal.

La primavera oaxaqueña ha beneficiado a sus sobrinos Sheila Bolaños, Lourdes Bolaños, Irving López, Katia Bolaños y Benjamín Viveros, como titulares de Administración, IMSS Bienestar, Giras, Licencias y de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, respectivamente. Su hija Bxido Xishe Jara es secretaria de Pueblos Indígenas en la dirigencia nacional de Morena.

Crisis en el sistema de salud pública, evidente en el Hospital Civil y en el de la mujer y niñez

Es así que, el sistema de salud pública de Oaxaca está en crisis. La falta de insumos, médicos e incluso de agua son patentes en los dos principales centros de atención a la población más vulnerable del estado: el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso, que suspendió las cirugías programadas y no atiende ni las de emergencia, por falta de insumos y combustibles, y el Hospital de la Mujer y la Niñez Oaxaqueña, que carece de oncológicos para 140 menores de edad y redujo los partos de 30 a 10 al día.

Para este año, la Cámara de Diputados aprobó una reducción de 3 mil 226.8 millones de pesos del gasto federalizado para Oaxaca, respecto de 2024. Además, aplicó un recorte de 2 mil 848.4 millones al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, o sea una baja de 47.6 por ciento.

La disminución se explica porque los recursos irán a la operación del sistema de salud oaxaqueño al IMSS Bienestar en el estado.

Flavio Sosa Villavicencio, secretario de las Culturas, justificó así esta carencia: desde 2024, el gobierno federal pidió al estatal de Salomón Jara Cruz la transferencia de los hospitales. “Preparamos todo y le dijimos a la Federación: ‘te lo transferimos si, y solamente si, nos dices que mañana tú garantizas el abasto absoluto. Porque si no, vamos a tener la protesta’. Y entonces nos han dicho: ‘aguanten’. Y estamos aguantando, aguantando” …

Urgencias, con lo que haya

En ese limbo, explican directivos del Hospital Civil, es evidente el desabasto de medicamentos, insumos y equipamiento, no se ha nombrado nuevo director y las faltas son paliadas apenas con la contratación de empresas de lavandería, equipos de anestesia, e incluso material de osteosíntesis.

Todo es negocio, aseguran. En los servicios de urgencias no hay operaciones de neurocirugía o de traumatología, no cuentan con un cardiólogo y, de ocurrir un caso grave por infarto, no se podría atender porque no hay sala de hemodinamia en el nosocomio.

Las urgencias por traumatismo se tratan con lo que se puede, con lo que haya, explican médicos, que solicitaron preservar su identidad. Una vez estabilizado el paciente se puede pasar a la unidad de cuidados intensivos, pero los familiares deben comprar todo para su atención.

El hospital no tiene nada. A los familiares se les pide que compren todo: medicamentos de urgencias, antibióticos, analgésicos, dice uno de los testimonios.

Ante la emergencia, médicos y personal del Hospital de la Mujer decidieron un paro, pues a mediados de enero, el gobernador Jara Cruz les pidió siete días para resolver el problema y pasaron los siete días y no se ha respondido nada. El paro se extendió a los hospitales de Tuxtepec, Juchitán y de Salina Cruz que, según los médicos, sólo atienden las urgencias.

Carta al gobernador

El 29 de enero, médicos tratantes del Hospital de la Mujer y la Niñez Oaxaqueña –el único en el estado que atiende a niños con cáncer de la población sin seguridad social–, enviaron una carta al gobernador. Le recordaron que, en noviembre del año pasado, empezó un periodo de desabasto de medicamentos de empleo en el tratamiento de soporte para pacientes infantiles. De forma intermitente también escaseaban los insumos de quimioterapia.

La situación, explicaron en el documento, se agudizó desde diciembre. Al día del envío de la carta tenemos cuatro semanas en cero existencias de los siguientes medicamentos, con múltiples recetas no surtidas: mercaptopurina, metrotexate, citarabina, dexametasona, ondansetrón tabletas, pegaspargasa, vinblastina, dactinomicina, dacabarzina, gemcitabina e ifosfamida.

En su escrito, los médicos indicaron que se nos ha explicado que el desabasto es debido a la transición de nuestro hospital, de órgano público descentralizado a IMSS Bienestar.

Al documento se anexó la lista con los nombres de los 140 menores de 18 años, que son de población de un nivel socioeconómico bajón o paupérrimo, por lo que no les es posible costear por sus propios medios estos gastos.

En la conferencia del martes 28, el gobierno del estado sostuvo que el abasto es de 90 por ciento. Pero días antes, el director del Hospital de la Mujer, Ricardo Ríos López, fue expulsado del hospital por una asamblea de todo el personal. El gobernador lo sostuvo, con el argumento de que su salida es un capricho de los trabajadores. Como es usual cuando se difunde información que revela las deficiencias, atribuyó los reportes sobre el estado de los hospitales a nuestros detractores.

Médicos tratantes explicaron a este diario que desde la desaparición del Seguro Popular, se cancelaron los estudios de laboratorio para diagnóstico de leucemia y tumores, pruebas de citogenética –que en un laboratorio particular cuestan entre 8 mil y 10 mil pesos–, estudios de patología, radioterapia, rastreo de medicina nuclear. Tampoco hay resonancias magnéticas, porque el tomógrafo está descompuesto desde junio de 2024.

La mayoría de los estudios ahora los paga la asociación civil Casa de la Amistad y algunos medicamentos los proveen asociaciones como Con Causa, Nicuatole y Efecto Mariposa.

Actualmente el hospital atiende a 200 niños bajo tratamiento intensivo. Otros 450, que pasaron por esa fase, ahora están en vigilancia.

Agua contaminada

Por las lluvias del 20 de junio pasado, el hospital se inundó. El caudal con desechos contaminó el agua de dos cisternas y el pozo. Ante los reclamos de los médicos por la emergencia, Protección Civil del estado les recomendó: Pónganle más cloro.

La doctora Eugenia Pérez Pacheco, presidenta del Colegio Médico de Oaxaca Doctor Aurelio Valdivieso, informó en entrevista que, a siete meses de la inundación, el nosocomio trabaja a entre 20 y 30 por ciento de su capacidad porque hay áreas todavía contaminadas.

Necesitamos tener cultivos en las diferentes zonas del hospital para determinar que no tenemos ningún germen, que no albergamos ninguna bacteria, virus u hongos en las tuberías dañadas, dijo.

Pérez Pacheco definió la situación de salud de Oaxaca de grave. Tanto así que –comentó–, el sábado 25 viajó desde Tijuana el presidente de la Federación de Colegios Médicos, doctor Alfredo Renán González, para tratar de reunirse con directivos del Hospital Civil y realizar un recorrido. Nadie lo recibió.

En los meses recientes hemos documentado una carencia en el Hospital Civil, que se arrastraba desde hace tiempo, pero que se agudizó. Se han reportado al encargado del nosocomio las carencias en banco de sangre, los laboratorios y, por la presión y las publicaciones periodísticas, el gobernador ha subsanado algunas, pero no del todo.

Explicó que el Hospital Civil es el único que atiende a los pacientes de más escasos recursos de los 570 municipios del estado y que no tienen para comprar ni los medicamentos.

Declaró que el colegio a su cargo ha buscado reuniones para que el gobierno del estado permita que la Asociación de Hospitales Privados pueda colaborar con aportaciones, que permitan solventar la atención médica de los oaxaqueños.

Relató que algunas de las carencias de equipos médicos se han atendido, por ejemplo, con aparatos importados de China y los de medicamentos, con anestésicos para siete días, que aporta el gobierno del estado.

Fue lo que llegó al Hospital Civil, pero también se requiere una remodelación de la infraestructura, las camas son insuficientes y hay pacientes en camillas en los pasillos. Hay una lista de espera y un enfermo que llegue en ambulancia a las seis de la mañana es recibido hasta las dos de la tarde, informó.

Expuso que la transición de la Secretaría de Salud a IMSS-Bienestar derivó en un caos, el hospital no tenía para pagar a los proveedores, que se llevaron su equipo y hay desabasto hasta de agua.

–¿Es cierto que los médicos se lavan las manos con agua de garrafón, porque no hay en los grifos? –se le preguntó.

–Sí, es cierto.

El médico cirujano general Benjamín Homero Mayoral Mendoza informó que desde el 6 de enero están suspendidos los trasplantes, cirugías oncológicas y de traumatología, por falta de presupuesto.

Y esto lacera, por el impacto social que tiene, sobre todo en salud; y es una cuestión grave. Desde antes, la población de menos recursos compraba sus medicamentos y prótesis de traumatología, pero hoy ya no hay nada, reveló.

El mismo 6 de enero, la encargada de la Dirección del Hospital Civil, Roxanna Ríos Sánchez, envió un comunicado urgente a todo el personal, para informar la suspensión de cirugías programadas y de toda cirugía no urgente, pero añadió: Al no contar más con los insumos y combustible, se imposibilita la atención de toda urgencia quirúrgica, inclusive las obstétricas, que se referirán a la Red Obstétrica Metropolitana.

Además, por falta de diesel y gas LP, canceló la alimentación del personal médico y de enfermería, con la finalidad de optimizar los recursos para las dietas de los usuarios hospitalizados.

Se desbocan feminicidios y desapariciones en Oaxaca

Y es que, en los primeros dos años de gobierno de Salomón Jara Cruz, en la entidad se han incrementado los casos de desapariciones y feminicidios. De 2023 a enero pasado, en la entidad se han cometido 219 feminicidios y 788 mujeres están desaparecidas, según ha documentado la organización Consorcio Oaxaca, que da seguimiento a todos los casos, entre los cuales el más emblemático es el de la abogada y defensora de derechos humanos Sandra Estéfana Domínguez Martínez, cuyo rastro se perdió, junto con su pareja, el 4 de octubre, en San Juan Cotzocón.

Su desaparición estuvo precedida por dos hechos relacionados con Donato Vargas Jiménez, actual coordinador de delegados de Paz Social. La activista reveló en 2022 la existencia de los grupos de WhatsApp denominados Mega Peda y SierraXXX, en los que ese funcionario y otros compartían imágenes sexuales de mujeres mixes. Ella también acompañó a Aracely Cruz Jiménez en su denuncia de violencia familiar contra Vargas Jiménez, a quien acusó de haberle provocado dos abortos por golpes.

La respuesta de Jara Cruz y su gobierno fue pedirle a Donato Vargas separarse del cargo ocho o 15 días, revictimizar a Sandra Estéfana Domínguez y deslizar que su desaparición estaba relacionada con la presunta relación de su esposo, Alexander Hernández, con el crimen organizado.

Incluso, el gobernador declaró de su encargado de paz: “cualquier cosa que haga Donato, le pegan como piñata… Yo a él le reconozco su trabajo, su dedicación. Le traen muchas ganas, pero presenten la queja, háganlo si tienen algún agravio contra un ciudadano o ha cometido un delito, con mucho gusto. Pero yo le reconozco a Donato, es un compañero muy trabajador, muy dedicado, pocos como él”.

En mayo del año pasado, durante una caminata de migrantes, Vargas Jiménez ordenó a uno de sus agentes retirar al corresponsal de La Jornada, Jorge Pérez Alfonso, que cubría la caravana: ¡Sácame a ese güey, ya!

Como parte de sus excesos, en el estado se difundió un video de una borrachera, donde uno de sus acompañantes le da mezcal directo de una garrafa, mientras él estaba acostado en el piso. Luego bebió de una cerveza, que se le derramó en la camisa.

En seguimiento a la investigación de la desaparición de Sandra Estéfana Domínguez, el miércoles 29 de enero, fuerzas federales y estatales realizaron un operativo en la carretera federal 147, en el tramo Palomares-Tuxtepec-Veracruz, para tratar de detener a presuntos involucrados en la desaparición de la activista, que murieron en un enfrentamiento, al igual que un policía de investigación.

El 3 de febrero, en la conferencia de prensa del gobernador, la Fiscalía General del Estado insistió en la línea oficial respecto de que la desaparición está relacionada con crimen organizado e informó que el presunto líder de la célula que secuestró a Sandra, Artemio García Torres, murió en la confrontación.

José Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal del estado, expuso: las tres personas iban armadas con armas de grueso calibre, R-15 y AK-47. Hay un tema muy avanzado en la investigación y (para) dar con los responsables. Esta persona participó en los hechos, manifestó el fiscal José Bernardo Rodríguez Alamilla. Además, informó que se ejecutó una segunda orden de aprehensión contra “Esmeralda Mota Romero, una de las personas que también participó en estos eventos… está en prisión preventiva en (el penal de) Tanivet y es parte de las personas que tenemos directamente señaladas y acreditada su responsabilidad por estos hechos”.

Rodríguez Alamilla afirmó que la desaparición de la activista está relacionada con la actividad de una célula que opera en la región de la Cuenca, es un grupo local y tiene participación en más de una veintena de municipios del lado de Veracruz y del lado de Oaxaca… tenemos identificación de probables responsables, estamos en el proceso de saber si es netamente de una zona o tiene raíces más largas.

Según una tarjeta informativa de la fiscalía, Mata Romero fue detenida en un operativo en Santiago Yaveo, en la Cuenca del Papaloapan, y está presa en el penal de Tanivet.

Yésica Sánchez Maya, abogada y defensora de derechos humanos que sigue el caso de Sandra Estéfana Domínguez, sostuvo que todavía hay elementos finos que la fiscalía no comparte y que la postura de esa institución se acerca a reconocer que su desaparición está relacionada con su labor de activista.

En entrevista, Kisha Domínguez Martínez, hermana de Sandra, responde a La Jornada si es creíble la versión oficial del operativo del 29 de enero: “es difícil para nosotros porque, como en algún momento hemos dicho, si hablamos mal, también a nosotros nos pone en riesgo. Hemos sufrido amenazas, intimidaciones y nos toca ser muy cuidadosas en lo que decimos.

“Se ha evidenciado que las personas que hablan, alzan la voz, pues corren riesgo. Agradecemos al gobierno federal que haya tenido intervención, porque en este caso y en todas las desapariciones que están sucediendo, el gobierno estatal debería hacer su trabajo.

No nos queda más que confiar en su aparición con vida. No desestimamos su labor como activista y lo único que queremos es que nos la presenten con vida.

Su madre, Araceli Martínez, señaló: “soy como muchas mamás que están buscando a sus hijos. Es una angustia no poder dormir en las noches y despertar en la mañana, que no está mi hija; es un dolor tremendo. Ahora estoy de este lado. Mi hija antes andaba ahí diciendo: ‘vamos a luchar para que no desaparezcan más hijos’. Pero nunca pensé que en esta situación estuviera yo.

No deberíamos estar buscando a nuestros hijos, queremos su seguridad, que estén libres de ir aquí para allá, sin que les pase nada.

Las dos hermanas de Sandra cambiaron de hábitos y su madre les recomienda que, cuando salgan, se comuniquen constantemente.

La situación que vivimos es algo difícil para nosotros, cambiar de hábitos, pero es lo mejor. Oaxaca ya no es un estado seguro como lo pintan y aunque hemos visto que el turismo ha crecido, muchas cosas se han roto: el sistema de salud y de justicia, el despido de los trabajadores. Ya no es el estado que recuerdo de hace cinco años, hoy está totalmente hundido en la violencia. Es lamentable que digan que no, expresó Kisha Domínguez.

–El gobernador les había dado su número de teléfono, ¿alguna vez les respondió?

–No, ya no hubo respuesta. En el plantón de noviembre frente al palacio de gobierno, lo último que nos dijeron funcionarios fue oye, el gobernador pregunta si este es su número, cuando ellos tienen mi número. Pero se acercaron sólo para la foto y poder argumentar te estoy atendiendo. Y lo primero que nos preguntaron en el plantón fue cuándo nos íbamos a retirar.

Al respecto, Araceli Martínez relató que distintas personas y funcionarios les exigían: ya retírense, se ven mal. Pero, acotó, no estaba ahí por gusto, pero gracias a Dios mucha gente nos apoyó, Sol Rojo, Consorcio y los artesanos, pintores, la Comedora Comunitaria.

La abogada, activista y defensora de derechos humanos Yésica Sánchez Maya describió que Salomón Jara busca legitimarse con un discurso como el mejor gobernador del mundo y su narrativa va en ese sentido, negar la violencia e inventarse un mundo color de rosa, de primavera, y en lugar de asumir que llegó a un estado con una gran crisis de derechos humanos, que ya se avizoraba la crisis de salud, se encapsuló en una burbuja y es incapaz de una autocrítica.

Contó que, a Consorcio Oaxaca, que conduce, comenzaron a llegar casos muy delicados que involucran funcionarios del gobierno. No son los únicos, pero son asuntos que interpelan al estado en la política de tolerancia cero de violencia contra las mujeres dentro del gabinete. ¿Y cuál es la respuesta de Jara? Alegar inocencia, justificar y generar un nivel de deslegitimación de las mujeres que denunciaron violencia. En este punto se refirió a Donato Vargas, el primer caso público de sexualización de las mujeres mixes, “escándalo que tuvo su auge y se contuvo, pero cuando su ex pareja Araceli Cruz denuncia violencia familiar y las atrocidades de Donato, los excesos de un grupo de amistades y de trabajo, el gobernador dijo que ‘Donato es un buen trabajador’. Esa fue toda la respuesta, muy lamentable, porque el mensaje fue: ‘me vale, las mujeres mienten y los hombres y los violentadores son buena onda, y como ópera para mí, los voy a proteger’.

Ese mensaje destruyó la imagen de un gobierno de izquierda en favor de las mujeres.

Contó que, a cada denuncia, la respuesta es que sólo se busca dañar la imagen y a la transformación, y que a las mujeres alguien las manda para afectarlo.

“Y lo que digo es: ¿a quién le afecta esa realidad? Al gobernador no. En realidad, le afecta a cada familia que ha perdido a una mujer en víctima feminista. Le afecta al tejido social, que pierde y genera condiciones de inestabilidad por las desapariciones.

“Hemos presentado los datos, las cifras y la respuesta es ‘tienen un objetivo’ Piensa que todo es para dañarlo. ¿Para qué sirve un mapa y una radiografía de feminicidios? Para definir zonas, presupuesto y política pública, pero él no lo ve así, al sentirse interpelado, se pone a la defensiva y todo mundo es su enemigo”.

Oaxaca, el estado más peligroso para organizaciones sociales y activistas

Por otra parte, la persecución, el hostigamiento y las amenazas a periodistas, defensores de derechos humanos y de la tierra, a activistas y organizaciones sociales, campean en Oaxaca. Es una política que convierte al estado en el más peligroso para sus actividades. Tan sólo desde 2018, documenta el proyecto Alas y Raíces, 58 personas defensoras han sido asesinadas y otras seis están desaparecidas.

Mientras crece la inconformidad social, el secretario de las Culturas, Flavio Sosa Villavicencio –uno de los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006, encarcelado dos años después de ser acusado de los delitos de asociación delictuosa, sedición y daño–, defiende las cifras oficiales de un descenso de los índices de criminalidad.

Sin embargo, reconoce: el estilo poco complaciente del gobernador, en sus declaraciones hacia sus adversarios, nos coloca en una situación de choque, hay que decirlo, y eso genera una reacción.

En entrevistas por separado, maestros y representantes de organizaciones advierten el riesgo de que el discurso y la política del gobernador Salomón Jara Cruz en contra de las organizaciones se endurezca y dé un manotazo. Resaltan, además, que su postura de desconocer a los movimientos sociales es una contradicción histórica para quien, desde la Unión Campesina Democrática, encabezó marchas y plantones.

Salomón Jara es vengativo y autócrata. Un viejo militante de la UCD no puede estar ciego y sordo, su principal problema es la ingobernabilidad; han crecido enormemente al narcotráfico y la violencia, describe el profesor Rogelio Vargas Garfias, de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), surgida en 1979.

El maestro sostiene que una estrategia central de Jara Cruz para impedir la oposición social es dividir y desconocer a las organizaciones. Hay algunas que ya están alineadas, resalta.

–¿Busca la desmovilización?

–Sí, claro. Hoy, por ejemplo, la sección 22 no tiene una propuesta de ley estatal ni tampoco una posición respecto de la expulsión de migrantes. Yo le planteé al gobernador qué opina de una nueva ley, y la respuesta fue nada, no me interesa. ¿Para qué confrontarnos?

El profesor refiere que en el estado comienza a articularse un movimiento, que si bien está aparentemente aislado, se ve fuerte y prefigura como una de sus demandas sociales, la renuncia de Jara, la revocación del mandato.

La Unidad Anticapitalista de Pueblos Organizados de Oaxaca (UNAPO), recientemente surgida, ya ha comenzado a tomar posturas, como ocurrió ante el asesinato de Arnoldo Nicolás Romero, comisario de bienes ejidales de Buena Vista Mixe, San Guichicovi, y militante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).

El crimen fue repudiado en una postura conjunta de organizaciones agrupadas en la UNAPO, en la cual resaltaron cómo la situación de conflictividad y violencia en la región es producto de la imposición del proyecto interoceánico del Istmo de Tehuantepec y exigieron una investigación expedita del crimen.

Carlos Beas Torres, líder de UCIZONI, confirmó que ha surgido un movimiento creciente que participará para conseguir la revocación de mandato de Jara Cruz en 2026.

“Y eso también provoca una narrativa, muchas veces muy mal hecha, del gobierno del estado para asegurar que las cosas están mejorando y se adjudica grandes obras como la carretera del Istmo, que fue desarrollada con fondos federales. Se cuelga medallitas que no le corresponden.

Oaxaca sigue siendo el estado en el que hay mayor cantidad de ataques a los defensores de derechos humanos y territoriales. En el caso de UCIZONI, 24 compañeros están acusados de delitos completamente irreversibles: para obligarlos a entregar sus terrenos, a cambio de una miseria, se les criminaliza por personas que supuestamente poseen terrenos en derechos de vía. Les quieren dar migajas. Eso es muy agresivo.

Advierte que hay un manejo muy autoritario hacia el malestar social. Se acusa al secretario de Gobierno (Jesús Romero) de ser alumno de Ulises Ruiz.

A través de su proyecto Alas y Raíces, la organización Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) lleva el recuento de defensores de derechos humanos perseguidos, presentado en vísperas de la conmemoración de los Fieles Difuntos.

De 225 personas defensoras asesinadas en México entre 2018 y 2025, 58 eran de Oaxaca; 27 en la Mixteca, 11 en la Costa, nueve en la Sierra Sur, siete en el Istmo, dos en Valles Centrales y dos en la Cuenca, señala el reporte en su página en Internet.

Marcos Leyva, defensor de derechos humanos e integrante de Educa, resalta que el seguimiento de agresiones incluye nombres y luchas de los defensores, en razón de que no son sólo un número, sino una lucha concreta por la que fueron asesinados o agredidos.

La base de datos es de consulta libre. Una de nuestras conclusiones es que los derechos que más se están violentando son los políticos, y a la organización y defensa de tierra y territorio. Otra vez la derecha política comienza a tener acciones y posturas de gravedad, como en los años 70 y 80 del siglo pasado. Hay además una criminalización de las organizaciones que no compaginan políticamente con el gobierno y un alto índice de impunidad de las agresiones que ejerce la clase política.

Sin embargo, añade, el hecho de que Jara Cruz no reconozca el papel de organizaciones sociales y comunitarias, es también desconocer su propia historia. Hace mucho daño que se asuman como hegemonía política, porque eso no permite impulsar un proceso de gobernabilidad, con actores sociales y políticos que no son parte de la estructura de su partido.

–¿Y este fenómeno podría tender hacia un endurecimiento? ¿O hay prudencia?

–No, la tendencia es que puede haber un endurecimiento, porque si no hay los canales propicios para generar las condiciones de gobernabilidad, eso puede estallar en cualquier momento. Es importante generar el diálogo.

–¿Puede haber un manotazo?

–Exacto.

Flavio Sosa Villavicencio sostiene que las críticas a Jara provienen “del viejo régimen que se niega a morir y es lógico que en un estado tan complejo encontremos casos de agresiones, injusticias, crímenes que no se han esclarecido, pero no se puede hablar de un gobierno que mata opositores, de un gobierno juvenicida, que usa la policía para la represión, alejado de los pueblos y comunidades”.

Además, anticipa: el próximo año habrá una revocación de mandato y es su gran posibilidad del gobernador de demostrar a sus adversarios que, en la nueva elección, se ganará la gubernatura.

Sin embargo, José Álvaro Carrillo y Carlos Daniel Lara Juárez, del Frente Popular Revolucionario, consideran que hay una estrategia desde el gobierno del estado para desmantelar a la oposición.

Lara Juárez refiere que en el estado prevalece “un descontento social, que proviene de sectores no organizados como los pobladores de Xoxocotlán y San Antonio de la Cal, que se oponen al basurero, pero la represión no viene del gobierno, sino de sus grupos de choque, de su brazo ilegal. No hay una ‘primavera oaxaqueña’, sino un invierno oaxaqueño. En enero se cometieron 69 asesinatos y no se puede hablar que la primavera florezca con 69 familias desamparadas”.

Carrillo agrega que hay un ataque permanente a las organizaciones sociales y quienes muestran una conducta contraria al discurso oficial, incluidos periodistas. Hay un seguimiento permanente a las organizaciones y una división orquestada contra el proceso comunitario, resalta.

La campaña oficial promulga dialogo, no bloqueo, porque les preocupa el movimiento popular, comienza a haber un hartazgo social, resume.

Alejandro Cruz, de la Organización India por los Derechos Humanos de Oaxaca, conviene que hay malestar social ante muchas cosas. Hay reacciones aisladas, pero vendrán más de carácter organizado. Los cambios provienen siempre del movimiento social organizado.

Con grupos de choque imponen basurero a pobladores en Oaxaca

En tanto, sin consulta previa y con el uso de grupos de choque de la denominada CATEM Joven, que controlan los hermanos Juan Yavhé e Iván Luis Villaseca, el gobierno de Salomón Jara comenzó la construcción de un basurero regional en un terreno de tres hectáreas en la colonia Jerusalén, en Santa Cruz Xoxocotlán. Pretende que ahí se disponga el manejo de 850 toneladas de desechos al día generados por ese municipio, la capital oaxaqueña y Santa Lucía del Camino.

La promesa a los vecinos es que será un basurero como el del río Hudson, de Nueva York, aunque no se les precisa en qué sentido ni a qué vertedero se refieren.

Ante obras, los vecinos mantienen sus protestas. La más reciente fue realizada el viernes 7 pasado, porque en la zona hay tres pozos de agua potable, alrededor hay escuelas, una clínica del IMSS-Bienestar, el bosque de El Tequio –que colinda con el aeropuerto– está a 600 metros, todavía hay asentamientos de cartón y madera, lotes en venta e incluso sembradíos de alfalfa y maíz, y habita fauna de la región.

La vivienda más cercana al basurero está a 40 metros y el río Atoyac –que sólo lleva aguas negras– está a 200 metros. Además del riesgo de contaminación del suelo y el aire, otra preocupación de la comunidad es qué ocurrirá si, en la temporada de lluvias, el río se desborda y se inunda la planta.

Además, se busca edificar junto al basurero un hospital oncológico, un albergue del DIF y un parque. Se trata, resumen los vecinos, de un asunto de salud pública y defienden su legítima preocupación por el proyecto, por los efectos negativos a la comunidad.

Los integrantes del comité vecinal de la colonia Jerusalén se enteraron de que las excavaciones iniciadas en 2024 eran para cimentar el proyecto, porque al ex alcalde Vicente Castellanos “se le salió y nos dijo ‘quieren poner un basurero, yo no di la autorización’. Quien autorizó fue la actual alcaldesa, Nancy Benítez, de Morena”.

El 14 de enero pasado, ante la continuidad de las obras, la comunidad bloqueó la avenida Símbolos Patrios, pero fueron reprimidos por grupos de choque de Catem Joven. Aunque estaban encapuchados, los vecinos reconocieron a Juan Yavhé e Iván Luis Villaseca entre quienes organizaron a taxistas, moto taxistas y conductores de camiones de volteo para el desalojo violento.

Incluso mujeres y niños fueron golpeados; los transportistas robaron cámaras de los negocios cercanos y sustrajeron las memorias de las computadoras; la policía no intervino y una patrulla de la Guardia Nacional pasó sin detenerse.

El sábado 25 de enero, en una reunión con funcionarios encabezados por Diego Humberto Ramos, conciliador de la Secretaría de Gobierno, se expuso la forma violenta en que se trató a los manifestantes. La respuesta que les dieron fue que así son, son una mafia, nosotros no los contratamos, sino la empresa.

Más aún, es Luis Villaseca quien acude a las reuniones con los funcionarios, y el 29 de enero, en un diálogo en la comunidad a la que asistieron Ramos, ingenieros y representantes de la empresa contratista, se presentó el líder de CATEM Joven.

En el encuentro del 25 de enero, se exigió al menos una disculpa pública porque, aseguran, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, deslizó que detrás de la movilización había un grupo guerrillero. Ramos contestó que veía difícil una declaración oficial de ese tipo porque Romero López no dio nombres.

Los habitantes documentaron la agresión y tienen fotografías de Iván Luis Villaseca en el recorrido del 29 de enero. Desde la agresión, cuatro personas en motocicletas vigilan el predio cercado con valla ciclónica. Nos tienen amenazados, indicó una de las vecinas.

Recordaron cómo los hermanos Villaseca asistieron a la toma de posesión del alcalde de la capital, Raymundo Chagoya, el primero de enero pasado y contaron que uno de los participantes en el desalojo del 14 de enero, Caleb Rodríguez Ortega, fue asesinado tan sólo cuatro días después en el estacionamiento de un Office Depot cercano.

Aunque han preguntado, a los habitantes de Xoxocotlán y San Antonio de la Cal no se les ha respondido qué compañía lleva a cabo la obra. Lo que sí han confirmado es que no hay un proyecto ejecutivo, y que el diseño y las especificaciones han sido modificadas.

El jueves 30 de enero, un grupo de personas fue llevado a la Ciudad de México para conocer el centro de reciclaje de Azcapotzalco, pues se les planteó un modelo similar, pero al día siguiente se les informó que había otro proyecto basado en el reciclaje de la empresa privada Ecotec, en Tamaulipas.

El gobierno de Salomón Jara niega que se trate de un basurero, lo define de centro de reciclaje, donde se separarán los residuos, serán aislados y transportados a San Pedro Totolapan, donde se planea un tiradero con un costo de 600 millones de pesos.

Al inicio del gobierno se buscó construir el basurero en la zona arqueológica de Mitla, pero el proyecto fue rechazado por la población. La postura del gobierno estatal es que ahora no habrá marcha atrás en el tiradero y justificó el desalojo por la CATEM Joven con el argumento de que el sindicato transportista tiene derecho a seguir trabajando.

El proyecto va, eso es definitivo, no hay intención de cambiarlo de lugar, porque no va a contaminar y cumple con los estándares internacionales, justificó el mismo 14 de enero el secretario de Gobierno. En efecto, la obra no se ha detenido y continúan los trabajos con maquinaria pesada. El lunes 3 de enero un camión que transportaba una aplanadora causó un apagón.

En su ir y venir para tratar de frenar la obra, los vecinos se presentaron el 13 de enero a las oficinas del alcalde de San Antonio de la Cal, Porfirio Santos Matías, quien se escondió, cerró la puerta del despacho, apagó las luces y salió por una puerta lateral. Los policías municipales tomaron fotos a las personas y les ordenaron desalojar.

Recuerdan que durante el trayecto de regreso a su colonia fueron seguidos de cerca por una patrulla municipal y una motocicleta.

Nuevamente, el 5 de febrero, enviaron al alcalde un acta de asamblea de la integración del comité vecinal de la tercera sección, La Soledad, para convocarlo a una reunión, pero Santos Matías desconoció de manera íntegra al comité y sostuvo que sólo reconoce a Primitivo López Reyes, quien se autonombró representante comunal y respalda el proyecto.

Integrantes de los comités de las colonias afectadas solicitaron medidas cautelares ante la amenaza permanente, pero la respuesta de la defensoría del estado fue que no ha lugar a otorgarlas, porque no existe riesgo real de agresión.

Crisis de agua

La capital del estado y su zona conurbada padecen también escasez de agua. Las colonias aledañas al centro histórico reciben el líquido por tandeos mensuales y el abasto es a través de pipas, que ya se han vuelto parte del paisaje oaxaqueño y cobran entre mil 500 y 10 mil pesos por 10 mil litros.

La escasez agravó el costo del servicio, que el año pasado era de 100 pesos por pipa. Se trata de un negocio no regulado y el agua se extrae de pozos o se trae de San Agustín Etla y el manejo es opaco, señala el regidor del ayuntamiento de la capital Martín Vázquez.

El río Atoyac nace en Telixtlahuaca, pasa por Huitzo y San Jacinto Amilpas. Aunque antes surtía de líquido a Oaxaca, hoy sólo lleva aguas negras que van a desembocar en la costa, cerca del Río Grande, rumbo a Pinotepa Nacional.

La administración del suministro está a cargo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, que depende del gobierno del estado, aun cuando se trata de un asunto municipal.

Eso sí, desde ahora el sistema ofrece a sus usuarios descuentos de hasta 100 por ciento a los usuarios al corriente en sus pagos.

Pide PT a dirigencia de Morena revisar acciones del gobierno de Jara

Por su parte, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados consideró que la dirigencia nacional de Morena debe tener interés en revisar la actuación del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

A Jara Cruz “se le complica ser diferente. Si hiciéramos una medición, saldría más repudiado que los gobernadores del PRI”, dijo el coordinador de la bancada petista, Reginaldo Sandoval, en una conferencia de prensa con sus compañeras Margarita García y Aracely Cruz Jiménez, quien fue violentada por su ex pareja Donato Vargas, actual coordinador los Delegados de Paz de la administración estatal.

En la conferencia en el vestíbulo de la Cámara de Diputados, Cruz Jiménez –diputada federal por la tercera circunscripción- levantó una pancarta en la que se leía “No a la persecución política ni a la violencia de género en Oaxaca”.

La ahora diputada federal recibió el acompañamiento -en su denuncia por violencia contra Donato Vargas-, de Sandra Domínguez, desaparecida desde el 4 de octubre del año pasado.

Ante el decretazo del 12 de diciembre, que definió el despido masivo de mil 344 trabajadores, Reginaldo Sandoval sostuvo que una medida de ese tipo, que deja en el desamparo a cientos de familias, “no se le ocurriría ni a un gobernador del PRI”.

Agregó: “se supone que Jara tiene una formación de izquierda, y entonces la pregunta es ¿por qué hace estas acciones inexplicables? ¿Por qué no corrige el error? Es una acción verdaderamente irresponsable, que no es de la 4T, y ahí los de Morena deberían estarse preguntando. El pueblo de Oaxaca al que admiramos no ha sido correspondido”.

Sostuvo que el despido de diciembre se explica porque el gobernador pretendía tomar el control del sindicato de trabajadores en la entidad. “Impone su razón pisoteando los derechos de los trabajadores.

Es cruel lo que está haciendo. No es una acción de la 4T. Lo invitamos a que reconsidere y recapacite”, agregó.

La bancada expresó su respaldo a Margarita García, quien denunció que, a partir de su decisión de asesorar a los trabajadores despedidos, ha sido objeto de agresiones e intimidaciones de carácter político por parte del gobierno de Jara.

“Pero no me voy a detener ni dar un paso atrás, a pesar de que soy perseguida política. No me dejaré, lucharé porque a las mujeres se nos permita levantar la voz”, declaró.

Refirió que se quiso descalificar su participación en el caso, porque sus dos hijos están entre los despedidos, pero acotó que no le interesa la reinstalación de ellos, sino la de cientos de personas que se quedaron incluso sin seguridad social.

“Tenía medidas cautelares, por la agresión del 28 de diciembre de hace dos años y, aún así, el secretario de Gobierno (Jesús Romero López) instruyó para que me quitaran las medidas. Me dedicaron conferencias mañaneras completas, con declaraciones vulgares, de tipos misóginos y machistas.

Responsabilizo al secretario de Gobierno y al jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, de cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia”.

Margarita García informó que, en la reunión plenaria de la bancada el 31 de enero en la Cámara de Diputados, se les planteó a los secretarios de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch, las preocupaciones del PT por el asunto laboral y el de seguridad en el estado.

Refirió que, de manera paralela a la conferencia, trabajadores despedidos se instalaron en plantón frente al Palacio de Gobierno en la capital oaxaqueña.

Absuelven a secuestradores que pidieron apoyo del Ejecutivo estatal en redes

En otro sentido, desde la cárcel de Miahuatlán y en mensajes publicados en su cuenta de Facebook, Olegario Bautista Benítez pedía al gobernador Salomón Jara Cruz su apoyo para acelerar su apelación a la sentencia de 82 años de prisión por el secuestro y asesinato del doctor Jesús Alfonso Cárdenas Payán, que cometió en noviembre de 2011 junto con Rosario Cervantes Rangel y Merari Méndez Hernández.

Ahora, por una decisión que desestimó las pruebas del caso, el juez segundo para la conclusión de asuntos penales tradicionales del estado, Guadalupe Lucas Figueroa Robledos, absolvió a las tres personas. La familia del médico e integrante de la sección 22 considera el fallo no sólo injusto, sino de riesgo para ellos, por los antecedentes de los secuestradores, si son liberados.

La decisión de Figueroa Robledos fue impugnada por el Ministerio Público y el caso se encuentra en la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. La esposa y los hijos del doctor Cárdenas Payán entregaron a la presidenta Claudia Sheinbaum una carta, en la gira que realizó por Mitla el 24 de enero, donde le piden ayuda, ante el riesgo de que se concrete la libertad de Bautista, Cervantes y Méndez Hernández.

En el escrito, Elisa Machado y su hija Patricia Cárdenas señalan que, a pesar de las pruebas incriminatorias y la confesión de culpabilidad de Méndez Hernández, en abril del año pasado fueron absueltos extrañamente de los cargos; sin embargo, nosotros como víctimas indirectas no fuimos notificados en ningún momento ni del proceso de apelación ni de la sentencia absolutoria dictada por Figueroa Robledos.

Familiares temen por su vida

Además, suplican: en nombre de mi familia, en la memoria de mi marido y la sociedad que peligra al dejar en libertad a dichos criminales, ya que mi marido fue uno en su lista de víctimas de estas personas, pedimos nos apoye con asesoría legal y urgente, y audiencias con personas que nos permitan conseguir la justicia que nos han quitado.

Elisa Machado y sus hijas Elisa y Patricia señalaron, en entrevista con este diario, que el juez emitió su decisión el 2 de abril de 2024 y maniobró para retrasar la notificación, con objeto de no darles margen a apelar.

Si bien el Ministerio Público presentó la apelación el 29 de abril, dejó sin defensa a la familia, porque no recibieron la notificación formal de la orden de liberación, porque se les dejó en el buzón de su domicilio.

El expediente penal 78/2012 –compuesto por cuatro tomos y 3 mil 692 fojas útiles– está a revisión en la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, a cargo de los magistrados Alba Osorio Velasco y Javier García Pérez, así como del juez Alfredo Bautista Manuel.

El médico Cárdenas Payán era, además, integrante de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que a su vez también exige justicia y que se mantenga la sentencia a los culpables por la desaparición y asesinato de nuestro compañero.

En el expediente, además de las pruebas testimoniales –Patricia Cárdenas reconoció a dos de los implicados que acudieron a cobrar el rescate de 160 mil pesos– existían pruebas físicas del secuestro y asesinato del médico.

Las huellas de ejecutor

El Ministerio Público preservó la cinta canela con la que Cárdenas Payán fue inmovilizado y donde encontró las huellas dactilares de Olegario Bautista. También se recogieron huellas en las esposas con las que fue maniatado, pero la familia no fue informada a quién pertenecían.

La motoneta Honda en la que el doctor se movilizaba fue hallada en la casa de Rosario Cervantes, quien había sido madrina de agentes judiciales, e incluso Merari Méndez reconoció que ella planeó el secuestro, cuidó al médico y recogió el dinero del rescate.

Más aún, identificó el lugar donde lo mantuvieron retenido del 9 al 15 de noviembre de 2011, donde Merari Méndez lo asesinó, y hasta el domicilio de un taxista que les facilitó el automóvil Tsuru en el que trasladaron el cuerpo, envuelto en una cobija.

La empresa de telefonía móvil facilitó los números y horas de las llamadas para exigir el pago del rescate, y el banco entregó copias de los retiros de las tarjetas de Cárdenas Payán, que fue torturado –como se comprueba en el expediente– para revelar el sitio y el monto del dinero que tenía en su casa.

En el dictamen forense se determinó que la muerte del doctor fue por asfixia y policontusión por tortura.

Rosario Cervantes aseguró en sus declaraciones ministeriales que la motoneta estaba en su casa porque una mujer se la dio en pago por una deuda, y que unos borrachitos la habían ayudado a meterla a su domicilio.

Sin embargo, en su sentencia absolutoria, el juez Figueroa Robledos determinó que la confesión de Merari Méndez se obtuvo cuando estaba sujeto a arraigo, figura que –adujo– aplica sólo para señalados por delitos de delincuencia organizada.

Olegario Bautista alegó que fue torturado para confesar el crimen. En su resolución, el juez sostuvo que las pruebas fueron obtenidas sin respetarse los lineamientos constitucionales y que las excluía por ilícitas y por lógica no se les puede otorgar valor probatorio alguno.

Alegó además que las declaraciones se obtuvieron mediante coacción y violencia, porque Bautista estaba sujeto al arraigo.

La familia acudió el jueves 6 de febrero ante el Ministerio Público que interpuso la apelación y fue informada que, hasta ahora, se desechan las pruebas por haber confesado bajo arraigo.

Sin embargo, la presidenta de la tercera sala penal, Berenice Ramírez, podría tener la consideración de aceptar como prueba la declaración, porque en el año que se obtuvo todavía no entraba en vigor la jurisprudencia que impide tomarlas bajo arraigo.

La esposa y las hijas de Cárdenas Payán detectaron que, hasta el 8 de diciembre, Olegario Bautista disponía de un teléfono móvil y desde ahí enviaba mensajes de corte religioso y de ayuda espiritual, con citas bíblicas, para otros presos.

El 28 de julio de 2023 escribió un mensaje dirigido a Salomón Jara: “le solicito me apoye, en la medida de sus posibilidades, para que en este sistema de justicia lento, obsoleto y corrupto (humano, finalmente) con el que hasta ahora contamos en Oaxaca, el proceso que afronto pueda fluir con mayor agilidad. Y así, de manera pronta y expedita, se le dé resolución definitiva a mi situación jurídica. Sea cual fuere el resultado…”

Elisa Machado expresa su preocupación porque, ante la denuncia pública que han hecho por la actuación de Figueroa Robledos, este juez vaya a tomar represalias en contra de la familia. Ya tuve una tragedia en mi vida. No quiero tener otra, pero yo le digo a mis hijos que no tengan miedo. El miedo ya lo tuvimos.

La familia no sólo tiene indignación porque María del Rosario Cervantes, Merari Méndez y Olegario Bautista salgan libres, sino también temen porque los tres conocen su domicilio. El rescate fue cobrado a unas calles de su casa.

El dinero, según confesó Merari Méndez, se lo gastaron en una borrachera.