Comunidades de Atatlahuca reclaman justicia
*A cinco años de agresiones y exilio
Oaxaca, Oaxaca, Jueves 22 de Octubre, 2026, (Fuente: Agencia Zona Roja).- A cinco años de ataques armados, incendio de viviendas, destierro y asesinatos, comunidades del municipio de San Esteban Atatlahuca, del distrito de Tlaxiaco, región Mixteca de Oaxaca, reiteraron su exigencia de justicia.
Se trata de las localidades de Guerrero Grande, Ndoyonuyuji y Mier y Terán, quienes continúan demandando verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
“Lo ocurrido, los días 21, 22 y 23 de octubre, no puede entenderse únicamente como un conflicto agrario. Es también una crisis de derechos humanos, desplazamiento forzado interno, violencia contra quienes defienden el territorio y una profunda afectación a la vida comunitaria de nuestros pueblos indígenas.
“Durante aquellos días de violencia, dos personas fueron asesinadas, cuatro fueron desaparecidas, más de 150 viviendas fueron quemadas y alrededor de 30 familias fueron desplazadas de su territorio.
“Familias que perdieron sus hogares, sus bienes, sus medios de subsistencia y parte fundamental de su vida comunitaria. Algunas continúan enfrentando las consecuencias del desplazamiento y la imposibilidad de regresar en condiciones seguras y dignas.
“Detrás de estas cifras hay personas, familias, niñas, niños, mujeres, personas mayores y comunidades enteras cuyo derecho a vivir en paz continúa vulnerado”, expusieron en un comunicado.
Reclamaron que, a cinco años de los ataques, las consecuencias siguen presentes.
Las familias desplazadas continúan enfrentando la pérdida de sus viviendas, la ruptura de sus redes comunitarias, las afectaciones a su salud física y emocional y la incertidumbre sobre su futuro. “No basta con reconocer que fueron víctimas de la violencia: es indispensable garantizar condiciones reales para la restitución de sus derechos”.
En Ndoyonuyuji, las familias desplazadas continúan esperando condiciones que permitan el retorno seguro, digno y voluntario, así como la recuperación de sus viviendas, su territorio y su vida comunitaria.
En Guerrero Grande, la reconstrucción impulsada por las propias familias demuestra su resistencia y voluntad de seguir viviendo como pueblo; sin embargo, el esfuerzo comunitario no exime al Estado de sus obligaciones de atención, protección y reparación.
En Mier y Terán persisten exigencias relacionadas con el reconocimiento de sus autoridades, el acceso efectivo a los recursos públicos y la atención de las necesidades de la comunidad.
“La atención institucional no puede limitarse a acciones aisladas ni depender exclusivamente de la capacidad de resistencia de las víctimas. La reparación integral debe contemplar, según corresponda, restitución de derechos y bienes, reconstrucción de viviendas, atención médica y psicosocial, recuperación de los medios de vida, acceso a la justicia y medidas que impidan la repetición de estos hechos”, señalaron.
Expusieron sus demandas:
1. Verdad y justicia. Investigaciones diligentes, exhaustivas e imparciales sobre los asesinatos, las desapariciones, la quema de viviendas, el desplazamiento y las amenazas, con esclarecimiento de responsabilidades y acceso efectivo de las víctimas a la justicia.
2. Reparación integral del daño. Medidas adecuadas para las víctimas y sus familias, incluyendo restitución de derechos, reconstrucción de viviendas, atención física y psicosocial, recuperación de medios de vida y reparación de las afectaciones individuales y colectivas.
3. Retorno seguro, digno y voluntario. Condiciones efectivas de seguridad, vivienda, servicios básicos y recuperación de la vida comunitaria para las familias desplazadas, sin obligarlas a regresar mientras persistan riesgos.
4. Protección de las personas defensoras. Medidas eficaces de prevención y protección para quienes defienden el bosque, el agua, el territorio y los derechos humanos, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
5. Respeto a los derechos colectivos. Atención del conflicto agrario con apego al Convenio 169 de la OIT, la Constitución mexicana y los demás instrumentos aplicables, reconociendo la relación histórica de los pueblos con sus territorios y sus formas propias de organización.
6. Reconocimiento y acceso a recursos públicos. Revisión transparente de las gestiones de los ramos 28 y 33, atención de las situaciones de acreditación de las autoridades comunitarias y eliminación de barreras administrativas injustificadas.
7. Una mesa interinstitucional de atención. Solicitamos que las autoridades competentes federales y estatales instalen una mesa formal de trabajo con la participación de Guerrero Grande, Ndoyonuyuji y Mier y Terán, con acuerdos escritos, responsables institucionales, plazos de cumplimiento y mecanismos de seguimiento. Esta mesa debe atender de manera integral los aspectos agrarios, jurídicos, presupuestarios, de seguridad, salud, vivienda, desplazamiento y protección ambiental.
8. Garantías de no repetición. Acciones concretas para evitar nuevas agresiones, combatir la impunidad y asegurar que ninguna comunidad tenga que abandonar su territorio por defender sus derechos.
