Se suman más a la defensa de playas de Puerto Escondido
Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 21 de Octubre, 2026, (Fuente: Octavio Vélez Ascencio / Facebook: Oaxaca Noticias).- La Asociación de Arquitectos e Ingenieros de Puerto Escondido (AAIPE) se sumó a la defensa de las playas y presentó un escrito de amicus curiae, o amigo de la corte, ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, para respaldar los juicios de amparo promovidos contra la contaminación del mar y las deficiencias del sistema de saneamiento de este destino turístico.
El documento, acompañado de firmas de apoyo ciudadano, está dirigido al juez que conoce de los amparos acumulados 718/2026, 719/2026 y 720/2026, donde se busca que las autoridades federales, estatales y municipales asuman sus responsabilidades frente a las descargas de aguas residuales que afectan las playas.
La participación de los arquitectos e ingenieros representa un nuevo paso en un conflicto que comenzó con las denuncias de habitantes por los derrames de aguas negras y que ahora reúne a distintos sectores de Puerto Escondido en una exigencia común, la recuperación de las condiciones sanitarias de sus playas.
En su escrito, AAIPE sostuvo que las deficiencias en el mantenimiento de cárcamos, colectores y plantas de tratamiento constituyen un problema conocido por las autoridades, cuya falta de atención amenaza la salud de la población y las actividades económicas vinculadas con el turismo.
Además, subrayó los anuncios sobre contaminación de las playas también afectan a la industria de la construcción, al desalentar inversiones y proyectos inmobiliarios en una localidad que su economía depende en buena medida de sus atractivos turísticos.
También, hizo referencia a los análisis de calidad microbiológica de las playas realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a las consecuencias que puede provocar la presencia de enterococos por encima de los parámetros sanitarios permitidos.
De este modo, subrayó que el problema rebasa las afectaciones ambientales, porque la contaminación compromete la actividad hotelera, el comercio, los servicios y las inversiones que sostienen buena parte de la economía local.
Igualmente, destacó que quienes habitan, trabajan o desarrollan actividades económicas en Puerto Escondido tienen un interés directo en la conservación de sus ecosistemas.
De la misma manera, invocó el principio de prevención ambiental, que obliga a las instituciones públicas a adoptar medidas anticipadas cuando conocen los riesgos de una actividad o las consecuencias de una omisión, porque las fallas recurrentes en las bombas de respaldo, los colectores y las plantas de tratamiento demuestran que la contaminación no constituye un acontecimiento imprevisible.
Por ello, requirió que las autoridades establezcan programas permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura sanitaria.
Aparte de esto, solicitó que al resolver los amparos, el juzgado ordene un plan integral de saneamiento con resultados medibles y supervisión ciudadana y así evitar que las intervenciones gubernamentales se limiten a reparaciones temporales después de cada episodio de contaminación.
La controversia ambiental llegó a los tribunales federales en septiembre de 2026 cuando el Juzgado Sexto de Distrito admitió el amparo 718/2026, promovido por habitantes de Puerto Escondido, con el acompañamiento jurídico de Litigio Estratégico Indígena (LEI) y la participación del Consejo Estatal de Participación Ciudadana de Oaxaca (COESPACIO).
La demanda cuestiona las omisiones de distintas autoridades en la operación, mantenimiento y vigilancia de la infraestructura encargada de recolectar y tratar las aguas residuales.
Entre los problemas denunciados se encuentran las deficiencias de los cárcamos de bombeo, las redes de drenaje, los colectores y las plantas de tratamiento, particularmente ante el crecimiento urbano y turístico de Puerto Escondido.
El juicio también plantea la necesidad de proteger las playas Principal, Zicatela, Puerto Angelito, Carrizalillo, Bacocho y Punta Colorada, así como los ecosistemas costeros que reciben los efectos de las descargas.
El escrito también invoca la doctrina del entorno adyacente, desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para sostener que quienes habitan o aprovechan los servicios ambientales de un ecosistema pueden tener interés legítimo en exigir su protección judicial.
