Embargarían Unidad Básica de Rehabilitación por deuda millonaria
Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 02 de Septiembre, 2026, (Fuente: Lisbeth Mejía Reyes / Agencia Zona Roja).- Por una deuda millonaria contraída en la administración del entonces presidente municipal Galdino Huerta Escudero, sin autorización del cabildo ni del Congreso local, el ayuntamiento de Santa Lucía del Camino enfrenta el posible embargo del predio en el que se encuentran la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y un pozo que surte de agua a varias colonias.
Al denunciar la situación y solicitar el apoyo del Congreso local, el edil Juan Carlos García Márquez pidió este martes que se castigue administrativa y penalmente a los responsables, principalmente al ex presidente Galdino Huerta Escudero, por esta deuda que pasó de cinco a 10 millones de pesos y que mantiene en riesgo el patrimonio municipal y la atención a la población.
En compañía de varios diputados de la 66 Legislatura, desde la sede del Legislativo, García Márquez explicó que su antecesor violó la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Deuda Pública del Estado de Oaxaca, pues contrajo la deuda sin la autorización mayoritaria del Cabildo (al menos dos terceras partes de este) o del congreso local.
Además de que no se ha comprobado que la empresa beneficiaria contara con la capacidad para una obligación de este tipo ante una autoridad municipal.
El riesgo del embargo del predio data de un juicio del 2015, cuando se firmó un pagaré por cinco millones de pesos a favor de la empresa Soluciones Administrativas y Comerciales Chipe. El documento, explicó el edil, fue firmado por el entonces síndico, quien de acuerdo con el testimonio citado fue obligado por Galdino Huerta.
Sin embargo, dos meses después, en diciembre de 2015, la empresa demandó al ayuntamiento ante el Juzgado Tercero Civil del Centro exigiendo el pago de los cinco millones más intereses.
El municipio fue notificado en abril de 2016 y quien lo representó legalmente dijo no contar con el dinero para pagar ni con información sobre los bienes municipales para dar en garantía.
Debido a esa respuesta, se decretó el embargo de un terreno municipal de casi una hectárea en el que están la UBR y el pozo que surte a los sectores Pinos, San Diego de los Hornos, Primero de Mayo y Sector Árboles. La sentencia fue dictada en diciembre de 2016 obligando al ayuntamiento a pagar la suerte principal y los intereses moratorios.
García Márquez detalló que quien representaba al municipio, sin razón justificada, se desistió de las pruebas que se habían ofrecido para defenderlo.
Frente a este problema, el edil y su cabildo acudieron este día ante en congreso local para solicitar su apoyo en la solución, específicamente de la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales, que preside Adán Maciel Sosa, y la cual mostró su respaldo. Lo que se busca es comprobar la inexistencia del decreto que debería de haber respaldado aquella deuda y con esto anular el embargo.
