Otro periodista oaxaqueño, en riesgo
*Ernesto Rojas Ayuso denuncia persecución y difamación; señala al Secretario de Gobierno y al Consejero Jurídico, los dos funcionarios del gobierno de Oaxaca
Oaxaca, Oaxaca, Martes 01 de Septiembre, 2026, (Fuente: estado20.com, oaxacacapital.mx).- El periodista oaxaqueño Ernesto Rojas Ayuzo presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y una denuncia penal contra el titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (SEGO), José de Jesús Romero López, y el consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, a quienes señala de una campaña de difamación, hostigamiento y persecución mediática que, advierte, podría escalar al ámbito judicial.
En su queja, Rojas Ayuzo expone que las amenazas y actos de hostigamiento en su contra se han intensificado durante las últimas semanas y relaciona este escenario con una solicitud realizada por la Secretaría de Gobierno a la Fiscalía General de Oaxaca (FGO) para conocer si existe alguna denuncia penal presentada por él contra el gobernador Salomón Jara Cruz o contra el propio Jesús Romero.
El documento, fechado el 20 de agosto de 2026 y firmado por Pablo Arnaud Ríos, director jurídico de la SEGO, solicita al fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla informar si existen registros de denuncias presentadas por Rojas Ayuzo contra el gobernador o el titular de la Secretaría de Gobierno.
La dependencia también pidió conocer si el periodista había solicitado medidas de protección.
De acuerdo con el oficio, la información tendría como propósito que la Secretaría de Gobierno pudiera, dentro de sus atribuciones, articular acciones interinstitucionales para contribuir a la protección de la vida e integridad física del comunicador.
Sin embargo, Rojas Ayuzo considera que la solicitud resulta preocupante, debido a que uno de los funcionarios sobre los que ha señalado posibles responsabilidades en las amenazas es precisamente el titular de la Sego.
En su queja ante la DDHPO, el periodista afirma contar con información, según la cual, aproximadamente seis meses atrás, Jesús Romero habría instruido a funcionarios bajo su mando para intentar involucrarlo en delitos en flagrancia y conseguir su detención.
Ese señalamiento forma parte de las acusaciones que Rojas Ayuzo pide sean revisadas por las autoridades competentes y no constituye, hasta ahora, un hecho acreditado judicialmente.
El comunicador sostiene que decidió resguardarse en su domicilio después de conocer esa información y que, al no concretarse esa presunta acción, teme que ahora puedan emprenderse otras vías para actuar en su contra.
Rojas Ayuzo relaciona estas acciones con el contenido crítico de sus publicaciones sobre el gobierno de Oaxaca y expresa preocupación por su seguridad y la de su familia.
Uno de sus principales temores, expuso, es que la solicitud de información a la Fiscalía pueda convertirse en un antecedente documental previo a una eventual agresión.
Rojas Ayuzo señaló que su preocupación cobra especial relevancia, porque el documento fue generado por una dependencia cuyo titular ha sido señalado por él en denuncias previas.
No es la primera ocasión en que Rojas Ayuzo denuncia públicamente una campaña en su contra.
El periodista señala que recientemente fue objeto de una campaña en redes sociales en la que se le atribuyeron presuntos delitos, lo que considera parte de una estrategia para afectar su honor, credibilidad y ejercicio profesional.
En una denuncia presentada el año pasado, también señaló a Jesús Romero como presunto responsable de campañas de desprestigio y de actos de hostigamiento que, según su versión, habrían ocurrido, incluso, durante las conferencias mañaneras del gobernador Salomón Jara.
En aquella denuncia incluyó también al consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero y pidió investigar a quien o quienes resultaran responsables.
Ante el incremento de las amenazas, el periodista presentó, además, una nueva denuncia ante la Fiscalía General de Oaxaca contra Jesús Romero.
A partir de esta denuncia se emitieron medidas de protección a su favor, entre ellas vigilancia en su domicilio.
Sin embargo, afirmó que dichas medidas únicamente se han implementado en tres ocasiones, por lo que solicitó que sean reforzadas.
También pidió a la DDHPO intervenir ante lo que considera una situación de riesgo y cuestionó que la Secretaría de Gobierno solicite información sobre posibles denuncias presentadas en contra de su propio titular.
Rojas Ayuzo planteó que, si la persona señalada en una denuncia participa institucionalmente en una solicitud relacionada con la existencia de esa misma denuncia, existe al menos un elemento que debe ser revisado desde la perspectiva de un posible conflicto de interés, sin que ello implique por sí mismo la existencia de una actuación ilegal.
Ante el escenario que denuncia, el periodista solicitó, además, su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Jesús Romero investiga a periodista ante la Fiscalía; le piden indagar denuncias en su contra pese a carecer de facultades de protección
De este modo, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (SEGO), encabezada por Jesús Romero López, concentra los señalamientos de hostigamiento, intimidación y falta de garantías contra la prensa crítica en la entidad, a pesar del discurso oficial de apertura y respeto a la libertad de expresión pregonado en mesas de trabajo con el gremio.
Esta actuación quedó evidenciada en un oficio con fecha del 24 de agosto de 2026, mediante el cual Pablo Gabriel Arnaud Ríos, Director Jurídico de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático de la Sego, mandó a investigar a la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la situación legal del periodista Ernesto Rojas Ayuzo.
En el documento, la dependencia solicitó a la Fiscalía informar si existen registros de denuncias en contra del Gobernador o del titular de la Secretaría de Gobierno interpuestas por el comunicador, así como antecedentes de medidas de protección.
El requerimiento ha generado serias dudas debido a que la Sego carece de facultades legales para dictar, coordinar o gestionar medidas de protección, una atribución que corresponde exclusivamente a la Fiscalía o a instancias especializadas.
Ante estos hechos se cuestiona el trasfondo de que la dependencia cuyo titular es directamente señalado por el periodista sea la encargada de indagar en la Fiscalía si este cuenta con denuncias activas en su contra.
El caso mantiene a Rojas Ayuzo resguardado en su domicilio tras denunciar ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) un incremento en el hostigamiento.
El comunicador ha mantenido una cobertura crítica en su cuenta de X (@rojasayuzo) sobre presuntas irregularidades vinculadas a Jesús Romero y al consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero, y sostiene que hace aproximadamente seis meses recibió información sobre un intento de funcionarios de la Sego para fabricarle delitos en flagrancia y detenerlo, señalamiento que Romero López ha negado.
Aunque la Fiscalía le otorgó medidas de protección tras una denuncia formal, Rojas Ayuzo asegura que la vigilancia policial en su domicilio solo se ha ejecutado en tres ocasiones, por lo que exigió reforzar los dispositivos de seguridad e incorporarse formalmente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La actuación de la Secretaría de Gobierno se cruza con otros episodios de presión contra comunicadores en el estado. El periodista Juan Carlos Zavala Díaz fue estigmatizado luego de que el consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero cuestionara públicamente una de sus investigaciones, un caso documentado por Artículo 19 que también derivó en una queja ante la DDHPO.
El clima de riesgo para la prensa crítica en Oaxaca escaló de forma trágica con el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido en julio pasado en San Pablo Etla.
Por todo lo anterior, el periodista de Oaxaca Ernesto Rojas Ayuzo, denunció el aumento de amenazas y hostigamiento, responsabilizando al Secretario de Gobierno Jesús Romero López, y alerta por su seguridad y la de su familia.
Su preocupación aumentó luego que la SEGO solicitara a la Fiscalía información sobre posibles denuncias de Rojas contra Salomón Jara y el propio Romero, además de preguntar si cuenta con medidas de protección.
El periodista pide reforzar su seguridad y ser incorporado al Mecanismo de Protección para Periodistas.
Fue por eso que Rojas Ayuzo presentó una queja ante la DDHPO y una denuncia penal ante la Fiscalía de Oaxaca contra el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y el consejero jurídico, Geovany Vásquez Sagrero.
Rojas Ayuzo acusa a funcionarios estatales de presuntamente orquestar una campaña de difamación y una persecución en su contra, que —afirma— podría escalar al ámbito judicial.
El comunicador sostiene que desde hace meses existiría una intención de fabricarle delitos para detenerlo, incluso de índole sexual, con la presunta participación de una mujer y elementos policiacos.
También denunció amenazas y ataques en redes sociales que, asegura, se han prolongado durante dos años.
Como parte de sus señalamientos, cuestionó un oficio fechado el 20 de agosto, mediante el cual la Secretaría de Gobierno solicitó a la Fiscalía información sobre posibles denuncias penales contra Jesús Romero López y el gobernador Salomón Jara Cruz, bajo el argumento de gestionar acciones para salvaguardar al periodista.
Ante lo que considera una situación de riesgo, Ernesto Rojas solicitó su incorporación al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Posicionamiento público del periodista Ernesto Rojas Ayuzo: “No quiero convertirme en una cifra más de la violencia contra periodistas”
Ante los hechos ocurridos durante las últimas semanas y el aumento de las amenazas y actos de hostigamiento relacionados con mi trabajo periodístico, considero necesario hacer público lo que está ocurriendo y llevar este caso más allá de Oaxaca.
En México sabemos lo que significa ejercer el periodismo bajo amenaza. Conocemos demasiadas historias de reporteros que denunciaron intimidaciones, pidieron ayuda y, cuando las autoridades reaccionaron, ya era demasiado tarde.
No quiero que eso ocurra conmigo. No quiero convertirme en una cifra más.
He presentado ante las autoridades correspondientes denuncias y quejas por hechos relacionados con mi actividad periodística. Entre ellas existe una denuncia contra Jesús Romero López, titular de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, por hechos que denuncié como hostigamiento, agresión y actos contra la libertad de expresión.
Será responsabilidad de las autoridades investigar y determinar jurídicamente lo ocurrido. Pero también es mi responsabilidad dejar constancia pública de los antecedentes y advertir sobre cualquier situación que pueda poner en riesgo mi integridad o la de mi familia.
Por esa razón, ante cualquier acto de intimidación, persecución, agresión o acción ilegal en mi contra, responsabilizo públicamente a Jesús Romero López, considerando los antecedentes que ya fueron puestos en conocimiento de las instituciones competentes.
Mi preocupación no nace de una diferencia política ni de una discusión personal.
Tiene que ver con mi trabajo como periodista, con lo que investigo, cuestiono y publico.
En un país donde periodistas han sido amenazados, perseguidos y asesinados por hacer su trabajo, ninguna advertencia debe minimizarse.
Esperar a que ocurra una tragedia para actuar no puede seguir siendo la respuesta institucional.
No busco privilegios ni pretendo victimizarme. Busco algo elemental: poder ejercer el periodismo sin miedo y que las instituciones hagan su trabajo antes de que sea demasiado tarde.
En este sentido, quiero señalar que un documento oficial emitido por la Secretaría de Gobierno me ha puesto en alerta.
En dicho documento, el propio secretario de Gobierno reconoce la existencia de antecedentes relacionados con mi persona; sin embargo, al mismo tiempo expresa que no cuenta con mecanismos de protección a su alcance, ni tiene atribuciones para garantizar mi seguridad.
Asimismo, considero que la Secretaría de Gobierno no tiene por qué solicitar a la Fiscalía General del Estado que le informe si he presentado denuncias en su contra o si he pedido medidas de protección.
Esa información pertenece al ámbito de mis decisiones ante las autoridades competentes.
Hago un llamado a las autoridades estatales y federales, a los organismos defensores de derechos humanos y a las organizaciones nacionales e internacionales de protección a periodistas para que conozcan y den seguimiento a este caso.
Seguiré haciendo periodismo. Seguiré investigando, preguntando y publicando información de interés público.
Las amenazas no pueden convertirse en un mecanismo para imponer silencio.
Las autoridades ya conocen los antecedentes.
Ahora tienen la responsabilidad de investigar, prevenir cualquier agresión y garantizar mi seguridad, la de mi familia y mi derecho a ejercer libremente el periodismo.
No quiero que mañana se diga que nadie sabía lo que estaba pasando.
Por eso lo denuncio hoy.
Ernesto Rojas Ayuzo
Periodista
