Oaxaca: piden que desapariciones sean crimen de lesa humanidad

Oaxaca, Oaxaca, Domingo 30 de Agosto, 2026, (Fuente: Agencia Zona Roja).- Buscar a un hijo, a una madre, a un hermano o a una compañera no es una elección; es una sentencia de amor y dolor con la que despertamos cada mañana. Las familias de personas desaparecidas no venimos a pedir favores ni pretendemos imponernos sobre las instituciones”.

Bajo esa premisa, integrantes de diversos colectivos de búsqueda de personas se pronunciaron este domingo porque las autoridades consideren las desapariciones de personas como crimen de lesa humanidad.

Asimismo, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, reiteraron la exigencia de renuncia de la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Michel Julián López, por negligencia, probable corrupción e intereses políticos, en lugar de realizar su labor.

Este domingo, en el zócalo de la capital de Oaxaca, se pronunciaron para recordar que la búsqueda no es una concesión diplomática ni un acto de caridad del Estado: “es un derecho imprescriptible de las víctimas y una obligación constitucional que las autoridades están fallando en cumplir”.

Manifestaron que no aceptarán jamás que las mismas instituciones creadas para protegerlas sean las que las excluyan, discriminen o pretendan silenciar su voz.

“Exigimos la renuncia inmediata de la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. Quien encabeza este organismo debe entender que el cargo no es un escritorio de trámites”.

Recriminaron a Michel Julián la falta de convocatorias y consulta para las búsquedas: “Jamás ha tenido la sensibilidad de convocar a mesas de trabajo técnicas y regionalizadas para revisar casos y planear búsquedas reales. Ha preferido tomar decisiones unilaterales desde la comodidad de una oficina, organizando eventos superficiales -como su ‘rodada’- que se desentienden por completo del dolor y de la urgencia del terreno”.

Señalaron asimismo a la funcionaria de dividir a los colectivos de búsqueda de personas en la entidad oaxaqueña y le exigieron cuentas claras e informes públicos y transparentes, acerca del presupuesto que tiene asignada la comisión.

A las y los integrantes del Poder Legislativo le recordaron que legislar a espaldas del pueblo es traicionarlo.

“Las recientes modificaciones a la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Oaxaca representan un grave y doloroso retroceso al despojar de atribuciones al Consejo Estatal Ciudadano.

“Quitar que el consejo escuche a las familias porque son ellos los que nos representan en el órgano de gobierno, es un intento directo por apagar nuestro reclamo. Les exigimos recapacitar y restituir de inmediato las facultades del Consejo. Su deber legislativo es garantizar los derechos humanos, no desmantelar los espacios donde las familias defendemos la vida”, señalaron.

Entre las organizaciones que participaron en la protesta de este domingo están Oaxaqueños Unidos Exigiendo Justicia, Sabuesos Guerreras Oaxaca A.C., Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros, A.C., Frente del Pueblo “Sol Rojo” Acompañamiento Jurídico y Psicológico por la Dignidad Disidente A.C., Manos Migrantes, Apoyados No Olvidados A.C., Agenda LGTB+ Concordia, por mencionar algunos.

Colectivos de búsqueda de Oaxaca denuncian a la comisionada Michel Julián ante la FGR

Por otra parte, colectivos oaxaqueños de búsqueda de personas desaparecidas denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a la comisionada estatal de búsqueda, Michel Julián López, por malas prácticas y presunto desvío de recursos.

Además de esta denuncia, de la que esperan una investigación imparcial, los colectivos exigen la renuncia de la comisionada, demanda que han externado en los últimos días en el centro de la ciudad de Oaxaca a través de lonas con fotografías de sus familiares desaparecidos.

La denuncia y exigencia de renuncia de la comisionada son la antesala del Día Internacional de más Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este 30 de agosto.

Martha Pablo Cruz, fundadora del Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A. C., señaló que los colectivos entregaron pruebas de las acusaciones contra la comisionada a la fiscal general, Ernestina Godoy, así como a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; al subsecretario de Gobernación, Arturo Medina Padilla, y a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo.

La activista y madre buscadora detalló que las instituciones se comprometieron a investigar sus denuncias en contra de Michel.

“Hay ese compromiso. Hace 20 días estuvimos nuevamente en Ciudad de México porque tenemos que darle seguimiento y sí hay respuesta, tal es que el pasado martes vino personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y nos atendió a los colectivos”, expuso sobre el seguimiento que se ha dado con los 13 colectivos que forman parte de Colectivos y Organizaciones Unidas en Oaxaca.

Marta Pablo señaló que, aunque las acusaciones son principalmente en contra de la comisionada Michel Julián López y la Comisión Estatal de Búsqueda del estado de Oaxaca, las familias también han enfrentado la burocracia y otros obstáculos en las instituciones de las que esperan su apoyo para encontrar a sus desaparecidos. Incluso en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por lo que llamó al fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, a revisar el actuar de su personal.

“Es cansado estar insistiendo porque pareciera que nos están haciendo un favor cuando la ley es muy clara y dice que, a los 60 días de haberse implementado la ley en materia de desaparición forzada, se tenía que haber formado la fiscalía especializada, después el Consejo Estatal Ciudadano, que ya está, pero lamentablemente nos damos cuenta las familias que le quitaron las atribuciones al consejo. El consejo se forma de cinco personas que nos representan a las familias”, explicó.

Para la Fiscalía Especializada en la Investigación de la Desaparición Cometida por Particulares, Desaparición Forzada y Delitos Vinculados, cuya creación aprobó el congreso local el pasado 3 de marzo, Marta Pablo confirmó que aún no se ha designado un titular. Aunque tampoco considera que en la Fiscalía General del Estado haya un perfil idóneo y empático con las familias.

Para este 30 de agosto, los colectivos de búsqueda han organizado una marcha en la ciudad de Oaxaca, que saldrá a las 10 de la mañana de la fuente de las Ocho Regiones hacia el zócalo. En este último lugar harán un pronunciamiento, un mitin y el pase de lista de sus familiares desaparecidos, algunos de los más de 4 mil que estiman tan solo para el estado de Oaxaca y que en muchos casos tienen más de 15 años sin ser localizados o incluso décadas.

Para el país, con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO), organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia han calculado más de 135 mil personas desaparecidas, hasta junio de 2026.

Cerca de 165,000 hijos viven la ausencia de padres desaparecidos en México

En tanto, en México, cerca de 165,000 hijas e hijos podrían estar vinculados con personas desaparecidas o no localizadas, esto de acuerdo con una estimación elaborada por Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y el Observatorio Infancia Latina. El cálculo busca dimensionar una población que permanece prácticamente invisible para los registros oficiales.

El informe se dio a conocer previo a este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha dedicada a visibilizar a las víctimas de este delito y a sus familias.

El informe Hijas e hijos de personas desaparecidas en México: Estimación nacional, invisibilidad institucional y obligaciones urgentes, advierte así que México no tiene actualmente datos que permitan conocer con precisión cuántas niñas, niños, adolescentes y personas adultas son hijas o hijos de quienes permanecen desaparecidos.

Sin embargo, el cálculo parte de 103,176 personas de entre 15 y 49 años que permanecen desaparecidas o no localizadas al mes de agosto de 2026, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Fue así que esta cifra se aplicó el indicador de 1.60 hijas e hijos, tomado de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, para obtener un escenario de cerca 165,081 hijos e hijas potencialmente vinculados con ese universo de personas desaparecidas.

El informe enfatiza que esta cifra no equivale a un censo ni a un número exacto de hijos de personas desaparecidas. Tampoco significa que todas esas personas sean actualmente niñas, niños o adolescentes.

México registra personas, no familias

Según Tejiendo Redes por la Infancia, el principal problema para la realización de este informe se encontró en la estructura del RNPDNO, pues, aunque el registro permite conocer características de las personas desaparecidas, no se relaciona públicamente con sus familiares.

Por ello, no permite saber cuántas personas desaparecidas tenían hijas o hijos, qué edades tienen, quién está a cargo de su cuidado o qué apoyos reciben. Tampoco identifica casos en los que dos personas desaparecidas formen parte de una misma familia.

La fecha internacional, que se conmemora cada 30 de agosto, fue establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la resolución 65/209 en 2010 y comenzó a observarse en 2011. La ONU subraya que las desapariciones no afectan únicamente a quienes desaparecen, sino también a sus familias y comunidades.

Este año, además, la conmemoración adquiere un significado particular: 2026 marca el 20 aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el único tratado universal dedicado específicamente a prevenir y erradicar esta práctica. La ONU colocó como lema de este aniversario “Las víctimas primero. Acciones ya”, con énfasis en los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

En México, el informe recién prestado plantea así que poner a las víctimas en el centro también implica mirar a quienes permanecen fuera de la estadística: las hijas e hijos que deben reorganizar su vida ante la ausencia prolongada de una madre, un padre o una persona cuidadora.

Y es que la desaparición puede interrumpir cuidados, reducir ingresos, afectar la continuidad escolar, deteriorar la salud, incrementar riesgos de seguridad y modificar los vínculos familiares y comunitarios. Sin embargo, el Estado no cuenta actualmente con información suficiente para saber cuántas niñas, niños y adolescentes enfrentan estas consecuencias ni qué respuestas reciben.