Salomón, acorralado en su primavera
Oaxaca, Oaxaca, Jueves 20 de Agosto, 2026, (Fuente: Said Hernández / Revista Tucán).- Conflictos laborales, reclamos en el sector salud, tensiones con el magisterio, violencia en el Istmo, cuestionamientos a obras públicas y una relación cada vez más complicada con la prensa colocan al gobierno de Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, ante uno de sus momentos políticos más complejos.
El gobierno de Salomón Jara Cruz enfrenta una creciente acumulación de conflictos que han puesto a prueba su capacidad de diálogo, operación política, planeación y respuesta ante las demandas sociales.
A lo largo de la actual administración, distintos sectores han protagonizado movilizaciones y reclamos que cuestionan la eficacia de las estrategias implementadas por la llamada primavera oaxaqueña.
Uno de los episodios de tensión ocurrió en diciembre de 2024, cuando desde el Congreso del estado se publicó el Decreto 24, el cuál planteó medidas que derivaron en el despido de mil 344 trabajadores. La decisión provocó movilizaciones sindicales y finalmente tuvo que ser reconsiderada.
Sin embargo, el conflicto laboral no quedó resuelto de fondo y las organizaciones sindicales mantienen diversas demandas y conflictos internos.
A este escenario se sumó el deterioro de las condiciones en el sector salud. Trabajadores del Hospital General “Aurelio Valdivieso” han denunciado desde el inicio de la administración de Jara Cruz las carencias en medicamentos, equipo, infraestructura y personal, mientras pacientes y familiares enfrentan gastos adicionales para adquirir medicinas y materiales necesarios para procedimientos médicos.
La problemática incluso ha impulsado iniciativas ciudadanas. Entre ellas destaca el llamado “Medicamentón”, promovido por el doctor Emilio Ricardo, que logró reunir miles de medicamentos destinados a pacientes de segundo nivel de atención, además de más de 50 mil cubrebocas.
Mientras organizaciones y ciudadanos documentan las carencias, la postura oficial ha insistido en que existen medicamentos suficientes en el sistema estatal de salud. Esta diferencia entre el discurso gubernamental y las denuncias de trabajadores y usuarios mantiene abierto uno de los principales frentes de inconformidad social ya que la crisis se extiende a las comunidades.
El conflicto con Cencos Sección Veintidós
Otro de los episodios que complicó la relación del gobierno estatal con el magisterio fue el enfrentamiento ocurrido en inmediaciones de Mitla, donde docentes que mantenían un bloqueo sobre la carretera federal 190 fueron desalojados con uso de armas de uso exclusivo del ejército.
El episodio derivó en fuertes señalamientos contra autoridades municipales y en la solicitud de licencia del edil Esaú López Quero, a quien integrantes del magisterio señalaron como responsable de los hechos. Videos difundidos en redes sociales fueron utilizados para sustentar estos señalamientos. Hasta el momento, las autoridades competentes no han determinado responsabilidades.
El incidente profundizó la tensión entre el gobierno y la Sección 22, uno de los actores sociales con mayor capacidad de movilización en #Oaxaca.
Juchitán, otro frente abierto
En la región del Istmo, particularmente en Juchitán de Zaragoza, la inseguridad representa otro de los grandes desafíos para la administración estatal.
Los ataques armados y hechos violentos registrados día a día en la zona han generado preocupación permanente entre la población. En este contexto, las explicaciones oficiales sobre la complejidad histórica de la relación entre Juchitán y los gobiernos estatales anteriores han sido cuestionadas por sectores que demandan resultados concretos en materia de seguridad, prevención y coordinación institucional.
La puesta en marcha de estrategias de seguridad, anunciadas con anterioridad, tampoco ha logrado disipar la percepción de inseguridad entre amplios sectores de la población, lo que alimenta las críticas hacia la estrategia de paz de la actual administración.
Juchitán se ha convertido en el municipio más violento de la entidad, dónde el gobierno es inexistente.
Obras públicas bajo cuestionamiento
Otro de los puntos que ha generado inconformidad es la falta de claridad y transparencia que distintos sectores perciben en torno a algunas obras públicas impulsadas durante la actual administración.
Un caso que ha generado particular polémica es el denominado Parque Lineal sobre la ribera del Río Atoyac, proyecto que posteriormente tuvo que ser intervenido y destruido parcialmente.
Antes de los daños, ciudadanos y sectores sociales habían advertido sobre los riesgos que representaba construir en un área susceptible a las crecientes del río. La destrucción de un teatro al aire libre colocó en el debate público la planeación, supervisión y ejecución de la obra que tuvo en una primera etapa una inversión de 191 millones de pesos.
La obra millonaria abrió cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la toma de decisiones para autorizar y ejecutar infraestructura en una zona considerada vulnerable.
Hasta ahora, persisten interrogantes sobre quién autorizó la obra, cuáles fueron los estudios técnicos realizados, qué dictámenes de riesgo existieron antes de su construcción y qué mecanismos de supervisión se aplicaron.
También se ha planteado la necesidad de determinar, en su caso, si existieron omisiones por parte de autoridades estatales, municipales o federales, incluida la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) y otras instancias con atribuciones en materia hidráulica y de protección de cauces.
Existen más obras que no tienen la transparencia que exige el ciudadano; como es el caso del Monumento a la Madre y el nuevo proyecto de más de 2 mil 800 millones de pesos referente al Sicarú Lulá o Ciudad Linda, entre otros.
La relación con la prensa
A los conflictos sociales se suma un escenario particularmente delicado: la relación de respeto entre el poder ejecutivo estatal y la Prensa.
Las declaraciones oficiales en las que se ha identificado a determinados comunicadores como “críticos” u “opositores” generaron cuestionamientos entre periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
El asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva, ocurrido el 22 de julio de 2026, un día antes que Jara Cruz anunciara la publicación de una lista de medios críticos, elevó todavía más la preocupación del gremio periodístico. Leyva era titular de la columna El Zumbido del Moscardón que mantenía una línea objetiva y directa a la administración actual.
El caso permanece bajo investigación federal y ha generado exigencias para que las autoridades esclarezcan el móvil del crimen y determinen quiénes fueron los responsables. La preocupación entre periodistas oaxaqueños aumentó debido a los antecedentes de violencia contra comunicadores en la entidad.
Una administración bajo desgaste político y social
A estos conflictos se agregan señalamientos relacionados con casos de nepotismo, corrupción y despojo, temas que han contribuido a construir una percepción de desgaste político y social alrededor del gobierno estatal.
El reto para la administración de Salomón Jara Cruz ya no debe limitarse a responder a conflictos aislados. El desafío consiste en recuperar capacidad de diálogo con sindicatos, trabajadores de la salud, magisterio, comunidades, organizaciones civiles y medios de comunicación, además de ofrecer resultados verificables en materia de seguridad, salud y obra pública, pero el tiempo que le queda y la próxima sucesión gubernamental pone entre las cuerdas al proyecto primaveral.
La llamada primavera oaxaqueña llegó al poder con la promesa de transformar la vida pública en las Ocho Regiones dónde se mantienen importantes rezagos. Sin embargo, la acumulación de conflictos, reclamos y cuestionamientos coloca al gobierno en una última ruta de un cambio profundo cuya respuesta dependerá menos del discurso y más de la capacidad para atender las demandas, transparentar el ejercicio de los recursos, garantizar seguridad, mejorar los servicios públicos y reconstruir puentes con los sectores que hoy mantienen una relación confrontada.
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