Fiscalía y Defensoría se acusan, pero no resuelven

*La Fiscal General de Oaxaca acusa a la Defensoría de los Derechos Humanos de vulnerar procesos y poner en riesgo a víctimas; niega extravío de carpeta de Alejandro Leyva

Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 05 de Agosto, 2026, (Fuente: X: @jaimeguerrero08 y Lisbeth Mejía Reyes / Agencia Zona Roja).- El Fiscal General de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla rechazó que la carpeta de investigación relacionada con las amenazas denunciadas por el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar haya estado extraviada.

Además, acusó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) de no guardar la confidencialidad de información ministerial, con lo que, afirmó, ha puesto en riesgo el debido proceso y a las propias víctimas.

Rodríguez Alamilla respondió así a los señalamientos de la defensora Elizabeth Lara Rodríguez sobre la falta de respuesta de la Fiscalía respecto de la carpeta de investigación 33667/FVC2Oaxaca/2025.

El fiscal sostuvo categóricamente que el expediente siempre estuvo localizado.

“No, nunca estuvo perdida la carpeta. La carpeta nunca estuvo extraviada”, afirmó al ser cuestionado sobre las declaraciones de Lara Rodríguez.

Explicó que la Fiscalía recibió solicitudes de información de la DDHPO, pero sostuvo que existen restricciones legales para entregar datos contenidos en una investigación penal a otras autoridades.

Rodríguez Alamilla argumentó que la información de una carpeta de investigación tiene carácter confidencial y que su divulgación indebida puede generar responsabilidades conforme al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Los datos de una carpeta de investigación, y se lo tengo que aclarar muy bien, son confidenciales y no pueden compartirse a otras autoridades”, manifestó.

El fiscal también lanzó cuestionamientos contra la propia Defensoría y aseguró que, en ocasiones anteriores, información proporcionada por la Fiscalía a ese organismo no habría conservado la confidencialidad requerida.

“Desafortunadamente también lo tengo que señalar: en algunas ocasiones que hemos compartido información muy puntual de algunas situaciones que se nos han requerido, la confidencialidad de esta información por parte de la institución defensora no se ha hecho”, señaló.

Rodríguez Alamilla advirtió que esta situación puede poner en riesgo el debido proceso e incluso afectar a las propias víctimas relacionadas con las investigaciones.

“Poniendo en riesgo, incluso, el debido proceso y a las propias víctimas que han solicitado esa información”, reprochó.

Y es que después del asesinato de Alejandro Leyva Aguilar, perpetrado el pasado 22 de julio en San Pablo Etla, crimen cuya investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), Lara Rodríguez, intentó lavarse las manos.

Antes de su asesinato, Leyva había denunciado amenazas y acudido ante distintas instituciones. El 14 de julio de 2025 presentó una queja ante la DDHPO y posteriormente formuló denuncias relacionadas con hechos que consideraba amenazas y hostigamiento.

La FGR asumió la investigación del asesinato para esclarecer el crimen y determinar responsabilidades, incluidas las posibles líneas relacionadas con la actividad periodística de Leyva Aguilar.

Rechaza Fiscalía de Oaxaca omisión en caso Alejandro Leyva

De este modo, el Fiscal General de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla, negó este miércoles que la institución a su cargo haya sido omisa ante la denuncia que interpuso el periodista Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el pasado 22 de julio, por las amenazas que comenzó a recibir casi un año antes de su homicidio.

Asimismo, rechazó que haya extraviado la carpeta de investigación y que no se haya actuado al respecto.

Esto luego de que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) señaló que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca había extraviado la carpeta, pues en su oficio de respuesta dijo que no la localizaba.

“Una cosa es que no se le haya rendido información a la Defensoría y otra cosa es que no se hayan hecho actos o hechos”, refirió el fiscal, al argumentar que la FGEO no puede compartir la información con otras instituciones porque incurriría en el delito contemplado en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La información de la carpeta, explicó, es la que se dará a la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo la investigación por el homicidio del autor de la columna El Zumbido del Moscardón y ex director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV).

Rodríguez Alamilla consideró innecesario “abrir un frente innecesario de dimes y diretes con las instituciones porque entonces se va a perder el centro de la toma de decisiones, que en este caso es buscar quiénes son los responsables materiales e intelectuales de lo ocurrido con Alejandro”.

Sí se abrió carpeta de investigación por las amenazas que denunció Leyva Aguilar, reiteró el fiscal, al negar el extravío de la carpeta y al señalar que no están obligados a dar información a la Defensoría, especialmente porque con anteriores casos se ha filtrado información poniendo en riesgo el debido proceso y a las víctimas.

Recientemente, la titular de la DDHPO, Elizabeth Lara Rodríguez, señaló supuestas omisiones e irregularidades por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de la Fiscalía General de la República y del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.

Además del extravío de la carpeta, la Defensoría también dijo que no obtuvo respuesta de la FGEO sobre por qué no había emitido medidas de protección para Alejandro, pese a haberlas solicitado.

Por su parte, el titular de la FGEO cuestionó por qué la Defensoría solamente abrió un cuaderno de antecedentes y no una carpeta o expediente de queja formal.

“No está bien buscar culpar a terceros de malas actuaciones propias y tratar de generar un ambiente nada benéfico”, apuntó.

En medio de las acusaciones entre instituciones, la familia del periodista oaxaqueño ha exigido al gobierno federal, a través de la Secretaria de Gobernación, “una investigación clara respecto a la omisión de las medidas de protección a Francisco Alejandro Leyva Aguilar por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República y del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, porque el periodista, como consta en documentos de denuncia, cumplió con todos los protocolos lanzando una alerta de riesgo que todas las autoridades omitieron”.

Dice gobernador que titular de DDHPO distrae los reflectores

“No distraigamos los reflectores”, fue el llamado, por su parte, del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), luego de que el organismo expuso irregularidades y omisiones de diversas instituciones para garantizar la seguridad del periodista oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el 22 de julio.

Hace unos días, la titular de la DDHPO, Elizabeth Lara Rodríguez, exhibió presuntas omisiones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de la Fiscalía General de la República y del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ante las denuncias de amenazas que recibió el columnista y sus solicitudes de protección.

Sin embargo, la Defensoría tampoco aclaró por qué no emitió medidas cautelares a favor del ex director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) ante la falta de respuestas de las instituciones.

“Ahorita se trata de que se investigue este caso, de que hoy no distraigamos los reflectores, muchos pueden decir una cosa, otra cosa”, expresó el mandatario este martes, durante su conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, ciudad de Oaxaca.

Jara Cruz se dijo confiado en que la Fiscalía General de la República, que atrae el caso, esclarezca el asesinato y llegue al fondo del asunto. Incluso, aseguró que se reunió con la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, a quien le solicitó ahondar en todas las líneas de investigación.

Luego de que el periodista lo responsabilizó a él, al secretario de Gobierno, Jesús Romero, y al consejero jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, por lo que le pudiera ocurrir a su persona y familia, Jara Cruz dijo que “los más interesados para que se esclarezcan estos hechos somos nosotros”.

“Somos el gobierno que queremos que se esclarezca quién cometió este agravio, cualquiera que haya sido, de donde haya sido. Nuestro gobierno sí va a investigar a fondo el problema y se va a dar a conocer tarde o temprano. Nos culpan a nosotros, nos dicen cosas a veces, yo respeto la opinión, no la compartimos. Nosotros exigimos, igual, justicia y que se esclarezcan los hechos”.

Alejandro Leyva Aguilar, autor de la columna “El zumbido del moscardón” fue privado de la vida en un ataque armado el pasado 22 de julio en San Pablo Etla.

Su asesinato ha generado diversas exigencias de justicia por parte de su familia y el gremio periodístico de Oaxaca y el país. Por su asesinato y lo de otros periodistas, también han alzado la voz organismos y representaciones internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Unión Europea en México, las embajadas de Noruega y Suiza, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).