Ultimátum: Chimalapa va a tomar sus tierras en 30 días

*San Miguel Chimalapa da 30 días a ejidatarios de Chiapas para disolver su ejido e incorporarse como comuneros de Oaxaca

*Lanzan advertencia a comuneros chiapanecos: “No queremos guerra, pero ya estamos cansados de que ni el gobierno federal ni el estatal nos hagan caso”

Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 05 de Agosto, 2026, (Fuente: X: @jaimeguerrero08).- Comuneros de San Miguel Chimalapa, poblado ubicado en el distrito de Juchitán, región Istmo de Oaxaca, dieron un plazo de 30 días a habitantes del ejido Gustavo Díaz Ordaz, ubicado en la zona de Cintalapa, Chiapas, para que su asamblea acuerde la disolución voluntaria del núcleo agrario y posteriormente se incorpore a la comunidad agraria oaxaqueña, en una nueva etapa de la disputa territorial y agraria entre ambas entidades.

Durante décadas se han registrado diferencias por la posesión de tierras y la definición de los límites entre Oaxaca y Chiapas.

Por eso, autoridades y comuneros de San Miguel Chimalapa anunciaron que, ante la falta de respuesta de los gobiernos estatal de Oaxaca y el federal, tomarán acciones para recuperar terrenos que mantienen en disputa con comunidades de Chiapas.

Durante el pronunciamiento, habitantes de la comunidad oaxaqueña aseguraron que no buscan un enfrentamiento, pero advirtieron que recurrirán a sus propias vías para exigir atención a un conflicto agrario que, señalan, lleva años sin resolverse.

“San Miguel va a tomar sus tierras en un plazo de 30 días”, expresaron los comuneros, quienes señalaron estar cansados de esperar una solución institucional.

El conflicto territorial en la región de los Chimalapas tiene décadas de antecedentes y ha involucrado disputas por límites y posesión de tierras entre comunidades de Oaxaca y Chiapas.

El objetivo, indicaron, es proteger la selva y las especies locales, tras la creación irregular de esos asentamientos en territorio de Oaxaca.

De este modo, la mañana del martes 4 de agosto, una comisión de comuneros de San Miguel Chimalapa llegó a Gustavo Díaz Ordaz a bordo de más de 20 camionetas para entregar formalmente el documento a las autoridades ejidales.

En el escrito, el Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo de Vigilancia y representantes de los anexos agrarios sostienen que Gustavo Díaz Ordaz fue constituido “indebidamente a expensas de nuestro territorio comunal”.

Por ello, solicitaron a la asamblea ejidal tomar las decisiones necesarias “con la finalidad de disolver de manera voluntaria su ejido y se incorporen a nuestra comunidad agraria”, bajo las disposiciones del estatuto comunal de San Miguel Chimalapa.

La Asamblea General de Comuneros fijó “un plazo de 30 días, contados a partir de hoy, para acordar lo conducente”, según establece la notificación entregada a los pobladores.

La movilización formó parte de una acción anunciada previamente por autoridades comunales de San Miguel Chimalapa, quienes plantearon llevar su propuesta también a los asentamientos Rodolfo Figueroa, Flor de Chiapas y Ramón E. Balboa.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Eliezer Gutiérrez, ha señalado que la propuesta busca que los habitantes permanezcan en la zona, pero reconozcan la propiedad comunal y se sujeten al estatuto de San Miguel Chimalapa.

Los comuneros sostienen que no plantean inicialmente desalojos forzosos y que los habitantes podrían conservar su identidad chiapaneca, aunque agrariamente pasarían a formar parte de la comunidad de San Miguel Chimalapa.

Sin embargo, el emplazamiento generó preocupación entre los habitantes de Gustavo Díaz Ordaz, ante la incertidumbre sobre lo que ocurrirá una vez concluido el plazo si la asamblea ejidal rechaza la propuesta.

El conflicto tiene como antecedente central la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de noviembre de 2021, emitida dentro de la controversia constitucional 121/2012 promovida por Oaxaca contra Chiapas.

El máximo tribunal determinó que la línea limítrofe debe partir de la Barra de Tonalá hacia el Cerro del Chilillo, continuar al Cerro de La Jineta y de ahí dirigirse al Cerro de Los Martínez.

No obstante, la Corte estableció una precisión relevante: la definición de los límites entre Oaxaca y Chiapas no anuló automáticamente resoluciones mediante las cuales autoridades federales o locales hubieran reconocido o generado derechos en favor de ejidos o comunidades agrarias.

Ese punto mantiene abierta una dimensión distinta del conflicto: una cosa es la delimitación política entre Oaxaca y Chiapas y otra la definición de derechos agrarios sobre tierras donde existen ejidos y comunidades con títulos o resoluciones previas.

La SCJN también ordenó a Oaxaca y Chiapas establecer mecanismos de coordinación, bajo supervisión federal, para garantizar servicios públicos a los habitantes de la franja limítrofe y desarrollar un programa de ordenamiento ecológico regional.

A casi cinco años de aquella resolución, las diferencias agrarias permanecen y ahora el plazo fijado por San Miguel Chimalapa coloca nuevamente presión sobre las autoridades federales y de ambas entidades.