Influencer destapa cloaca en Fiscalía de Oaxaca y el gobierno estatal
*Salomón Jara reconoce préstamo de vehículos asegurados tras escándalo por unidad con reporte de r0b0
Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 15 de Julio, 2026, (Fuente: Agencias).- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, admitió durante su conferencia de prensa matutina, haber solicitado a la Fiscalía General de Oaxaca que vehículos en depositaría o asegurados fueran facilitados para su uso por autoridades municipales que carecen de unidades oficiales.
“Yo le pido al fiscal que nos apoye con los vehículos que están en depositaría o decomisados”, declaró el mandatario, al señalar que la práctica no se limita a un solo caso.
La declaración se da luego de que el usuario conocido como “Mr. Blue” exhibiera en sus redes sociales la forma en que un automóvil marca Volkswagen tipo Jetta, que originalmente operaba como taxi y contaba con reporte de robo, terminó en manos de un militante del partido MORENA, tras ser modificado en color vino como vehículo particular.
El gobernador reconoció que la unidad en cuestión aún se encontraba vinculada a una carpeta de investigación activa, aunque calificó el préstamo de este tipo de unidades como una “práctica común” dentro de la administración estatal.
De acuerdo con reportes periodísticos, tanto la Contraloría Interna como la Visitaduría General de la Fiscalía estatal revisan los procedimientos que presuntamente permitieron la salida irregular de la unidad, mientras que ciudadanos y afectados exigen que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso ante presuntos actos de encubrimiento por parte de agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
Las declaraciones del gobernador han generado reacciones en redes sociales, donde se cuestiona la legalidad y transparencia en el manejo de bienes decomisados por la Fiscalía estatal.
Influencer doblega a la Fiscalía de Oaxaca
De este modo, el influencer “Señor Blue”, exhibió al personal del Fiscal General de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, de cómo utilizan de forma discrecional vehículos asegurados por denuncias de robo, mismos que tras su detención son entregados a otras personas para su uso particular.
Durante un video, reveló que, tras rastrear un coche con reporte de robo vía GPS, se observa como policías llevan la unidad del corralón a un domicilio en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, luego lo trasladan a un taller para pintar y lo entregan a un operador político de MORENA.
Tras interceptar al «nuevo dueño» y llamar a la unidad de robo de vehículos, los AEI’s, en lugar de ayudar a la víctima, protegen al funcionario y se llevan de nuevo el vehículo al corralón.
Tras hacer viral el caso, la Fiscalía decidió devolver el auto al verdadero dueño y hacer como si nada pasara, sin embargo, esto destapó una red de corrupción y robo de vehículos a particulares para luego entregarlos en resguardo a particulares o políticos, por parte de las autoridades que deberían cuidar al pueblo.
Vehículos asegurados por la Fiscalía General de Oaxaca con reporte de robo son usados por particulares
Por eso, graves cuestionamientos pesan sobre la actuación de la Fiscalía General de Oaxaca y sobre el gobernador Salomón Jara Cruz, luego que un vehículo que, presuntamente había sido asegurado por contar con reporte de robo, fuera localizado nuevamente circulando en las calles.
La denuncia pública sostiene que la unidad era conducida por Heriberto Porras Vásquez, identificado en diversas publicaciones como familiar del diputado Benjamín Viveros. Según la versión difundida por el denunciante, cuando fue confrontado, agentes ministeriales permitieron que abandonara el lugar, lo que ha generado sospechas de un posible trato preferencial.
El caso plantea preguntas que la Fiscalía está obligada a responder: ¿cómo es posible que un vehículo asegurado como parte de una investigación terminara circulando libremente? ¿Quién autorizó que saliera del resguardo oficial? ¿Quién era responsable de su custodia?
Si estos hechos se confirman, sería sumamente grave, pues significaría que bienes asegurados por la autoridad estarían siendo utilizados indebidamente o entregados a particulares, lo que vulneraría la confianza ciudadana y comprometería la legalidad de las investigaciones.
La Fiscalía debe esclarecer de inmediato este caso, transparentar la cadena de custodia del vehículo y deslindar responsabilidades. La ciudadanía merece saber si se trató de una irregularidad administrativa, un abuso de autoridad o de conductas que pudieran constituir delitos. Mientras tanto, las personas señaladas conservan su derecho a la presunción de inocencia hasta que las autoridades competentes determinen lo correspondiente. Ver menos
Análisis de responsabilidad penal por presunto uso indebido de vehículos asegurados en Oaxaca; el caso del gobernador Salomón Jara
Y es que, el planteamiento de un escenario en el que el titular del Poder Ejecutivo de Oaxaca instruye a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) la entrega de vehículos con reporte de robo vigente para el beneficio o uso privado de particulares, abre un análisis crítico sobre la responsabilidad penal, constitucional y administrativa de los servidores públicos involucrados bajo la legislación mexicana.
Marco constitucional y de autonomía de la Fiscalía
La relación entre el gobernador del estado y el Fiscal General está estrictamente delimitada por el principio de autonomía constitucional.
Independencia orgánica: La FGEO es un órgano constitucional autónomo. Esto significa que no está subordinado de ninguna forma al Poder Ejecutivo estatal.
El gobernador carece por completo de facultades de mando, jerarquía o dirección sobre el Fiscal General o sobre el destino de los bienes asegurados dentro de las investigaciones penales.
Custodia legal de la evidencia: Los vehículos motorizados objeto de un delito (como el robo) quedan bajo la estricta tutela, resguardo y cadena de custodia del Ministerio Público conforme a las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Ninguna autoridad ajena a la conducción de la investigación puede ordenar su liberación, transferencia o asignación para fines ajenos a la procuración de justicia.
Análisis de los posibles delitos penales
De consumarse, comprobarse o acreditarse una orden con estas características, el Gobernador del Estado podría incurrir en diversas conductas delictivas tipificadas en el Código Penal para el Estado de Oaxaca:
Abuso de autoridad y ejercicio ilícito del servicio público
Se configura al emitir órdenes que contradicen directamente las leyes o al arrogarse facultades que la normativa no le confiere. Un gobernador no tiene atribuciones legales para disponer de bienes muebles retenidos con motivo de una indagatoria penal activa. El dictado de una instrucción ilegal a otra institución constituye una desviación de poder sancionable.
Tráfico de influencias
Este delito se actualiza cuando un servidor público utiliza su posición jerárquica, prestigio o influencia política para presionar, inducir o compeler a otro funcionario (en este caso, a un Fiscal autónomo) con la finalidad de promover, tramitar o ejecutar un acto ilícito que genere un beneficio indebido para sí mismo o para un tercero.
Peculado
El peculado implica desviar de su objeto público o legal el dinero, valores, fincas o cualquier otro bien perteneciente al Estado o a particulares, si el funcionario los ha recibido en virtud de su cargo o se encuentran bajo su custodia indirecta. Aunque los vehículos pertenezcan a particulares víctimas de robo, al estar bajo el resguardo oficial del aparato de justicia, su desvío para uso privado de terceros constituye una malversación de bienes de custodia pública.
Coalición de servidores públicos
Si el Gobernador y el Fiscal General coordinan sus acciones, se ponen de acuerdo o combinan esfuerzos para emitir medidas contrarias a la ley o para impedir la ejecución de un servicio público (como lo es la correcta y oportuna devolución del bien a su legítimo dueño), se configuraría este delito que sanciona el concierto de voluntades de funcionarios para transgredir la legalidad.
Procedimiento de imputación y desafuero
Para que un gobernador del estado en funciones pueda ser procesado penalmente por delitos del fuero común, se requiere agotar los canales constitucionales establecidos:
Declaratoria de Procedencia (Desafuero): La Fiscalía correspondiente debe solicitar al Congreso del Estado de Oaxaca el retiro de la inmunidad procesal (fuero). Este dictamen requiere ser aprobado por la mayoría de las y los legisladores locales tras evaluar la existencia de elementos probatorios suficientes.
Juicio Político: En paralelo, el poder legislativo local puede iniciar un procedimiento de juicio político por violaciones graves a la Constitución local y al manejo indebido de recursos o instituciones, lo que podría derivar en la destitución inmediata e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Responsabilidad compartida del Fiscal General
Es fundamental señalar que el Fiscal General del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, no podría eximirse de culpa alegando el cumplimiento de una «orden superior» o presiones políticas. Al encabezar una institución autónoma y regirse bajo el principio de estricta legalidad, acatar una instrucción manifiestamente ilícita lo convierte en coautor o partícipe material de los delitos descritos, comprometiendo de igual forma su responsabilidad penal directa y abriendo la puerta a su remoción del cargo por parte del Congreso del Estado.
Para conocer la gestión formal del equipamiento del estado, puede consultar la Entrega oficial de vehículos en Oaxaca, un enlace que ilustra los actos públicos legítimos de distribución de parque vehicular oficial destinados al fortalecimiento operativo de la seguridad pública en la entidad.
