Rompen mesa de diálogo entre SEMOVI y concesionarios

Oaxaca, Oaxaca, Sábado 11 de Julio, 2026, (Fuente: X: @jaimeguerrero08, Ernesto Rojas Ayuzo / Plataforma Informativa Oaxaca y Facebook: Chapulin Times).- Las diputadas federales del Partido del Trabajo (PT) Margarita García y Aracely Cruz Jiménez, rompieron la mesa de diálogo que sostenían con la Secretaría de Movilidad de Oaxaca (SEMOVI) y los concesionarios de taxis foráneos, mientras los transportistas permanecen concentrados en el zócalo de la capital y amagan con nuevas protestas.

La ruptura se dio luego de que SEMOVI rechazó la tarde de este viernes que los taxistas foráneos vayan a recibir autorización para ingresar a calles del Centro Histórico.

Esto, después de que Cruz Jiménez sostuvo al mediodía que se elaboraría un circuito que consideraría algunas vialidades del centro de la ciudad y cercanas a la Central de Abasto para dar acceso a los operadores.

La dependencia estatal indicó que, junto con los ruleteros y sus representantes, ha buscado alternativas para mitigar la inconformidad del gremio, entre ellas cuadrantes en áreas contiguas a la Central de Abasto.

Se trata de espacios en la periferia, sobre el Periférico, en las riberas del Atoyac o en la Diagonal de Mercaderes.

SEMOVI puntualizó que, mientras se definen opciones consensuadas, “los transportistas se comprometen a no establecer bases ni ingresar al Centro Histórico”.

De acuerdo con la minuta de la mesa de trabajo sostenida la noche del 8 de julio, en ese encuentro se discutieron ampliamente las opciones disponibles, entre ellas abrir cuadrantes sobre el Periférico o espacios en la zona de la Central.

También se consideraron las Riberas del Atoyac y la Diagonal de Mercaderes para los transportistas.

El acuerdo alcanzado fue revisar los planteamientos y celebrar una nueva reunión el 9 de julio a las 14:00 horas para definir los acuerdos correspondientes.

El conflicto se inscribe en el programa de reordenamiento vial Sicarú Lula’ Linda Oaxaca, que desde finales de mayo restringe el ingreso de unidades foráneas al primer cuadro de la capital.

SEMOVI ha señalado que el proyecto ha integrado 338 sitios de taxis y que se han realizado 42 reuniones de diálogo con el sector.

Las diputadas del PT que asumen una postura político electoral han calificado el reordenamiento como una imposición sin sustento técnico.

Cruz Jiménez ha afirmado que los estudios que justificarían el plan aún están en construcción.

La legisladora ha exigido al gobierno estatal que consulte a los pueblos indígenas antes de aplicar la medida.

El gobierno de Salomón Jara ha replicado que las protestas han sido politizadas por el PT con miras a las elecciones de 2027.

Los concesionarios, por su parte, insisten en que su movimiento es apartidista y que la mesa de diálogo debe continuar hasta lograr un acuerdo definitivo.

No hay reordenamiento vial en Oaxaca, hay una ocurrencia, improvisada para retiro de unidades foráneas del centro

Y es que, el reordenamiento vial en el Centro Histórico de Oaxaca suele ser la prueba de fuego para cualquier administración que aspire a modernizar su entorno urbano.

No se trata solo de trazar líneas en un mapa o prohibir el paso de unidades; se trata de una intrincada filigrana política que exige conciliar los derechos del peatón, el patrimonio arquitectónico y el sustento de miles de familias que dependen del transporte público.

​Este viernes, la mesa de diálogo encabezada por Yesenia Nolasco no sólo se rompió, evidenció una preocupante pérdida de control político y una profunda grieta en los puentes de comunicación del propio bloque oficialista.

Cuando la titular de la dependencia se queda sola frente a la mesa y las diputadas federales del Partido del Trabajo, Margarita García y Aracely Cruz, deciden levantarse para arropar a los transportistas inconformes, el mensaje es claro: la soberbia técnica ha superado a la concertación política.

​La paradoja es casi irónica. Quienes en el pasado construyeron sus carreras políticas y capitalizaron el descontento social oponiéndose a las obras y decisiones de gobiernos anteriores, hoy se sientan del otro lado del escritorio. Sin embargo, al convertirse en gobierno, parecen haber olvidado la regla más elemental de la administración pública: el poder se ejerce coordinando, no imponiendo.

La acusación que resuena en los pasillos de la ruptura no es menor; calificar el plan de reordenamiento como una «ocurrencia sin planificación» expone la total ausencia de un diagnóstico social previo.

​La movilidad urbana no puede transformarse a golpe de decreto ni bajo la premisa del «porque yo lo digo».

El transporte de taxis foráneos atiende a una población vulnerable que conecta las periferias con el corazón de la ciudad.

Desplazar sus rutas sin consensar paraderos dignos ni trazar rutas alternativas es encender una mecha en un gremio que, históricamente, sabe cómo presionar en las calles.

​El fracaso de esta mesa de trabajo no es solo un tropiezo administrativo; es un síntoma de un gobierno que confunde la legitimidad de las urnas con un cheque en blanco para prescindir del diálogo.

Si el reordenamiento del Centro Histórico sigue tratándose como un capricho de escritorio y no como un proyecto socializado, el conflicto no hará más que escalar.

A Yesenia Nolasco se le están agotando las cartas en la mesa, y en la política, cuando la mesa se rompe, el conflicto se traslada irremediablemente al asfalto.

Posibles actos violatorios en el reordenamiento del transporte

Por otra parte, nadie discute que el Estado tiene facultades para ordenar el transporte público. Lo que sí debe discutirse es si las decisiones de la autoridad respetan los límites que impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La determinación de impedir el acceso de los taxis foráneos al Centro Histórico y a la Central de Abasto, en la capital de Oaxaca, podría generar cuestionamientos constitucionales si, en los hechos, obliga a miles de ciudadanos a pagar un segundo pasaje, recorrer mayores distancias o dificulta el traslado de mercancías, herramientas y productos del campo.

La CPEUM establece que:

Artículo 1°. Todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Toda medida administrativa debe ser necesaria, proporcional y orientada a proteger a las personas.

Artículo 4°. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, calidad, inclusión e igualdad. Si una política pública encarece los traslados o dificulta el acceso al destino final, es válido cuestionar si cumple con esos principios.

Artículo 16. Todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. La ciudadanía tiene derecho a conocer el fundamento legal y las razones técnicas que justifican una medida que afecta su vida cotidiana.

El debate no es si debe existir orden en el transporte. El verdadero debate es si ese ordenamiento se diseñó pensando en la gente o si terminó trasladando el costo de la política pública al ciudadano, o si beneficia al monopolio llamado BinniBus.

Un gobierno democrático no sólo debe tener la facultad de decidir, también tiene la obligación de escuchar, corregir y garantizar que sus decisiones sean compatibles con los derechos que reconoce la Constitución.

La movilidad es un derecho; el costo de una política pública no debe recaer, sin más, sobre quienes dependen diariamente del transporte para trabajar, estudiar o sostener a sus familias.

Por último, debe de tenerse en cuenta que el Estado debió de haber hecho una consulta ciudadana para la reorganización y ofrecer espacios para el ascenso y descenso de pasajeros y evitar el doble pago. Pero, en fin, un gobierno que hace todo al madrazo, es lo que menos le importa, total los cajones son un buen negocio.