En juzgados de Salina Cruz exigen fin a la corrupción operativa

*Luego de tomar dichos juzgados, abogados y usuarios demandan fin a los cobros indebidos y la arbitrariedad judicial

Salina Cruz, Oaxaca, Viernes 05 de Junio, 2026, (Fuente: Comunicado).- Desde el pasado martes, un frente unificado de profesionales del derecho, litigantes y ciudadanos usuarios de los servicios de justicia civil y familiar tomaron de manera indefinida las instalaciones del Juzgado de Salina Cruz, en la región Istmo de Oaxaca.

La movilización pacífica surge ante el colapso institucional, la falta de personal técnico, cobros encubiertos que violan la gratuidad de la justicia y las constantes arbitrariedades procesales que vulneran la seguridad jurídica en la región del Istmo.

La comisión representativa informó que el tribunal opera en condiciones deplorables, forzando a infantes y mujeres a esperar a la intemperie. A esto se suma el uso del juzgado como espacio de “experimentación” tras el reciente ascenso de la titular, cuyo desconocimiento de los criterios mínimos procesales afecta gravemente el patrimonio y la seguridad de los justiciables.

Ante esta crisis, el movimiento presenta un Pliego Petitorio Integral fundamentado en la legislación federal y local, exigiendo soluciones inmediatas en cinco ejes centrales:

1. Infraestructura Mínima y Dignidad: Habilitación de áreas de espera techadas y con asientos suficientes, así como el abastecimiento de herramientas tecnológicas funcionales para el personal, bajo el amparo del Artículo 17 Constitucional (justicia pronta y completa).

2. Abasto de Recursos Humanos y Trabajo Social Propio: Asignación inmediata de secretarios, notificadores y auxiliares. Se exige el cese definitivo a la triangulación de estudios socioeconómicos hacia el DIF Municipal —el cual cuenta con una sola trabajadora social y está totalmente colapsado—. El Tribunal debe contratar personal de Trabajo Social propio para evitar que los juicios de alimentos, guardas y custodias se congelen por meses, violando el Principio del Interés Superior de la Niñez.

3. Destitución de la Juez Segundo de lo Familiar y su Secretaria de Acuerdos: Remoción inmediata de ambas funcionarias ante su evidente incompetencia y desconocimiento inexcusable de la ley, incumpliendo con los principios de excelencia y profesionalismo de la carrera judicial.

4. Unificación de Criterios y Certeza Jurídica: Emisión urgente de lineamientos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia para frenar la arbitrariedad donde cada juez aplica un criterio distinto para el mismo supuesto legal. Se exige el respeto al Principio de Igualdad ante la Ley (Dos ciudadanos en las mismas condiciones deben recibir el mismo trato procesal).

5. Fin al Negocio de las Copias y Trabas Digitales: Respeto estricto a la gratuidad en la certificación cuando el usuario aporte sus propias fotocopias. Se denuncia que los juzgados tergiversan el Acuerdo General 04/2026 del Pleno, el cual tasa la emisión de copias por el gasto de materiales, mas no faculta el cobro por el acto de certificar. Asimismo, se exige la obligación de aceptar váuchers físicos e impresiones digitales de transferencias electrónicas de pago de derechos, terminando con el rechazo discrecional y discriminatorio que sufren los litigantes.

CONVOCATORIA CIUDADANA:

El frente de abogados y usuarios hace una atenta invitación a la ciudadanía en general de Salina Cruz y municipios circunvecinos para que este jueves 4 de junio, en punto de las 9:00 horas, acompañen al movimiento en las instalaciones de los Juzgados Familiares. El objetivo es abrir un espacio solidario para que cualquier persona afectada pueda externar su inconformidad, interponer quejas o denunciar públicamente los atropellos, dilaciones o malos tratos de los que haya sido objeto por parte del personal judicial.

La presente manifestación dio paso a la mesa de diálogo para mañana a las 09:00 hrs, a fin de que se firme una minuta de acuerdo que sirva como promesa inmediata al cumplimiento de nuestras demandas, de no ser así, se continuaran con la toma de instalaciones de manera indefinida. El frente responsabiliza a las autoridades del retraso procesal subsiguiente y demandan el cese absoluto a cualquier intento de represalia administrativa, penal o política contra el movimiento legítimo.