Edil sacrifica a funcionaria ante presunta crueldad animal
*El presidente municipal de Tuxtepec “sacrificó” a la titular del albergue animal para evadir su responsabilidad por asesinato del perro “Roko”; se ocupa más por heredar el cargo
Oaxaca, Oaxaca, Sábado 09 de Mayo, 2026, (Fuente: X: @jaimeguerrero08 y Lisbeth Mejía Reyes / Agencia Zona Roja).- En medio de los cuestionamientos por su desempeño, el presidente municipal de San Juan Bautista Tuxtepec (región Cuenca de Oaxaca), Fernando Huerta Cerecedo, destituyó a la directora del Albergue de Mascotas de ese municipio, como salida política ante la polémica desatada por el asesinato del perro “Roko” a manos de trabajadores de su propio gobierno.
En tanto, su administración opera con la vista puesta en un proyecto de sucesión familiar: su esposa, Ana Gabriela Delgado, encabeza el DIF municipal con miras a relevarlo en la presidencia municipal.
El caso trascendió a través de redes sociales a partir de un video en el que se observa a trabajadores municipales capturando al can de manera brutal, prácticamente estrangulándolo antes de hacerlo desaparecer.
La denuncia fue impulsada a escala nacional por el activista de defensa animal conocido como La Ranita de Nogales, lo que detonó una ola de indignación sobre la ausencia de protocolos de manejo animal en el gobierno cuenqueño.
Ante la presión ciudadana, Huerta Cerecedo aceptó en una mesa de diálogo celebrada frente al Palacio Municipal que Roko fue “dormido” por sus propios trabajadores, argumentando un supuesto incidente de mordedura registrado el año pasado.
Lejos de asumir la responsabilidad que le corresponde como titular del Ayuntamiento, el alcalde emitió un comunicado en el que responsabilizó a la directora del albergue de una “orden y actuación indebida” y anunció su destitución inmediata.
En el documento, el ayuntamiento asegura que “reprueba y condena cualquier acto de maltrato animal” y que el maltrato animal “no es un error: es un delito y una falta grave”.
Sin embargo, las rescatistas señalaron que la autoridad municipal violó el protocolo establecido en el Artículo 56 del reglamento municipal, que exige que cualquier eutanasia por riesgo de seguridad sea coordinada con la Jurisdicción Sanitaria, Salud Municipal y organizaciones protectoras.
Ninguno de esos pasos fue cumplido. “No fue un accidente, lo privaron de la vida sin una valoración real”, denunciaron las activistas durante la protesta en el Parque Juárez, donde calificaron la acción como una ejecución arbitraria.
Vecinos de la zona donde Roko era conocido describieron al animal como un perro joven, sano y amigable.
Una de las portavoces de los colectivos cuestionó directamente al gobierno municipal: “¿Con qué derecho someten a un indefenso y le dan muerte? Tememos por nuestros niños en las calles”.
El diputado local de MORENA, Francisco Javier Niño Hernández, “Paco Niño”, presentó denuncias penales y acciones legales contra las autoridades municipales responsables.
El escenario tiene un ingrediente adicional que lo convierte en algo más que una anécdota de mal gobierno.
Huerta ha construido su administración con su esposa, Ana Gabriela Delgado, al frente del DIF municipal, para sucederle en la presidencia municipal.
Mientras, el caso Roko expone la negligencia y la crueldad de su gobierno ante el país, el alcalde tuxtepecano tiene la atención puesta en ese proyecto de poder conyugal, no en la operatividad responsable de la administración que conduce.
Crecen indignación y exigencia de justicia por muerte de “Rocko”, perrito de Tuxtepec
Por otra parte, organizaciones animalistas y sociedad civil exigen justicia para “Rocko”, perro de Tuxtepec que fue privado de la vida por el ayuntamiento de esa ciudad bajo el argumento de que era agresivo y de que mordió a una persona el año pasado.
Ante la indignación, el presidente municipal, Fernando Huerta Cerecedo, destituyó a la directora del Albergue de Mascotas, Eunice del Carmen Vano Pimentel.
Sin embargo, esta decisión también ha sido cuestionada, al considerar que se está evadiendo la responsabilidad del ayuntamiento.
Activistas como La Ranita de Nogales y el refugio Patitas Felices Oaxaca se han sumado a la protesta nacional por “Rocko” y exigen al edil de Tuxtepec y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) llegar hasta las últimas consecuencias para castigar este asesinato.
Tras su protesta del pasado 6 de mayo, la organización Fuerza y Rescate Tuxtepec Huellitas de Esperanza también advirtió que no permitirá que el caso quede impune y que interpondrá una “demanda contra las personas que resulten responsables”.
La organización subrayó que no es suficiente la “destitución de las personas responsables y autoras de tal maltrato, ya que lo privaron de su vida sin haber llevado una buena valoración sobre su caso”.
Según lo expuesto a las activistas por parte del edil, la supuesta agresión de “Rocko” a una persona ocurrió el año pasado cuando este aún tenía propietarios y que existe una demanda en la ciudad de Oaxaca.
Sin embargo, la sociedad civil ha cuestionado el por qué si hubo tal agresión se procedió hasta ahora y por qué se denunció en la capital cuando el presunto caso ocurrió en Tuxtepec.
Debido a la trascendencia del caso, el diputado local Paco Niño interpuso una denuncia ante la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, según informó en sus redes sociales.
La muerte de “Rocko” se suma a una serie de asesinatos y otros casos de crueldad animal en contra de perros y gatos en el estado de Oaxaca, en los que se señala como presuntos responsables no solo a particulares sino a instituciones o autoridades.
Por ejemplo, en abril, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de hechos por el presunto envenenamiento de perros ordenado por directivos del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca.
Mediante un oficio, la fiscalía le exigió a la directora, Marisa Guadalupe Flores Aguilar, abstenerse de continuar con esta práctica porque podría ser responsable de un delito conforme los artículos 419, 419 bis y 420 del Código Penal, en los que se señala las sanciones por maltrato animal.
La muerte de “Rocko” también ocurre a unas semanas de que la senadora Mariela Gutiérrez admitió haber ordenado el sacrificio de miles de perros cuando fue presidenta municipal de Tecámac, Estado de México, y que lo hizo conforme a la norma.
