¿Narcogobierno?
*Existe una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por vínculos con el narcotráfico
*Hay otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales señalados en el caso
Ciudad de México, Jueves 30 de Abril, 2026, (Fuente: Azteca Noticias y X: @jaimeguerrero08).- En un anuncio histórico, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, informaron la apertura de una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por vínculos con el narcotráfico. Hay otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales señalados en el caso.
La acusación alega que los imputados utilizaron sus cargos públicos para proteger y facilitar las operaciones de narcotráfico de la facción de los “Chapitos” (hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán), dentro del Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos de millones de dólares.
Además del gobernador del Sinaloa, entre los señalados por el gobierno norteamericano figuran:
* Enrique Inzunza Cázarez (Senador de Morena por Sinaloa)
* Enrique Díaz Vega (Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa)
* Dámaso Castro Zaavedra (Vicefiscal General de Sinaloa)
* Gerardo Mérida Sánchez (Exsecretario de Seguridad de Sinaloa)
* Juan de Dios Gámez Mendívil (Presidente municipal de Culiacán)
* Juan Valenzuela Millán (Comandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado también por el secuestro y muerte de una fuente de la DEA).
* Marco Antonio Almanza Avilés (Exjefe de la Policía de Investigación)
* Alberto Jorge Contreras Núñez (Exjefe de la Policía de Investigación
* José Antonio Dionisio Hipólito (Exsubdirector de la Policía Estatal)
Los cargos incluyen conspiración para la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, así como delitos relacionados con armas de fuego.
El esquema
Según el comunicado del Departamento de Justicia, la relación entre el gobierno estatal y el Cártel de Sinaloa fue fundamental para la expansión de la organización criminal.
Las acusaciones clave incluyen un apoyo electoral en las elecciones del 2021; “Los Chapitos” habrían ayudado a Rubén Rocha Moya a ganar la gubernatura mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos.
Además, como gobernador habría asistido a reuniones con líderes del cártel para garantizarles impunidad y protección en la distribución de narcóticos; una acusación que ya había revelado el propio «Mayo» Zambada en una carta compartida desde Estados Unidos.
Jefes policiacos
Funcionarios policiales, como Juan Valenzuela Millán (Comandante de la Policía Municipal de Culiacán), habrían puesto a disposición del Cártel de Sinaloa a los cuerpos policiales para realizar arrestos, secuestros y asesinatos.
Además, Dámaso Castro Zaavedra, Vicefiscal de Sinaloa, es acusado de recibir aproximadamente $11,000 USD mensuales por informar a los «Chapitos» sobre operativos respaldados por Estados Unidos.
El Fiscal Jay Clayton fue enfático al señalar que el Cártel de Sinaloa no podría operar con tanto éxito sin la colaboración de funcionarios corruptos. «Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo: no importa su título o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia», declaró.
Por su parte, la DEA destacó que el Cártel de Sinaloa es considerado una organización terrorista que utiliza el soborno para socavar las instituciones públicas.
Apoya embajada
La jueza de distrito Katherine Polk Failla ha sido asignada para llevar el caso.
Tras el anuncio de los cargos penales en Nueva York contra el mandatario estatal, la Embajada de los Estados Unidos en México emitió una declaración a través del Embajador Ronald Johnson, subrayando el compromiso de ambos países con el Estado de derecho.
La Embajada tomó nota de los cargos contra el gobernador Rocha y enfatizó que combatir la actividad criminal transnacional es una prioridad para ambas naciones; de igual forma, reafirmó su intención de trabajar con las autoridades mexicanas para fortalecer las instituciones y promover la seguridad mutua.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición; sin embargo, en un acto sin precedentes, en el titular del comunicado señalaron que «en los documentos no se anexan pruebas» y turnó la información a la Fiscalía General de la República.
“Se informa que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer”, sentenció la SRE.
Las pruebas
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York reveló detalles de las reuniones que sostenía el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con «Los Chapitos», esto argumentando que lo hacía para pactar protección.
Lo anterior fue dado a conocer en un comunicado publicado este 29 de abril, en el que el gobierno de Estados Unidos acusa al morenista de conspirar con el Cártel de Sinaloa.
En el documento se detalla que el punto más delicado de la investigación, hecha por la DEA, no solo es el apoyo electoral, sino la confirmación de que el gobernador asistió a encuentros con los líderes criminales para sellar un pacto de impunidad.
En su investigación, la DEA señala que Rocha Moya no fue solamente un observador, pues asistió a reuniones con un grupo del Cártel de Sinaloa.
En dichos encuentros, el compromiso fue que el gobierno de Sinaloa protegería la distribución de drogas hacia el norte, a cambio de que la facción de los hijos de Guzmán Loera eliminara cualquier obstáculo político, incluyendo el secuestro de rivales durante la campaña.
Varios de los detalles habían sido revelados desde la detención de Ismael «El Mayo» Zambada. En una carta pública, el capo aseguró que fue secuestrado precisamente cuando se dirigía a una reunión donde se esperaba la presencia de Rocha Moya.
Departamento de Justicia de EU presenta cargos de narcotráfico contra Rocha Moya y círculo político de Sinaloa
Y es que, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación formal de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado, a quienes señala de haber conspirado con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina al territorio estadounidense a cambio de sobornos millonarios y protección política.
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, anunciaron la apertura de la acusación formal contra el gobernador y funcionarios de su círculo político.
El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
La acusación formal incluye al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al senador Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega; Dámaso Castro Zaavedra; Marco Antonio Almanza Avilés; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; Gerardo Mérida Sánchez; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; Juan de Dios Gámez Mendívil, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, todos señalados por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas.
Junto a Rocha Moya fueron imputados el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de 41 años; el senador y exsecretario General de Sinaloa, Enrique Inzunza Cazárez, de 53, y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, de 50.
De acuerdo con el documento judicial, los acusados habrían desempeñado funciones esenciales para la organización criminal.
Presuntamente protegieron a los líderes del cártel de investigaciones, detenciones y enjuiciamientos; facilitaron que se proporcionara información sensible de las fuerzas del orden y del Ejército a miembros del cártel y a narcotraficantes aliados para ayudar en sus actividades delictivas.
A cambio, los acusados habrían recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico.
El pacto con “Los Chapitos”
Según la acusación, los Chapitos —hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— contribuyeron a la elección de Rocha Moya mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos.
Una vez en el cargo, el 1 de noviembre de 2021, Rocha Moya habría asistido a reuniones con ellos y prometido protección para sus operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos.
Otros acusados, afirma la fiscalía, han participado directamente en la campaña de violencia y represalias del cártel.
Entre ellos, Dámaso Castro Zaavedra, actual subprocurador de la Fiscalía Estatal de Sinaloa, habría recibido alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros de arrestos y filtrar información sobre operativos respaldados por Estados Unidos.
Cargos adicionales por la muerte de un informante
Uno de los señalamientos más graves dentro de la acusación involucra a Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.
Las autoridades estadounidenses lo acusan del presunto secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta en octubre de 2023.
De acuerdo con el expediente judicial, ambas víctimas fueron asesinadas tras ser identificadas como posibles colaboradoras de la investigación federal. Millán es el único acusado que enfrenta una pena mínima obligatoria de cadena perpetua.
Si el gobernador Rocha Moya va a juicio en Estados Unidos, podría alcanzar la pena de cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Rocha Moya emitió un mensaje en el que rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones, afirmando que carecen de veracidad y fundamento alguno, y que así se demostrará “con toda contundencia, en el momento oportuno”.
El gobernador calificó las acusaciones como un ataque “al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos”.
EU solicita extradición de Rocha Moya y nueve funcionarios de #Sinaloa por proteger al Cártel; FGR determinará si existen elementos: SRE
En tanto, el gobierno de Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y ex funcionarios de su administración, requeridos por una corte federal de Nueva York por presuntamente dar protección al Cártel de Sinaloa.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó este 29 de abril un indictment formal contra Rocha Moya y los otros implicados por presuntamente conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos y apoyo político.
Entre los acusados figuran también el senador Enrique Inzunza Cázarez, el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como mandos de seguridad, fiscales y ex funcionarios estatales.
El Fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance Cole, señalaron que los implicados habrían utilizado sus cargos para facilitar el trasiego de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de proteger operaciones del cártel.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que, como ocurre en este tipo de trámites, turnó la solicitud a la Fiscalía General de la República (FGR), que determinará si existen elementos suficientes para proceder a la entrega de los solicitados.
“Como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”, indicó la dependencia.
La Cancillería precisó que la solicitud se realizó el martes a las 18:00 horas y se le dio el trámite establecido conforme al marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional.
La SRE advirtió además que los tratados vigentes contienen provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información en este tipo de procesos; por esta razón, anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que la solicitud se dio a conocer.
Embajador de EU advierte que la corrupción vinculada al crimen organizado “será investigada y procesada” tras cargos contra Rocha Moya
Por otra parte, tras la presentación de cargos penales en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que todo acto de corrupción que facilite al crimen organizado será investigado y procesado en todos los casos en que aplique la jurisdicción estadounidense.
En un pronunciamiento, el representante diplomático señaló que su país continuará trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad de ambos pueblos.
“Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, aseveró.
Johnson indicó que la Embajada tomó nota de la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador Rocha y otras personas.
“Combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para Estados Unidos y México. Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho. Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen”, sostuvo.
El embajador afirmó que se mantiene firme el compromiso con una relación basada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de derecho.
FGR recibe solicitud de EU para detener a gobernador y funcionarios de Sinaloa, pero señala que carece de elementos probatorios contundentes
Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que Estados Unidos no aportó evidencias contundentes contra Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios en la solicitud de detención provisional con fines de extradición, presentada por delitos de narcotráfico.
Ulises Lara, Fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, informó que la dependencia analizará si es viable pedir la detención con fines de extradición de los acusados y al mismo tiempo iniciará una carpeta de investigación para determinar si la acusación de la Unión Americana tiene fundamento.
Informó que recibió, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitudes de detención provisional con fines de extradición formuladas por el gobierno de Estados Unidos en contra de funcionarios del estado de Sinaloa.
No obstante, advirtió que la solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados.
Señaló que, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicables en la materia, su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales analizará la documentación recibida para establecer si existen los elementos probatorios necesarios y, en su caso, la viabilidad de la solicitud.
De manera paralela, la institución indicó que iniciará una investigación para determinar si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación formulada por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
Lo anterior, conforme a la legislación mexicana, que exige presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.
La FGR también llamó la atención sobre el hecho de que la propia solicitud de Estados Unidos requiere que el gobierno mexicano tome las medidas necesarias para garantizar que la información contenida en cualquier petición de detención provisional o de extradición no sea divulgada ni hecha del dominio público, como ocurrió en este caso por dicho de las propias autoridades estadounidenses.
La institución recordó que dar a conocer dicha información con otros fines podría ser en detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en Estados Unidos y contrario a las normas procesales que los gobiernan.
En ese mismo sentido, la Fiscalía citó la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que establece que toda la información y documentación remitida en este tipo de casos debe manejarse con carácter confidencial y reservado, a efecto de proteger la información transmitida.
Respecto del marco jurídico aplicable a los funcionarios involucrados, la FGR precisó que en el caso de gobernadores y senadores se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostenten dichos cargos.
El Tratado Bilateral en la materia establece que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso México, condición que la FGR consideró no satisfecha en la solicitud recibida.
La Fiscalía concluyó su comunicado con un llamado al pleno respeto a la soberanía nacional y al Estado de Derecho, señalando que los derechos y garantías de las personas requeridas son inalienables, tanto en el Estado requerido como en el requirente.
“Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”, cerró el mensaje institucional.
