Amagan con paralizar supercarretera en Oaxaca
*Comunidades zapotecas exigen cumplimiento de acuerdos tras años de promesas incumplidas en la autopista Barranca Larga-Ventanilla
Oaxaca, Oaxaca, Sábado 17 de enero, 2026, (Fuente: Froylán Méndez Ferrer / Agencia de noticias ANSIC.MX).- Catorce comunidades indígenas de la región Sierra Sur-Costa, en Oaxaca, anuncian acciones de protesta, incluidos bloqueos carreteros, ante la incompetencia de autoridades federales y estatales para formalizar los acuerdos que se comprometieron cumplir en una autopista construida sobre sus tierras ancestrales.
Después de años de mesas de trabajo y acuerdos incumplidos las catorce comunidades indígenas han determinado ejercer su derecho constitucional a la manifestación y protesta social mediante bloqueos a la supercarretera Barranca Larga-Ventanilla. La decisión responde a la incompetencia sistemática de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y el Gobierno del Estado de Oaxaca para honrar compromisos adquiridos con poblaciones que cedieron sus territorios para el desarrollo de infraestructura nacional.
La historia de esta organización comunitaria es emblemática de las contradicciones del modelo de desarrollo mexicano. En 2022, cuando la entonces administración federal inauguró la autopista Barranca Larga-Ventanilla como símbolo de conectividad y progreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador alentó a las comunidades zapotecas de la región a no ser «simples espectadores» del desarrollo, sino actores del mismo. Bajo esa promesa familias indígenas de Barranca Larga, Santiago Yogana, San Vicente Coatlán, Santa Catarina Coatlán, San Pedro Coatlán, San Pablo Coatlán, Santa María Coatlán, San Sebastián Coatlán, San Francisco Coatlán, San Jerónimo Coatlán, El Gavilán, San Antonio Lalana, Comitlán y Cieneguilla, se unieron para mejorar a sus comunidades. Su objetivo es muy claro: generar autoempleo e inclusión económica. Hoy, esa promesa presidencial se ha convertido en una pesadilla burocrática.
Las tres demandas centrales de las comunidades de indígenas son legítimas y urgentes. Primero, exigen que la SICT expida los permisos necesarios para operar legalmente el servicio público de pasajeros en la ruta Oaxaca-Puerto Escondido. Desde febrero de 2024 han operado bajo la anuencia informal de la dependencia, pero sin el amparo jurídico que les permita transitar sin el acoso constante de la Guardia Nacional y policías viales estatales que les exigen documentación inexistente. Segundo, demandan que la misma SICT presente un programa de regularización para empresas transportistas foráneas que han invadido la autopista, abandonando sus rutas originales y compitiendo deslealmente con la organización comunitaria. Tercero, solicitan a CAPUFE un esquema de tarifas preferenciales o exenciones en el pago de peaje, considerando que las cuotas actuales, calificadas como «exorbitantes», representan una lesión económica insostenible para comunidades que cedieron sus tierras a cambio de «contraprestaciones irrisorias» y ahora deben pagar por circular en una vía en «pésimas condiciones» y que ha generado muertes y daños materiales.
La situación expone un brutal abuso del sistema político: pueblos indígenas que entregaron su patrimonio territorial para facilitar megaproyectos de infraestructura ahora son criminalizados por intentar ejercer actividades económicas en esos mismos espacios. El marco regulatorio del autotransporte federal, diseñado para contextos urbanos y empresariales, no contempla las «circunstancias especiales» de organizaciones comunitarias surgidas de procesos de consulta y participación ciudadana. Esta rigidez normativa constituye, según lo expresan los propios afectados, una forma de discriminación institucional hacia pueblos indígenas cuyo derecho al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales está consagrado tanto en el artículo 2º de la Constitución mexicana como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México.
El papel del licenciado José Carlos Fuentes Ordaz, delegado de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca, resulta particularmente cuestionable. Si bien ha participado como intermediario en mesas de trabajo entre las comunidades y CAPUFE, su gestión no ha producido resultados tangibles. La Secretaría de Gobernación, responsable constitucionalmente de fomentar la gobernabilidad democrática y prevenir conflictos sociales, ha fallado en su función de coordinación interinstitucional. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la dependencia, no ha mostrado voluntad política para resolver un conflicto que amenaza con escalar y afectar una de las arterias carreteras más importantes del sureste mexicano, que conecta el centro de Oaxaca con la costa del Pacífico.
La incompetencia de CAPUFE merece un análisis aparte. El organismo público descentralizado, que opera bajo la lógica de autosuficiencia financiera, se ha mostrado inflexible ante las solicitudes de tarifas diferenciadas para las comunidades de los Coatlanes. Esta postura ignora precedentes legales: la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para establecer exenciones o reducciones en el pago de peaje cuando existan «causas de interés social». El caso de los Coatlanes califica claramente bajo este supuesto. Además, el reclamo comunitario sobre las «pésimas condiciones» de la autopista ha sido documentado por medios de comunicación y usuarios que reportan baches, falta de señalización y deficiencias en el mantenimiento, situación que cuestiona la justificación misma de las tarifas cobradas.
El contexto político, este conflicto se desarrolla durante la transición entre la administración de López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha reiterado su compromiso con los pueblos indígenas y el cumplimiento de acuerdos. Sin embargo, la inercia burocrática de la SICT y la falta de sensibilidad social de CAPUFE evidencian que los discursos de la Cuarta Transformación no se han traducido en cambios estructurales. El Gobierno del Estado de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, tampoco ha ejercido presión política para destrabar el conflicto, pese a que la estabilidad social en una región estratégica para el turismo y el comercio estatal está en juego. La ausencia de BANOBRAS en las negociaciones resulta igualmente inexplicable, considerando que la institución participó en el financiamiento de la autopista y debería garantizar que los beneficios del proyecto alcancen a las comunidades locales.
Las comunidades de los Coatlanes han agotado las vías institucionales. Han sido «pacientes», como ellos mismos lo expresan, confiando en la buena voluntad de autoridades que sistemáticamente han incumplido. Ahora anuncian acciones de protesta que incluyen bloqueos a la autopista Barranca Larga-Ventanilla, medida que inevitablemente afectará a miles de usuarios pero que representa el único recurso efectivo de poblaciones históricamente excluidas para hacerse escuchar. Este conflicto no es un caso aislado: replica patrones de despojo, promesas incumplidas y criminalización de la protesta social que caracterizan la relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas en especial los más pobres en Oaxaca.
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