Jueza denunció violencia física, psicológica, económica, vicaria…

*Además, dio a conocer un desacato a órdenes de protección en Oaxaca

*No sólo eso, la servidora pública dijo que temía por su vida, tras haber sido víctima durante años de todo ese tipo de violencia por parte del padre de sus hijos, Jaime Castellanos del Campo

Oaxaca, Oaxaca, Sábado 10 de enero, 2026, (Fuente: Plataforma Informativa Oaxaca).- A través de una carta abierta dirigida a la opinión pública, la jueza Suzette Soto Pinacho, denunció que teme por su vida, tras haber sido víctima durante años de violencia física, psicológica, económica, vicaria y simbólica por parte del padre de sus hijos, Jaime Castellanos del Campo, así como del incumplimiento reiterado de órdenes de protección dictadas por autoridades judiciales.

En el documento, que hizo visible en redes sociales, (https://www.facebook.com/share/14WPdqTVMpy/?mibextid=wwXIfr) la denunciante señala que la violencia no solo ha sido ejercida en su contra, sino también hacia sus dos hijos, quienes, afirma, han sido utilizados como mecanismos de presión, manipulación y exposición pública, pese a existir resoluciones judiciales que prohíben estas conductas.

Relata que, tras la separación, se firmaron tres convenios que nunca fueron cumplidos, incluido el pago de pensión alimenticia, y que la convivencia con el padre fue utilizada para ejercer violencia vicaria, exponiendo a los menores a riesgos, grabaciones y difusión de su imagen.

Desde 2024, refiere, se han emitido diversas órdenes de protección en materia familiar y penal, mismas que han sido incumplidas en más de 20 ocasiones, por lo que ha tenido que aguantar amenazas, hostigamiento y una campaña de desprestigio en su contra, incluso involucrando a terceros ajenos al conflicto.

En la carta también denuncia violencia simbólica, al señalar que ha sido desacreditada, silenciada y responsabilizada del daño provocado por otros, obligándola a pedir licencia de su función y a callar para no afectar la imagen de terceros, mientras se utiliza su fuente de ingresos como un arma para estigmatizarla, pese a que el agresor, Castellanos del Campo, no cumple con sus obligaciones parentales.

Ante este contexto, la denunciante afirma temer por su vida, la de sus hijos y la de su familia, al advertir que, a pesar de las órdenes de restricción, la violencia no solo continúa, sino que escala hacia terceros. Subraya que el interés superior de la niñez no puede seguir siendo un discurso vacío, y concluye con un llamado a la justicia y a la protección efectiva de sus hijos.

“Mis hijos y yo merecemos paz. Merecemos justicia. Mis hijos merecen volver a ser niños”, remató.