Revocación de mandato cobra factura al gobernador
*La seguridad vial, lejos de fortalecerse, queda subordinada a intereses personales
Oaxaca, Oaxaca, Sábado 11 de Octubre, 2025 (Fuente: Facebook: El Shunko Chismoso).- Era cuestión de tiempo para que los intereses políticos, detrás de la revocación de mandato, comenzaran a cobrar factura.
El edil de Salina Cruz, región Istmo de Oaxaca, Daniel Méndez, lo sabe bien, y no ha dudado en usar esa herramienta como presión para ganar terreno.
El más reciente ejemplo es la decisión de cederle el control total de los operativos de alcoholímetro en Salina Cruz, una concesión directa del gobernador Salomón Jara y del director de la Policía Vial Estatal, Toribio López Sánchez.
Este jueves, en un hecho que dejó perplejos a muchos, el delegado de Tránsito en Salina Cruz, Elpidio Bautista, fue notificado públicamente por su propio superior de que, por instrucciones del gobernador, los operativos pasarán a estar bajo la coordinación de Méndez y su equipo.
La escena, ocurrida frente al personal operativo, evidenció la fractura interna y la pérdida total de autonomía de las instituciones de seguridad vial.
Como si no fuera suficiente, el propio Toribio López habría autorizado a Daniel Méndez manejar directamente la recaudación de las multas por alcoholímetro, abriéndole así la llamada “caja chica” para que disponga a su antojo de los recursos generados por los operativos.
Una decisión que no sólo compromete la transparencia, sino que también abre la puerta a posibles abusos y actos de corrupción.
Este tipo de decisiones confirman que en Salina Cruz el poder se negocia y se reparte como botín político.
La seguridad vial, lejos de fortalecerse, queda subordinada a intereses personales. Y mientras tanto, quienes deberían velar por el orden y la legalidad se limitan a obedecer, aunque eso implique tragarse su orgullo y perder toda autoridad institucional.
Pobre Salina Cruz. En lugar de avanzar hacia un gobierno más justo y transparente, parece que cada decisión nos hunde más en el desorden, la impunidad y el descrédito. Todo por proteger acuerdos políticos que poco o nada tienen que ver con el bienestar de la ciudadanía.
