Presidente del Congreso envía amenazas a comunicador

*La otra cara de la represión en Oaxaca

*“Su jefe le dijo que había recibido órdenes desde el Congreso del estado, para que le dijeran que le bajara a su relajito…

Oaxaca, Oaxaca, Sábado 11 de Octubre, 2025 (Fuente: *Froylán Méndez Ferrer, *Sagrario Martínez / Agencia de noticias ANSIC.MX y Alfredo Martínez de Aguilar / revista-mujeres.com).- En México hay otra violencia contra la prensa, tan mortal para la democracia como la que sangra el cuerpo y es la que asfixia la libertad de expresión con el poder del dinero y el chantaje laboral.

El caso denunciado esta semana por el PRI en Oaxaca debe alertarnos sobre las formas refinadas que el poder político ha encontrado para domesticar al periodismo crítico.

Fabián Israel Durán, comunicador detrás de los medios digitales Notiteoti «Noticias con Sentido», se ha convertido en la cara de una represión silenciosa: la que usa el bolsillo para callar.

Lo que el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Oaxaca, Heliodoro Díaz Escárraga, ha denunciado en conferencia de medios, revela una estrategia de intimidación que merece ser analizada. De acuerdo con su denuncia, Durán, quien informa desde Teotitlán de Flores Magón, Huautla de Jiménez y San Juan Bautista Cuicatlán, fue amenazado con perder su trabajo en un verificentro local si no detenía sus publicaciones críticas hacia el gobierno estatal y políticos de MORENA.

“Hace un par de días, en gira de trabajo en Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, nos enteramos de que Fabián Israel Durán, comunicador, director de medios sociales Notiteoti ‘Noticias con Sentido’, fue amenazado desde el Congreso del estado de Oaxaca para que dejara de exhibir al gobierno estatal y políticos corruptos de MORENA”, denunció Díaz Escárraga.

La amenaza fue directa. Su jefe en el verificentro supuestamente recibió instrucciones desde el Congreso del estado, especialmente de Benjamín Viveros Montalvo, coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local. “Su jefe le dijo que había recibido órdenes de gente del Congreso del estado, para que le dijera a Fabián que le bajara a su relajito y que dejara de andar publicando ese tipo de cosas”, narró Díaz Escárraga. Esta cadena de intermediarios no es accidental, es una estructura intencional de negación plausible que hace difícil registrar el abuso y fácil negarlo. Es la censura con guantes blancos.

Es muy significativo que el canal de represión sea una relación privada de trabajo. Díaz Escárraga indicó que Durán labora en Teotitlán de Flores Magón, en uno de los 21 verificentros que hay en Oaxaca, los cuales están concesionados y funcionan como negocios privados, pero en colusión con el poder político local.

Este caso demuestra que, mientras los periodistas de los principales medios nacionales suelen dedicarse exclusivamente a la profesión, los periodistas locales, a menudo, combinan el trabajo informativo con un empleo formal que les asegure un ingreso regular. Y esto los transforma en blancos ideales para una extorsión que no necesita violencia, simplemente ser amenazada su estabilidad económica.

El líder priísta calificó estos actos como “ley mordaza”, “represión” y “censura a la libertad de expresión”, un diagnóstico preciso de una clase de autoritarismo que no necesita uniformes ni tanques militares.

Oaxaca y su historia de conflictos sociales no es un lugar casual para este tipo de acciones intimidatorias. La Cañada oaxaqueña, en la que trabaja Durán, es una región conocida por la opacidad de su política local. Los municipios de cobertura de Notiteoti (Teotitlán de Flores Magón, Huautla de Jiménez y San Juan Bautista Cuicatlán) son lugares donde el periodismo local es esencial para hacer visibles problemáticas que difícilmente alcanzan los medios nacionales. Es por eso que el silenciamiento de estos periodistas es tan eficaz. Sin voces locales que denuncien la corrupción, el abuso de poder o la ineficaz gestión, estas prácticas pueden continuar sin ser expuestas.

Díaz Escárraga expresó: “Desde el PRI condenamos y exigimos a cualquier autoridad que en lo personal sea responsable de estos actos que detengan el acoso a quienes hacen uso de los medios de comunicación y redes sociales para denunciar muchas de las irregularidades de los gobiernos morenistas”.

Añadió que su partido “se solidariza con el compañero Fabián Durán, que hace uso de su derecho a la libertad de expresión y por lo cual está sufriendo una represión y una ley mordaza”.

Consideró que, más allá de la filiación partidista de la denuncia, las autoridades oaxaqueñas deben responder a preguntas básicas: ¿Hay una orden del Congreso del Estado para presionar a Durán? ¿Qué hizo exactamente el diputado Benjamín Viveros Montalvo? ¿Por qué una relación laboral privada se transformaría en un instrumento de presión política?

Cuando a Fabián Durán se le impide informar sobre corrupción, no sólo se viola su derecho individual a expresarse libremente; se niega a miles de personas la información que necesitan para hacer elecciones y exigir cuentas. Esta represión es perversa, porque oculta la corrupción sin violencia visible, pero puede ser negada y su impacto amedrentador es poderoso y perdura, crea un ecosistema de temor en el que la autocensura es una forma de supervivencia y los periodistas comprenden que exponer la corrupción tiene un precio demasiado elevado.

El de Fabián Durán no es un caso aislado oaxaqueño; es un síntoma de una enfermedad nacional. Desde homicidios relacionados con el crimen organizado hasta demandas por daño moral o amenazas laborales, se ha creado un ambiente de intimidación para desalentar el periodismo crítico. Estados como Veracruz, Yucatán y Ciudad de México han sido testigos de cómo funcionarios y autoridades usan el litigio abusivo para desgastar a periodistas. Mostrando estas acciones una realidad incómoda.  La censura puede venir en formas sutiles, aparentemente legales, pero igualmente efectivas para silenciar.

En este contexto de vulnerabilidad se hace importante la solidaridad del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO) con el compañero Fabián Israel Durán. Esta muestra de apoyo gremial no es un acto simbólico; es una necesidad para la supervivencia del periodismo independiente en México. Cuando un periodista despedido se enfrenta en solitario a la amenaza del desempleo, la decisión queda en sus manos y en las de su familia. Pero cuando hay una red de solidaridad profesional que hace visible el caso y exige explicaciones, el coste político de la represión se eleva. «El SINMCO considera que defender a Fabián Durán es defender a todos los periodistas críticos».

La libertad de prensa no es un privilegio ni una concesión del poder; es un derecho sin el cual no puede haber una sociedad libre. Nuestra respuesta como sociedad a este caso definirá no solo el destino de un comunicador en la Cañada oaxaqueña, sino el tipo de país en el que estamos dispuestos a vivir. Mientras casos como el de Fabián Durán continúen en la impunidad, mientras la solidaridad gremial del SINMCO y denuncias como la de Díaz Escárraga sigan sin ser investigadas y sancionadas, México se seguirá alejando del modelo democrático que su gente merece y exige. La cuestión ya no es si podemos darnos el lujo de defender la libertad de prensa. La pregunta es si podemos darnos el lujo de perderla.

*Afiliados al SINMCO

Condenamos la agresión en Huatulco al periodista Esaú Zavaleta y el atentado a la Libertad de Expresión

Por otra parte, la libertad de expresión es un pilar fundamental de toda sociedad democrática. Permite el flujo de ideas, la crítica constructiva y el debate público, elementos esenciales para el desarrollo social, político y cultural de cualquier nación.

En este contexto, el trabajo de los periodistas es crucial, ya que son ellos quienes divulgan información, denuncian verdades ocultas y dan voz a aquellos que a menudo no tienen oportunidad de ser escuchados.

Sin embargo, en diversas partes del mundo, y especialmente en regiones con alta inseguridad y violencia como Oaxaca y México, los periodistas enfrentan amenazas y agresiones que buscan silenciar su labor y coartar el ejercicio pleno de la libertad de expresión.

Como Secretario de Asuntos Globales de Comunicadores Por la Unidad y cofundador del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, condenamos la agresión al periodista Esaú Zavaleta y el atentado a la Libertad de Expresión en Huatulco, al denunciar la destrucción de las calles por la proliferación de baches, realidad a la que no es ajena la propia capital oaxaqueña.

Situación que se agrava en el municipio capitalino de Oaxaca de Juárez por las fallas por falta de mantenimiento del sistema de semaforización de las calzadas, avenidas y calles del Centro Histórico, colonias y agencias.

Demandamos la intervención de la Defensoría @DDHPO y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos @CNDH, y de los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y de la Libertad de Expresión @A19libertad, @RSF_esp y @CPJAmericas.

Asimismo, condenamos el asesinato de ‘Don Nico’, quien recibió 13 disparos, mientras transmitía en vivo y denunciaba la proliferación de baches en Salvatierra, Guanajuato, y pidió a su esposa que cuidara de sus hijos: ‘Ya me mataron, corazón’.

La condena a las agresiones a periodistas debe ser un esfuerzo colectivo que involucre a todos los sectores de la sociedad. La solidaridad y el apoyo mutuo son esenciales para crear un entorno en el que los periodistas puedan ejercer su labor sin temor y sin restricciones.

Los ciudadanos, organizaciones de derechos humanos, asociaciones de medios de comunicación y organismos internacionales deben unir fuerzas para defender la libertad de expresión y exigir justicia para aquellos que han sufrido violaciones de sus derechos.

Los ataques contra periodistas, que incluyen agresiones físicas, intimidaciones, acosos y, en casos extremos, asesinatos, constituyen un grave atentado directo a la libertad de expresión y al derecho a la información.

Estos actos no solo afectan a las víctimas individuales, sino que generan un clima de miedo que impacta a toda la sociedad, inhibiendo la capacidad de los medios para informar sobre hechos de relevancia pública y, por ende, limitando el acceso a la información que los ciudadanos necesitan para tomar decisiones informadas.

En muchos lugares, los periodistas se convierten en blanco de grupos criminales, gobiernos autoritarios o incluso de sectores de la sociedad que no desean ver expuestas sus acciones.

El silencio que resulta de estas agresiones es una forma efectiva de censura que deteriora los cimientos de la democracia y socava los derechos humanos. Las agresiones pueden manifestarse de diversas formas. Desde ataques físicos durante la cobertura de protestas hasta amenazas persistentes en redes sociales, los periodistas enfrentan un constante riesgo.

Además, la impunidad que rodea muchas de estas agresiones agrava la situación; cuando los perpetradores no son llevados ante la justicia, se envía un mensaje claro: los ataques pueden continuar sin consecuencias.

Las mujeres periodistas, en particular, son frecuentemente objeto de agresiones específicas que combinan violencia física y sexual, lo que agrava su vulnerabilidad y plantea desafíos adicionales para el ejercicio de su profesión.

Este fenómeno, conocido como el “periodismo de género “, refleja no solo los ataques a la libertad de prensa, sino también la discriminación y la violencia sistemática que enfrentan las mujeres en diversas esferas de la vida.

Los gobiernos tienen la responsabilidad ineludible de proteger a los periodistas y garantizar un entorno seguro para el ejercicio de su labor. La falta de acción estatal frente a estos crímenes no solo perpetúa la violencia, sino que también contribuye a la erosión de la confianza en las instituciones públicas.

Esto implica no solo la creación de leyes que protejan a los comunicadores, sino también la implementación de políticas efectivas para prevenir la violencia y asegurar que los responsables de las agresiones sean investigados y castigados. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que sustenta la democracia y la justicia social.

La violencia y las agresiones contra periodistas representan un ataque directo a este derecho y a la posibilidad de construir sociedades informadas y participativas. Es imperativo que todos los actores de la sociedad se comprometan a condenar estas prácticas y a trabajar en conjunto para crear un entorno donde la libertad de prensa sea respetada y protegida.

Solo así podremos garantizar que las voces de todos, especialmente las de aquellos más vulnerables, sean escuchadas y valoradas. La defensa de la libertad de expresión es, en última instancia, la defensa de nuestra propia libertad colectiva.