La guerra por la tierra y el bosque
*Disputa por la autonomía en San Esteban Atatlahuca
Texto: Froylán Méndez Ferrer*
Oaxaca, Oaxaca, Domingo 28 de Septiembre, 2025.- En octubre de 2021, los pueblos de Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuji, del municipio mixteco de San Esteban Atatlahuca, fueron atacados con armas de fuego e incendiados, y más de 300 personas fueron desplazadas por la fuerza. Cuatro años después, la violencia no se detiene. Casas incendiadas, desapariciones, asesinatos, amenazas tienen en vilo a cientos de familias que exigen justicia mientras el Estado mexicano responde con operativos esporádicos y promesas incumplidas.
Detrás de cada ataque no hay un simple problema entre vecinos, sino décadas de conflictos agrarios, control forestal, exclusión política y un sistema de usos y costumbres que, en vez de asegurar autonomía, se ha convertido en campo de cultivo para la exclusión y el caciquismo.
Tierra, bosque, fuerza, libertad, abandono
El problema viene de lejos. Las agencias Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuji exigen el reconocimiento de sus territorios ante la cabecera municipal de San Esteban. La ausencia de un catastro comunitario y de fallos judiciales en materia agraria dejó espacio para usos abusivos de los recursos forestales. Comunidades locales acusan tala ilegal en al menos 2,640 hectáreas de bosque, lo que intensificó la tensión. «Queman nuestras casas por defender el bosque», resumió un desplazado en 2021.
En la historia oficial, los ataques son producto de luchas internas. Pero activistas de derechos humanos como Maurilio Santiago Reyes (CEDHAPI) señalan la complicidad de autoridades municipales en la persecución contra opositores al saqueo ambiental.
San Esteban Atatlahuca es un pueblo que se rige por usos y costumbres. En este modelo el alcalde controla las agencias, que acusan exclusión en las decisiones y reparto injusto de recursos. «No nos sentimos representados. «Ya no queremos depender de una cabecera que no nos toma en cuenta y nos reprime», dijo un líder de Guerrero Grande en el anonimato.
Expertos señalan que el respeto a la autonomía indígena no debe ser sinónimo de abandono estatal. «La autonomía no es abandono», afirmó Abel Barrera, defensor de derechos humanos. La ausencia del Estado ha dejado que los conflictos se judicialicen de facto con violencia.
El costo humano y la presencia estatal sin plan
Más de 150 casas han sido quemadas desde 2021. Familias enteras huyeron a comunidades vecinas o a Tlaxiaco, desplazados internos. Los testimonios recopilados narran noches de terror: drones sobrevolando techos, disparos con armas de uso militar y patrullajes de hombres armados.
«Nos dicen violentos, pero nadie nos escucha cuando pedimos que nos ayuden a negociar», dijo un comunero de Guerrero Grande, hoy desplazado con su familia. Mujeres, niños y ancianos perdieron no solo su hogar, sino la capacidad de cultivar, realizar rituales comunitarios y preservar el tejido social.
Después de los acontecimientos de 2021, la CIDH dictó medidas cautelares en favor de las comunidades. Pero la respuesta del Estado ha sido intermitente: incursiones de la Guardia Nacional, mesas de diálogo inconclusas, promesas de justicia incumplidas.
«La presencia de las fuerzas de seguridad es intermitente y no es una garantía de protección», alerta Ana López, analista de conflictos de la UABJO. El resultado es una espiral de impunidad: asesinatos sin castigo, desapariciones sin búsqueda y familias amenazadas.
Más allá de Atatlahuca no hay a donde ir
El conflicto es un reflejo de viejos problemas en Oaxaca y México: Municipios indígenas divididos; cabeceras que acaparan el poder y agencias que demandan autonomía; conflictos agrarios sin resolver; justicia por propia mano; comunidades que se arman ante la ausencia del Estado y el olvido mediático por conflictos que rara vez llegan a la agenda nacional.
En 2024 y 2025, nuevos ataques y la retirada de fuerzas federales activaron alarmas, y organizaciones civiles advierten de un «nuevo baño de sangre» si no hay una intervención integral.
Las respuestas no son solo policiales, se necesita una demarcación agraria consensuada, justicia imparcial y castigo a los culpables de la violencia, más presencia institucional permanente, no reactiva. También programas comunitarios de reparación y reconstrucción que aborden desplazamiento, trauma y pérdida cultural.
Los abuelos de las comunidades plantean retomar las asambleas tradicionales para resolver con la palabra lo que hoy se resuelve con balas. «Nuestros abuelos lo resolvían con palabras, no con armas», recordó una mujer de Ndoyonoyuji.
Lo que pasa en San Esteban Atatlahuca no es un caso aislado, es la manifestación de un modelo fallido de atención a los pueblos originarios, autonomía sin acompañamiento, justicia sin presencia, seguridad sin arraigo. Mientras las autoridades sigan poniendo parches, la fisura en la montaña se ampliará. Y lo que está en juego no es solo la tranquilidad de tres comunidades, sino el derecho de los pueblos originarios de México a existir sin temor.
¿Cuántas vidas más deben morir para que el sistema asuma su responsabilidad de garantizar justicia y paz en territorios indígenas?
*Froylán Méndez Ferrer / froylanmf@gmail.com
Agencia de noticias ANSIC.MX
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