Oaxaca: desaparecen al OGAIPO

*Funciones pasaran al ejecutivo

*Especialistas señalan que es un retroceso en materia de transparencia

*Gobierno del estado, “juez y parte”

Oaxaca, Oaxaca, Jueves 31 de Julio, 2025 (Fuente: Agencias).- En una decisión que los expertos han calificado como un retroceso de al menos 30 años en materia de transparencia, el Congreso local, diputados y diputadas aprobaron la desaparición del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca (OGAIPO).

La reforma fue impulsada por el gobernador Salomón Jara Cruz y aprobada prácticamente en “fast track” por la mayoría morenista en el Congreso y respaldada por 30 votos a favor.

Con este cambio, las funciones en materia de transparencia y protección de datos pasarán a una dependencia del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de supuestamente evitar duplicidad de funciones y para armonizar la Constitución local con la legislación federal.

La OGAIPO operaba bajo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, pero su estructura y funciones fueron absorbidas o reemplazadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIPO) tras reformas en la legislación local.

Básicamente, el ejecutivo controlará toda la información. Lo que quiera que se sepa y lo que no. De vuelta al absolutismo y la opacidad.

Como se recordará, el gobernador Salomón Jara Cruz presentó el 23 de julio de 2025 una iniciativa para extinguir el OGAIPO, creado en 2021 como un ente autónomo y colegiado encargado de salvaguardar el derecho de acceso a la información pública en la entidad.

En su iniciativa, Jara Cruz aseguraba que los funcionarios del OGAIPO mantenían un manejo hermético de la información que generaban y que prueba de ello es que de un total de 67 mil 943 solicitudes de acceso a la información durante el sexenio 2016-2022 sólo se contestaron 34 mil 215 y se iniciaron un total de 4 mil 611 recursos de revisión, de los cuales los sujetos obligados ejecutaron 2 mil 876 resoluciones.

De este modo, desde el 20 de marzo de 2025, comenzó un plazo improrrogable de 90 días naturales para armonizar la Constitución local con las leyes federales de Transparencia y Protección de Datos, redactar la nueva Ley Local de Transparencia y disolver formalmente al OGAIPO, cuyo vencimiento operó el 17 de junio de 2025.

Según se estableció, la iniciativa pretende «simplificar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales» eliminando organismos, unidades y estructuras con funciones duplicadas, y concentrando esas tareas en dependencias de la administración centralizada. No obstante, el texto no detalla qué entidad asumirá esas competencias para el Poder Ejecutivo ni para los 570 municipios oaxaqueños.

Con dicha idea, el gobernador argumentaba que así se suprimirán trámites burocráticos dilatorios y se obtendrán ahorros presupuestales, pero su desaparición dejaría un vacío institucional, el ente verificaba anualmente el cumplimiento de transparencia, resolvía más de 4 mil 600 recursos de revisión y aplicaba sanciones económicas, funciones que difícilmente asumirían municipios con recursos limitados. Mientras la nueva autoridad, prevista para enero de 2026, no entre en funciones, los comisionados actuales continuarán en el cargo, manteniendo un escenario de incertidumbre sobre la protección de estos derechos.

Desaparece Congreso al OGAIPO

Y es que, en Sesión Extraordinaria el Congreso de Oaxaca aprobó con 30 votos a favor y dos en contra el Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción IV del artículo 3, el cuarto párrafo del artículo 35, la fracción LXX del artículo 59; se adiciona un párrafo segundo a la fracción II del artículo 3; y se deroga el apartado C del artículo 114, de la Constitución Política de Oaxaca, en materia de simplificación orgánica y austeridad en la transparencia gubernamental, protección de datos personales y acceso a la información pública, propuesta por el gobernador Salomón Jara Cruz.

Por lo anterior, queda extinto el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO), creado mediante Decreto No. 2473 el 14 de abril de 2021, publicado en el Periódico Oficial Extra el 01 de junio de 2021, por lo que se establecerán los mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión ante las instancias competentes.

Esta reforma tiene por objetivo armonizar el marco normativo vigente en esta materia en cumplimiento a la reforma constitucional del pasado 20 de diciembre de 2024, mediante el cual, se determinó la extinción de organismos garantes de la transparencia, permitiendo con ello, un nuevo modelo y un ahorro presupuestal a favor de la hacienda pública.

Para tal fin se integrarán unidades administrativas en las dependencias de la Administración Pública Estatal (APE) que asuman la competencia en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

Los recursos financieros que correspondan a la OGAIPO una vez terminada su extinción serán transferidos a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y ésta a su vez, los transferirá a la Entidad o Dependencia que asuma las funciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

Es de destacar que los derechos laborales de las y los servidores públicos serán respetados en su totalidad en los términos de la legislación aplicable, así como también conforme a las modalidades laborales a las que estén sujetos con el Órgano Garante.

La diputada Dulce Belén Uribe Mendoza y el diputado Israel López Sánchez del partido político Morena coincidieron en señalar que esta reforma representa una reingeniería institucional, busca reducir las cargas administrativas y económicas innecesarias para el erario público, además, de tratarse de un compromiso renovado con la rendición de cuentas y racionalidad financiera para maximizar su utilidad social en políticas públicas.

Por su parte, la congresista Dulce Alejandra García Morlan de Movimiento Ciudadano y el legislador Javier Casique Zárate del Partido Revolucionario Institucional (PRI), externaron su voto en contra de la reforma.