Desdén al campo por la elección judicial

Oaxaca, Oaxaca, Jueves 29 de Mayo, 2025 (Fuente: Elizabeth Gutiérrez Martínez / X: @InquisidorOax).- Mientras el campo oaxaqueño agoniza entre la sequía, el abandono técnico y la falta de inversión real, el titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (SEFADER) del gobierno de Oaxaca, Víctor López Leyva, decidió montarse en la ola propagandística de la elección de jueces y magistrados federales, promovida desde Palacio Nacional.

Con discursos ensayados y producción de contenido audiovisual a modo, López Leyva llamó a la ciudadanía a “participar este 1º de junio en la elección del Poder Judicial”, asegurando que “tenemos una cita con la democracia” y que la consulta “fortalecerá la participación ciudadana”.

Sin embargo, detrás de esta frase hueca se esconde la realidad de un funcionario público que ha abandonado sus responsabilidades con los productores del estado para utilizar recursos públicos y medios oficiales en su promoción personal, aprovechándose de un proceso electoral federal que, en teoría, debería mantenerse ajeno a los aparatos gubernamentales estatales.

En lugar de encabezar acciones urgentes frente al desastre agroalimentario que vive Oaxaca —como la caída en la producción de maíz, café y miel, la falta de apoyos directos al campo o la migración forzada de comunidades agrícolas—, López Leyva prefiere jugar al influencer político, sumándose a la estrategia nacional de Morena de usar las instituciones como trampolín mediático.

“¿De qué sirve un secretario de fomento agroalimentario que no pisa el campo, no escucha a los campesinos y sólo aparece en redes sociales repitiendo el discurso de la 4T?”, se preguntan los mismos productores del campo.

La ciudadanía oaxaqueña merece funcionarios que trabajen, no aplaudidores de consigna. La elección del Poder Judicial no debería ser una excusa para hacer campaña anticipada ni para desviar recursos institucionales en actos que nada tienen que ver con las atribuciones de cada secretaría.

Porque mientras López Leyva se graba hablando de “democracia”, los productores oaxaqueños siguen esperando agua, fertilizante, infraestructura, crédito, mercado y, sobre todo, funcionarios que los representen y no se escondan detrás de un celular y un micrófono de utilería.

Se asoma un nuevo “facturero” en Oaxaca, heredero de Sergio Castro

En otro orden de ideas, un nuevo operador de la corrupción administrativa fiscal comienza a hacer ruido en los pasillos del gobierno de Oaxaca. Se trata de José Ittai Paz López, señalado como parte de una red emergente de “factureros” que estaría replicando las mismas prácticas de corrupción que mancharon administraciones anteriores.

Según fuentes de alto nivel, Paz López fue parte del grupo cercano de Sergio Castro López, uno de los principales articuladores del outsourcing ilegal y desvío de recursos durante sexenios anteriores. Hoy, su aprendiz se estaría encargando de reactivar esos mecanismos, pero bajo el discurso del supuesto “cambio” de la 4T.

La red de Paz López tiene ya puntos identificados de operación: el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), el municipio de Salina Cruz, diversas localidades de Valles Centrales y la región de la Costa, y recientemente se suma la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (CEABIEN), en donde comienzan a detectarse adjudicaciones directas sospechosas a empresas sin historial comprobable.

El modus operandi es ya conocido: servicios inexistentes, empresas fachada, subcontratación con sobreprecio y triangulación de recursos públicos. Las alarmas están encendidas, sobre todo en municipios donde constructores y proveedores han sido desplazados por “empresas amigas” que solo existen en papel.

En Salina Cruz, diversos testimonios indican que las adjudicaciones están dirigidas, y los contratos ya definidos antes de cualquier licitación. En el IEBO y CEABIEN, trabajadores denuncian presiones administrativas y pagos injustificados a empresas sin personal ni equipo.

José Ittai Paz López, como discípulo directo de Sergio Castro, ha sabido mantener bajo perfil, pero sus movimientos ya levantan sospechas entre servidores públicos honestos. Su habilidad para infiltrarse en dependencias clave y formar redes clientelares lo convierte en un riesgo evidente para la integridad financiera del gobierno de Salomón Jara Cruz.

“¿Quién protege a Paz López? ¿Por qué la administración de la 4T tolera a los herederos de la corrupción muratista en sus estructuras?”, se preguntan al interior de la administración pública estatal

El pueblo de Oaxaca exige respuestas y transparencia, no nuevos rostros con viejas prácticas.

Red de corrupción y nepotismo en ICAPET

En otro sentido, una red de corrupción y tráfico de influencias vuelve a sacudir al Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (ICAPET). En el centro de este escándalo se encuentra Janet Alejandra Martínez Ramírez, conocida en círculos oficiales como “la Moleculina”, por su cercanía con funcionarios del aparato estatal y su papel como “periodista oficialista”.

Utilizó su posición para beneficiar directamente a su hermana Janice Martínez Ramírez, y a su cuñado Isaid Ordaz Soria, alias “El Garnachero”, imponiéndolos en cargos públicos sin cumplir con los perfiles profesionales requeridos.

Janice Martínez Ramírez fue impuesta como jefa de Departamento Administrativo, cargo que requiere formación en contabilidad y gestión pública. Sin embargo, el Registro Nacional de Profesionistas confirma que Janice no cuenta con cédula ni título profesional. A pesar de que supuestamente concluyó estudios universitarios hace casi dos décadas, no ha podido comprobarlos.

Peor aún es el caso de Isaid Ordaz Soria, conocido en Ixtepec por su actividad como comerciante de comida. Sin cédula profesional y con la preparatoria inconclusa, fue colocado como Jefe de Unidad de Capacitación del ICAPET en Ixtepec, una responsabilidad que exige conocimientos técnicos y pedagógicos, de los cuales carece. Actualmente, además de su plaza, opera una cenaduría donde vende garnachas y otros antojitos típicos.

Ambos casos constituyen una clara violación a los principios de legalidad, mérito y profesionalismo que deberían regir en la administración pública. El uso de influencias personales para colocar a familiares en el aparato estatal no solo perpetúa el nepotismo, sino que despoja a perfiles realmente capacitados de oportunidades legítimas de servicio público.

La red operada por Janet Alejandra Martínez Ramírez también ha sido señalada por supuestos conflictos de interés y desvíos a través de contratos a la empresa AILO Medios S. de R.L., de su presunta propiedad, mientras ella ocupaba responsabilidades en el área jurídica del ICAPET.

Esta denuncia pone de relieve cómo las redes familiares y políticas siguen incrustadas en las instituciones públicas de Oaxaca, socavando cualquier intento de transformación institucional y combate real a la corrupción.