Lo que Artículo 19 ya sabe de Oaxaca

Columna: CON EL BRAZO IZQUIERDO

Por: Froylán Méndez Ferrer / sinmco.org / ansic.mx

Oaxaca, Oaxaca, Martes 17 de Noviembre, 2026.- El viernes 13 de noviembre, en una sala de la capital oaxaqueña, las hermanas de Alejandro Leyva Aguilar se sentaron frente a representantes de Artículo 19. A su lado, periodistas y comunicadores de las regiones del estado. No fue una reunión de protocolo. Fue una entrega de pruebas.

El Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO) puso sobre la mesa una realidad que no se puede contradecir: un diagnóstico con números sobre cómo vive, cobra, se enferma y se arriesga quien informa en Oaxaca. No adjetivos, no boletines. Porcentajes.

Hay un detalle que vale la pena contar. Según nos dijeron los propios representantes de Artículo 19, fue el gobierno de Oaxaca el que les pidió elaborar un informe sobre la situación del periodismo en el estado. Muy bien. Que lo tengan completo. Porque estaremos atento a ello.

UN GREMIO QUE TRABAJA SIN RED

El retrato es incómodo, refleja la realidad con la que la mayoría ejerce el periodismo en Oaxaca. Ocho de cada diez personas que respondieron la muestra del SINMCO (80.8%) trabajan por su cuenta; sólo 12.8% tiene contrato. La independencia, que en otros países es una elección profesional, aquí suele ser la única opción disponible.

La mitad (51.3%) no tiene ninguna protección social: ni IMSS, ni ISSSTE, ni seguro de vida, ni de retiro, ni programa social alguno. Sólo 43.6% cuenta con seguridad social, cuando la referencia nacional para periodistas es de 66.3%, según el estudio Worlds of Journalism. Entre quienes trabajan por su cuenta la cifra cae a 38.1%. Apenas 7.7% tiene seguro de vida y 6.4% un plan de retiro.

¿Qué pasa cuando un periodista sin seguro se enferma? Paga. El 72.5% de quienes no tienen protección ha recurrido a consultorios o clínicas privadas. Y uno de cada tres encuestados (33.3%) ni siquiera tiene un centro de salud u hospital cerca de su domicilio.

El gremio, además, envejece sin relevo. El 80.8% tiene 40 años o más y sólo 2.6% es menor de 30. Tres de cada cuatro llevan más de una década en el oficio. Es gente que conoce cada comunidad, cada conflicto, cada fuente, y que se acerca a la vejez sin pensión. Para colmo, 37.2% no tiene cuenta bancaria, lo que vuelve casi imposible facturar o pagar por su cuenta una cuota voluntaria al Seguro Social.

Un dato más, muy oaxaqueño: 12.8% habla una lengua indígena o materna, más del doble del promedio nacional. Son las voces que informan desde donde ningún medio de la capital llega. También son las más desprotegidas.

Conviene decirlo con honestidad: la encuesta fue voluntaria, levantada entre junio de 2025 y agosto de 2026, y describe a quienes respondieron, no a todo el gremio. Pero es más de lo que el gobierno estatal ha hecho público sobre el tema.

LA VIOLENCIA TIENE FIRMA

Si la precariedad es el piso, la violencia es el techo. El 85.9% de los encuestados señala al menos una forma de violencia entre sus principales preocupaciones. Encabezan la lista los ataques a medios (67.9%) y la impunidad de servidores públicos (65.4%). No es paranoia gremial: es experiencia acumulada.

El SINMCO llevó también su propio registro. Entre julio de 2025 y septiembre de 2026, el sindicato se pronunció públicamente sobre 56 casos de agresión contra periodistas y medios. En la mitad, el responsable señalado es una autoridad, un servidor público o alguien vinculado a ellos. En los casos de censura y acoso judicial o institucional, esa proporción sube a 91.7%. Uno de cada cinco casos fue un asesinato o un atentado armado.

Estas cifras no están aisladas. Artículo 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en México durante 2025 y siete periodistas asesinados, y ubicó a Oaxaca entre los cinco estados con más ataques. La misma organización advirtió que la mitad de las agresiones las comete el Estado y que, dentro de ellas, 54% proviene de gobiernos estatales. Nuestro registro dice lo mismo, con nombres de municipios y fechas que conocemos de memoria.

Y luego está la impunidad, que es el combustible de todo lo anterior. De 1,909 investigaciones abiertas por la fiscalía federal especializada (FEADLE) entre 2010 y junio de 2026, sólo 53 terminaron en sentencia, de acuerdo con datos difundidos por Reporteros sin Fronteras. Menos de tres de cada cien. Por eso no sorprende que 25.6% de los encuestados dude si vale la pena denunciar.

MESAS SIN PERIODISTAS, MINUTAS SIN FIRMA

Frente a todo esto, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno de Oaxaca? Reuniones. Muchas reuniones.

Tras el asesinato de Alejandro Leyva, ocurrido el 22 de julio en San Pablo Etla, una comisión de periodistas se ha sentado seis veces con funcionarios estatales. Seis veces sin una minuta firmada, sin compromisos por escrito, sin avances que puedan verificarse. El gobernador prometió de palabra aceptar las propuestas del gremio para una ley de protección.

La semana pasada el gobierno anunció la instalación de una “mesa técnica para fortalecer la protección de periodistas”. La comisión que lleva meses dialogando con el propio gobierno no fue invitada. Una mesa para proteger periodistas, instalada sin periodistas. Casi al mismo tiempo, funcionarios estatales presumieron en redes sociales haberle expuesto a Artículo 19 sus logros en seguridad social para el gremio. Nadie se opone a que se informe lo que se ha hecho; lo que preocupa es que el discurso llegue antes que los datos y que la foto sustituya a la política pública.

Mientras tanto, el crimen de Leyva cumple casi cuatro meses sin esclarecerse. Leyva, columnista crítico, había denunciado amenazas antes de ser asesinado. Su familia sigue esperando algo más que condolencias.

QUE EL INFORME DIGA LA VERDAD COMPLETA

Artículo 19 se comprometió a incluir las propuestas e inquietudes del gremio en su relatoría y en su informe sobre Oaxaca. Lo tomamos en serio, y por eso lo decimos en público: esperamos ver estos datos en ese documento, contrastados con la versión oficial. Si fue el gobierno quien pidió el diagnóstico, que reciba uno que también escuche a quienes viven las consecuencias.

Al gobierno estatal le pedimos cosas concretas, no discursos. Que instale el Comité Estatal de Atención a Periodistas y Personas Comunicadoras que se le ha propuesto. Que la ley de protección se construya con quienes ejercen el oficio, incluidas las personas comunicadoras en el ejercicio del periodismo que no tienen credencial de ningún medio. Y que cada reunión termine con una minuta firmada.

En Oaxaca ya no alcanza con condenar los ataques en un comunicado. Los números están sobre la mesa. Ahora falta saber quién se atreve a leerlos completos.

Nota para el lector: Este texto es una columna de opinión, no una nota informativa. La firma el secretario general del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO). El sindicato participó en la reunión con Artículo 19 que aquí se relata y elaboró el diagnóstico y el registro de agresiones que se citan. Lo hacemos explícito para que el lector valore la información sabiendo desde dónde se escribe. Los porcentajes sobre condiciones laborales, seguridad social y salud vienen de una encuesta voluntaria que levantó el SINMCO entre junio de 2025 y agosto de 2026, y no pretenden representar a todo el gremio oaxaqueño. El registro de 56 casos de agresión reúne aquellos sobre los que el sindicato se pronunció públicamente entre julio de 2025 y septiembre de 2026. Cuando se dice que el responsable “señalado” es una autoridad, se habla de la persona que identificaron las víctimas o las denuncias, no de una responsabilidad que haya establecido un juez. Las cifras nacionales vienen del informe anual 2025 de Artículo 19, del estudio Worlds of Journalism y de datos sobre la FEADLE que difundió Reporteros sin Fronteras. Que el gobierno estatal haya pedido el informe es lo que dijeron en la reunión los representantes de Artículo 19.