Edil ordena cerrar negocios y escuelas para llenar su asamblea

*El gobierno municipal de la 4T advirtió en su página oficial que la Policía Municipal cerrará los comercios que quieran abrir durante la reunión de este martes
*La convocatoria de Juquila no cita una sola ley, ni un acuerdo de cabildo, ni un reglamento
*Sólo anuncia que la policía cerrará los negocios
*La ley de Oaxaca prevé desde la destitución hasta la revocación del mandato para los servidores públicos que abusan de sus funciones
Oaxaca, Oaxaca, Martes 17 de Noviembre, 2026, (Fuente: Facebook: Oaxaca sin Fronteras).- En Juquila (municipio y distrito ubicado en la región Costa de Oaxaca), el gobierno municipal encontró una fórmula especial para garantizar asistencia a su asamblea: no dejarle a la gente otra opción.
“Tu voz transforma”, promete el cartel oficial de la Asamblea General de Pueblo convocada para este martes 17 de noviembre a las 9 de la mañana. Debajo del lema viene la letra pequeña. Los comercios “deberán permanecer cerrados desde las 9:00 a. m. hasta la conclusión de la asamblea”, y la Policía Municipal “realizará recorridos y procederá a cerrar los locales que no acaten esta disposición”. Las escuelas tampoco se salvan: “se suspenderán las clases en todas las instituciones educativas”.
El cartel fue publicado en la página oficial del Gobierno Municipal de Santa Catarina Juquila, con un texto que repite cada disposición bajo el título de “Consideraciones importantes”. La publicación llama a la reunión “urgente y de gran relevancia” y advierte que “no es posible posponerla para fechas posteriores”.
Es una convocatoria en la que el pueblo no es invitado, sino citado. Y quien no acuda pierde, por lo menos, el ingreso del día. Y si desacatan la orden pueden ir a la cárcel.
Cuál es la urgencia
¿Qué asunto puede ser tan grave como para cerrar por orden policial los comercios de un Pueblo Mágico y dejar sin clases a todas sus escuelas?
Según el propio presidente municipal, Marco Antonio García Palacios, la agenda tiene tres puntos: residuos sólidos, agua potable y panteón municipal.
Son temas importantes, pero no son emergencias. En su video de convocatoria, el edil los presenta como una oportunidad para que la ciudadanía conozca “de primera mano los avances” de su gobierno. Es decir, un informe. Para escuchar un informe, el Ayuntamiento decidió paralizar la vida económica y escolar del municipio.
La justificación oficial del horario resulta aún más sospechosa. La asamblea se programó en martes, dice la publicación, “para no afectar las ventas ni el comercio que se lleva a cabo los fines de semana”. El gobierno municipal sabe perfectamente que cerrar negocios cuesta dinero a las familias. Lo calculó. Y decidió que ese costo lo pagaran los comerciantes en un día entre semana, no el Ayuntamiento.
Con el paso de las horas, el discurso oficial se suavizó. Una publicación posterior del mismo Gobierno Municipal habla solo de “diálogo”, “escucha” y “participación”, sin rastro de cierres ni de policías. Pero el cartel original, con la advertencia de clausura, sigue publicado.
“Todo es como una amenaza para ir”
En las calles de Juquila, la convocatoria no se lee como invitación. “No sabemos con qué fin la va a hacer”, relató una vecina, cuyo nombre se reserva. “Ya mandó cerrar las escuelas, mandó cerrar los negocios. O sea, todo es como una amenaza para ir y que se valide su asamblea”.
Otra pobladora asegura que el método no es nuevo. Según su testimonio, las asambleas anteriores, en las que el Ayuntamiento ha presumido asistencias de 300 o 400 personas, se llenaron a base de presión sobre los gremios que dependen de permisos municipales. “Obligados los lleva a todos los mototaxistas, taxistas. Los presiona, los amaga”, denunció.
Si las asistencias se consiguen así, las cifras que después se presentan como respaldo popular dicen poco sobre la voluntad del pueblo y mucho sobre el poder de quien convoca.
Lo que la Constitución no permite
Juquila en 2020 tenía 18,654 habitantes y es Pueblo Mágico. Además, recibe a más de un millón de devotos de la Virgen de Juquila cada año. Aquí, el comercio no es un pasatiempo: es el sustento de cientos de familias.
La Constitución protege ese sustento. Su artículo 5 establece que a nadie se le puede impedir dedicarse al comercio o trabajo lícito que elija. Esa libertad solo puede restringirse por resolución judicial, o por resolución gubernativa dictada conforme a la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad.
Una asamblea informativa no ofende los derechos de nadie, y un cartel en Facebook no es una resolución dictada conforme a la ley.
El artículo 16 constitucional va más lejos. Cualquier acto de autoridad que afecte a una persona o sus posesiones debe constar en un mandamiento escrito, emitido por autoridad competente, que explique su fundamento legal y sus motivos.
La convocatoria de Juquila no cita una sola ley, ni un acuerdo de cabildo, ni un reglamento. Sólo anuncia que la policía cerrará los negocios.
Luego están las escuelas. En Oaxaca, el calendario escolar corresponde a las autoridades educativas, no a los ayuntamientos. Un presidente municipal que anuncia la suspensión de clases en todas las instituciones educativas está decidiendo sobre algo que no le corresponde, y quienes pagan las consecuencias son niñas, niños y adolescentes que pierden un día de clases para que la asamblea luzca llena.
Y por encima de todo está la libertad más elemental. El artículo 9 constitucional protege el derecho de reunión, y los tratados internacionales firmados por México lo complementan con su contraparte: nadie puede ser obligado a asociarse ni a participar. Una asamblea a la que se asiste para evitar una clausura no es participación ciudadana. Es una simulación.
Sanciones para el edil de Juquila
Sí habría sanciones. La ley prevé consecuencias para los servidores públicos que usan su cargo para imponer lo que no tienen facultad de imponer. Determinarlas corresponde a las autoridades competentes, y hay al menos cuatro vías.
La vía administrativa. La Ley General de Responsabilidades Administrativas considera falta grave el abuso de funciones: que un servidor público ejerza atribuciones que no tiene conferidas, o se valga de las que tiene, para realizar actos arbitrarios que causen perjuicio a alguna persona. Las faltas graves se sancionan con suspensión, destitución, multa e inhabilitación para ocupar cargos públicos. Cualquier ciudadano puede presentar la denuncia ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca o ante la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del estado.
La vía política. La Ley Orgánica Municipal de Oaxaca enumera las causas graves para revocar el mandato de los integrantes de un ayuntamiento. Entre ellas está la realización reiterada de actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en sus funciones. Entre las causas de suspensión del mandato figura la violación de derechos humanos, decretada por el órgano jurisdiccional competente. Resolver sobre la revocación o la suspensión corresponde exclusivamente al Congreso del Estado, con el voto de dos terceras partes de los diputados.
La vía de derechos humanos. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca puede investigar quejas por violaciones a la libertad de comercio, al derecho a la educación y a la libertad de reunión, y emitir recomendaciones públicas al Ayuntamiento.
La vía judicial. Cualquier comerciante a quien se le cierre su local sin orden escrita y fundada puede promover un juicio de amparo, y pedir que se le muestre el documento que justifique la clausura.
La vía penal es menos clara. El delito de abuso de autoridad en el Código Penal de Oaxaca describe conductas específicas que no corresponden directamente a este caso. Pero si en los cierres hubiera violencia, intimidación o daños, la situación cambiaría.
Una policía que ya dio de qué hablar
La amenaza de que la policía cerrará los negocios no puede leerse en el vacío. Hace unas semanas circuló un video en el que un elemento de la Policía Municipal de Juquila, encapuchado, discute con una vendedora ambulante, una mujer mayor que le exige la devolución de su bolsa.
Al joven que graba la escena le advierte: “Te voy a trabar aquí, ¿eh?”. El propio Ayuntamiento tuvo que reconocer en un comunicado que el agente no actuó conforme a los protocolos de su capacitación.
Esa es la corporación a la que ahora se le encarga recorrer las calles y cerrar los negocios de quienes no obedezcan una convocatoria del alcalde. Sí este martes 17 un comerciante se niega, la pregunta es con qué protocolo, con qué orden escrita y con qué límites actuará la policía.
Asamblea sí, pero no así
El gobierno municipal se envuelve en el prestigio de la asamblea comunitaria, una institución profundamente arraigada en Oaxaca. En este mismo municipio fue una Asamblea de Pueblo la que, en julio pasado, aprobó nuevas reglas para reducir residuos, eliminar bolsas de plástico y prohibir la venta de productos Bimbo y Barcel.
Pero conviene no confundir las cosas. Juquila elige a su ayuntamiento por el sistema de partidos políticos: el instituto electoral estatal la incluye en sus tablas de municipios de ese régimen. Su “Asamblea de Pueblo” no es la máxima autoridad de un sistema normativo indígena, sino un evento convocado y organizado por el gobierno municipal.
E incluso en los municipios que sí se rigen por sus propios sistemas, la Constitución es clara: las normas comunitarias deben respetar los derechos humanos.
El fondo del asunto
Nadie discute que la basura, el agua y el panteón merecen atención. Lo que está en discusión es otra cosa: si un presidente municipal puede convertir la participación en obligación, la asamblea en lista de asistencia y a la policía en instrumento de convocatoria.
Un gobierno seguro de su respaldo no necesita cerrar negocios para llenar una cancha. Necesita convencer. Cuando un gobierno recurre a la clausura para asegurar que la gente acuda, lo que exhibe no es fuerza, sino falta de confianza en su propia convocatoria.
Este martes, Juquila tendrá su asamblea. La cancha probablemente se llenará. Lo que habrá que preguntar es cuántas de las personas presentes llegaron por voluntad propia y cuántas por miedo a perder su sustento.
