Oaxaca: cártel del despojo, sin sanción y bajo protección de autoridades

Oaxaca, Oaxaca, Lunes 26 de Octubre, 2026, (Fuente: Ernesto Rojas Ayuzo / Facebook: Plataforma Informativa Oaxaca).- En Oaxaca, quienes denuncian el despojo de su patrimonio siguen esperando respuestas, mientras las personas a las que señalan se jactan de tener protección dentro del gobierno y agreden a quienes las denunciaron.

Esa es la acusación de los afectados contra Víctor Hugo Porras Cerón y Vladinir Avendaño Méndez. Los denunciantes aseguran que ambos invocan el respaldo del consejero jurídico del estado, Geovany Vásquez Sagrero, y de personal de la Fiscalía General del Estado.

Según el consejero jurídico del gobierno del estado, Geovany Vásquez Sagrero, en el Archivo de Notarías se habrían detectado alteraciones relacionadas con la propiedad de la señora María del Carmen Cruz.

El propio consejero jurídico reconoció las irregularidades notariales en una conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, en la que aseguró haber recibido instrucciones del gobernador para ayudar y atender a la víctima, además de asegurarse de que los responsables del despojo pagaran las consecuencias de manera ejemplar. A la fecha, esa acción legal quedó en una promesa de justicia.

Los afectados aseguran que del Registro Público de la Propiedad desaparecieron los documentos que se consideraban apócrifos en los casos de despojo, que se reintegraron los originales y que se dejaron sin efecto los emitidos ilegalmente por el IFREO. Sostienen que esos documentos constituían pruebas que deberían llevar a los señalados por despojo a la cárcel. Sin embargo, afirman que se consideró suficiente devolver las propiedades a sus dueños originales para cerrar los casos y dejar en libertad a los señalados por despojo, suplantación de identidad, amenazas con arma de fuego y lesiones contra las víctimas.

Los entrevistados atribuyen la desaparición de las pruebas a instrucciones del consejero jurídico, pues señalan que tiene a su cargo al IFREO: “Aunque dice que es un órgano autónomo, depende de su cargo, lo que deja ver que Geovany Vásquez, ‘El Kemonito’, por fortuna, es solo un corrupto ambicioso, pero torpe y tonto; por eso no le salió el tiro”.

Si alguien le preguntara sobre el tema, su respuesta sería predecible: diría que él no es fiscal —ni abogado— y que no lleva el caso. Pero omitir el seguimiento de la encomienda que le dio el gobernador lo hace cómplice de estos despojos, como se le señaló desde que se dieron a conocer los casos.

Esa omisión alimenta los señalamientos de corrupción y contubernio contra el consejero jurídico, quien trató de desmarcarse denostando el trabajo del periodista Juan Carlos Zavala, lo que derivó en una denuncia por acoso y actos contra la libertad de expresión. Su deslinde queda en otra maroma política.

Otros casos de despojo también han quedado impunes, como el de 2018, relacionado con Othón Rodríguez Villanueva y su esposa, Blanca Cortés Reyes, y con la simulación de un juicio ejecutivo mercantil. Las víctimas fueron amenazadas con armas de fuego y tuvieron que huir de Oaxaca.

La propiedad en disputa está ubicada en el número 49 del fraccionamiento de la Sociedad Agrícola de San Isidro Monjas, en Santa Cruz Xoxocotlán.

Mediante la simulación de un juicio de embargo, este par de delincuentes se adueñó del 50 % de la propiedad, pues no contaba con que las víctimas estaban casadas bajo el régimen de separación de bienes.

En febrero de 2023, en el número 319 de la calle Manuel Doblado, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, agredieron, golpearon y desalojaron a dos adultos mayores de nombres María del Carmen y Octavio, de apellidos Cruz López. Los agredieron brutalmente, aun cuando uno de ellos, según el testimonio, se encontraba en silla de ruedas, y los despojaron de la vivienda donde habitaban desde hacía más de 20 años.

Uno de los testimonios refiere que, al advertirle a Víctor Hugo que acudirían a la Fiscalía por las agresiones captadas en el video que se adjunta a esta nota, respondió que los elementos podían presentarse “sin ningún problema”, pues esos mismos elementos los protegen.

Para los denunciantes, que los señalados caminen por las calles sin afrontar consecuencias solo alienta la repetición de los despojos y refuerza su percepción de que gozan de protección del Estado.

El poder público pierde credibilidad cuando una víctima teme más al respaldo político que presume el denunciado que a la falta de pruebas de su propia denuncia.