Más de 50% de hogares en Oaxaca viven de apoyos sociales
Ciudad de México, Viernes 23 de Octubre, 2026, (Fuente: La Silla Rota).- En algunas regiones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el paisaje cotidiano de los días de pago está marcado por largas filas frente a las ventanillas bancarias. La escena refleja una realidad estadística mapeada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con base en datos del INEGI: en estas entidades, más de la mitad de las familias subsisten con recursos públicos, alcanzando proporciones del 57% en Guerrero, 56.9% en Oaxaca y 53% en Chiapas. A nivel nacional, el fenómeno no es menor, pues cuatro de cada 10 hogares (16.4 millones de familias) reciben estos ingresos, una cobertura que prácticamente se duplicó frente al 25% registrado en 2020.
Sin embargo, este despliegue masivo de transferencias directas choca de frente con las advertencias de investigadores y académicos, quienes encienden las alarmas sobre los riesgos de basar la política pública en el asistencialismo.
Expertos señalan que, si bien la entrega de dinero mitiga la urgencia inmediata, genera una trampa de dependencia institucional que debilita la estructura económica local. Advierten que el modelo actual carece de mecanismos para activar la movilidad social, transformando un mecanismo de emergencia en un subsidio permanente que disfraza las carencias del mercado laboral e instrumentaliza la necesidad con fines político-electorales.
Para Irma Pérez, docente e investigadora en temas financieros, los programas sociales federales y estatales bajo ninguna circunstancia representan la “panacea” para erradicar las carencias históricas. Aunque reconoce que estos apoyos mejoran las condiciones de vida de forma mínima, la académica enfatiza que la reducción del 8.4% en la pobreza registrada entre 2022 y 2025 no se traduce en un cambio real en la intensidad de la marginación.
La especialista insiste en que las transferencias en efectivo se quedan cortas si no están respaldadas por incentivos al empleo formal, salarios mejor remunerados, infraestructura social y apoyo directo a pequeños productores rurales y microempresas.
Agrega que la vulnerabilidad de depender exclusivamente de un padrón de beneficiarios se agudiza ante crisis climáticas y productivas. Durante este 2026, por ejemplo, una severa sequía golpeó con fuerza al campo mexicano, provocando pérdidas totales en los cultivos de los campesinos y una escasez de alimentos que ya es palpable. Frente a este panorama, que proyecta afectaciones críticas para el año 2027, la entrega de dinero en efectivo resulta insuficiente para subsanar la falta de producción agrícola local.
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