Defienden “recuperación” de tierras en Tlahui
*Tras denuncias por demolición de 15 viviendas
*Autoridades comunitarias aseguraron que la desocupación de terrenos respondió a acuerdos de asamblea celebrados desde 2013
*Familias afectadas denunciaron la destrucción de su patrimonio y solicitaron la intervención del gobierno de Oaxaca
Oaxaca, Oaxaca, Lunes 12 de Octubre, 2026, (Fuente: Facebook: En Tiempo Real Oax, Facebook: Plataforma Informativa Oaxaca, El Universal Oaxaca, Facebook: Noticias en la sierra mixe de Oaxaca y Facebook: Fogonazo).- La controversia por la demolición de al menos 15 viviendas en la agencia de Santa Cruz, perteneciente al municipio de Santa María Tlahuitoltepec, del distrito Mixe, región Sierra de Juárez de Oaxaca, adquirió nuevos elementos, luego que autoridades comunitarias y agrarias defendieran la recuperación de terrenos que consideran parte del patrimonio colectivo, al asegurar que las acciones respondieron a acuerdos de la Asamblea General de Comuneros y no a decisiones arbitrarias.
A través de un boletín de prensa atribuido a la Agencia de Policía de Santa Cruz y al Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Tlahuitoltepec, las autoridades rechazaron las acusaciones de despojo y sostuvieron que la desocupación de los predios se realizó en cumplimiento de decisiones adoptadas mediante sus sistemas normativos internos.
En el documento señalaron que los terrenos intervenidos corresponden a áreas de reserva comunitaria, entre ellas espacios donde se encuentra el basurero de la localidad y otras zonas destinadas a la preservación ambiental, por lo que argumentaron que su recuperación tuvo como finalidad proteger el patrimonio colectivo.
Las autoridades también afirmaron que el conflicto cuenta con antecedentes de más de una década, pues aseguraron que desde 2013 se celebraron diversas asambleas comunitarias para abordar la ocupación de los terrenos. Según su versión, las familias identificadas con los apellidos Vargas, Jiménez Díaz y Gutiérrez participaron en estos espacios y tuvieron oportunidad de ser escuchadas.
Asimismo, sostuvieron que las decisiones fueron respaldadas por la Asamblea General de Comuneros y la Asamblea Agraria, instancias que reconocen como máximos órganos de deliberación y decisión de la comunidad. En su posicionamiento invocaron el artículo 2.º de la Constitución federal, relativo a los derechos de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, así como el artículo 6.º, al ejercer lo que denominaron su derecho de réplica.
Sin embargo, esta versión contrasta con las denuncias difundidas el 8 y 9 de octubre, cuando habitantes de Santa Cruz señalaron que al menos 15 viviendas fueron demolidas, con afectaciones para aproximadamente 100 personas, entre ellas niñas, niños y adultos mayores.
Las familias aseguraron que algunos de los terrenos han sido habitados durante más de 30 años y que su posesión proviene de herencias familiares. También argumentaron que cuentan con servicios públicos, han cumplido con sus obligaciones comunitarias y no conocen un acta de asamblea que autorice específicamente la destrucción de sus viviendas.
Entre los denunciantes, Juan Diego Díaz Hernández expresó su preocupación por la posibilidad de que las acciones continuaran y alcanzaran su vivienda y una bodega familiar. Además, solicitó la intervención del Gobierno de Oaxaca para revisar la situación y evitar nuevas afectaciones.
El conflicto tiene un antecedente registrado el 15 de abril de 2026 en El Magueyal, otra localidad del mismo municipio, donde una familia denunció la demolición de parte de una vivienda y la detención de varios de sus integrantes durante un procedimiento de recuperación de un área verde.
En aquella ocasión, las autoridades municipales y agrarias también defendieron su actuación como parte del cumplimiento de acuerdos comunitarios. Los hechos motivaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que solicitó información a las autoridades involucradas.
Aunque ambos episodios presentan argumentos relacionados con la recuperación de espacios de uso colectivo, no se ha demostrado que involucren los mismos terrenos o a las mismas familias.
El nuevo pronunciamiento de la Agencia de Santa Cruz incorporó a la controversia la afirmación de que existen acuerdos comunitarios desde 2013 y de que las personas involucradas participaron en las asambleas. No obstante, la página del boletín examinada no incluye copias de las actas, planos agrarios ni expedientes que permitan verificar de manera independiente estos señalamientos.
Hasta el momento, tampoco se ha establecido mediante una resolución pública definitiva si los predios objeto de las recientes demoliciones corresponden a áreas de reserva comunal, si las familias cuentan con derechos de posesión reconocidos o si los procedimientos empleados respetaron las garantías de las personas afectadas.
El caso mantiene abiertas dos posiciones: la de las autoridades comunitarias, que defienden la recuperación de espacios colectivos conforme a sus acuerdos internos, y la de las familias, que sostienen haber perdido viviendas construidas en terrenos que consideran parte de su patrimonio.
La controversia plantea la necesidad de revisar los documentos agrarios, las actas de asamblea y las actuaciones de las autoridades competentes, con el propósito de esclarecer la situación jurídica de los terrenos, garantizar los derechos de las personas involucradas y prevenir nuevos enfrentamientos en Santa Cruz Tlahuitoltepec.
Denuncian demolición de 15 viviendas en Tlahuitoltepec; cerca de 100 personas afectadas
Fue así que, alrededor de 100 personas, entre ellas niñas, niños y adultos mayores, resultaron afectadas por el desalojo y la demolición de al menos 15 viviendas en esta agencia de Santa María Tlahuitoltepec, en la zona Mixe, denunciaron habitantes ante El Universal Oaxaca.
Según el reporte de Juan Carlos Zavala, los hechos ocurrieron el 8 de octubre. Las familias señalaron a autoridades municipales y agrarias de la comunidad, quienes tres días antes les habrían exigido abandonar sus casas bajo la advertencia de que serían desalojadas.
Los afectados sostuvieron que las autoridades justificaron la medida con el argumento de que las construcciones ocupaban un área verde. Sin embargo, denunciaron que no existe un acta de asamblea comunitaria que respalde la destrucción de sus hogares y calificaron la decisión como unilateral.
Juan Diego Díaz Hernández, uno de los habitantes, advirtió que para este 9 de octubre se pretendía continuar con la demolición de más inmuebles, incluida su vivienda. Explicó que en ese espacio reside con su familia y tiene una bodega; también mencionó un predio que su padre entregó en comodato al gobierno federal para un proyecto.
El denunciante aseguró que las familias han cumplido con sus tequios y demás obligaciones comunitarias. Además, señaló que las autoridades pretenden disponer de parcelas de su padre, Marcelino Díaz Vásquez, para reubicar a quienes fueron desalojados.
Ante el riesgo de perder su patrimonio, solicitó la intervención del gobierno de Oaxaca para detener nuevas demoliciones.
Más de 100 personas piden la intervención del gobernador Salomón Jara ante riesgo inminente de desalojo en Tlahuitoltepec
Y es que, familias que agrupan a más de 100 personas solicitan la intervención inmediata del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ante el riesgo inminente de ser despojadas de sus tierras y viviendas en la Agencia de Santa Cruz, municipio de Santa María Tlahuitoltepec, Mixe.
Señalan que el Comisariado de Bienes Comunales, Domingo Pérez Vásquez, y el agente de Policía de Santa Cruz, Tiburcio Martínez, pretenden recuperar los terrenos bajo el argumento de que se trata de áreas verdes.
Sin embargo, las familias afirman que actualmente se trata de una zona urbana habitada desde hace más de 30 años, en terrenos heredados de sus padres y abuelos.
La zona cuenta con calles y servicios de energía eléctrica y agua potable; además, sus viviendas están registradas en el Censo del INEGI y en el Censo Comunitario, habitadas por familias con niños y adultos mayores inscritos dentro de los programas sociales del gobierno del Estado y del gobierno federal.
Estos servicios fueron reconocidos e introducidos mediante recursos públicos y proyectos impulsados por las propias autoridades municipales, estatales y federales.
Las familias destacan que han cumplido con los cargos y servicios comunitarios establecidos por su sistema normativo indígena. Por ello, consideran injustificado que, sin un estudio social ni una valoración adecuada de sus derechos, se pretenda afectar su patrimonio, sus viviendas y su forma de vida.
La situación es urgente, pues, de acuerdo con las familias afectadas, se les ha dado como ultimátum mañana, miércoles 7 de octubre de 2026, fecha en la que presuntamente se pretende llevar a cabo el desalojo de los terrenos y viviendas.
Ante esta situación, solicitan urgentemente la intervención del gobernador para prevenir cualquier acto de despojo o desalojo y evitar hechos que puedan generar conflictos, violaciones a los derechos humanos o posibles consecuencias legales.
Denuncian presunto despojo de terrenos y destrucción de viviendas en la zona Mixe de Oaxaca
De este modo, habitantes de la agencia de policía Santa Cruz, denunciaron presuntos abusos de poder atribuidos al agente municipal, al comisariado de Bienes Comunales y a un grupo de pobladores, quienes, según los señalamientos, estarían despojando a sus propios vecinos de sus terrenos y viviendas, llegando incluso a destruir sus casas.
De acuerdo con la denuncia, varias personas se han quedado sin un lugar donde vivir, mientras que, hasta el momento, no se ha informado de una intervención efectiva de las autoridades competentes para atender esta situación y garantizar la seguridad y los derechos de las personas afectadas.
Ante estos hechos, se solicita la intervención urgente de las autoridades municipales, estatales y de los organismos de derechos humanos para investigar las denuncias, proteger a las familias afectadas y garantizar el respeto al derecho a la vivienda, a la propiedad y al debido proceso.
La justicia y los derechos de los pueblos indígenas deben respetarse. Ninguna autoridad comunitaria está por encima de la ley.
Se hace un llamado a las autoridades y a los medios de comunicación para que atiendan esta denuncia y den seguimiento a la situación que se vive en la región Mixe de Oaxaca.
Los hechos señalados deben ser investigados por las autoridades competentes.
