Se acata, pero no se cumple
Horacio Corro Espinosa
#PorSiHaceFalta
Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 02 de Septiembre, 2026.- Hay una frase que heredamos de la Colonia y que en Oaxaca no pierde vigencia: se acata, pero no se cumple. Es la fórmula perfecta del cinismo institucional. La ley existe en el papel, pero en la calle el poder hace lo que se le pega la regalada gana.
Y cuando ese descaro se topa con el periodismo, la respuesta del sistema no es investigar. Es vigilar al que denuncia.
Ahí está el caso de Ernesto Rojas Ayuzo, que hoy permanece resguardado en su propio domicilio después de denunciar ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca un incremento del hostigamiento en su contra.
El portal Oaxaca Capital publicó un oficio con fecha del 24 de agosto de este año, firmado por Pablo Gabriel Arnaud Ríos, director jurídico de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobierno. En ese documento, la dependencia que encabeza Jesús Romero López, le pidió a la Fiscalía General del Estado que informara si existen denuncias interpuestas por el periodista contra el gobernador o contra el titular de la Secretaría de Gobierno, y qué antecedentes hay de medidas de protección a su favor.
Vamos a leerlo despacio, porque el detalle importa. No le preguntaron a la Fiscalía cómo proteger al periodista. Le preguntaron qué había denunciado el periodista, y contra quién.
Rojas Ayuzo, sostiene, además, que hace unos seis meses le llegó información sobre un intento de funcionarios de esa misma secretaría para fabricarle delitos en flagrancia y detenerlo. Romero López lo ha negado.
Y aquí está el corazón del asunto. La Fiscalía sí le otorgó medidas de protección. Existen. Están en el expediente. Lo que el periodista asegura es que la vigilancia policial en su casa se ha ejecutado tres veces. Tres. Por eso pidió que se refuercen los dispositivos y que lo incorporen formalmente al Mecanismo federal de protección para periodistas.
Las medidas se acataron. En la calle no se cumplieron.
Y ya sabemos a dónde lleva ese camino, porque lo caminamos hace un año.
El 14 de julio de 2025, el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar acudió a la Defensoría a presentar una queja por las amenazas que estaba recibiendo. En esa queja dejó por escrito a quién responsabilizaba si algo le pasaba: al gobernador Salomón Jara Cruz, al secretario de Gobierno Jesús Romero López y al consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero.
Según sus propias publicaciones, el hostigamiento se le vino encima después de que lo exhibieran en una sección llamada «Trapitos al Sol», parte de la conferencia matutina del gobernador Salomón Jara.
En total, la Defensoría pidió medidas de protección para Alejandro Leyva en ocho ocasiones. Ni la Fiscalía del Estado ni la Fiscalía General de la República las atendieron.
El 22 de julio de 2026, Alejandro Leyva fue asesinado en San Pablo, Etla, mientras desayunaba. Tenía 58 años.
Un año y ocho días entre la primera queja y el último desayuno.
Hay que decir que sobre ese expediente existen dos versiones. La organización Artículo 19 documentó que la queja de Leyva fue desestimada porque la Defensoría no halló elementos para acreditar violaciones a derechos humanos por parte de alguna autoridad estatal o municipal. La titular de la Defensoría rechaza que se haya desestimado y sostiene que su institución actuó, incluso, más allá de sus obligaciones legales. Lo que no está en disputa son las ocho solicitudes que nadie atendió.
Y esto no es nuevo. La podredumbre viene de lejos.
En junio de 2012, tres sujetos interceptaron a Rafael Said Hernández, de la revista Tucán, y lo dejaron tirado con dos heridas que casi lo matan. Yo lo fui a ver al hospital. Todavía traía el suero puesto y hablaba despacio, después de dos cirugías. Ahí, desde la cama, Said me dijo con qué lo habían herido: una charrasca y un picahielos.
El expediente se abrió por tentativa de homicidio. Pero el juez federal José Luis Legorreta Garibay les concedió el amparo a los agresores, con el argumento de reclasificar las heridas a simples lesiones, lo que les habría permitido salir bajo fianza. Los periodistas de Oaxaca tuvimos que salir a la calle, frente a los juzgados federales, a exigir que no los soltaran.
El caso terminó hasta 2015, con una sentencia de nueve años cuatro meses. Tres años de proceso para que un tribunal reconociera lo que cualquiera entendió el primer día: que a un hombre le habían enterrado un fierro en el pecho.
Esa es la justicia que tenemos en Oaxaca.
La cadena está aceitada y tiene tres eslabones. Primero, el señalamiento desde las oficinas del poder. Luego, la simulación institucional: medidas que se firman y no se ejecutan, oficios que preguntan por el denunciante en vez de protegerlo, mecanismos que responden que la víctima no está inscrita. Y al final, si te hieren o te matan, la lentitud del juzgado.
Los gobernantes y sus secretarios se llenan la boca hablando de libertad de expresión, pero en los hechos aplican la bajeza del virreinato. No quieren periodistas: quieren aplaudidores. Y a quien no se arrodilla, le llega el peso del Estado por un lado y el desamparo por el otro.
Ahora entiendo a muchos compañeros reporteros. Callar o huir no siempre es cobardía. A veces es la única forma de seguir vivo frente a un Estado que te vigila cuando denuncias y te desampara cuando te desangras.
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