Funcionarios del gobierno al servicio del Cártel en Oaxaca

*Geovany Vásquez Sagrero en el centro de las acusaciones

*Miles de personas víctimas

Froylán Méndez Ferrer* / Agencia ANSIC.MX

Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 19 de Agosto, 2026).- Desde el inicio de la actual administración, el llamado “Cártel del Despojo” dejó de ser únicamente una denuncia heredada de gobiernos anteriores y se convirtió en una prueba de fuego para las instituciones actuales. Mientras el gobierno promete combatir la corrupción, ciudadanos sostienen que una red integrada por particulares, presuntos operadores inmobiliarios, notarios y servidores públicos continúa utilizando oficinas estatales para apropiarse de casas, terrenos y edificios. En agosto de 2026, medios locales reportaron una investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra funcionarios del IFREO por presunto tráfico de influencias y falsificación de documentos, dentro de la carpeta ***/******/2026.

Las acusaciones más graves apuntan a Vladimir Avendaño Méndez y Víctor Hugo Porras Cerón, señalados por denunciantes como cabezas visibles de una célula que presuntamente opera mediante engaños financieros, adelantos mínimos y trámites registrales. El patrón descrito es brutal: aparentar la compra de inmuebles de alto valor, estimados en más de 11 millones de pesos, obtener documentos fiscales y catastrales, inmovilizar la propiedad con pagos que no superarían los 30 mil pesos y, durante ese lapso, intentar alterar o manipular información registral. En el caso de María del Carmen, medios locales reportaron que un grupo ingresó por la fuerza a su vivienda en el centro de la capital de Oaxaca.

El señalamiento más delicado es institucional. Los denunciantes afirman que la red tendría acceso a información confidencial de carpetas de investigación y protección dentro de la FGEO, además de contactos en el IFREO y corporaciones de seguridad. Gerald Romo Aguilar asegura haber recibido una llamada intimidatoria de una persona identificada como “Vladimir” y sostiene que en un audio se presume la existencia de infiltrados en la Fiscalía. Si la Consejería Jurídica, la FGEO y la Fiscalía Anticorrupción quieren desmontar la sospecha de complicidad, deben explicar públicamente quién tuvo acceso a las carpetas, qué funcionarios fueron separados o auditados y qué controles existen para impedir la filtración de información.

Consejero jurídico del gobierno en el centro de las acusaciones

En el centro de la controversia aparece Geovany Vásquez Sagrero, consejero jurídico del estado y funcionario relacionado institucionalmente con áreas como la Dirección General de Notarías, el Instituto Catastral y el IFREO. Los denunciantes lo señalan por presunta omisión y protección política. El gobierno de Oaxaca ha sostenido que combate el “cártel del despojo”, que ha realizado auditorías en áreas registrales y catastrales y que mantiene coordinación con la FGEO y la FGR; incluso informó previamente sobre la detención y vinculación a proceso de un notario considerado probable integrante de esa red. La respuesta oficial resulta insuficiente si no incluye avances verificables sobre los funcionarios investigados, las notarías bajo revisión, los folios cuestionados y la reparación efectiva a las víctimas.

El problema rebasa un inmueble o una carpeta, golpea la confianza pública y el patrimonio de los oaxaqueños. No existe una cifra oficial disponible que permita sumar el daño económico de todos los despojos denunciados. Como referencia del contexto, la ENVIPE 2025 estimó para Oaxaca una cifra oculta de 94% de los delitos, mientras que la ENCIG 2025 registró una tasa de 20 mil 330 personas víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio nacional de 15 mil 642.

El análisis de fondo no es si existe un “cártel”, sino si el gobierno de Oaxaca está dispuesto a investigar hasta las últimas consecuencias a quienes hayan utilizado el Estado para despojar. La FGEO, la Fiscalía Anticorrupción, el IFREO, la Consejería Jurídica y la Dirección de Notarías deben informar, cada una desde su ámbito, cuántos servidores públicos y notarios están bajo investigación, qué medidas cautelares se han dictado y cuántas propiedades han sido restituidas; Avendaño Méndez, Porras Cerón, Vásquez Sagrero deben esclarecer sus vínculos.

Mientras eso no ocurra, el discurso de la “Primavera Oaxaqueña” contra la corrupción chocará con una realidad insoportable: ciudadanos que aseguran perder su patrimonio frente a una burocracia que, en vez de protegerlos, podría estar al servicio de quienes pretenden arrebatárselo, el “Cártel del Despojo”.

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