Congreso llama a frenar violencia política contra mujeres
*El Congreso del estado de Oaxaca exhortó a diferentes dependencias a tomar medidas que blinden el ejercicio de la función pública de las ciudadanas
San Raymundo Jalpan, Oaxaca, Miércoles 12 de Agosto, 2026, (Fuente: Agencias y X: @jaimeguerrero08).- En un acto de unidad institucional para la defensa irrestricta de los derechos político-electorales de las mujeres, diputadas y diputados de la LXVI Legislatura aprobaron por unanimidad una Proposición con Punto de Acuerdo. Mediante este instrumento, se exhorta a diversas instancias electorales, de derechos humanos y de seguridad cibernética a articular medidas inmediatas que prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género en la entidad.
Desde la tribuna del Poder Legislativo, las y los congresistas reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho, la igualdad sustantiva y la garantía de que la participación política de las mujeres se ejerza en entornos libres de violencia y discriminación.
Con esta acción legislativa, se exhorta al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y a los partidos políticos con registro nacional y local a expedir a la brevedad los lineamientos institucionales para la verificación y aplicación rigurosa del procedimiento “8 de 8” durante el Proceso Electoral 2026-2027. Esto con el fin de garantizar que ninguna persona con antecedentes de violencia de género o incumplimiento de obligaciones alimentarias acceda a una candidatura.
De igual forma, se hace un llamado a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) a iniciar investigaciones de oficio ante presuntas violaciones a los derechos humanos de las mujeres con participación política. La medida abarca actos u omisiones atribuibles a autoridades administrativas, electorales y personas servidoras públicas de nivel estatal o municipal, así como a particulares que atenten contra la dignidad humana de las ciudadanas en el ejercicio de sus derechos.
En materia de seguridad digital, el Congreso del Estado exhortó a la Unidad de Policía Cibernética a investigar a cualquier persona servidora pública, funcionaria, militante, simpatizante o particular que haga uso de las tecnologías de la información para difundir expresiones de odio, discriminación o burlas que denigren e inhiban el trabajo político de las mujeres.
Durante su participación, la diputada Dennis García Gutiérrez, presidenta de la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género (integrada también por las legisladoras Haydeé Irma Reyes Soto, Elisa Zepeda Lagunas, Jimena Yamil Arroyo Juárez y Sandra Daniela Taurino Jiménez), enfatizó que Oaxaca requiere un compromiso institucional firme para asegurar que las ciudadanas ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad, paridad y libres de cualquier manifestación de violencia.
“No estamos dispuestas a normalizar la violencia que se ejerce por medio de expresiones, publicaciones o difusión de imágenes que demeritan la carrera política de las mujeres; generan un ambiente de rechazo cuyos efectos dañan no solo la reputación moral, sino la integridad física”, aseveró la legisladora.
En este sentido, los integrantes del pleno coincidieron en que este pronunciamiento enfatiza la urgente necesidad de frenar la proliferación de agresiones cometidas mediante herramientas tecnológicas, redes sociales e Inteligencia Artificial (IA), utilizadas para menoscabar la reputación e integridad moral de legisladoras y actoras políticas.
El Congreso de Oaxaca exige al IEEPCO, la Fiscalía y partidos aplicar “8 de 8” y blindar elección de 2027 vs violencia política hacia mujeres
De este modo, por unanimidad de 38 votos, el Congreso de Oaxaca exhortó al IEEPCO, a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y a los partidos políticos a expedir de inmediato los lineamientos del procedimiento “8 de 8” para el proceso electoral 2026-2027 y prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres.
En tribuna, la diputada Dennis García Gutiérrez fijó el posicionamiento de la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género, acompañada por las diputadas de todas las fuerzas políticas de la LXVI Legislatura, quienes portaron pancartas con las leyendas: “Sin violencia”, “Las mujeres también hacemos historia” y “Participar sin violencia es un derecho”.
García Gutiérrez advirtió que, ante la renovación de más de mil 600 cargos de elección popular, las mujeres exigirán condiciones reales de igualdad y paridad, pero principalmente garantías para participar sin violencia en la disputa por los espacios de poder.
“Las mujeres queremos dejar claro que tenemos el derecho a acceder a todos los cargos públicos en condiciones de igualdad, paridad y en un ambiente libre de violencias”, afirmó.
El Congreso demandó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a la Fiscalía Electoral y a los partidos nacionales y locales establecer criterios claros para revisar el cumplimiento del “8 de 8” antes de permitir candidaturas.
Los lineamientos deberán considerar impedimentos relacionados con delitos contra la vida e integridad corporal; delitos sexuales; violencia familiar o doméstica; violación a la intimidad sexual; violencia política contra las mujeres en razón de género y morosidad alimentaria.
Desde la tribuna, García Gutiérrez lanzó además un llamado directo a los partidos políticos para vigilar la conducta de sus militancias antes y durante el proceso electoral.
“Las Diputadas que estamos frente al Pleno exhortamos no solo a las autoridades administrativas y electorales, sino también a los partidos políticos para que vigilen la conducta de las militancias”, planteó.
La legisladora puso énfasis en el escenario que enfrenta Oaxaca: sostuvo que la entidad ocupa el primer lugar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y refirió que de enero a junio se registraron 70 delitos electorales.
García Gutiérrez denunció también campañas de descalificación mediante publicaciones, imágenes, videos y grabaciones que buscan desacreditar la trayectoria profesional o política de las mujeres y generar un ambiente de rechazo hacia su participación.
Señaló expresiones como “las mujeres no servimos para gobernar”, “tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon”, “las mujeres no tenemos experiencia” o “ya no permitamos que nos gobierne una mujer”, las cuales, advirtió, pueden tener consecuencias no solamente para su reputación, sino para su integridad física.
El exhorto también demanda a la DDHPO investigar de oficio presuntas violaciones a derechos humanos contra mujeres con participación política cometidas por autoridades, servidores públicos o particulares.
A la Unidad de Policía Cibernética se le pidió investigar a servidores públicos, funcionarios, militantes, simpatizantes y ciudadanos que mediante tecnologías y redes sociales difundan expresiones de odio, discriminación o burlas contra mujeres que participan en política.
Respaldada en tribuna por las diputadas de las distintas fuerzas políticas, sostuvo que no se normalizarán las agresiones contra quienes participan en la vida pública
En el mismo sentido, con el objetivo de garantizar entornos seguros y libres de discriminación para el ejercicio de la función pública, el Congreso del Estado de Oaxaca emitió un firme exhorto dirigido a distintas dependencias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG).
Durante la sesión ordinaria, las y los diputados de la LXVI Legislatura coincidieron en la urgencia de frenar las nuevas modalidades de agresión, las cuales se han擴ido a través de herramientas tecnológicas, redes sociales y el uso indebido de Inteligencia Artificial (IA) para menoscabar la reputación e integridad de las actoras políticas en la entidad.
Principales acciones y exhortos aprobados
Filtro riguroso «8 de 8»: Se solicitó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y a los partidos políticos emitir lineamientos estrictos para el Proceso Electoral 2026-2027, impidiendo que personas con antecedentes de violencia de género o deudoras alimentarias accedan a candidaturas.
Se hizo un llamado a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para actuar de inmediato ante presuntas violaciones a los derechos humanos de mujeres con participación política, tanto por parte de autoridades como de particulares.
Se instruyó a la Unidad de Policía Cibernética investigar y sancionar el uso de tecnologías de la información destinadas a difundir expresiones de odio, burlas o contenidos discriminatorios que inhiban la labor de las servidoras públicas y políticas.
Al respecto, la diputada Dennis García Gutiérrez, presidenta de la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género – acompañada por las legisladoras Haydeé Irma Reyes Soto, Elisa Zepeda Lagunas, Jimena Yamil Arroyo Juárez y Sandra Daniela Taurino Jiménez -, advirtió que no se tolerará la normalización de campañas de desprestigio en el ámbito digital.
“No estamos dispuestas a normalizar la violencia que se ejerce por medio de expresiones, publicaciones o difusión de imágenes que demeritan la carrera política de las mujeres; generan un ambiente de rechazo cuyos efectos dañan no solo la reputación moral, sino la integridad física”, aseveró García Gutiérrez.
Con esta determinación, el Congreso oaxaqueño refrenda su compromiso con la igualdad sustantiva y la paridad de género, estableciendo un frente institucional común para salvaguardar los derechos político-electorales de las mujeres en el estado.
Exigen a SEP Oaxaca aclarar inconsistencias en “Mi Derecho, Mi Lugar” y garantizar espacio a aspirantes afectados
En otro contexto, la diputada local por el PT, Irma Pineda Santiago, exhortó a la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca y la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología transparenten la asignación de espacios del programa “Mi Derecho, Mi Lugar”.
El planteamiento exige informar públicamente la metodología, criterios, procedimientos y mecanismos empleados para distribuir la matrícula escolar durante el proceso de admisión 2026-2027.
Además, demanda implementar de manera inmediata mecanismos extraordinarios de atención, aclaración y, en su caso, reasignación para estudiantes afectados por inconsistencias durante el proceso.
El objetivo, planteó Pineda Santiago, es garantizar que ningún aspirante que cumplió con los requisitos y plazos establecidos quede sin continuar sus estudios por errores administrativos, fallas en plataformas digitales, información insuficiente o deficiencias de coordinación entre autoridades y subsistemas educativos.
La legisladora señaló que aspirantes, madres y padres de familia han reportado confusión, inconformidades e incertidumbre sobre la forma en que fueron distribuidos los espacios, particularmente en planteles con mayor demanda.
Durante su posicionamiento, cuestionó cuáles fueron las variables empleadas para decidir el plantel asignado a cada estudiante.
“¿Se consideró la cercanía del domicilio del estudiante? ¿El orden cronológico del registro? ¿La disponibilidad de espacios? ¿Las preferencias manifestadas por cada aspirante? ¿El promedio escolar? ¿Algún criterio territorial?”, planteó.
Pineda Santiago sostuvo que garantizar el derecho a la educación no consiste únicamente en anunciar que existen espacios, sino en establecer procedimientos transparentes para conocer cómo y bajo qué criterios se toman decisiones que afectan las oportunidades educativas de miles de jóvenes.
También pidió transparentar cuántos espacios fueron ofertados, cuántas solicitudes se recibieron, cuáles fueron los planteles con sobredemanda y cuántos aspirantes obtuvieron un lugar en su primera opción.
Asimismo, demandó precisar cuántos fueron canalizados a una segunda o tercera alternativa y cuántos permanecen pendientes de asignación.
“No basta con informar el resultado de una asignación; resulta necesario que las personas puedan comprender por qué se produjo ese resultado”, afirmó.
La diputada aclaró que el exhorto no pretende desacreditar una política encaminada a ampliar derechos, sino fortalecerla con reglas claras, información verificable, procedimientos transparentes y rendición de cuentas.
“Si la estrategia lleva por nombre ‘Mi Derecho, Mi Lugar’, corresponde a la autoridad explicar con absoluta transparencia cómo se determina ese lugar. No hacerlo genera incertidumbre; explicarlo fortalece la confianza pública”, sentenció.
Piden investigar a SEP Oaxaca por violación a datos personales de menores en “Mi Derecho, Mi Lugar”
En el mismo sentido, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Dante Montano Montero, presentó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Buen Gobierno investigue de oficio el tratamiento y difusión de las CURP de adolescentes aspirantes al programa “Mi Derecho, Mi Lugar”.
El coordinador parlamentario del PT también pidió exhortar a la secretaria de Educación de Oaxaca, Magdala Fernanda Chávez Cruz, para que explique la metodología utilizada para publicar los resultados del proceso de asignación a instituciones de educación media superior.
Montaño Montero advirtió que la publicación mediante la Clave Única de Registro de Población no habría garantizado la protección de los datos personales de las y los adolescentes, pues permitió su identificación directa o indirecta sin privilegiar su derecho a la privacidad.
En las consideraciones del documento se establece que, aunque la CURP evita exhibir directamente el nombre de las personas beneficiarias, constituye un dato personal y su utilización debe sujetarse a los principios de licitud, finalidad, proporcionalidad, seguridad y confidencialidad.
El legislador sostuvo que la protección debe ser reforzada cuando se trata de menores de edad, debido a que cualquier tratamiento de su información tiene que privilegiar el interés superior de la niñez y reducir los riesgos para su identidad, privacidad y seguridad.
Incluso, alertó que mediante la consulta de una CURP en sistemas oficiales puede obtenerse el nombre completo de una persona menor de edad, provocando una exposición de información que pudo evitarse mediante mecanismos de anonimización, folios únicos o claves aleatorias.
El documento fundamenta el señalamiento en los artículos 6 y 16 de la Constitución federal y en el artículo 7 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, además de los artículos 76, 77 y 83, fracción XIII, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La propuesta señala que las autoridades están obligadas a implementar medidas para salvaguardar la información personal bajo su resguardo, particularmente cuando corresponde a menores, quienes tienen derecho a la intimidad, protección de sus datos personales y a que las decisiones que les involucren atiendan primordialmente su interés superior.
Por ello, Montaño Montero pidió investigar si la difusión de las CURP cumplió con los principios de minimización y datos disociados, licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información, responsabilidad y seguridad establecidos en la Constitución y la legislación en materia de datos personales.
En caso de acreditarse incumplimientos, solicitó a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Buen Gobierno determinar las medidas correctivas y de apremio correspondientes para garantizar el derecho a la privacidad y el interés superior de la niñez.
El punto de acuerdo también cuestiona el algoritmo utilizado para asignar los planteles. De acuerdo con el legislador, padres de familia han reportado casos de estudiantes enviados a instituciones ubicadas a varias horas de sus hogares, pese a existir escuelas de educación media superior a pocos minutos o dentro de sus comunidades.
Advirtió que esas asignaciones pueden incrementar los costos de transporte y tiempos de traslado, generar riesgos para la integridad de las y los estudiantes, afectar económicamente a las familias e incluso propiciar la deserción escolar.
Por ello, planteó revisar técnicamente los criterios del algoritmo de “Mi Derecho, Mi Lugar” para privilegiar variables como proximidad territorial, condiciones socioeconómicas, accesibilidad y contexto familiar, bajo el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Demanda diputado Dante Montaño se refuerce la seguridad en Oaxaca
En otro tema, desde la tribuna del Congreso del estado, el diputado del partido del Trabajo, Dante Montaño Montero, exigió al gobernador se refuercen los trabajos en materia de seguridad.
Destacó que recientemente una trabajadora del Congreso fue víctima de un robo en la capital del estado y evidenció la deficiencia que existe para darle seguimiento a un tema que en esta materia compete al gobierno atender.
Indicó que no han sido suficientes los millones de pesos que se han invertido al C5 y eso se evidencia con el incremento del índice delictivo que se ha presentado.
Por ello dijo, es necesario que se expulse a los responsables de la seguridad y verdaderamente atiendan este aspecto personas con conocimientos que tengan la capacidad de disminuir los hechos delictivos.
Asimismo, dijo se solidariza con la diputada que recientemente ha denunciado amenazas por las denuncias que ha realizado y que están fundamentadas de diversas irregularidades en el Gobierno estatal.
