Acusan patrón de encubrimiento oficial en la Fiscalía de Oaxaca
*La Fiscalía General de Oaxaca encubre a red de “halcones” implicada en el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, señalan residentes de San Pablo, Etla
San Pablo, Etla, Oaxaca, Sábado 08 de Agosto, 2026, (Fuente: Agencia).- La Fiscalía General de Oaxaca (FGO), bajo la titularidad de José Bernardo Rodríguez Alamilla, mantiene una postura de opacidad y encubrimiento al ocultar datos fundamentales sobre el plan que ayudó a cometer el homicidio del periodista Alejandro Leyva Aguilar, ejecutado el pasado 22 de julio en el fraccionamiento La Esmeralda de este municipio de la región Valles Centrales de Oaxaca.
A pesar de las evidencias recopiladas en la zona del crimen, la institución ha omitido integrar y dar a conocer la identidad de la persona que coordinó el seguimiento en tiempo real del comunicador, autor de la columna «El Zumbido del Moscardón», para informar a los ejecutores sobre su ubicación exacta mientras se encontraba en un puesto callejero de comida.
De acuerdo con testimonios de residentes del fraccionamiento, quienes solicitaron el anonimato por razones de seguridad, la vigilancia contra Leyva Aguilar no fue un hecho aislado del día del ataque. Días antes del homicidio, se activó un cerco de “halcones” dedicado a monitorear sistemáticamente cada uno de sus movimientos dentro de la unidad habitacional.
El centro de este operativo de espionaje se ubica en el condominio 4, inmueble localizado a menos de 50 metros del lugar donde el periodista fue privado de la vida. En dicha propiedad, indicaron los residentes, habita Óscar Alanís, alias “El Cangrejo”, dirigente de los mototaxistas de ASAEO (Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca).
De acuerdo con las denuncias vecinales, semanas antes del crimen, Alanís introdujo de manera ilegal y por la fuerza una flota de mototaxis color azul con blanco —sin concesión ni permiso de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI)— cuyos conductores operaron como informantes clave para ubicar y acorralar a Leyva Aguilar que vivía en el condominio 7, metros adelante del condominio 4.
Pese a que el condominio 4 y la estructura de mototaxis irregulares representan la pista directa sobre la logística del atentado, la Fiscalía General de Oaxaca ha evitado actuar contra los señalados, protegiendo a presuntos implicados que conviven a metros de la escena del crimen y a los autores intelectuales que ordenaron el crimen, todos vinculados con el sindicato ASAEO.
En la calle aún se pueden ver estacionados los camiones de volteo, pipas y taxis (todos con calcomanías de ASAEO), que los vecinos aseguran son propiedad de “El Cangrejo” y que supervisa su esposa, que casi a diario, regaña a los conductores que llegan a entregarle la cuenta del día.
La deliberada omisión de la FGO no sólo vicia el proceso de justicia para Alejandro Leyva Aguilar, sino que evidencia un patrón de encubrimiento oficial ante agresiones mortales contra la prensa en la entidad.
Otra pista que identificó primeramente la Fiscalía con ayuda del C5i, y que posteriormente la desechó inexplicablemente a pesar de su importancia, es el haber obtenido videograbaciones donde 4 camioneros de ASAEO, originarios de San Lorenzo Cacaotepec, Etla, son vistos interactuando con los presuntos homicidas que viajaban en una motocicleta, momentos antes de cometer el crimen.
Esta información la proporcionó el Fiscal Rodríguez Alamilla en la conferencia de prensa inicial, tras el asesinato del comunicador, donde informó de los avances del caso y presentó la ruta de escape de los sicarios. Dio a conocer la detención y/o presentación de las 4 personas, no reveló sus identidades, aunque sí los vinculó con los homicidas, pero más tarde, en un viraje tan sospechoso como indignante, la Fiscalía los puso en libertad bajo el cómodo argumento de “falta de pruebas”. La pregunta obligada es: ¿quién ordenó borrar la huella de la logística criminal?
El Fiscal ha sido demasiado complaciente en otros casos donde se han visto involucrados presidentes municipales, funcionarios públicos y familiares del gobernador Salomón Jara. A todos los ha exonerado de los delitos que se les ha acusado y los ha ayudado a “saltar” jurídicamente la probabilidad de ir a prisión; los casos de los presidentes municipales de Huatulco, Santa Lucía del Camino y uno reciente del Consejero Jurídico del gobierno de Oaxaca así lo demuestran.
El servilismo y las omisiones del Fiscal se descarrilaron, tras la postura de la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez. El organismo puso el dedo en la llaga, al señalar que Rodríguez Alamilla omitió dictar las medidas de seguridad correspondientes a favor del periodista Alejandro Leyva, dejándolo a merced del comando armado.
La intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), la denuncia de los familiares del periodista asesinado y la presión de los medios de comunicación podrían rescatar las evidencias que la Fiscalía de Oaxaca omitió continuar investigando y cubriendo con una burda cortina de humo que busca tapar lo evidente: todas las pruebas apuntan al sindicato ASAEO y podían llegar hasta sus protectores políticos. Esa es la razón de todo.
