Proponen 93 años de prisión por asesinato de periodistas

Oaxaca, Oaxaca, Miércoles 05 de Agosto, 2026, (Fuente: X: @jaimeguerrero08).- La diputada del partido MORENA, Analy Peral Vivar, propuso reformar el Código Penal de Oaxaca para que la ejecución extrajudicial de periodistas pueda ser castigada hasta con 93 años y cuatro meses de prisión, al incorporar al gremio en la agravante que actualmente protege a personas defensoras de derechos humanos.
La iniciativa plantea modificar el tercer párrafo del artículo 292 Quáter, que establece penas de 50 a 70 años de prisión por ejecución extrajudicial y permite aumentarlas hasta en una tercera parte cuando la víctima sea defensora de derechos humanos.
Con la reforma, ese mismo incremento aplicaría cuando la víctima sea periodista.
De aplicarse la agravante en su máximo, una condena de 70 años podría incrementarse en 23 años y cuatro meses, para alcanzar hasta 93 años y cuatro meses de prisión.
En el extremo mínimo, una pena de 50 años podría aumentar hasta 66 años y ocho meses.
Peral Vivar recordó que Oaxaca tipificó la ejecución extrajudicial en junio de 2024, como una garantía de no repetición frente a hechos como los ocurridos el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, donde el uso desproporcionado de la fuerza pública provocó la muerte de personas civiles.
El delito sanciona a agentes del Estado que priven de la vida a una o más personas, así como a particulares que cometan esos actos con el consentimiento, la orden o el apoyo de un servidor público.
La legisladora explicó que durante las mesas de trabajo realizadas para incorporar este delito al Código Penal se planteó incluir también a periodistas dentro de la agravante establecida para personas defensoras de derechos humanos, pero la propuesta no prosperó.
La iniciativa no crea un nuevo delito, sino que propone incorporar expresamente a periodistas dentro de una agravante que ya existe para la ejecución extrajudicial.
Para determinar quién puede ser considerado periodista, Peral Vivar retomó criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que privilegian las actividades desarrolladas por la persona y su propósito informativo, por encima de su pertenencia formal a un medio de comunicación.
De esta manera, la agravante podría proteger tanto a periodistas que trabajan para empresas de comunicación como a quienes desarrollan la actividad de manera independiente, siempre que pueda acreditarse que su labor tiene un propósito informativo.
La morenista argumentó que este criterio permitiría a jueces contar con elementos para determinar la calidad de periodista y aplicar la agravante sin generar ambigüedades, bajo el principio constitucional de exacta aplicación de la ley penal.
Advirtió que la legislación no debería tratar de la misma manera un eventual caso de ejecución extrajudicial contra un periodista, cuando su actividad profesional implica riesgos específicos derivados de investigar, cuestionar y difundir información de interés público.
“Esta reforma no es un gesto simbólico, por el contrario, es una herramienta de justicia, de disuasión y de reparación para quienes han perdido la vida por ejercer el oficio periodístico”, sostuvo.
“En Oaxaca, informar no debe costar la vida, y si llega a costarla, quien cometa ese crimen deberá enfrentar una pena severa”, agregó la diputada de Morena.
Peral Vivar planteó que las diferentes iniciativas presentadas en el Congreso de Oaxaca relacionadas con la protección de periodistas sean consensuadas directamente con quienes integran el gremio.
Pidió escuchar las propuestas de quienes ejercen el periodismo para que las modificaciones legales respondan a los riesgos y condiciones reales en que desarrollan su actividad y no sean construidas únicamente desde el ámbito legislativo.
Diputada de MORENA propone protocolo para proteger a periodistas en Oaxaca; plantea respuesta en 72 horas ante amenazas
En tanto, la diputada de MORENA, Daniela Taurino, presentó una iniciativa para crear en Oaxaca un Protocolo Estatal de Protección a Personas Periodistas y Garantía de la Libertad de Expresión, que obligaría a las autoridades a responder en un plazo máximo de 72 horas cuando exista un riesgo inminente contra quienes ejercen el periodismo.
La propuesta plantea reformar la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), mediante la incorporación de un Título Sexto, con los artículos 88 al 94, para establecer por primera vez en la legislación estatal un esquema específico de protección a periodistas.
Entre sus principales disposiciones están las denominadas “tres P”: prevenir, proteger y procurar justicia.
La reforma obligaría tanto a la DDHPO como a autoridades estatales y municipales a aplicar estándares desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Prevenir significa reconocer públicamente el valor del trabajo periodístico y evitar cualquier discurso que incremente el riesgo para quienes informan”, expuso Taurino Jiménez al presentar la propuesta.
La legisladora explicó que proteger implica una actuación inmediata cuando exista una amenaza real, mediante la coordinación de medidas urgentes destinadas a salvaguardar la integridad de las y los periodistas.
“Y procurar justicia significa investigar con diligencia las agresiones y sanción a los responsables”, agregó.
La iniciativa también establece coordinación entre la DDHPO, el Mecanismo Federal de Protección, autoridades estatales y organismos internacionales.
Uno de los puntos centrales es que, ante situaciones de riesgo inminente, deberán implementarse medidas urgentes como retiro del lugar de riesgo, reubicación o escoltas, con una respuesta obligatoria en un plazo máximo de 72 horas.
También plantea que las medidas cautelares emitidas por la CIDH sean atendidas de manera inmediata y que exista un aviso dentro de las primeras 24 horas, además de seguimiento semestral y coordinación con instancias internacionales y el Mecanismo Federal de Protección.
La reforma incorpora además perspectiva de género y enfoque intercultural, al considerar que las mujeres periodistas y quienes desarrollan esta actividad en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas enfrentan riesgos particulares que requieren medidas diferenciadas.
Asimismo, establece la presentación de un informe anual cada 23 de noviembre sobre las acciones realizadas en materia de protección a periodistas.
Taurino Jiménez sostuvo que las agresiones contra comunicadores no afectan únicamente a quienes ejercen esta profesión, sino también el derecho de la sociedad a mantenerse informada.
“Sin periodismo libre no existe ciudadanía informada, no existe rendición de cuentas y, en consecuencia, tampoco existe una democracia plena”, afirmó.
La diputada señaló que la propuesta busca que Oaxaca cuente con una legislación específica y armonizada con estándares internacionales para prevenir riesgos y garantizar la libertad de expresión.
“Porque defender a las y los periodistas es defender la transparencia y la democracia”, concluyó.
Diputada de MORENA propone reforzar ley contra discriminación y derechos de pueblos indígenas y afromexicanos en Oaxaca
En otro contexto, la diputada local Karla Clarissa Bornios Peláez, de la bancada de MORENA, presentó una iniciativa para armonizar la legislación de Oaxaca y reforzar el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La propuesta plantea reformar la Ley para Atender, Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Oaxaca, para adecuarla al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Desde tribuna, Bornios Peláez advirtió que, pese a los avances legales, la discriminación continúa presente en las comunidades y se manifiesta mediante actos de rechazo, exclusión y obstáculos para acceder a oportunidades.
“La igualdad no puede quedarse escrita en la Constitución. Tiene que sentirse en la vida diaria de las personas”, afirmó.
La legisladora sostuvo que Oaxaca tiene en sus pueblos indígenas y afromexicanos una parte fundamental de su riqueza histórica, cultural y social, pero esa aportación no siempre ha sido correspondida con igualdad de oportunidades.
“Todavía hay personas que son juzgadas por el color de su piel, por la lengua que hablan, por la comunidad de la que provienen o por las costumbres que heredaron de sus madres y de sus abuelos”, señaló.
Expuso que la discriminación no siempre ocurre de manera abierta mediante insultos, sino también cuando se niega una oportunidad, una persona no es escuchada o los prejuicios terminan convirtiéndose en barreras.
Cuando esas prácticas se repiten, agregó, dejan de representar hechos aislados y se convierten en una injusticia que el Estado tiene la obligación de combatir.
Bornios Peláez recordó que la reforma al artículo 2° de la Constitución federal reconoció a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
También reconoció su derecho a participar en las decisiones que afectan su presente y futuro, por lo que consideró necesario trasladar esos principios al marco jurídico de Oaxaca.
La iniciativa busca garantizar la participación efectiva y en condiciones de igualdad de los pueblos indígenas y afromexicanos en las decisiones públicas que les afectan.
Además, pretende reforzar la protección de sus derechos frente a cualquier forma de discriminación y violencia mediante la adecuación de la legislación estatal al nuevo marco constitucional.
La obligación de las instituciones, añadió, es convertir ese reconocimiento en derechos efectivos, instituciones respetuosas de la diversidad y políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades.
La diputada rechazó que el fortalecimiento de estos derechos represente otorgar privilegios a determinados sectores de la población.
Ese respeto, explicó, debe alcanzar su identidad, su palabra y su derecho a intervenir en las decisiones que los involucran, particularmente cuando tienen consecuencias para sus comunidades.
Bornios Peláez sostuvo que una democracia no puede considerarse plena mientras existan sectores excluidos y que el reconocimiento constitucional de derechos obliga al Estado a garantizar su ejercicio.
Finalmente, llamó al Congreso de Oaxaca a avanzar en una legislación que impida que una persona sea considerada inferior por hablar una lengua indígena, por su color de piel o por su identidad cultural.
